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Narcotráfico

Trump hablará del narcotráfico y Venezuela con el Comando Sur
Trump espera reforzar su apoyo entre los votantes venezolanos en las elecciones de noviembre

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirá el próximo viernes 10 de julio con el Comando Sur para tratar distintos temas, entre ellos, Venezuela.

De acuerdo con una fuente, en este encuentro se planea revisar la operación militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

En concreto, Trump espera que con este viaje además, reforzar su apoyo entre los votantes venezolanos en las elecciones de noviembre.

Según un funcionario de la Casa Blanca,Trump se desplazará a la sede del Comando Sur, ubicada en Doral, donde reside la mayor población de origen venezolano en EEUU.

Además, Florida es un estado clave en las elecciones de noviembre y Trump quiere retener el voto de los estadounidenses de origen cubano y venezolano.

 

En tal sentido, es posible que el mandatario aproveche su visita para reiterar su oposición al régimen de Nicolás Maduro.

No obstante, el objetivo oficial del viaje de Trump a la sede del Comando Sur es “recibir información sobre los esfuerzos para detener el flujo de drogas letales que entran al país”.

Con información de EFE

USS Nitze patrulla aguas internacionales en el Caribe
USS Nitze busca garantizar los derechos de acceso y buen uso de las aguas internacionales a todas las naciones, ya que supuestamente estarían bajo el excesivo control del gobierno de Nicolás Maduro. 
USS Nitze pertenece a los barcos de guerra de la clase Arleigh-Burke y están entre los destructores de mayor tamaño y potencia de fuego de la Armada norteamericana

El día de hoy, El USS Nitze, parte de la flota de la Armada de los Estados Unidos, realiza una operación de navegación marítima, respondiendo de esta manera al excesivo control ejercido por Venezuela en aguas internacionales por parte del “régimen de Maduro”, declaró el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

La embarcación americana condujó sus operaciones en aguas internacionales con respecto a los límites establecidos, es decir, a 12 millas náuticas de la jurisdicción territorial venezolana. La Armada americana realiza dichas operaciones de navegación marítima en todo el mundo para preservar los derechos y acceso a la navegación de todos los países, así como garantizar la libre movilidad de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. 

El patrullaje del acceso global a aguas internacionales, segun la nota de prensa emitida por el Departamento de Defensa, promueve el uso justo de estos espacios, a su vez que garantiza el cuidado y protección de los intereses norteamericanos y de igual forma asegura que se puedan llevar a cabo misiones humanitarias, asistencia en casos de desastres naturales y por supuesto, la lucha con el narcotráfico. 

Estos buques y embarcaciones han sido desplegados en las aguas del Caribe por ordenes del presidente Donald J. Trump, en su lucha contra el trafico de narcóticos y estupefacientes  que imperan en la zona. 

“Los Estados Unidos continuará sobrevolando, navegando y operando en donde las leyes internacionales lo permitan, protegiendo los derechos, libertades y el uso correcto del espacio aéreo y marítimo garantizado para todas las naciones” declaró el Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos,  Almirante Craig Faller. 

 

 

Néstor Reverol: Buscan crear falsos positivos con el narcotráfico
Reverol mostró unos mapas de rutas que presuntamente siguió el buque, y afirmó que el mismo no pasó por las costas venezolanas

Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, aseguró que el gobierno de Estados Unidos busca crear falsos positivos en Venezuela con el narcotráfico.

A través de su cuenta de Twitter, mostró presuntas evidencias sobre el buque Karar, el cual capturó España con cuatro toneladas de cocaína.

“Denunciamos que el Gobierno de los EEUU en su afán de querer mostrar a Venezuela como un narcoestado, crear falsos positivos”, denunció.

Asimismo, mostró unos mapas de rutas que presuntamente siguió el buque, y afirmó que el mismo no pasó por las costas venezolanas.

“Sin embargo, llama la atención que esta embarcación pasó entre Puerto Rico y República Dominicana sin ser detectados por autoridades norteamericanas”, señala.

 

Entretanto, señaló que la nave partió desde Panamá con destino a España pero hizo una parada y maniobras irregulares en Punta Gallina, Guajira colombiana.

Después de esa parada, según Reverol, pasó por el mar territorial de las Antillas neerlandesas, pertenecientes al Reino de los Países Bajos

Por otra parte, se refirió al buque Throne que partió desde Guayaquil, Ecuador y en las costas de Trinidad y Tobago hallaron varias toneladas de droga.

“Este barco Throne es otro falso positivo, no es un formato nuevo, es el mismo que nos quisieron aplicar en el año 2006 tras la decisión de expulsar a la DEA del país”, afirmó.

Con información de El Universal

Crímenes sin Castigo | Chichí en las sombras, por Javier Ignacio Mayorca
Manuel Rodríguez fue fundamental en la primera operación por la que detuvieron a Chichí Smith, en 1994. Aquí posa con la droga incautada. El 4 de febrero de 1996, fue ultimado por sicarios en Puerto Cabello.
El decomiso de más de cinco toneladas de cocaína por las fuerzas navales de Colombia y Aruba desató varios procesos que, aun en la Venezuela actual, han finalizado las carreras de dos jefes policiales y han puesto a correr a uno de los traficantes de drogas de mayor historia en el país.

@javiermayorca 

El hallazgo de drogas más grande en la historia de Aruba comenzó a gestarse el domingo 23 de febrero, a eso de las 5 p. m., cuando el carguero Aressa zarpó del puerto Guaranao, en el estado Falcón.

La embarcación con bandera camerunesa era vigilada en su trayecto por las fuerzas militares de Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos. Los primeros en aproximarse fueron los de la Armada colombiana, cuyos efectivos ordenaron el traslado de la nave hasta la isla neerlandesa. El viaje, que se suponía iba a finalizar en el puerto griego de Tesalónica, solo duró 34 horas.

Luego de una breve búsqueda en el interior, los policías encontraron un compartimiento en el que habían escondido un alijo de poco más de cinco toneladas de cocaína, repartidas en 200 bultos de 25 kilos cada uno.

Del barco descendieron once tripulantes de origen montenegrino, quienes fueron recluidos en celdas de la Policía de San Nicolás, informó el portal 24ora.

Todo esto sucedió cuarenta días antes del anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump en cuanto al despliegue en el mar Caribe y el Pacífico Oriental de una fuerza aeronaval, con el declarado propósito de parar el traslado de estupefacientes desde Venezuela hacia ese y otros países.

A partir de ese momento, ocurrieron en el país una serie de episodios que guardarían relación con este hallazgo. El 15 de abril, la unidad regional antidrogas de la GN en Caracas detuvo a Raúl del Gallego, Orlando Silva y Jesús Blanco Goitía, en atención a un dato anónimo que los vinculaba con una organización de traficantes de drogas que opera en Carabobo y Falcón. Según la minuta de este procedimiento, del Gallego y Silva tenían credenciales de la policía judicial. Además, en el vehículo donde iban -una camioneta Fortuner- por la avenida Este 6 encontraron una pistola Glock 17 con un viejo troquel del cuerpo de investigaciones en Carabobo.

Al conocerse estas detenciones, circularon por las redes sociales fotos en las que aparecían Silva y el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, en actitud relajada mientras compartían en reuniones sociales. El jefe policial reconoció la veracidad de estas gráficas en una declaración grabada en la azotea de la sede policial, e indicó que las credenciales incautadas por la GN fueron otorgadas por primera vez hace más de veinte años. Este dato trae implícito que las referidas acreditaciones tuvieron que ser sometidas a varios procesos de renovación durante la era Chávez-Maduro.

Para el momento en que Rico divulgó este mensaje, el 23 de abril, ya estaban en curso las destituciones del secretario de Seguridad de Carabobo y jefe de la Delegación de Cicpc en ese estado, José Gregorio Domínguez, y el jefe de la subdelegación Valencia, José Aldana.

Batida a medias

Simultáneamente, corrían otros procesos. El 17 de abril, es decir, dos días después de las detenciones de los funcionarios en Caracas, la Guardia Nacional inició una serie de allanamientos en varias localidades de los estados Falcón y Carabobo.

Al principio, no estaba claro qué perseguían los militares. Pero, luego de cuatro días, ya se entendía perfectamente que intentaban desmontar parte de la estructura encabezada por un hombre cuya historia en el tráfico de drogas se remontaba hasta la última década del siglo pasado. Se trata de Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith (otros le dicen Chiche).

Lo que estaba implícito es que solo alguien con dominio del territorio y de las rutas pudo haber introducido semejante cantidad de drogas en el Aressa, y en un puerto que se supone es controlado por la GN y la Armada. Era una operación compleja, que requería de grandes seguridades en el muelle donde el alijo sería manipulado. Tómese como referencia que, para sacar la droga del buque, las autoridades arubanas tardaron más de medio día. Los sacos ocuparon las cabinas de dos camiones para transporte de tropas.

Chichí Smith era un sobreviviente. En octubre de 1994 fue detenido con motivo de la incautación de 150 kilos de cocaína en un camión que circulaba por el distribuidor Los Samanes, al sur de Valencia. En este episodio, el tamaño del alijo no era lo más importante, sino las conexiones que revelaba.

El expediente de la operación Trueno, como se llamó a este procedimiento policial, intentaba desmantelar una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas que operaba en el país para ese momento. Chichí Smith era ya entonces un nuevo objeto de disputa entre la DEA y la Guardia Nacional.

Un informe de la GN, elaborado en julio de 1993, revelaba que en el grupo de Emilio Martínez también participaban Ángel Alberto Martínez (hermano de Chichí), Frank Prince, Luis Rincón, León Cachito y otros.

Lo más interesante es que la organización no estaba casada con ningún cartel colombiano. Ya podían operar con la gente de Cali (hay otro expediente sobre eso) como con los Guajiros. Y además extendían sus acciones desde Zulia hasta Sucre.

“Estas estructuras de transporte marítimo y terrestre son autónomas entre sí, permitiéndoles laborar para cualquiera de los carteles colombianos”, indica el documento consignado en el expediente judicial.

El éxito de la investigación dependió en buena medida de la capacidad de convencimiento de un informante confidencial de origen español, Manuel Antonio Rodríguez Lamuño. Le decían el Mocho, pues le faltaba una falange en la mano derecha. Este hombre decía ser capaz de infiltrarse en los grupos que operaban tanto en Cúcuta como en Maicao.

El 4 de febrero de 1996 Rodríguez fue ultimado por sicarios cuando caminaba desde su vivienda hasta un teléfono público, en Puerto Cabello.

Chichí Smith permaneció en el internado judicial de Tocuyito hasta 2005. Tras las rejas, vio cómo cambiaba el sistema penal venezolano, y también el Gobierno. Al salir, le tocó adaptarse a la nueva realidad política. Las historias sobre encerronas en Carirubana y grandes fiestas en Valencia indican que su reinserción fue exitosa.

En los últimos quince años, el nombre de Martínez ha sido mencionado con frecuencia en juicios por tráfico de drogas, pero también por otros delitos, como el de contrabando de combustible. En una oportunidad, los militares detectaron que supuestamente mantenía una red de embarcaciones que hacían el traslado de gasolina a las islas del Caribe, donde era vendida a precios internacionales. Para obtener el combustible, las lanchas no debían llegar a la orilla: podían surtirse por una manguera instalada en una plataforma flotante.

Al tiempo que desarrollaba estas nuevas actividades, Martínez creó una fundación que le permitió proyectar beneficios en las comunidades, y ganarse el aprecio de su entorno social. Una fórmula que también siguió el líder de otro grupo que operaba en ese estado, Simón Álvarez.

La fundación de Chichí, llamada Carmen Martínez, organizaba jornadas deportivas y culturales, así como también la entrega de alimentos y materiales para la construcción de viviendas. La sede de esta entidad en Carirubana fue allanada por efectivos de la Guardia Nacional. Una acción que fue rechazada por los pobladores. Para aplacar los ánimos, fue necesario enviar unidades de orden público mientras sacaban las computadoras y analizaban la documentación.

Chichí Smith no está formalmente preso. Pero ya el Gobierno hizo control de daños, puesto que tiene bajo su custodia a una sobrina, señalada de ser representante de la referida fundación. Tocará al jefe, entonces, un nuevo período de silencio.

Breves

* Entre los días 22 y 23 de abril, una comisión del ministerio para Servicio Penitenciario ordenó la liberación de un importante grupo de detenidos en el centro de detención Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito. Según la organización Una Ventana a la Libertad, que trabaja la materia carcelaria, salieron a la calle 382 reclusos, que ya purgaban condena no solo por delitos considerados menos graves, como el hurto o las lesiones leves, sino también por robos. Esta medida ocasionó cierto revuelo en cuerpos policiales de la región, cuyos funcionarios veían a los grupos de presos caminando por la autopista en dirección norte, vistiendo todavía las bragas amarillas que ha implantado el despacho de María Iris Varela para la población penitenciaria. Desde que se verificó la llegada de la COVID-19 a Venezuela, este ministerio ha otorgado por lo menos 896 libertades bajo una figura conocida como régimen de confianza tutelada, que entró en vigencia en diciembre de 2015 tras la aprobación del Código Orgánico Penitenciario. De acuerdo con el artículo 161 del texto, se trata de una reubicación del penado, ya sea en una “unidad de producción o en un área especial del recinto penitenciario”. Por vía excepcional, los procesados también pueden ser objeto de estas medidas cuando tengan de forma ininterrumpida un tiempo de reclusión superior al necesario para optar por el régimen de destacamento de trabajo, que es la mitad del tiempo de prisión estipulado para el delito atribuido a esa persona. Pero, según las normas legales, en ningún caso se permitiría que los reclusos salgan “por la libre”, como ha sucedido. Hay, desde luego, una presión sobre el llamado “órgano rector” de la materia carcelaria, ante la posibilidad de que ocurran infecciones masivas entre los reclusos, para lo cual no hay capacidad de atención médica. Tómese en cuenta, por ejemplo, que durante el primer trimestre de 2020 murieron tras las rejas once personas afectadas por tuberculosis.

* El 21 de abril fue reportado a través de las redes sociales un supuesto “alzamiento” de oficiales subalternos de la Guardia Nacional -casi todos con el grado de capitán- en los Altos Mirandinos. El término tiene amplia acepción, pero generalmente da a entender el resultado de una acción armada contra el jefe del Estado. En realidad, se trataba de otra cosa. Según el representante de la asociación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (Veppex), teniente retirado José Colina, la idea de los capitanes era tomar el puesto de ese componente en Puerta Morocha, carretera Panamericana, y utilizar las armas que estuviesen allí para luego liberar a los presos del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde. El plan fue contrarrestado por la Dgcim debido aparentemente a la delación de un oficial. A partir de entonces, se han producido traslados compulsivos hacia la central de la Dgcim en Boleíta Norte de profesionales de varias fuerzas que estaban recluidos en ese lugar. Entre ellos están los coroneles Pedro Zambrano, Rommel Acevedo y Ervin Gragirena Echezuría, este último del Ejército. También los mayores Adrián de Gouveia y Abraham Suárez, los capitanes Reny Olivares y Jesús María Alarcón; el sargento Edison Morillo Mujica y el civil Roberto Bracho. Esta es una lista incompleta, basada en información de abogados y familiares. Además, algunos de estos traslados ocurrieron en días previos a la acción fallida, lo que hace suponer que la Dgcim estaba advertida sobre este plan con bastante tiempo de antelación. Se debe recordar que el miércoles 15 de abril ocurrió una requisa intempestiva en las celdas de esta cárcel militar. Ahora, familiares y abogados han manifestado su preocupación, pues el endurecimiento de las condiciones de reclusión, en parte debido a la cuarentena por la COVID-19, hace presumir que empeorará la salud del coronel Zambrano, quien quedó afectado de por vida como consecuencia de los golpes recibidos durante los interrogatorios.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

EEUU despliega barcos militares cerca de Venezuela frente a
El mandatario estadounidense indicó que las operaciones militares ya han comenzado, y que cuentan con el apoyo de otras 22 naciones, que aportaran efectivos castrenses e información de inteligencia.

 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este miércoles “duplicar” el número de barcos militares y soldados en las costas de Latinoamérica para luchar contra el tráfico de drogas en el este del océano Pacífico y el mar del Caribe, lo que incluye Venezuela y México.

“Hoy EE.UU. está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. No dejaremos que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses”, anunció el mandatario en una rueda de prensa.

Trump detalló que las operaciones militares ya han comenzado, y que cuentan con el apoyo de otras 22 naciones, que aportaran efectivos castrenses e información de inteligencia.

“Estamos desplegando destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera, duplicando nuestras capacidades en la región”, afirmó Trump, que compareció flanqueado por los militares de su Gobierno.

El objetivo de la operación serán los cárteles mexicanos y el círculo cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el que la Justicia de EE.UU. presentó cargos la semana pasada por narcotráfico y por el que ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, indicó en la rueda de prensa que “el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confía en los beneficios que le llegan de la venta de droga para mantener su poder opresor”.

Narcotraficantes aliados con la covid-19

Los miembros del Gobierno explicaron que, en los últimos días, la inteligencia estadounidense detectó que grupos de narcotraficantes planeaban aprovecharse de la crisis generada por la pandemia del coronavirus para introducir más droga dentro del país.

Preguntado sobre por qué ha decidido lanzar ahora esta operación, Trump aludió esos informes de inteligencia.

“Yo -dijo- veo cosas que no creerías, veo cosas que nadie creería, así que me reuní con el grupo que tengo aquí detrás y les dije: ‘¿Qué creéis que podemos hacer?’ Y ellos creen que pueden interceptar la droga, que podemos interceptarla antes de que llegue a las costas”.

Justo este martes, las autoridades estadounidenses anunciaron que habían descubierto un túnel de 600 metros en la frontera entre México y el estado de California (EE.UU.) y en el que había un cargamento de drogas valorado en 30 millones de dólares.

La semana pasada, la Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Maduro, pero este martes el Departamento de Estado propuso la creación de un Gobierno de transición en Venezuela que incluya a representantes de Maduro y del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como jefe de Estado por medio centenar de naciones.

Este anuncio sobre el despliegue militar en Latinoamérica se produjo en la rueda de prensa de prensa diaria de la Casa Blanca sobre el coronavirus, que ha dejado más de 200.000 contagios y más de 4.700 muertes en EE.UU.

Los mejores tweets del recompensa-gate

La mañana de este jueves 26 de marzo, el Departamento de Estado de EEUU ofreció este jueves una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello. Ante la noticia, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y aquí te presentamos una recopilación de los mejores memes: 

 

 

 

Crímenes sin Castigo | Venezuela en las drogas: debate abierto, por Javier Ignacio Mayorca
La referencia al Cartel de los Soles en el último informe de la JIFE ha suscitado sospechas y alertas, aun entre aquellos que en su momento avalaron la existencia de esta supuesta banda de militares.

@javiermayorca

La mención al llamado Cartel de los Soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), como era de esperarse, ocasionó enorme revuelo y puso de nuevo el nombre de Venezuela en el primer plano de la discusión sobre el tráfico internacional de drogas.

No es para menos. La JIFE es un órgano de extraordinario prestigio que, según la Organización de Naciones Unidas, es “independiente y cuasijudicial”. Sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de esos integrantes son propuestos a este cuerpo por los gobiernos de sus respectivos países. Se trata de personas que por regla general han surgido del mundo académico y de la investigación, cuyos criterios tiene peso específico en este ámbito de conocimiento.

La sola mención al Cartel de los Soles en el reporte de este organismo, correspondiente a 2019, aunque carece de mayor fundamentación dentro del propio texto, tiene un enorme valor y se transforma en una suerte de conocimiento común.

De ahora en adelante, la referencia al Cartel de los Soles, como una banda de militares activos venezolanos dedicados al transporte de psicotrópicos, presumiblemente con la anuencia del Gobierno, pasará a formar parte de los señalamientos que se hagan en el plano internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

Para la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid, actual ONA), Mildred Camero, la mención al Cartel de los Soles en el informe de la JIFE fue “tardía”.

“En el libro azul que entregábamos generalmente por estos meses de marzo a la ONU, en la forma de un cuestionario, advertíamos que había un grupo de militares que estaba traficando drogas, y que se presumía se podía tratar de un grupo denominado el Cartel de los Soles”, recordó la exjuez.

Camero estuvo al frente de la Conacuid hasta que el entonces presidente Hugo Chávez decidió terminar la ejecución del convenio de cooperación bilateral en materia de drogas con EE. UU., en 2005. Chávez tomó esta determinación basado, precisamente, en el informe de uno de los militares de la Guardia Nacional que estaba enfrentado a la funcionaria, en medio de una guerra de mutuos señalamientos.

“Las informaciones que mandamos hace quince años ahora tienen valor”, afirmó la exjuez.

Sin embargo, es claro para ella que esta referencia internacional al grupo de militares metidos a traficantes tiene un “propósito político evidente”.

Cada día que transcurre, la Fuerza Armada adquiere mayor importancia como medio para la prolongación de Maduro en el poder. Por ende, una referencia en el ámbito de la ONU al Cartel de los Soles contribuye a reforzar los discursos que colocan al régimen venezolano en el plano del “narcoestado”.

No cabe duda que en todos los niveles de la institución militar hay oficiales involucrados en el comercio ilícito de drogas, al igual que en el contrabando de alimentos y combustibles y, más abajo, en el robo descarado y en actos de piratería. Cada caso conocido en materia de drogas solo contribuye a alimentar la convicción sobre la existencia del mencionado cartel. Como por ejemplo el del general Aquiles Lapadura, excomandante de la zona operativa de defensa integral del Zulia (Zodi Zulia), vinculado a una investigación sobre el presunto desvío de ácido sulfúrico (un importante precursor para la fabricación de cocaína). Este oficial fue destituido en noviembre de 2019, cuando apenas tenía tres meses en el cargo.

Pero la historia sobre el Cartel de los Soles viene desde el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces le decían el Cartel del Sol, en singular, puesto que supuestamente involucraba a generales de brigada.

Con el pasar del tiempo, la historia sobre este grupo fue transformándose y aderezándose con nuevos hechos, algunos de ellos sin mayor conexión. Los intentos del exabogado de Inteligencia Militar, coronel Claudio Turchetti, para que los juzgados castrenses investigaran a este grupo, fueron inútiles.

Uno podría pensar que, en medio de este ambiente generalizado de impunidad, el paso de cocaína por el país se incrementaría de forma exponencial, amparado por las complicidades al más alto nivel. Pero a juzgar por un interesante reporte presentado en marzo por Geoff Ramsey y David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la realidad es un poco más compleja.

El trabajo, titulado Más allá de la narrativa del narcoestado (Beyond the narcostate narrative), recoge las estadísticas elaboradas por la base de datos consolidada de las agencias antidrogas estadounidenses, llamadas CCDB, que es el termómetro más confiable para evaluar los vaivenes de producción y tráfico a través de los distintos países.

Según las estadísticas, entre 2015 y 2019 el paso estimado de cocaína por Venezuela tuvo dos etapas. En los tres primeros años (15 al 17) hubo un alza importante, de 134 a 249 toneladas métricas del alcaloide. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, hasta situarse en unas 210 toneladas métricas.

Estas fluctuaciones parecieran explicarse en parte por el incremento de la producción mundial de cocaína, que llegó hasta las 2864 toneladas en 2016, y que a partir de entonces ha estado en descenso, de acuerdo con el CCDB.

Entonces, aunque las cifras netas puedan ser escandalosas, el paso de cocaína por Venezuela representaría poco más del 11,3 % de la producción mundial de esta droga para 2019. Y este comportamiento ha sido relativamente constante, si se analizan las estadísticas disponibles desde la década pasada.

Se podría pensar que esa estabilidad en cuanto al paso de cocaína por el país sugiere la existencia de una “ruta segura”, en la percepción de los jefes de los grandes carteles. En otros términos, que las conexiones entre los traficantes y los gobernantes venezolanos son robustas. Pero el reporte de WOLA advierte que hay otras rutas más activas en cuanto al tonelaje de drogas que movilizan, como las que van desde el Pacífico colombiano hasta Honduras, y especialmente a Guatemala y México, y sin embargo los gobiernos de estos países no son cuestionados en el plano internacional con la misma intensidad que el venezolano.

Todos estos criterios contribuyen a movilizar el debate sobre el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas. Es una discusión que debe contribuir a la colocación de cada factor en su debida importancia. Si las 210 toneladas de cocaína que pasan por el país (2019) fuesen manejadas solamente por el mentado Cartel de los Soles, la solución sería muy sencilla, y netamente de orden policial y militar. La realidad, sin embargo, impone un abordaje mucho más amplio.

Breves

* Al momento de la redacción de esta nota, se desarrolla en el país una situación caótica con respecto a las restricciones del derecho a la libre circulación, con el propósito aparente de prevenir la extensión del coronavirus. Los alcaldes, gobernadores y el gobierno central, a través de la Fuerza Armada, han implantado cada uno normas o criterios tan variados que, al final, es el funcionario de turno el que decide quién pasa y quién se devuelve. La alcaldía de Maracaibo comenzó la expedición de salvoconductos para el aprovisionamiento de gasolina, mientras que las zonas operativas de defensa integral emiten los suyos, mediante formatos que supuestamente posibilitan al portador el traslado entre municipios y estados. En medio de tan alta discrecionalidad, se abren las puertas nuevamente para la solicitud de coimas, en especial para los casos de empresas o individuos sobre los que no existe un criterio claro para calificar sus labores como esenciales o de seguridad. Este punto debe ser aclarado por el Ejecutivo nacional cuanto antes.

* Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia informan que, en vísperas de la declaratoria presidencial del estado de alarma, fueron restringidas al máximo las visitas para los presos de conciencia y comunes que permanecen en las celdas de El Helicoide. La medida fue adoptada con la finalidad de prevenir los contagios por Covid 19, o coronavirus. En la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la noche a la mañana, indicaron a los familiares y a los abogados de los detenidos que no llevaran alimentos hasta nuevo aviso, lo que se entiende también como una precaución, pues el virus puede ser transmitido a través de los envases. Estas decisiones endurecen aun más el régimen de reclusión al que están sometidos los presos políticos, desde mucho antes que se conociera de la existencia de la referida enfermedad. El temor ahora es que, en este aislamiento con aparente justificación, serán pocas las oportunidades de notificar al exterior si se producen contagios entre los internos. Temen que los propios custodios sean el vehículo para la transmisión de la enfermedad, toda vez que ellos poseen una mayor capacidad de movimiento que la ciudadanía común.

ONU ve indicios de que el narco se ha infiltrado en las FFAA de Venezuela
“Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ‘Cártel de los Soles’ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”, señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual difundido en Viena

Existen indicios de que grupos delictivos relacionados con el narcotráfico han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad de Venezuela, según la advertencia que hace el órgano de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas.

“Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ‘Cártel de los Soles’ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”, señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual difundido hoy en Viena.

Ese órgano independiente, integrado en el sistema de la ONU, hace esa mención al señalar en su reporte de 2019 que los grupos delictivos organizados “han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y los Estados Unidos desde Colombia, pasando por la República Bolivariana de Venezuela”.

Según la JIFE, para controlar ese tráfico, especialmente el de cocaína a través de Centroamérica hacia los Estados Unidos, “los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras, con las que realizan vuelos ilegales”.

La JIFE se describe como “un órgano independiente y cuasi judicial” constituido por 13 expertos con un mandato de cinco años y que tienen como función verificar el cumplimiento de las Convenciones internacionales sobre drogas.

Este órgano no señala el origen de la información en la que se basan estas sospechas.

El centro de investigación del crimen organizado Insight Crime sostiene que la primera vez que se usó el término “Cártel de los Soles” fue en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico de drogas, pero a partir del año 2000 se volvió a usar esa definición tras varios incidentes de narcotráfico en los que participaron militares.

El término “sol” alude a la insignia que reciben los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando ascienden al grado de general y que pueden llegar a cuatro soles para el caso de los generales en jefe.

Un directivo de una firma de análisis señala a Efe en Caracas que es “muy poco” lo que se conoce de este cartel en vista de la “opacidad” del sector militar e indicó que, a su juicio, “son más los mitos que las realidades acerca de ese grupo”.

Según Insight Crime, si bien “hay células en las principales ramas de las fuerzas armadas” y en todos sus niveles que esencialmente “funcionan como organizaciones narcotraficantes”, no se les puede describir como un “cartel” pues “no está claro cómo funcionan las relaciones entre esas células”.

El centro apunta que “no existe un árbol genealógico para una estructura tan nebulosa” como la del referido cartel, y que solo se cuenta con “una lista de nombres publicada” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense y “mucha especulación”.

En vista de que el control de fronteras, aeropuertos, puertos y carreteras está en manos de las autoridades militares, advierte Insight Crime, esto facilitaría la actuación de estos grupos que se concentran principalmente en los estados fronterizos con Colombia (Zulia, Táchira y Apure).

Entre los militares supuestamente implicados en ese cartel se cuenta Hugo Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con el fallecido presidente Hugo Chávez y con su sucesor, Nicolás Maduro, y que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado noviembre.

Carvajal desapareció cuando la Policía española intentó detenerlo tras aprobar un tribunal su extradición a Estados Unidos.

Carvajal fue imputado en EEUU por ser miembro, supuestamente, desde 1999 hasta 2019 de “El Cartel de los Soles”, según documentos de una corte de Nueva York.

De acuerdo con la investigación judicial estadounidense, este cartel estaría integrado por oficiales venezolanos de alto rango y además de enriquecer a sus miembros, tenían el objetivo de “inundar” Estados Unidos de cocaína y usar esta droga “como un arma” contra el país, por “el potencial daño social que causa la adicción a la cocaína”.

En 2008 la OFAC sancionó a Carvajal por su supuesta colaboración con las FARC en actividades de narcotráfico, mientras que los guerrilleros recibían armamento a cambio de las drogas.

Estados Unidos también ha relacionado con el tráfico de drogas al actual vicepresidente económico Tareck El Aissami (“prominente traficante de drogas”, señaló la OFAC) y al dirigente oficialista Freddy Bernal, vinculado con la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).