Comentarios como ‘seguro lo mataron por malandro’, va en contra el derecho a la vida, que busca protegernos de Estados y funcionarios policiales que actúen como jueces y verdugos
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A todos nos gustaría creer que el mundo es un lugar justo y predecible, donde todo lo que ocurre tiene un sentido lógico y en el cual “las cosas malas pasan por algo”. De hecho, el psicólogo experto en violencia, Ervin Staub, plantea que todos los seres humanos compartimos ciertas necesidades básicas, entre ellas, la necesidad de seguridad. Con ello, se refiere a una necesidad universal y compartida de sabernos, o al menos creernos, a salvo de daños físicos y psicológicos del exterior y con la capacidad de protegernos ante posibles ataques.
La satisfacción de estas y otras necesidades son fundamentales para mantener un adecuado funcionamiento interno en los seres humanos. Sin embargo, en nuestro esfuerzo por conseguirlo podemos no solo llegar a conclusiones discriminantes y erróneas, sino resistirnos a cambiarlas y, por si fuera poco, actuar con base en ellas. Muchas veces las consecuencias de equivocarnos por asumir algo son simples: perdemos el autobús por creer que saldría a una hora o nos perdemos de una buena película porque su portada nos hizo estar seguros que no valía la pena.
¿Pero qué pasa cuando estas creencias nos llevan a profundizar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares? ¿Hasta qué punto pueden volvernos cómplices?
Esto es especialmente importante en una realidad como la que viven muchas comunidades vulnerables en Venezuela, y en especial, la de los hombres jóvenes que habitan en ellas, la cual se ha visto marcada por la violencia. Solo en Caracas, Monitor de Víctimas ha contabilizado al menos 4665 muertes violentas desde marzo del 2017, con un 39,87 % de ellas a manos de fuerzas de seguridad del Estado.
Los operativos policiales en Venezuela, como los llevados a cabo durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), son sinónimo de abusos, miedo, dolor y muerte en cada una de las comunidades donde fueron llevados a cabo, dejando atrás un rastro de al menos 1860 presuntas ejecuciones extrajudiciales y, con ellas, miles de madres, padres, hijos y hermanos, todos víctimas secundarias marcadas para siempre por el dolor de perder un familiar a manos de una violencia estatal desproporcionada.
En un contexto así, en el que la muerte está a la orden del día y las personas no sienten confianza en aquellos que se supone deben protegerlas, es posible caer en la justificación del actuar de la policía y las violaciones de derechos humanos como una forma de satisfacer, hasta cierto punto, la necesidad de seguridad. Por lo tanto, culpabilizar a la víctima se convierte en una forma de convencernos de que “si hacemos las cosas bien, seguimos las reglas y no cometemos ningún delito, estaremos a salvo”. Con lo cual, no es extraño para las víctimas secundarias escuchar comentarios del tipo “Si lo mataron, por algo sería” o «seguro lo mataron por malandro», palabras bastante crueles que en ocasiones surgen de personas cercanas o familiares.
Sin embargo, a diferencia de los errores frecuentes e intrascendentes mencionados al inicio, tomar esta postura tiene consecuencias graves para nuestra vida en sociedad y contribuye a perpetuar el problema del que pretende defendernos.
En un principio, pensar de esta forma va en contra de un derecho humano tan fundamental como es el derecho a la vida, el cual es inherente a cada ser humano por el simple hecho de existir y que busca, en casos como estos, protegernos de Estados y funcionarios policiales que actúen como jueces y verdugos. Así, todo individuo tiene derecho a vivir libre y seguro, siendo responsabilidad del Estado tomar medidas para preservar este derecho.
Incluso en casos donde la víctima pudiera haber cometido algún delito, el Estado tiene la obligación de seguir el debido proceso, aplicando correctamente las leyes y respetando la dignidad humana.
Por tanto, avalar este tipo de acciones significa aceptar que el Estado y, por ende, los funcionarios, puedan establecer los criterios según los cuales un individuo merece morir, permitiéndoles poner a cualquiera en el punto de mira. Incluso por motivos políticos.
Además de ello, este tipo de creencias profundiza el dolor y el sufrimiento de las víctimas secundarias, quienes no solo han tenido (y tienen) que lidiar constantemente con el dolor y el trauma de perder un ser querido de forma violenta por la decisión arbitraria de aquellos que juraron protegerlos, sino que además se vuelven víctimas del estigma social de familiares y amigos, personas que en cualquier otro contexto deberían ser un apoyo.
Como si no bastara con la desconfianza hacia las instituciones de justicia que son indiferentes sobre su situación o con las consecuencias económicas de perder un sostén de familia, el estigma las fuerza a aislarse, a callar cuando quieren alzar su voz y a evitar expresar su dolor por miedo a ser juzgadas. No debería ser polémico decir que todos merecen tener derecho a defenderse, a ser tratados con justicia y, en el caso de las víctimas secundarias, a llorar a sus familiares.
Finalmente, comentarios que explícita o implícitamente sugieran que las ejecuciones extrajudiciales son algo merecido solo contribuyen a profundizar la desvalorización de poblaciones vulnerables mediante la representación negativa de las víctimas, acciones que perpetúan estereotipos nocivos y discriminantes y facilitan la aceptación del discurso violento del Estado que busca justificar e incluso hacer ver como algo necesario y positivo las violaciones de derechos humanos.
Desde Mi Convive trabajamos diariamente en pro de la disminución y prevención de la violencia en cualquiera de sus formas y del respeto de los derechos humanos, por lo que rechazamos cualquier intento de justificar políticas estatales que violen los principios básicos de la dignidad humana y señalen como enemigo a una población con base en generalizaciones que no dan lugar a la aplicación precisa y oportuna de la ley.
De esta forma, creemos en el registro de información sobre estas graves violaciones de derechos humanos, como lo fue la investigación “Diez que son miles”, como forma de visibilizar, denunciar y, aunque a veces sea difícil, intentar obtener justicia para las víctimas. Por eso, a través de nuestro programa “Voces Visibles” buscamos dar un espacio seguro a las víctimas secundarias de las ejecuciones extrajudiciales para que puedan hablar libremente, sentirse apoyadas y empoderarse en la búsqueda de un país libre de injusticias, visibilizando una realidad que se busca esconder,
