EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN negó la acreditación para los medios de comunicación internacionales en función de la cobertura del acto de juramentación de Nicolás Maduro este 10 de enero, la cual se llevará a cabo en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), a través de su cuenta de Twitter: @sntpvenezuela .
Resaltaron que los medios afectados por esta decisión son: Red Más Noticias, CNN en español, Blu Radio Colombia, Univisión y Noticias Caracol.
Estos medios independientes han sido críticos con la gestión del primer periodo de Gobierno de Maduro, quien como su antecesor Hugo Chávez, ha mantenido un ataque constante a los medios de comunicación que cuestionan sus decisiones.
Con la entrega de un documento que contenía al menos ocho exigencias finalizó este jueves (día del periodista) la movilización por la libertad de expresión Conatel.
Una representación del gremio periodístico encabezado por el presidente del CNP, Tinedo Guía y el director de la ONG, Carlos Correa, se reunió en el mediodía de este jueves con el director de la institución, Enrique Quintana.
«Fue una reunión donde le expusimos nuestras preocupaciones por las reiteradas violaciones a la libertad de expresión, por las agresiones que han sufrido los periodistas en el marco de las manifestaciones y por las frecuencias y medios que han dejado de operar», dijo Guía a la salida del cónclave.
Previo al encuentro en la sede de la empresa del Estado, periodistas y sociedad civil se reunieron en la Plaza Alfredo Sadel, donde se le rindió homenaje póstumo al comunicador social Miguel Castillo, una de las víctimas de estos 88 días de protestas.
«Miguel era un contestatario, tal vez por eso es que el régimen lo asesinó», dijo la madre de Castillo en Las Mercedes.
«Hemos sido agredidos de mil formas y buscamos la manera de ejercer en democracia. Libertad es democracia, periodismo es democracia, si no hay libertad no hay periodistas, si no hay periodistas no hay libertad, sin periodistas ni libertad, no hay democracia», agregó Guía.
Por su parte, Correa, expuso que al menos ocho de cada diez frecuencias radioeléctricas poseen un status incierto en el país.
«Pedimos que nos aclarasen ese aspecto y él (Quintana) quedó de averiguar, ellos alegan que la mayoría no han presentando los documentos correspondientes para la renovación de concesiones, pero nosotros no tenemos forma de averiguar eso, porque es un proceso que no es transparente, hemos contabilizado al menos emisoras que dejaron de transmitir este año y eso es preocupante», indicó Correa.
Sentenció que hasta ahora el gobierno no posee plan alguno para regular los portales web de información.
Advirtió que el mismo documento será entregado a la Guardia Nacional, Minci, PNB, Ministerio de Interior y Justicia e incluso instancias internacionales.
El Ministerio para la Comunicación e Información (MinCI) designó a Bencir Eloy Guerrero Ochea como Director General (E) de Comunicaciones Presidenciales, según publicada en Gaceta Oficial No. 40.901 del 11 de Mayo de 2016; la resolución correspondiente está fechada el 6 de Abril.
Según mediActual, el designado reemplaza a Thomas Avelino Ramírez Salas quien ejercía el cargo desde el 28 de Abril de 2015.
Guerrero Ochea es teniente coronel del Ejército Venezolano, según listado de ascensos del 29 de Junio de 2013, y se autodefine como “chavista, revolucionario y socialista” y creyente en la existencia de una “batalla comunicacional revolucionaria”
Un día después de la publicación mundial de la filtración más grande de toda la historia, el 04 de abril de 2016, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci) envió un documento a la red de medios públicos donde establece una serie de recomendaciones para rebatir y desacreditar a las investigaciones venezolanas que salieron a relucir en el marco del escándalo, incluyendo a sus periodistas autores.
Bajo los lineamientos del Viceministro de Planificación del Minci, Harim Rodríguez, la Dirección General de Estrategia realizó un análisis de contexto y determinó cómo sería la cobertura informativa en torno al denominado caso “Papeles de Panamá”, investigación periodística organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en la que más de 100 medios de comunicación del mundo analizaron los documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca y revelaron cómo personalidades de la vida pública crearon empresas offshore en paraísos fiscales para ocultar sus ganancias y evadir impuestos.
En Venezuela, cuatro medios de comunicación independientes se unieron para llevar a cabo las investigaciones y a través del portal www.panamapapersvenezuela.com publicaron las historias detrás de exfuncionarios de Gobierno, banqueros y empresarios que aparecen en los documentos de Mossack Fonseca.
La estrategia
En el documento, el Minci propone a medios públicos y voceros de Gobierno evitar impulsar el tema ante la posibilidad de ser un señuelo que justifique acrecentar la injerencia y las sanciones de de Estados Unidos. De tener que responder comunicacionalmente, señala el Ministerio, hay que destacar que los actores participantes en la investigación forman parte de una “gran olla mediática internacional” y están vinculados a diferentes instituciones de inteligencia de EEUU y la Unión Europea.
El Ministerio plantea destacar que el uso de los “Papeles de Panamá” es un ataque direccionado en un 99% a líderes políticos no subordinados al Gobierno norteamericano, mientras que el resto (1%) está dirigido a líderes capitalistas cuyo liderazgo es insostenible ante la pérdida de popularidad: caso Macri. Como apoyo, el Minci pide señalar más bien que EEUU protege a todos aquellos exfuncionarios bajo exilio que por algún delito o investigación han sido acusados por parte del Gobierno bolivariano en los últimos 17 años. Dice, además, que se explote mediática y diplomáticamente el caso ante la existencia de hasta 128 políticos vinculados a paraísos fiscales “para señalar el doble rasero de EEUU” en cuanto a las sanciones.
La noticia se conoció la noche del jueves. Tres periodistas, provenientes de tres países distintos, habían ingresado a Venezuela sin sus instrumentos de trabajo. Sus cámaras de televisión, junto a todos sus accesorios, tuvieron que dejarlas en la aduana luego de que los funcionarios de esa dependencia les exigieran un documento que no tenían: una «declaración temporal de equipos». Todo ocurre en medio del ambiente electoral por los comicios parlamentarios del próximo domingo, 6 de diciembre, que los reporteros vienen a cubrir y orden no ha cesado. A los equipos reporteros de la televisora colombiana Caracol y de la peruana ATV, les sucedió lo mismo este viernes.
Patricia Janiot, de CNN; Marco Antonio Coronel, de Televisa; y Guillermo Panizza, de Telefe, fueron los primeros tres afectados por la medida. A pesar de haber visitado el país con anterioridad y de haber hecho las gestiones correspondientes ante las embajadas venezolanas de sus países de origen para ejercer el trabajo periodístico en Venezuela, ninguno de ellos fue informado sobre este último requisito.
Un día después de la «retención» los periodistas no tienen los equipos consigo y este proceso, de acuerdo a una fuente cercana a una de las emisoras afectadas, podría demorar entre dos y cuatro semanas. Vía Twitter, a través de comunicados y en entrevistas a medios de sus naciones, los reporteros han informado lo que han adelantado para recuperar sus herramientas de trabajo.
Día de gestiones
Panizza, por redes sociales, comentó que autoridades de la Embajada de Argentina colaboraban «en la gestión de las acreditaciones para luego poder retirar los equipos retenidos». En una entrevista a una emisora de radio del país sureño, explicó cómo habían ocurrido los hechos.
Altas autoridades diplomáticas abocadas a encontrar una solución a la citada retención de equipos en aeropuerto #Caracas
Funcionarios de embajada Argentina colaboran en la gestión de las acreditaciones para luego poder retirar los equipos retenidos #Venezuela — Guillermo Panizza (@guillepanizza) diciembre 3, 2015
«Nos sometieron a un chequeo técnico y documental; revisaron todos nuestros elementos de trabajo. Debimos presentar una admisión temporal y el inventario de los equipos que llevábamos, acompañado por una nota en la que teníamos que explicar qué veníamos a hacer. Pero la embajada (en Argentina) no nos había informado sobre esto. Entonces comenzaron las gestiones en la embajada argentina de Venezuela para ver si se podía liberar la situación», aseguró Panizza, quien recalcó que aunque pudo ingresar al país, las cámaras se habían quedado en Maiquetía. «Los equipos quedaron retenidos. Nos pidieron que escribiéramos una nota para aprobarlo. Ahora está todo en el aeropuerto. Tenemos que presentar un acta para recuperarlos».
Janiot, de CNN, informó sobre la situación en Twitter la noche del miércoles, pero desde entonces no se ha pronunciado más sobre la situación. El canal de televisión estadounidense envió una escueta comunicación oficial sobre el caso:
«El día miércoles, miembros del equipo de CNN en Español fueron retenidos durante varias horas por autoridades venezolanas a su llegada al país. Aunque finalmente les fue permitida la entrada, sus equipos audiovisuales fueron retenidos a pesar de que CNN en Español cumplió con todos los requisitos necesarios. Estamos trabajando de forma diligente por resolver el asunto, y seguiremos adelante con nuestros planes de cobertura del proceso electoral».
Gracias a queridos venezolanos q me envían cálidas palabras de apoyo. Un abrazo «seguimos en la lucha (por equipo) que es cruel y es mucha»
Por su parte, Marco Antonio Coronel dijo en conversación con la emisora RCR que para cumplir con el envío de información tendría que alquilar equipos en el país. «Primera vez en mi carrera que sucede esto, no había tenido inconvenientes para cubrir elecciones en otro país. Con tiempo hicimos las gestiones ante el consulado de Venezuela en México», afirmó.
Al trío se sumaron este miércoles dos casos más, uno de estos fue el de la televisora colombiana Caracol. De acuerdo con la web de este medio, los periodistas fueron retenidos tres horas en la aduana antes de poder ingresar. Los funcionarios se quedaron en poder de los equipos y les exigieron un «documento de importación».
Como ha ocurrido con otros medios, retuvieron los equipos de @NoticiasCaracol en el aeropuerto de Maiquetia, Venezuela — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) diciembre 4, 2015
Llegamos a Caracas para informar elecciones #6D Nuestros equipos fueron retenidos después de 3 horas en aduana pic.twitter.com/WoXJHPFU3j
La otra denuncia llegó a través de ATV, emisora peruana que afirmó que los reporteros habían sido retenidos en la aduana por 18 horas.
De trámites y obstáculos
La traba de la retención de los equipos no es la única ocurrida en torno al ejercicio periodístico de los corresponsales extranjeros en el país este año. Los cambios comenzaron hace algunos meses, según reseña el Instituto Prensa y Sociedad en (Ipys Venezuela), cuando se conoció que los trámites para la acreditación de los reporteros se llevaba a cabo por medio de las embajadas de Caracas en el exterior. Anteriormente el papeleo se hacía directamente en el Ministerio de Comunicación e Información (Minci).
La prohibición de ingresar a Venezuela con los equipos de televisión tiene un precedente. Ipys ya registró un caso el pasado 5 de septiembre, cuando a una periodista de la colombiana RCN y a su camarógrafo le retuvieron sus instrumentos de trabajo en la Aduana Subalterna del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
La historia la contó Silvia Corzo, abogada, periodista y presentadora de noticias colombianas, quien venía a Caracas sólo por unas horas, junto a su camarógrafo Héctor Cuencas, a entrevistar a la exdiputada de oposición María Corina Machado.
Ese día, en la Aduana le impidieron entrar al país con una cámara de televisión PMW-300 Serie RCN 7041936, un trípode y un kit de luces. Uno de los funcionarios le informó que debía gestionar un permiso a través de la Embajada de Colombia en Caracas y que, para dejarlos pasar con la cámara y los accesorios, debería pagar 1% del valor de los mismos.
«En ese momento llevábamos al menos unos 15 mil dólares en equipos, y no teníamos para cancelar la cantidad indicada. Prácticamente teníamos que cancelar una importación del equipo», dijo la periodista. La solución, entonces, fue pasar sin las herramientas de trabajo.
Horas más tarde, cuando los periodistas colombianos se retiraban del país, acudieron a la Aduana para llevarse sus equipos de vuelta. Allí, según Corzo, los funcionarios accedieron a entregarle su cámara y accesorios luego de que Cuencas indicara que informaría sobre lo sucedido en la siguiente emisión de noticias de RCN.
Mediante una nota publicada en su web, Ipys Venezuela advirtió que este tipo de decisiones afectaba el ejercicio periodístico y condicionaba la cobertura electoral.
«Ipys Venezuela exhorta al gobierno venezolano a respetar la labor informativa de los corresponsales y trabajadores de prensa extranjera, y garantizar su seguridad, durante el proceso de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, de acuerdo con los estándares internacionales sobre libertad de expresión consagrados y ratificados en los artículos 23, 57, 58 y 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la censura previa, la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, información u opinión a través de los medios de comunicación, deben estar prohibidas por la ley», indica la nota.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que remitirá a la Misión de Acompañamiento de la Unasur los casos de los periodistas a quienes les retuvieron sus equipos de trabajo al ingresar al país, y solicitarán su mediación para que cese esta dinámica que vulnera «derechos legales y constitucionales».
El pasado lunes 30 de noviembre de 2015, corresponsales de medios internacionales informaron a IPYS Venezuela que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI) les exhorta a firmar una carta de compromiso como requisito para cubrir elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Los corresponsales extranjeros deben aceptar que se les revoque la credencial en caso de que el Estado considere que violentaron los principios “del proceso democrático”.
La carta establece: “me comprometo a no manipular imágenes, audios o textos, para cambiar su sentido, origen o conceptos, tal como lo establece la Constitución de la República de Venezuela, a transmitir información veraz y oportuna a los usuarios del medio que represento y a respetar en todo momento el proceso democrático y de paz que cubriré. En caso de incumplir con todo ello acepto que se me retire la acreditación otorgada por las autoridades competentes”.
Ipys alertó que esta carta de compromiso no se corresponde con los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión. También recalca que esta medida tampoco está contemplada en los procedimientos del Minci para acreditar a corresponsales, colaboradores y enviados especiales de medios extranjeros en Venezuela, según la Resolución N° 053 del 27 de abril de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.930 del 4 de mayo de 2004.
Acotan que la credencial es el permiso que otorga la Dirección General de Comunicación de Gobierno del Minci a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación extranjeros para que puedan hacer trabajos periodísticos de manera permanente o por un período temporal en el país.
IPYS Venezuela advierte que este tipo de decisiones “afectan el ejercicio periodístico y condicionan la cobertura electoral que debería a responder a los principios de libertad, pluralidad e independencias, garantías fundamentales de la libertad de expresión”.
Recuerdan que en reiteradas oportunidades, autoridades oficiales, entre ellas el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha señalado y amenazado con emprender acciones legales y administrativas en contra de corresponsales y medios de comunicación extranjeros por informar acerca de hechos que ocurren en el país vinculados a corrupción, salud pública, inseguridad, escasez de alimentos, bienes y servicios.
El SNTP también se pronunció
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa aseguró que este es un hecho sin precedentes y que significa una censura previa pues es «una clara amenaza y advertencia en contra de quienes hagan un periodismo libre e independiente.»
«La misiva es en sí misma una acusación sin sustento contra los profesionales que trabajan para medios internacionales, insinuando que incumplen el ordenamiento jurídico y los principios recogidos en el Código de Ética del Periodista.», asegura el sindicato en su escrito.
Exigieron que se proceda a la acreditación inmediata de los periodistas que así lo han solicitado ante el Ministerio de Comunicación y ante el Consejo Nacional Electoral, de forma que se garanticen los derechos al trabajo, a la libertad de expresión y el derecho a la información. Piden, además, que se dejen sin efectos decisiones abusivas que pretenden utilizarse como excusa para limitar la observancia de las elecciones parlamentarias.
Retiro de credenciales
IPYS Venezuela registró al menos tres casos en los que el gobierno de Venezuela revocó credenciales a periodistas de CNN en Español, en febrero, mayo y octubre de 2014. Estas medidas fueron revertidas posteriormente.
La periodista Patricia Janiot, en febrero de 2014, tenía previsto cubrir la situación que se vivió en el país durante el contexto de protestas, y en octubre, elaboraría una serie de trabajos sobre la escasez de alimentos. En ambas oportunidades, le fue revocado el permiso para ejercer el periodismo en Venezuela.
Fernando Del Rincón, también de CNN en Español, denunció la revocación de su credencial el 25 mayo de 2014, cuando se disponía a cubrir las elecciones municipales en las ciudades venezolanas de San Cristóbal y San Diego.
En ese mismo momento, la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Venezuela (APEVEX) emitió un comunicado las medidas que condicionan la cobertura de medios extranjeros en el país. “Nos preocupa que se utilice la potestad de autorizar el ingreso o permanencia en el país para decidir cuáles periodistas pueden hacer un trabajo y cuáles no, y por esa vía tratar de influir en el contenido mismo de la información que se produzca; y, también, que se establezca un precedente negativo para cuando los medios internacionales presentes en Venezuela debamos traer colegas del exterior a fin de reforzar nuestras coberturas”.
El proyecto de presupuesto para 2016 revela que la inflación afecta no solo las finanzas domésticas y familiares, sino también al propio Ejecutivo. La crisis de las finanzas públicas queda en evidencia al revisar, por ejemplo, el presupuesto de gastos previstos para el Ministerio de Comunicación e Información.
Quien tenga la titularidad del Minci el año que viene dispondrá de 5,2 millardos de bolívares, frente a los 840,6 millones de bolívares que manejaron Ernesto Villegas y Delcy Rodríguez en 2013. En otras palabras, el Ejecutivo destinará 6 veces más recursos al despacho que actualmente dirige la periodista Desirée Santos Amaral, que los previstos en el presupuesto de 2013.
Pero no solo la sextuplicación de los recursos del Minci en 3 años habla de la inflación que afecta al Estado, ello también se evidencia en el recorte de sus proyectos. En 2013 el ente manejó 8 proyectos matrices, en 2014 elevó el número a 13, en 2015 retrocedió a 8, pero para 2016, con 6 veces más recursos, el Minci solo prevé ejecutar 4 proyectos.
En los años previos el despacho destinó ingentes recursos para asuntos como campaña comunicacional, plan de regionalización de la política comunicacional del Estado, adecuación del Centro de Documentación de la gestión presidencial, ampliación de la plataforma tecnológica del Minci, posicionamiento de la política comunicacional del Estado en el ámbito internacional, impulso a la televisión digital abierta, creación de un portal web informativo y hasta fondos para elaborar análisis de contenido de medios.
Pero en 2016 el Minci optó por los proyectos indispensables: “optimización de transmisiones de interés nacional”, “fortalecimiento de la comunicación popular y la producción nacional independiente”, “producción de contenidos informativos de interés social” y “transferencias para entes descentralizados”. En este último grupo entra la batería de medios de comunicación del Estado, junto con fundaciones como Villa del Cine, Imprenta Nacional, Premio Nacional de Periodismo y Agencia Venezolana de Publicidad.
EL 28 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRA en todo el mundo el Día del Acceso a la Información Pública, también conocido como el «Día del Derecho a Saber». El Ministerio de Comunicación e Información, dirigido por Desiree Santos Amaral, no perdió la oportunidad de conmemorar este día, publicando un poster en su cuenta oficial de Twitter.
La asociación civil Espacio Público determinó, en estudios realizados entre 2011 y 2014, que en al menos un 84% de las ocasiones, las instituciones no responden a las solicitudes de información que les son realizadas. «La información ofrecida por las instancias públicas suele ser desactualizada, incompleta e impertinente con respecto a los temas de mayor interés», explica la asociación en una nota de prensa.
En Runrunes creemos que esta es la oportunidad propicia para que el gobierno revele información pública que se encuentra oculta y, de este modo, rinda un mejor tributo a la efeméride mundial. Así, les sugerimos diez cosas que pueden aclarar hoy mismo, para celebrar:
1. Indicadores económicos
El Banco Central de Venezuela (BCV) puede revelar las cifras de escasez, inflación, desabastecimiento, así como el estatus del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de las reservas internacionales.El último índice de inflación publicado data de diciembre de 2014, cuando se ubicó en 68,5%. Según el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley del Banco Central de Venezuela, el BCV está en la obligación de publicar estos datos durante los primeros 10 días de cada mes.
2. Asesinatos
En julio de 2015 la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, admitió que en Venezuela la tasa de homicidios se ubica en 62 por cada 100 mil habitantes. La declaración fue informal, pero estremecedora. Hasta ahora la única fuente de información al respecto era el Observatorio Venezolano de Violencia, que la ubicaba en 82 decesos por cada 100 mil habitantes.
El conteo de muertes violentas es llevado, de forma independiente, por los periodistas de la fuente a falta de pronunciamientos formales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Desde el despliegue de la primera Operación de Liberación del Pueblo (OLP) la cartera de seguridad ciudadana dio la orden expresa de limitar el trabajo de los periodistas en la sede de la Medicatura Forense en Caracas.
3. Epidemias
El último Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de Venezuela data de la semana del 26 de octubre de 2014. Es decir, hace 11 meses. Desde entonces, un importante brote de dengue y chikungunya pasaron por el país sin que nadie se atreviera a ponerle un número concreto. Los colegios de médicos del país han denunciado tener que trabajar «a ciegas» por la falta de este recurso de información pública.
4. Compra de medios
La identidad de los verdaderos nuevos dueños de grandes medios de comunicación como El Universal, Globovisión y Últimas Noticias es aún un secreto.La opinión pública de Venezuela no lo conoce con claridad, pero lo que sí es un hecho es que los tres han virado su linea editorial de la crítica a la complacencia al poder. ¿Cuánto costó cada medio? ¿Está algún banquero o figura del gobierno detrás de ellos? Nadie lo sabe.
5. Sueldo de mandatarios
¿Cuál es el sueldo que devenga Nicolás Maduro por fungir como presidente de Venezuela? ¿La «primera combatiente», Cilia Flores, cobra algún sueldo por ser la esposa de Maduro? ¿A Flores le es suficiente este ingreso para comprarse una cartera de 4.500 dólares, marca Chanel? ¿Cuál es el sueldo del diputado Diosdado Cabello o de los ministros que integran el gabinete de Maduro? Dudas difíciles de despejar para un ciudadano común.
6. Inmigración
La cantidad de venezolanos que han abandonado el país, buscando nuevas oportunidades, es indeterminada. Ni el Instituto Nacional de Estadística, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ofrecen datos actualizados sobre este tema. Según una encuesta de Hinterlaces, de septiembre de 2015, al menos 30% de los venezolanos manifiestan su intención de abandonar el país, motivados por su difícil situación económica. En enero de 2014 se contaban más de un millón de criollos en el extranjero.
El gobierno venezolano hace oídos sordos ante la fuga de talentos del país, pero parece tener perfectamente cuantificada, por ejemplo, la cantidad de colombianos que viven en este país.
7. Presos
¿Qué tan hacinadas están las cárceles en Venezuela? ¿Es cierto que los presos están siendo alimentados con un «menú chino», conformado por arroz blanco y agua? ¿Cuántos presos mueren en reyertas o en enfrentamientos con custodios? ¿Cuántos reclusos se fugan al año? Todas estas son preguntas que parecen «escaparse» de la agenda de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela.
8. Dólares de Cadivi
El ministro de Finanzas de casi todo el gobierno de Hugo Chávez, Jorge Giordani, soltó una bomba antes de salir del gobierno: de las arcas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) se habían «esfumado» más de 25 mil millones de dólares, en los maletines de miles de «empresas fantasmas». ¿Cuáles son estas empresas? ¿Por qué los organismos de regulación del presupuesto público no pudieron detenerlas? ¿Hay algún detenido por el desfalco a Cadivi? ¿Hay casos similares a este? Nadie sabe, nadie supo.
9. La comida podrida
A partir del 25 de mayo de 2010 y durante la semana posterior, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) encontró 45.4 toneladas de alimentos descompuestos, en el puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo. Los alimentos, importados por el Gobierno de Hugo Chávez bajo subsidios a través de la empresa estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), estaban depositados allí bajo la figura de «abandono legal». El 8 de junio de 2010 se nombró una comisión en la Asamblea Nacional para investigar el caso. La comisión nunca presentó resultados y finalmente fue disuelta al instalarse una nueva Asamblea Nacional en 2011. Cuatro años después, en 2015, aún la Asamblea no ha dicho ni «pío» sobre este caso.
10. Los patriotas cooperantes
Los «patriotas cooperantes» son figuras auspiciadas y amparadas por el presidente de la Asamblea Nacional. Son suertes de delatores o espías, cuya función es perseguir a personajes de la oposición política en Venezuela. Son reclutados, formalmente, por la Dirección de Contrainteligencia Militar, según reveló una investigación de Runrunes. ¿De qué parte del presupuesto nacional sale el dinero para mantener a estos «sapos»? ¿Por qué ellos tienen patente de corso para delinquir, en pro de obtener información valiosa para el gobierno? Preguntas que, seguramente, serán aplastadas por el mazo de Cabello.
