Acnudh mantiene su preocupación sobre las condiciones de detención en centros como el Sebin y la Dgcim en Caracas
Este jueves, 23 de junio, se hizo público el último informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el caso Venezuela.
El informe evalúa el periodo entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022. Bachelet lo presentará el próximo 29 de junio ante el Consejo de DDHH de la ONU.
De acuerdo con el texto, el mismo se centra en se en los últimos acontecimientos relacionados con:
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por Acnudh.
Este es el último informe que presenta Bachelet antes de dejar la Acnudh en agosto, tras haber sido nombrada en el cargo en septiembre de 2018.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
1.- Se mantuvo la campaña de vacunación contra la COVID-19, pero no se tiene acceso a información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación.
Cabe recordar que la Alianza Rebelde Investiga (ARI) realizó un especial que reveló que la cifra de vacunados hasta abril no llegaba al 50%, de acuerdo con el Monitor Comunitario de COVID-19.
Por otra parte, la escasez de combustible y sistemas de refrigeración habrían afectado a la distribución de vacunas en todo el país.
2.- El informe advirtió que la pandemia de COVID-19 en Venezuela agravó el sistema de salud que ya era frágil. Se mantuvo la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal certificado en el sistema de salud.
Esto afectó en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños y niñas con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles.
3.- Se mantuvo la desaceleración de la inflación que comenzó en septiembre de 2021. Para marzo de 2022, el índice de precios al consumidor registró la tasa de variación más baja desde 2014.
Asimismo, el 15 de marzo se decretó un aumento del salario mínimo mensual y la pensión equivalente a aproximadamente 29 USD.
4.- Recordaron las declaraciones de la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las sanciones en el disfrute de DDHH.
Al respecto, señalaron que esto habría afectado especialmente a ciertos sectores de la población, como los que viven en pobreza extrema y los pueblos indígenas.
5.- Acnudh manifestó preocupación por la situación de DDHH en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas mineras de Bolívar y Amazonas.
6.- El informe recordó el incidente entre la Fuerza Armada e indígenas yanomami en la base «Parima B», estado de Amazonas, donde cuatro yanomami murieron.
Rendición de cuentas y estado de derecho
Reformas policiales y judiciales
1.- Aunque Acnudh evidenció algunos avances hacia el fortalecimiento del estado de derecho, recomienda adoptar más medidas para implementar eficazmente las anteriores recomendaciones.
2.- La reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana continuó. Además, destacaron que 13 casos están siendo investigados, cuatro en juicio y tres exmiembros de las FAES han sido condenados.
3.- También, recordaron que es esencial mantener la transparencia en los procesos legislativos, a propósito de nombrarse una comisión especial para reestructurar el sistema judicial.
4.- Algunas enmiendas legales establecieron que los civiles que cometan actos sancionados por el Código Orgánico de Justicia Militar serán procesados por tribunales ordinarios.
Por su parte, los juicios en curso de civiles por tribunales militares deben ser transferidos a tribunales ordinarios.
Sin embargo, el informe de Bachelet encontró que el traslado de las causas a la jurisdicción civil a veces dio lugar a nuevas demoras en el proceso judicial.
Derecho a la vida
1.- Según Acnudh, la información indica una reducción significativa del número de muertes en operaciones de seguridad.
Recordaron uno de los operativos de gran escala, realizado entre el 7 y el 17 de julio en La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, Petare, San Juan y El Valle, al menos 22 personas murieron y 28 resultaron heridas.
2.- Sin embargo, Acnudh documentó seis casos que involucraron a las fuerzas de seguridad con un modus operandi similar al anterior en barrios marginados, incluso en Caracas y El Tocuyo, Carora (estado de Lara) que resultaron en la privación de la vida.
3.- También se documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en Apure y Táchira durante operaciones de seguridad.
En al menos tres de estos casos, los detenidos fueron presuntamente torturados o maltratados.
La detención y el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona
1.- Durante el periodo que abarca el informe de Bachelet, se adoptaron medidas legislativas en el Código Orgánico Procesal Penal destinadas a reducir las demoras judiciales.
2.- Asimismo, recomendaron aplicar de forma efectiva las enmiendas para reducir la detención preventiva y recuerda que la esta debe ser la excepción de conformidad con las normas internacionales de DDHH.
3.- Advirtieron que las condiciones para la puesta en libertad, como la presentación periódica ante los tribunales, incluso en un municipio distinto del lugar de residencia, a veces parecen desproporcionadas y afectan a la reintegración social y al acceso al empleo.
4.- Se mantienen sigue o retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación, como señaló en febrero de 2022 la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional.
Detención y derecho a la integridad física y mental
1.- Acnudh mantiene su preocupación sobre las condiciones de detención en centros como el Sebin y la Dgcim en Caracas.
2.- Recordaron que el 6 de febrero de 2022, dos agentes de la Dgcim fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio agravado y tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en junio de 2019.
3.- El 3 de diciembre de 2021, declararon responsables a dos agentes del Sebin de homicidio culposo, quebrantamiento de las normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada en relación con la muerte del exconcejal Fernando Albán.
Puede leer el informe completo aquí
