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Bachelet: como en las cárceles, en el Arco Minero mandan los pranes
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el Estado es incapaz de controlar un área equivalente al 12% del territorio nacional

Los pranes no solamente están en las cárceles venezolanas, las cuales dominan, sino que también se les puede encontrar fuera de ellas y algunos controlan amplias áreas de esa rica zona llamada Arco Minero del Orinoco (AMO), pese a que la misma está oficialmente bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La denuncia la formuló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo su informe sobre la independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en el AMO.

«Gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados. Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección. La información disponible muestra que la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados, llamados “sindicatos” a nivel local».

Esto fue reportado por la también exmandataria chilena, quien así puso en evidencia la incapacidad del Estado para controlar un área equivalente al 12% del territorio nacional.

Bachelet denunció en su informe que los «sindicatos» han copiado el modelo del «pranato» imperante en las prisiones venezolanas y que no son otra cosa más que estructuras criminales, cuyo líder impone su voluntad con una brutalidad indescriptible y se beneficia de la extorsión, en este caso de los mineros ilegales o incluso de los formales.

En el documento, de diecisiete páginas de extensión, se lee lo siguiente:

«El ACNUDH (…) recibió información que muestra que, en fecha más reciente, elementos irregulares armados han tomado el control de ciertas minas en la parte central del estado de Bolívar y también en la parte oriental, cerca de la frontera con Guyana».

Violencia exacerbada en el AMO

Bachelet informó al Consejo que la violencia se ha apoderado del AMO, y comoprueba citó las propias cifras oficiales, según las cuales en los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes se registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

«Las bandas criminales y los elementos armados usan la violencia para ejercer control sobre las zonas mineras», apuntó Michelle Bachelet, quien reportó que entre marzo de 2016 y marzo de 2020 sus oficiales registraron 16 enfrentamientos por el control de minas, en los cuales 140 hombres y nueve mujeres perdieron la vida.

Tras asegurar que según la información obtenida por su oficina la mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales, Bachelet indicó:

«en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta».

La alta comisionada no obvió el detalle de que el AMO está bajo control de la FANB y que la institución castrense tiene 25 puestos de control solamente en la carretera que atraviesa al estado Bolívar. Asimismo se hizo eco de las informaciones que sostienen que jefes militares recibirían sobornos de parte de los «pranes» o «sindicatos» para obviar sus actividades ilegales.

De la boca para afuera

Los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, han utilizado la bandera del ecologismo para atacar a gobiernos como los de Estados Unidos o más recientemente al de Brasil.

«Cuánto nos ha dolido el incendio que ha provocado Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en la Amazonia brasilera (…) es el fascismo destruyendo los derechos sociales y no se quedan solos con la destrucción de los derechos sociales, sino que le han entregado la Amazonia a los terratenientes que la están incendiando».

Estas fueron declaraciones de Maduro en agosto del año pasado a propósito de los fuegos que arrasaron parte de la selva. Sin embargo, a este no le tembló el pulso para autorizar el pasado mes de abril la explotación de seis cuencas hidrográficas al sur del país, sin importar el impacto medioambiental ni los derechos de los pueblos indígenas.

Esta decisión fue rechazada por Bachelet, quien pidió al Gobierno que la deje sin efecto. «La apertura a la explotación minera de áreas geográficas donde se encuentran sus fuentes de agua potable y de alimentos, así como las vías de navegación tradicionales de la población (indígena), menoscabará sus derechos y dañará sus territorios», alertó.

Asimismo cuestionó la manera poco transparente como las autoridades han decidido explotar la región, sin tomar en cuenta a los habitantes y contraviniendo el artículo 120 de la Constitución, que señala:

«El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley».

La alta comisionada también reportó el uso de mercurio en la explotación de metales como el oro, pese a que el mismo está prohibido, así como su extracción a cielo abierto, la cual no solo conlleva la deforestación sino la excavación de grandes cráteres.

De la misma manera, denunció que los mineros trabajan en condiciones precarias y con largas jornadas de trabajo de hasta doce horas.

La funcionaria también reveló que ni el Ministerio de Desarrollo Minero ni el Banco Central de Venezuela (BCV) han publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el Gobierno ha conformado alianzas, el número de mineros que explotan la zona ni los volúmenes de oro y otros minerales extraídos o sobre cuál es su destino.

Radiografía del Arco Minero según Bachelet
El informe que la oficina de la ONU presentó esta semana, alerta sobre las pésimas condiciones de vida que llevan quienes habitan los pueblos mineros asediados por la criminalidad y los yacimientos de oro que han dejado cientos de hectáreas deforestadas

 @loremelendez

@boonbar

 

Violencia a manos de bandas criminales, explotación laboral, corrupción, explotación sexual, abuso de niños y contaminación del ambiente son algunas de las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco que registra el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado el pasado 15 de julio en la 44a edición del Consejo de DDHH de la ONU.

Por primera vez, la ONU reconoce que “gran parte de la actividad minera tanto dentro como fuera del Arco Minero está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”. Destaca también el elevado nivel de la explotación de la mano de obra, el tráfico de personas y la violencia como consecuencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de las bandas criminales que controlan las minas y que pagan a los jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales. 

También da un vistazo a las condiciones de vida de la población que habita el territorio del Arco Minero, la vulnerabilidad de mujeres, niños y pueblos indígenas, la migración interna hacia los yacimientos y el empeoramiento de la salud de quienes viven en un ambiente destruido por el extractivismo. Se trata de un documento que confirma y analiza cada una de las denuncias que durante años han hechos desde organizaciones de derechos humanos hasta medios de comunicación que se han dedicado a la cobertura del tema. 

 

Corrupción 

Lo primero que destaca la ONU es que la opacidad de la administración de Nicolás Maduro sobre el funcionamiento del Arco Minero del Orinoco ha impedido al organismo determinar en qué medida se ha regularizado la actividad minera y frenado la extracción ilegal de oro en esa zona. Recuerda que no hay cifras ni información relacionada al tema, proveniente de las instituciones responsables como Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico o el Banco Central de Venezuela. Ninguno ha presentado estudios de impacto ambiental y sociocultural, señalado cuáles y cuántas son las empresas con las que se alió el Ejecutivo, aportado datos sobre el Registro Único Minero o anunciado la cantidad de oro y otros minerales que reporta Minerven o los metales que exporta el Estado.

 

Violencia

El documento constata que la actividad extractivista en Venezuela está controlada por grupos delictivos organizados y armados conocidos como “sindicatos”, cuya presencia se hizo más visible desde 2011, cuando Hugo Chávez sacó a las empresas extranjeras de la zona, y aumentó en 2015 cuando se incrementaron los precios internacionales del oro. “Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, apunta el informe. 

La ONU recalca que estos grupos pagan a los militares para mantenerse en el negocio, ya que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la que tiene, por decreto, “la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener las actividades de las industrias estratégicas ubicadas en el Arco Minero. Por esa razón, hay más de 25 alcabalas de los uniformados a lo largo de la carretera que atraviesa la zona minera del estado Bolívar. 

Internamente, las bandas criminales reproducen el modelo del “pranato” que existe en las cárceles venezolanas, ya que son conducidos por un “jefe o pran que impone brutalmente sus órdenes” y controla todas las actividades en los yacimientos. La oficina de Bachelet también advierte que en época reciente hay “elementos irregulares armados” que han tomado el control de minas en el centro y oriente de Bolívar. Se refiere así, aunque no los menciona, a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se han apoderado de la zona con el aval de Maduro.

En vista de que la violencia es el arma utilizada para mantener la zona bajo control, quienes hacen vida en el Arco Minero son víctimas constantes de los grupos criminales. “Según el Gobierno, en 2019, en el estado de Bolívar se registraron 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; en cambio, para la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la cifra fue de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el Gobierno, los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente”, aseveran desde la oficina de Bachelet. Añaden que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas son objeto de castigos corporales y hasta de asesinatos.

Las desapariciones son también mencionadas en el informe. La oficina de Bachelet documentó cinco casos de mineros desaparecidos entre 2016 y 2020, y tiene reportes que señalan que es frecuente que los cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas. 

“Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”, resalta. 

Como consecuencia de la violencia por el control de las minas, el informe señala que entre marzo de 2016 y 2020 se registraron 16 enfrentamientos armados entre bandas criminales y guerrilleros que dejaron muertos a 140 hombres y nueve mujeres. La mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales. “Según la información recopilada, en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta”, señala. 

 

Migración interna y explotación laboral

El desempleo y la crisis económica por la que atraviesa el país ha traído como consecuencia una creciente migración interna hacia la región minera de mano de obra que no tiene ninguna experiencia en el sector. Los empleados abandonan sus puestos, incluso en el sector educativo o de la salud, para irse a las minas a practicar un trabajo informal y sin ningún contrato. 

En el Arco Minero, “el trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco mineros, que realizan turnos diurnos y nocturnos de aproximadamente 12 horas”, indica el informe. Los riesgos laborales son altos, no solo por la exposición de los obreros ante los grupos criminales, sino porque los accidentes y deslizamientos de tierra son habituales y han dejado sepultados bajo tierra a decenas de mineros.

El documento habla de la identificación de “un patrón de explotación laboral”, según el cual los mineros “se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas”. La ONU pudo comprobar que los trabajadores deben entregar entre 10% y 20% del mineral extraído a los pranes o guerrilleros que controlan el yacimiento, y además pagar entre 15% y 30% al propietario del molino que procesa el material aurífero que sacan. De paso, cancelan altos precios por comida, agua y cualquier servicio a los vendedores que hacen vida en la mina, quienes a su vez deben dar un tributo a los grupos criminales. En esta cadena, los compradores de oro pagan precios 25% inferiores a los que se aplican a nivel internacional. 

 

Mujeres y niños vulnerables

Las mujeres también se van a trabajar en las minas y se dedican a diversas tareas que van desde la extracción hasta la venta informal y la cocina. Sin embargo, dice el informe, desde 2016 aumentó la prostitución en la zona, además de la explotación sexual y la trata no solo de mujeres sino también de adolescentes. 

“La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas ‘currutelas’, que son barracones construidos con tablones de madera cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad”, subraya el documento.

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue informada sobre la presencia de niños y niñas de hasta 7 años, sin compañía alguna, que son explotados en la zona minera. Pequeños de 9 y 10 años ya trabajan en los yacimientos.

 

Salud

El informe cita a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para destacar que, según esta organización, los municipios mineros de Bolívar “son la principal fuente del aumento de los casos de paludismo” en Venezuela desde 2015. 

Tanto esta como afecciones como la diarrea y enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, u otras que atacan las vías respiratorias, proliferan no solo entre los mineros sino entre comunidades indígenas que no tienen acceso a los tratamientos, lo que los deja a la deriva y expuestos a “desenlaces fatales”.

La situación empeora debido a la contaminación con mercurio presente en el área, a pesar de que está prohibido su uso en el tratamiento de los metales.

“Una vez que se ha formado la aleación del mercurio con el oro, esta es quemada, el mercurio se volatiliza y las partículas en suspensión son respiradas por los mineros y los habitantes de la zona minera. El mercurio también se vierte en el suelo y luego es arrastrado a los ríos por el agua de lluvia. Como consecuencia, se han detectado altos niveles de mercurio en las comunidades indígenas que viven en las partes bajas de los ríos del Arco Minero. La contaminación por mercurio de las vías fluviales tiene un impacto desproporcionado en las mujeres que pasan gran parte de su tiempo en contacto directo con el agua”, señala el documento.

Asamblea Nacional
Asamblea Nacional

 

Pueblos indígenas

El documento de la oficina de Bachelet tiene un apartado dedicado a la afectación de la minería, y del decreto del Arco Minero del Orinoco, sobre los territorios indígenas. Detalla que en esta área geográfica hay 16 grupos indígenas que viven en 197 comunidades y que los daños del extractivismo van mucho más allá de la zona minera.

“La minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, principalmente debido a la presencia y la actuación de los grupos armados y al daño ambiental. Una de tales consecuencias es la pérdida de control de los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación”, afirma el documento. 

Desde hace al menos dos años, dice el informe, los indígenas han denunciado ser víctimas de abusos contra los derechos humanos, actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra las mujeres no solo por parte de las bandas criminales y guerrilleros sino también de militares. Los casos recientes de la masacre de Ikabarú y del ataque a las comunidades que hacen vida en el río Caura son una muestra de ello.

Las comunidades indígenas también reclamaron ante los representantes de la oficina de la ONU que los grupos criminales les “imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios esenciales, como combustible y medicamentos”. 

La destrucción del medio ambiente, que fue la preocupación más recurrente de los entrevistados por la ONU, ha traído como consecuencia la deforestación de sus territorios, contaminación de las vías fluviales y fauna, así como brotes de enfermedades infecciosas. Todo esto menoscaba la capacidad productiva de tierras y recursos indígenas, afecta sus dietas tradicionales y coarta su derecho a la salud. 

El equipo de Bachelet menciona en el informe el decreto dictado por Maduro en abril pasado, que permite la explotación minera en seis ríos de Bolívar y áreas geográficas protegidas, las cuales sirven como fuentes de agua potable y alimentos a varias etnias de la zona. Tanto indígenas como expertos indicaron que la medida se ejecutó sin la realización de consultas ni de estudios de impactos ambientales. “Los pueblos Ye’kwana y Sanema de la cuenca del río Caura estiman que dentro de cinco años este espacio fluvial estará contaminado, eventualidad que es sumamente preocupante para el futuro de sus habitantes”, resalta.

El documento también subraya que los indígenas afirmaron que haberse visto obligados a explotar sus tierras tradicionales para sobrevivir debido a la situación económica del país. “La incapacidad para proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural coarta su derecho a la autodeterminación”, sentencia.

 

Recomendaciones

La ONU recomendó a Maduro que garantizara que toda actividad minera en el país se practique en apego a los derechos humanos, estudios de impacto socio-cultural y ambiental y en el cumplimiento de normas ambientales nacionales e internacionales. Además, exigió la publicación de informes sobre el Arco Minero que ofrezcan datos socioeconómicos de la población de la zona, la violencia e indicadores económicos de la minería.

Pidió que se lleven a cabo “investigaciones efectivas y transparentes y operaciones de aplicación de la ley” que desmantelen las bandas criminales que controlan las minas, acaben con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas; y combatan la corrupción y enjuicien a los responsables de la violencia y la violación de derechos humanos en la zona.

Abogó por la realización de “consultas adecuadas y representativas” ante los pueblos indígenas que puedan verse afectados por medidas gubernamentales vinculadas con la minería, para que estos puedan desarrollar y tener control de sus tierras, territorios y recursos. Insistió en que se les dé reparación a las comunidades que ya han sufrido las consecuencias de la actividad extractivista.

Exigió que se revoque la Resolución 0010, dictada el pasado 8 de abril, y relacionada con la explotación del oro en ríos de Bolívar.

Gobierno de Maduro rechaza informe de Bachelet que critica ausencia de Justicia
El informe señala que el poder Judicial se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas, por lo que la capacidad para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad

El gobierno de Venezuela rechazó el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentado este miércoles en Ginebra, que critica la “ausencia” de un sistema de Justicia independiente en el país y las “violaciones de los derechos económicos y sociales”.

El informe señala que el poder Judicial se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas, por lo que la capacidad para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad.

Bachelet recomendó al Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, que emprenda reformas al sistema judicial para garantizar la imparcialidad y frenar “el uso de la justicia militar para juzgar a ciudadanos.

“Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos “, subrayó la alta comisionada.

Sin DDHH en el Arco Minero del Orinoco 

El informe señala también la situación de los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, y asegura que están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.

La investigación sobre este asunto, expuso Bachelet, destaca que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”.

“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, subrayó Bachelet.

Ante esta situación, el documento urge a investigar los abusos en la zona y poner coto a la corrupción y actividades ilegales que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco.

Venezuela no acepta recomendaciones

El Ejecutivo desestimó, a través de un comunicado, el contenido, las conclusiones y las recomendaciones por considerar que el documento es “tendencioso” y está “elaborado a partir de una cuestionada resolución del Consejo de Derechos Humanos”.

El informe es, para el Gobierno, una “muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela”.

Según la Administración, el Consejo de DDHH no tiene “facultad legal ni mandato alguno para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos” del país.

Cooperación a pesar de todo

A pesar del rechazo y las críticas al informe, el Gobierno muestra su disposición a seguir colaborando con el Consejo de DDHH y con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, pero con condiciones.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos especiales y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes”, precisó el Ejecutivo.

25 claves del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela
Uno de los puntos más preocupantes de este informe es que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y hechos de violencia que han dejado al menos 149 muertos desde 2016

Un informe presentado el 14 de julio por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo devela graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. 

Uno de los puntos más preocupantes de este informe es que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y hechos de violencia que han dejado al menos 149 muertos desde 2016.

A continuación, presentamos 25 claves de la investigación expuesta por Bachelet:

“El ACNUDH sigue preocupado por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en la República Bolivariana de Venezuela, como fue manifestado en sus informes  anteriores por los órganos de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, durante el examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Refiriéndose al principio de independencia del sistema judicial, “el ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical. Todo ello merma la capacidad del poder judicial para
controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los
derechos humanos”.

“Al ACNUDH le preocupa que la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas. La información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal”.

“Según la información recibida por el ACNUDH, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia”.

La alta comisionada llamó la atención sobre “la composición actual del TSJ”. “Según la información recibida, dicho proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley y los recursos legales presentados a posteriori en relación con las calificaciones de los candidatos no fueron resueltos”.

“El ACNUDH está también preocupado ante el continuado uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles”.

“Otra fuente de seria preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional, y cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo”.

“Las víctimas de violaciones de los derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia; las mujeres, en particular, enfrentan retos específicos por motivos de género”.

“En los casos de violaciones del derecho a la vida presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, el ACNUDH detectó los obstáculos con los que se enfrentaba el Ministerio Publico para llevar a cabo investigaciones eficaces. Uno de los principales obstáculos estructurales es el hecho de que las investigaciones de delitos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad están supeditadas al trabajo forense del Cicpc, el cual rinde cuentas directamente al Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz”.

“En cuanto a los casos de muertes en el contexto de protestas, familiares de las víctimas manifestaron al ACNUDH que, si bien el Ministerio Publico cursó numerosas solicitudes de información, la Guardia Nacional Bolivariana se negó a transmitir los nombres de los agentes que habían participado en las operaciones”.

“El ACNUDH identificó desafíos para garantizar la debida diligencia en la atención a las víctimas. Las personas entrevistadas indicaron que quienes trabajan en el sistema judicial son o incapaces de tramitar tales casos y realizar un seguimiento de los mismos (por falta de capacitación o infraestructura), o bien no están dispuestos a hacerlo”.

“El ACNUDH documentó que en los presuntos casos de desapariciones forzadas los tribunales no actuaban generalmente con la debida diligencia”.

“Varias fuentes informaron al ACNUDH de que, cuando en las audiencias se daba cuenta a los jueces de casos de tortura o malos tratos, ellos solían responder que el examen de tales denuncias no formaba parte de su competencia a pesar de que la obligación de investigar cualquier alegato de tortura se encuentra tanto en la legislación nacional, como en los tratados internacionales de los que la República Bolivariana de Venezuela es parte”.

“El ACNUDH documentó 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020. El número real podría ser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo, detenciones arbitrarias y prisión incomunicada, los cuales suelen aumentar el riesgo de tortura y malos tratos”.

“Además, el ACNUDH recibió informes en que se señalaba la existencia de estereotipos de género indebidos en el sistema jurídico y violencia de género en forma de amenazas, maltrato y violencia verbal por parte de funcionarios públicos y agentes judiciales”.

“El ACNUDH recibió información sobre obstáculos adicionales en el acceso a la justicia desde la declaración del “estado de alarma” el 13 de marzo debido al COVID-19. Abogados y ONG que brindan a apoyo a víctimas reportaron que el sistema de justicia no había establecido mecanismos eficaces para procesar acciones urgentes”.

“El ACNUDH recibió información sobre presuntos casos de trata de personas, inclusive de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, que eran llevadas a Trinidad y Tobago y Curaçao”.

“Debido a la falta de transparencia sobre esta materia, el ACNUDH no es capaz de determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco (AMO)”.

“La información de que dispone el ACNUDH indica que gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados. Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”.

“Diversos testimonios documentados por el ACNUDH indican que los niveles alcanzados por la explotación de la mano de obra, el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”.

“La mayor parte del trabajo en el AMO es informal, y las personas que lo realizan no tienen contratos. El ACNUDH ha identificado un patrón de explotación laboral en cuyo marco los mineros se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas”.

“Otra repercusión grave sobre la salud y el medio ambiente en el AMO es la contaminación resultante del uso generalizado de mercurio”.

23. “Entre los castigos también se incluyen asesinatos. Por ejemplo, el ACNUDH recibió información sobre dos hombres adolescentes que fueron ejecutados tras ser acusados de ser agentes infiltrados de otro “sindicato”; un minero de 27 años fue asesinado por un miembro de un “sindicato” que le acusó de tener una aventura amorosa con su esposa, y un joven fue asesinado por robar 25 gramos de oro”.

24.- “La violencia también se origina en disputas por el control de las minas. A partir de un análisis de información de fuentes abiertas, el ACNUDH identificó 16 enfrentamientos violentos de este tipo ocurridos en las minas del AMO o en sus alrededores entre marzo de 2016 y marzo de 2020, en el curso de los cuales habrían muerto 140 hombres y nueve mujeres”.

25.- “Los pueblos indígenas informaron al ACNUDH acerca del aumento de la violencia y los actos de intimidación desde 2018. La presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados menoscaba por lo general la paz y la seguridad en sus comunidades”.

Aquí puedes leer el informe de Bachelet.

Informe de Bachelet denuncia explotación y abusos en el Arco Minero del Orinoco
La investigación, presentada por la alta comisionada de la ONU para los DDHH, destaca que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”

Los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016, denuncia un informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La investigación, expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”.

“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, subrayó Bachelet.

Una tiranía en las minas

El informe indica que esos “sindicatos” aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.

Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.

Éste también detalla las pésimas condiciones de vida de muchos de los mineros, en su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país.

Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.

El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no sólo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.

Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.

El informe denuncia asimismo que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.

Manos amputadas como castigo

Las 149 muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.

Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.

Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Deterioro de la justicia

Aunque el informe presentado hoy al consejo se centró en la situación en el arco minero, también repasó otras situaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo en su sistema de Justicia, que de acuerdo con el documento se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas.

La capacidad del poder judicial para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad, denunció el informe.

Las dificultades para que el Ministerio Público investigue violaciones de derechos humanos son especialmente patentes en el caso de asesinatos perpetrados durante protestas, operaciones de las fuerzas de seguridad, denuncias de tortura y violencia de género, subraya.

“Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos “, concluyó Bachelet.

67 personas fueron asesinadas en protestas durante 2019
A las Faes le atribuyen 1.231 asesinatos en supuestos enfrentamientos el año pasado 

@franzambranor

67 personas fueron asesinadas en el marco de 16.739 protestas durante 2019 según expuso la ONG Defiende Venezuela en el marco de la presentación del informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo a Defiende Venezuela, 8 de las 67 víctimas son menores de edad. 

“Las Faes siguen siendo el brazo ejecutor de la violencia armada en Venezuela”, dijo el coordinador de Defiende Venezuela, Simón Gómez.

Según Gómez, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana fueron responsables de 1.231 asesinatos en supuestos enfrentamientos durante 2019. “Curioso que solo dos funcionarios de las Faes fueron muertos durante estos enfrentamientos”.

Gómez alertó que el gobierno de Nicolás Maduro no había acatado la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de disolver las Faes ni tampoco algunos de los otros doce llamados.

“No solo el Estado ha incumplido con su responsabilidad, sino que la situación de los derechos humanos se ha agravado”, dijo Gómez.

Gómez aseveró que en 2019 se produjeron 2.219 arrestos arbitrarios. 

Alertó que para finales de 2019, Defiende Venezuela había contabilizado 448 civiles enjuiciados en tribunales militares.

Dijo que en 2017 se produjeron más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, 69% en operativos de seguridad y 81% de las víctimas eran menores de 25 años. “También tenemos más de 25 situaciones de torturas documentadas”. 

Según Gómez, el Estado no ha mostrado interés alguno de abrir una oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU en Venezuela. 

Sin acceso a alimentos y medicinas

Otro de los puntos álgidos del informe presentado por Bachelet a comienzos del mes de julio es el concerniente a la crisis de alimentos y medicinas en Venezuela.

“92% de los venezolanos no tienen acceso a la canasta básica”, indicó Gómez.

De acuerdo a la ONU, más de 9 millones de personas no tienen acceso a una alimentación balanceada en Venezuela. “La recomendación son 2.300 calorías diarias para un adulto y en promedio estamos consumiendo 700”, sostuvo Gómez. 

El coordinador de Defiende Venezuela también se refirió a la falta de agua. “En las áreas urbanas, solo en noviembre de 2019 se registró una escasez de agua de 96%”.

Indicó que han documentado más de 100 arremetidas contra organizaciones no gubernamentales. “72 por intimidación a través de medios afectos al gobierno. Quieren deslegitimar a las ONG que luchan por los derechos humanos con la implementación de una ley”. 

Sostuvo que el Estado ha vulnerado los derechos de quienes regresan al país de otras latitudes, especialmente a partir de marzo, cuando se decretó un estado de alarma por la pandemia del coronavirus. “Los han calificado como armas biológicas”.

Denunció que no ha cesado la campaña de desmantelamiento contra la Asamblea Nacional. “A 28 diputados se les ha revocado la inmunidad parlamentaria, 36 están en el exilio y a más de 40 le han iniciado un proceso de carácter penal”. 

Calificó como “deshonrosa” la respuesta del gobierno de Maduro al pasado informe de Bachelet y dijo que esperaba más actualizaciones para el venidero reporte del 15 de julio.

“Venezuela se encuentra en una situación de empeoramiento, pero sigue en el ojo de la comunidad internacional. Los ciudadanos tenemos que seguir visibilizando la grave situación de derechos humanos. En septiembre esperamos un informe más detallado de la ONU”, dijo Gómez.

 

Lea el informe completo de Defiende Venezuela en este enlace 

Critican a Bachelet por su abordaje sobre la corrupción en Venezuela
El Grupo de Trabajo Contra la Impunidad en Venezuela alerta que, en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 2 de julio de 2020, no se analiza el espectro de consecuencias corrosivas que la corrupción genera sobre los derechos humanos y el Estado de derecho

El Grupo de Trabajo Contra la Impunidad en Venezuela envió una nueva carta a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que manifiesta su preocupación por el abordaje que realiza el organismo sobre el tema de la corrupción en el país y sus devastadores efectos en la calidad de vida de los ciudadanos.

El grupo de trabajo alerta que, en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado el 2 de julio de 2020, no se analiza el espectro de consecuencias corrosivas que la corrupción genera sobre los derechos humanos y el Estado de derecho, así como las amenazas que representa a la seguridad humana en Venezuela. En el texto, solo se hace una ligera referencia a la corrupción, en cambio, se hacen 12 menciones a las sanciones internacionales y sus efectos en el país.

“En los últimos 20 años, la corrupción en Venezuela se ha exacerbado de forma exponencial. Estudios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional alertan sobre una pérdida de más de US$ 350.000 millones en este período. La justicia venezolana se ha negado a investigar y procesar dichas alegaciones y estas se encuentran en un contexto de total impunidad (…) A pesar de todo esto, el informe de su Oficina no incluye datos sobre la envergadura de la corrupción en el país y se limita a mencionar, en una oportunidad, la corrupción del sector petrolero”.

Las preocupaciones señaladas en la carta fueron compartidas con la oficina de la Alta Comisionada previamente. El 4 de julio de 2019 el mismo grupo de trabajo envió una carta dirigida a Bachelet sobre la temática.

El grupo de trabajo reitera su intención de dialogar con Bachelet o sus representantes sobre las preocupaciones señaladas, así como explorar formas de colaboración para un trabajo futuro.

Esta es la carta enviada a Bachelet

Claves | Miguel Pizarro: El gobierno amplió funciones de las Faes
El comisionado en la ONU sostuvo que el informe de Michelle Bachelet confirma la profundización de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela 

Miguel Pizarro, comisionado del gobierno de Juan Guaido en la Organización de las Naciones Unidas, ratificó la denuncia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en torno a la política represiva de la administración de Nicolas Maduro en Venezuela.

Después de la presentación del informe de Bachelet, en el cual habla de violaciones a los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, el diputado sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación vía Zoom y aquí tenemos algunas claves.

 El parlamentario hizo mención a la letalidad de las fuerzas policiales y militares del gobierno de Maduro como instrumento para reprimir y castigar la protesta popular en Venezuela. De acuerdo al informe presentado este 1 de julio por Bachelet  1.324 personas murieron durante operativos de seguridad entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, 432 por responsabilidad de las Faes. “El gobierno no solo no eliminó a las Faes como ha sido la recomendación de la Alta Comisionada en informes pasados, sino que ahora amplió sus funciones y realiza labores de control social”.

 Pizarro acusó a Maduro de incumplir su palabra e impedir el acceso de al menos 10 relatores especiales, especialmente los que tienen que ver con desapariciones forzadas y detenciones ilegales. “Ya ha pasado un año y nada. No tiene sentido que se hable de cooperación y no dejen entrar a los relatores. El gobierno creía que por ocupar una silla dentro del Consejo de Seguridad de la ONU se iba a salvar de ser señalado, pero se equivocó”, dijo Pizarro.

 El comisionado de Guaido en la ONU se refirió también al nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo funciones de la Asamblea Nacional. “El nombramiento del CNE por medio del TSJ disminuye la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”. 

Pizarro también hizo hincapié en las detenciones arbitrarias, la persecución a dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas y el hacinamiento en las cárceles. “En el informe se habla de la agresión contra los diputados y la toma del Parlamento el pasado 5 de enero por una Asamblea Nacional paralela. A estas alturas todavía no se sabe dónde está Gilber Caro, eso en cualquier otro país es un escándalo”.  

 El diputado de la Asamblea Nacional aseveró que el régimen de Maduro ha optado por radicalizarse y prueba de ello son los acercamientos que ha tenido con el gobierno irani en materia energética. “Por eso sus aliados ahora no son Nicaragua ni Cuba, sino países como Irán y Rusia”. Dijo además que la precariedad en Venezuela no es producto de las sanciones, sino de un modelo económico que ha apostado por la destrucción del capital privado. 

Pizarro indicó que el esfuerzo que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no es aislado, sino en cooperación con los países aliados al gobierno interino de Guaidó. Pidió a la comunidad internacional una respuesta más dura frente a los atropellos que a diario comete el gobierno venezolano.