Michelle Bachelet archivos - Página 2 de 30 - Runrun

Michelle Bachelet

JEP a Bachelet: Sin separación de poderes no habrá verdad, justicia ni reparación
La organización señaló que aunque Bachelet reiteró su apoyo para promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”, hasta ahora no se avizora la posibilidad de superar la terrible y sistemática violación a los DDHH en Venezuela

 

Este viernes, la organización Justicia, Encuentro y Perdón indicó que mientras no se recupere la separación de poderes en Venezuela, y el Poder Judicial continúe siendo un subordinado y brazo ejecutor de los patrones de represión y persecución política, «no existe posibilidad de aplicar las normas que aseguran el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos».

JEP emitió un reporte de seguimiento para entregarlo a los organismos internacionales involucrados, a propósito de los pronunciamientos emitidos en Ginebra, los días 17 y 18 de marzo por parte de la Alta Comisionada de los DDHH ante la ONU, Michelle Bachelet.

Aunque en la intervención Bachelet manifestó su preocupación porque su oficina continúa registrando persecución a defensores de DDHH, activistas políticos, medios de comunicación y la persistencia del cierre de espacios democráticos; también consideró que “la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores, así como también la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial».

En el reporte de JEP, la organización advirtió que las mencionadas reformas legislativas demuestran el inexistente mejoramiento de la situación y menos aún del inicio de «investigaciones genuinas en contra de los máximos responsables de estos crímenes, cometidos en ejecución de un patrón de represión implementado contra grupos de la población», muy específicamente contra los que disienten de las políticas gubernamentales y exigen sus derechos.

«El sistema de administración de justicia en Venezuela colapsó debido a su politización y falta de autonomía, por lo que las decisiones judiciales atienden a los intereses de los grupos de poder. Las tímidas reformas legislativas y el sistema de justicia están lejos de mejorar la situación, al contrario reiteran el dominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial», se lee en el reporte.

Justicia, Encuentro y Perdón señaló que aunque Bachelet reiteró en su intervención, que “seguimos disponibles para prestar apoyo continuado a los esfuerzos nacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”, hasta ahora no se avizora la posibilidad de superar la terrible y sistemática violación a los DDHH en Venezuela.

La organización, en su comunicado, agradeció el «impecable y exhaustivo» trabajo realizado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos y resaltó que la única vía posible, real y tangible de avance en procesos de verdad, justicia y de reparación en favor de las víctimas.

Miguel Pizarro: Régimen de Maduro se burla de los esfuerzos de Acnudh
El designado comisionado para la ONU por Juan Guaidó indicó que, «durante años», el Ejecutivo nacional se ha referido al hacinamiento en los centros de detención o la disolución de cuerpos de seguridad como las FAES, pero las condiciones negativas persisten

 

El dirigente Miguel Pizarro considera que el gobierno de Nicolás Maduro opta por «burlarse» de los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), a cargo de Michelle Bachelet, quien presentó hoy la actualización del informe sobre la situación de Venezuela.

«Agradecemos las gestiones realizadas por la Oficina de la Acnudh y su disposición de prestar apoyo técnico. No obstante, el régimen ha decidido burlarse de estos esfuerzos cuando descaradamente siguen violando una y otra vez los DD.HH. de los venezolanos», escribió Pizarro en su cuenta en Twitter.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió este jueves la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, donde, según Bachelet, ha habido «algunos pasos en la dirección correcta» en los últimos meses, aunque también alertó de la persistencia del acoso a activistas.

En su informe actualizado ante el Consejo, que cubrió eventos desde el pasado septiembre, Bachelet denunció 93 ataques al espacio cívico y democrático, incluyendo 24 casos de criminalización y amenazas a activistas de la sociedad civil, periodistas y otros elementos.

Bachelet indicó, además, que se cerraron desde el pasado año al menos ocho emisoras de radio y se han bloqueado siete sitios web de medios de comunicación y recordó que 12 personas, cuyos casos son seguidos por grupos de derechos humanos, siguen en detención arbitraria.

No obstante, el informe reconoció avances en torno a las reformas en marcha del sistema de justicia, la reestructuración de la Policía nacional, la prohibición de enjuiciar civiles en tribunales militares o las medidas para enfrentar el hacinamiento en centros de detención preventiva.

Al respecto, Pizarro aseguró que «si bien el régimen ha anunciado ‘reformas’ como la reestructuración de la Policía Nacional o la reforma judicial y estas, tal como indica la Acnudh, si se hicieren significarían oportunidades de transformación, la realidad es que el anuncio por sí solo, carece de valor».

En este sentido, puntualizó que, en cuanto a la reforma judicial el listado preliminar de magistrados tiene una «clara tendencia política», lo que, a su juicio, «no garantiza ni imparcialidad ni independencia del Poder Judicial, sino que «perpetúa la impunidad».

Pizarro, designado comisionado para la ONU por Juan Guaidó, indicó también que «durante años» el Ejecutivo nacional se ha referido al hacinamiento en los centros de detención o la disolución de cuerpos de seguridad como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pero las condiciones negativas persisten.

«Sobre el hacinamiento en centros de detención y la posible disolución de las FAES, el régimen ha hablado de esto durante años y los privados de libertad continúan en condiciones deplorables y los cuerpos de ‘seguridad’ siguen cometiendo crímenes amparados por el Estado», aseveró.

Información de EFE

CLAVES | Violencia de grupos irregulares y censura destacan en la actualización de Bachelet sobre situación en Venezuela
En la actualización oral de su evaluación de la situación de derechos humanos en Venezuela, Bachelet hizo énfasis en su preocupación por el aumento de la violencia en Venezuela a causa de la actuación de grupos armados no estatales en zonas fronterizas, mineras y en centros urbanos
También, expresó preocupación por el enjuiciamiento a miembros de Fundaredes, la  estigmatización de personas defensoras de DHDH, periodistas y otros miembros de la sociedad civil y el bloqueo a sitios web de medios de comunicación.
Resaltó el hecho de que, desde septiembre de 2021 -fecha de actualización de su último informe sobre Venezuela, agentes estatales han sido condenados en al menos tres casos «emblemáticos». entre ellos, el homicidio y tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. «Estos son pasos en la dirección correcta, pero queda aún mucho más por hacer», consideró
Bachelet precisó que de los casos abordados por el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, 12 personas siguen detenidas: «Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad», instó
Se mostró a favor de la reanudación del diálogo en Venezuela, pidió el levantamiento de sanciones «sectoriales» para aliviar las necesidades de la población más vulnerable

 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó este 17 de marzo la actualización oral de su informe sobre Venezuela en el 49° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Bachelet expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias en el país, los incidentes relacionados con restricciones a espacios cívicos y democráticos, el enjuiciamiento a miembros de la organización no gubernamental Funradedes,  la estigmatización de personas defensoras de DHDH, periodistas y otros miembros de la sociedad civil y el bloqueo a sitios web de medios de comunicación.

También, denunció el aumento de la violencia por la presencia actores armados no estatales regiones fronterizas, zonas mineras y centros urbanos y por el desplazamiento de la comunidad indígena como consecuencia de los enfrentamientos armados en el estado Apure. 

Por otra parte,  saludó las iniciativas que – a su juicio- abren las oportunidades para la implementación de «importantes recomendaciones de Derechos Humanos» y dijo que aunque ha habidos condenas a agentes estatales responsables de casos emblemáticos de violencias a derechos humanos, aún falta mucho por hacer en la materia.

A continuación, un resumen en claves sobre los aspectos más resaltantes del discurso de Bachelet

Grupos armados aumentan la violencia en zonas fronterizas, regiones mineras y centros urbanos

El punto quizá más relevante de la actualización oral del informe de Bachelet fue la denuncia sobre la presencia de actores armados no estatales lo que, en palabras de Bachelet, ha «aumentado la violencia»,  especialmente «a lo largo de la frontera con Colombia, en regiones mineras y centros urbanos».

Bachelet indicó que los enfrentamientos en Apure han causado el desplazamiento forzado cientos de venezolanos, muchos de ellos indígenas.

En ese sentido, llamó a las autoridades a «investigar las violaciones y abusos de Derechos Humanos, prestando especial atención a los derechos de pueblos indígenas».

Preocupaciones documentadas desde septiembre de 2021

Bachelet recalcó que sigue observando en el país desafíos relacionados con el respeto al debido proceso,  «al derecho a la libertad, a un juicio sin demoras indebidas y al acceso a una defensa de propia elección».

Sobre los casos individuales de  preocupación planteados a las autoridades desde septiembre de 2021, Bachelet enumeró los siguientes:

  • 18 personas han sido liberadas, 6 personas siguen  bajo detención pese a contar con boletas de excarcelación y al menos 22 han solicitado su liberación alegando la expiración de límites legales de detención.
  • De los casos abordados por el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, 12 personas siguen detenidas: «Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad, se deben respetar las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas», pidió Bachelet.
  • La alta comisionada recordó que las personas detenidas deben tener acceso a una atención médica adecuada, y recordó que su oficina ha estado llamando «regularmente» la atención a las autoridades sobre casos urgentes específicos.
  • Desde septiembre de 2021,  la oficina de Bachelet ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones a espacios cívicos y democráticos en Venezuela, incluida la «criminalización, estigmatización y amenaza contra activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas»
  • Mencionó Bachelet enfatizó en el caso  de los activistas de Fundaredes. Manifestó que le preocupa su enjuiciamiento e indicó que, aunque  dos están en libertad condicional,  siguen enfrentándose a cargos penales . En concreto, rechazó que el director de Fundaredes, Javier Tarazona, siga detenido y mencionó que su salud «parece deteriorarse».
  • Se han documentado también otros 24 casos de estigmatización de personas defensoras de DHDH, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, en redes sociales o discursos públicos desde septiembre de 2021: «Insto fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación y a construir un entorno seguro e inclusivo para el pueblo de Venezuela», fue el exhorto de Bachelet sobre el punto.

Cierre de radios y bloqueos a sitios web

Bachelet comentó el cierre de 8 estaciones de radio y programas de radio el año pasado presuntamente por orden de Conatel e indicó que hubo otros 13 casos similares denunciados por las organizaciones civiles. 

«Se ha bloqueado el acceso a sitios web de, al menos, 7 medios de comunicación. El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas», opinó Bachelet.

La expresidenta chilena también dijo que le preocupa la falta de disponibilidad de información pública en Venezuela. Llamó la atención sobre el hecho de que, a pesar de la aprobación  de la Ley de Transparencia y acceso a  Información de Interés Público, no se ha publicado ningún presupuesto nacional desde 2018.

Insiste en pedir levantamiento de sanciones «sectoriales»

«Sigo alentando a levantamiento de sanciones sectoriales par contribuir a aliviar las necesidades de los segmentos más vulnerables de la población de Venezuela», declaró Bachelet. 

Sobre comicios regionales y municipales de noviembre

El proceso de noviembre fue en gran medida «pacífico» desde la perspectiva de la alta comisionada de DDHH de la ONU, quien saludó el acceso a las misiones de observación internacional, así como al panel de expertos de la ONU.

Destacó también las acciones que tomó el Consejo Nacional Electoral para la «legitimidad de los procesos electorales».

Su recomendación sobre este tema fue  garantizar la «amplia participación pública sin excesivos impedimentos administrativos» y fortalecer la independencia de instituciones electorales.

Entusiasmada por posible reanudación del diálogo

«Es alentador saber sobre las discusiones para la reanudación de conversaciones  entre gobierno y miembros de la oposición. Como dijo el secretario general, hago un llamado a las partes para comprometerse a una  negociación inclusiva y significativa, con pleno respeto de DDHH y del estado de Derecho, estamos dispuestos a presentar asistencia técnica, y animo a la comunidad internacional a facilitar las condiciones propicias para alcanzar y aplicar acuerdos significativos», fue el mensaje de Bachelet al referirse al tema. 

Pasos correctos, pero insuficientes

En su discurso, Bachelet saludó el hecho de que el fiscal general de Venezuela haya otorgado a su equipo el acceso a expedientes de algunos de los casos de violaciones de DDHH y a una audiencia judicial: «Confío en que el acceso a expedientes y audiencias aumentarán pronto».

Destacó que desde septiembre de 2021, fecha de actualización de su último informe sobre Venezuela, agentes estatales han sido condenados en al menos tres casos «emblemáticos». entre ellos, el homicidio y tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Al respecto, Bachelet enfatizó: «Estos son pasos en la dirección correcta, pero queda aún mucho más por hacer».

Reformas que le parecen avances «prometedores»

Bachelet refirió que, desde su última actualización sobre la situación de DDHH en Venezuela en septiembre de 2021, se registraron algunas iniciativas de reformas que «abren las oportunidades para al implementación de importantes recomendaciones de DDHH».

«La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores, en particular, la prohibición de enjuiciamiento de civiles en juzgados militares, medidas para hacer frente a hacinamiento en centros de detención preventiva y disolver las fuerzas de acciones especiales, las cuales están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a transformaciones significativas», declaró.

De igual forma, saludó  la extensión del plazo para la presentación de candidaturas del TSJ, lo que calificó como una «oportunidad para fortalecer la independencia el poder judicial.¡».

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que  «evalúen la imparcialidad, independencia y conducta profesionales de los candidatos en proceso de selección». Instó también a que las reformas se implementen de manera» significativa y genuina y efectiva para evaluar violaciones de DDHH del pasado y evitar que se repitan».

Bachelet también consideró que la firma del memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional es una oportunidad para que las autoridades demuestren «su compromiso en la lucha contra la impunidad a través de una acción judicial y procesal rápida, genuina y eficaz».

«Nuestra Oficina sigue disponible para prestar asistencia técnica de acuerdo con nuestro mandato y normas internacionales de DDHH, en este contexto. Para prestar apoyo continuado a los esfuerzos nacionales para promover rendición de cuentas por violación de DDHH», recalcó.

Maduro acuerda con Bachelet aumentar asistencia técnica para “garantizar justicia”
Se conoció que entre los temas tratados estuvieron «los avances en la lucha contra la covid-19 y la voluntad de aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz del pueblo»

 

 

Este lunes, 14 de marzo, Nicolás Maduro, a través de una videoconferencia, se reunió con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que revisaron la posibilidad de aumentar la asistencia técnica para «garantizar» la justicia y la paz en Venezuela. 

«En videoconferencia con la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, revisamos temas de trabajo conjunto», informó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Se conoció que entre los temas tratados en la reunión virtual estuvieron «los avances en la lucha contra la covid-19 y la voluntad de aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz del pueblo».

El pasado 3 de marzo, Maduro y Bachelet también se reunieron. Según explicó el entonces canciller venezolano, Jorge Arreaza, se trató de una «cordial reunión» en la que también participaron el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, y el jefe de la división de la oficina de Bachelet para las Américas, José María Aranaz.

Durante su visita de tres días a Venezuela en junio de 2019, Bachelet instaló en el país una comisión de su oficina para vigilar la situación de los derechos humanos y brindar asistencia técnica, con motivo de las denuncias de violaciones en esta materia.

*Con información de EFE

Siete claves del informe de Bachelet sobre ambiente y pueblos indígenas en Venezuela
El documento publicado este lunes por la oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclama al Estado su inacción ante la minería ilegal, los ‘sindicatos’ mineros, los derrames petroleros y el impacto de sus políticas sobre los aborígenes venezolanos

@loremelendez             

 

En su más reciente informe, la oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, cuestionó la violación de derechos ambientales y de los pueblos indígenas en Venezuela, los cuales se han visto afectados por la minería ilegal, la acción de las bandas armadas y los constantes derrames petroleros.

El documento, titulado “Situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela”, está basado en las observaciones hechas por la oficina de Bachelet entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. A través de dos apartados, la institución reclama desde el incumplimiento de las leyes por parte del propio Estado, hasta la inacción ante las amenazas que ambiente e indígenas reciben por igual. Aquí siete claves para entender las alertas hechas por la ONU a la administración de Nicolás Maduro.

 

Marco legal de adorno

El documento subraya que aunque los derechos ambientales están consagrados en el marco legal venezolano como “derechos constitucionales” y establecen “obligaciones específicas del Estado en materia de protección ambiental, transparencia, participación, fiscalización, reparación y formas específicas de responsabilidad penal por daños ambientales”, el Estado y sus instituciones incumplen lo que parece solo estar en el papel.

“Informes de la sociedad civil indican una falta de aplicación de las normas ambientales, de rendición de cuentas públicas, y de reparación de los daños ambientales, en particular en las industrias petrolera y minera”, se lee en el informe de Bachelet. 

¿Y Escazú?

El ACNUDH insta a Venezuela a firmar y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021 y que ha sido aprobado por 24 países. Venezuela está entre las cinco naciones de la región que no participan en la iniciativa. Para Bachelet, es imperativo que el país se sume.

Arco Minero, otra vez

Aunque no es la primera vez que se menciona en un informe, la oficina de Bachelet también expresó preocupación por la situación de los derechos humanos en los más de 113 mil kilómetros que ocupa el Arco Minero del Orinoco.

Acerca del tema, se hace una mención especial sobre el riesgo de los pueblos indígenas ante la minería, ya que el ACNUDH recibió más denuncias de muertes y amenazas contra líderes aborígenes en estas zonas por parte de los grupos armados conocidos como ‘sindicatos’. “Por ejemplo, el 5 de abril, en la ‘Mina 49’ en Yapacana (estado Amazonas), un hombre indígena Jivi habría sido muerto por grupos no estatales que operan la mina (…) Las muertes y las denuncias de amenazas deben ser investigadas de forma independiente, y los autores deben ser llevados ante la justicia”, recalca. 

El documento también revela que tiene información sobre la participación de agentes del Estado que hacen parte de las operaciones de la minería ilegal junto con los ‘sindicatos’.

En el informe se subraya que, al respecto, ya la ONU hizo recomendaciones al Estado venezolano para que se acabara con la falta de transparencia de empresas públicas que llevan a cabo operaciones en la zona, y que se dieran a conocer los procesos de participación y consulta, estudios de impacto ambiental y sociocultural, y las acciones públicas “para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras”. Pero estos problemas persisten y, por eso, vuelve a señalar la necesidad de que el marco regulatorio ambiental se aplique en la zona.

Indígenas cercados

El ACNUDH insiste en que la expansión de la minería ilegal, impulsada de acuerdo con expertos y organizaciones no gubernamentales, con la creación del Arco Minero del Orinoco, ha impactado negativamente sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, en particular sobre sus derechos sobre la tierra y los recursos de estas, sus derechos ambientales, a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. Si bien la actuación de los grupos armados mantiene en zozobra a los aborígenes y trastoca sus estilos de vida, el reclamo del organismo se dirige más bien al Estado y al hecho de no acordar y aprobar junto con las comunidades la explotación de los territorios que ocupan. 

La oficina de Bachelet exige a la administración de Maduro que cumpla con “la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, de buena fe y a través de sus propias instituciones y representantes legítimos, para la adopción o aplicación de cualquier decisión, actividad o medida que pueda afectarlos”. 

La deuda de la demarcación

A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en vigencia desde 1999, estableció que para 2001 ya debían haberse demarcado todos los territorios indígenas, la realidad es que 20 años después esa meta, apenas se ha alcanzado en 15%, mientras que el Gobierno solo ha entregado 102 títulos de propiedad y hábitat a los pueblos aborígenes que corresponden a 3,22% del territorio nacional. Así lo reporta el documento de la ONU, que además critica la demora excesiva de las respuestas de entes oficiales hacia las solicitudes de autodemarcación y expedición de títulos, también incluidas en la carta magna. “En un caso, la respuesta oficial de la Procuraduría General de la República ha estado pendiente por más de 15 años, cuando el plazo legal aplicable es de 30 días”, resalta el informe.

“La demarcación justa y eficaz de los territorios indígenas es un derecho y un requisito para el pleno disfrute de otros derechos humanos de los pueblos indígenas. Debe realizarse sin demora, de forma transparente y participativa, y con las autoridades indígenas legítimas”, sostiene el documento.

En el apartado de las recomendaciones, el ACNUDH pide al Estado la adopción de medidas que permitan actuar con celeridad en el reconocimiento de todos los territorios indígenas y derechos colectivos a la tierra, con énfasis en las iniciativas de autodemarcación.

No más derrames

Otra de las denuncias contenidas en el informe se refiere al aumento de los vertidos accidentales de hidrocarburos en Venezuela que se registra desde 2014. “El ACNUDH recibió alegaciones de derrames de petróleo en ríos, lagos y zonas costeras, muchas de ellas protegidas, como el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Vida Silvestre del Cuare. Entidades públicas habrían actuado para contener los impactos y reparar los daños, dentro de los recursos disponible”, dice en el escrito.

Para la oficina de Bachelet, es “imperativo” que la administración de Maduro se asegure de implementar el marco regulatorio ambiental sobre la industria petrolera y que informe cómo lo hace efectivo. 

 

El aporte

La oficina de Bachelet destaca que en este período colaboró con la Defensoría del Pueblo  para evaluar y capacitar a la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, “a fin de mejorar su capacidad para prevenir eficazmente la tortura y malos tratos”. 

La misma institución “ofreció capacitaciones virtuales a la Defensoría del Pueblo sobre temas específicos, como derechos de los pueblos indígenas y cooperación con personas defensoras de los derechos humanos, y acompañó a la Defensoría del Pueblo en la aplicación de un nuevo sistema de recopilación de datos”, indica el documento.

Régimen niega detenciones arbitrarias y persecución a defensores de DDHH tras denuncias de Bachelet
El Mppre rechazó las «falsas aseveraciones» sobre «supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos»

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela negó este lunes, 13 de septiembre, las detenciones arbitrarias y persecución a defensores de derechos humanos en Venezuela.

Esta aseveración llega luego que dicha situación fuera resaltada en el reciente informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para las Naciones Unidas para los DDHH.

En el informe, Bachelet señaló que su despacho identificó «17 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria».

También, Bachelet expuso que su oficina registró «ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles o a la documentación de violaciones de los derechos humanos».

Ante esto, el Mppre expresó en un comunicado: «Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela».

A continuación el texto íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela toma nota del informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de septiembre de 2021, en relación con la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país y las relaciones de cooperación entre el Estado venezolano y dicha Oficina.

El mencionado documento reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el país a partir del año 2014, incluyendo la disminución del 99% del ingreso nacional, así como la existencia de elementos para considerar que dichas medidas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Roma y en sintonía con la Remisión realizada por Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, resulta lamentable que el referido informe reproduzca las fallas metodológicas presentes en documentos previos de la Oficina e incorpore afirmaciones sin fundamento alguno, que no han sido debidamente contrastadas con las autoridades del Estado, tal como lo exige su propia metodología de trabajo. En ese sentido, Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica que continuará cooperando con la Oficina de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo como un mecanismo que permita elevar la verdad de Venezuela ante esta instancia.

A tal efecto, se ha acordado la renovación por el período de un año de la Carta de Entendimiento entre Venezuela y la Oficina del Alta Comisionada, incrementando la presencia de funcionarios de la Oficina en el país y ampliando las áreas de asistencia técnica y cooperación.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso inexorable para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como único camino para la realización de la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano.

11 claves del más reciente informe de Bachelet sobre la situación en Venezuela

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este 13 de septiembre a los países que han impuesto sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten, dado que estas han agravado la ya precaria situación económica y social de los ciudadanos del país.

Al inaugurarse la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela, en el que asegura que las sanciones han recrudecido, además, el impacto de la pandemia en el país.

A continuación, 11 claves del informe presentado por Bachelet:

«Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables».

Manifestó su preocupación «por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública, en particular de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la educación y la salud».

«Las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos [Se documentaron] ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados ‘colectivos’, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza».

Expresó preocupación «por la situación del derecho a la salud de los pueblos indígenas. El monitoreo de la sociedad civil indicó que, en 2019, enfermedades como la malaria, tuberculosis, neumonía, sarampión y VIH estaban aumentando entre los pueblos indígenas y reportaron 457 casos de COVID-19 y 14 muertes entre la población indígena de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro en 2020.19 Sin embargo, no hay información pública sobre COVID-19 en los pueblos indígenas».

Su despacho «alienta a las autoridades venezolanas y a las universidades autónomas a que continúen el diálogo para celebrar elecciones libres y justas de las autoridades de las universidades autónomas, y a que garanticen una amplia participación sus comunidades en estas elecciones y en sus asuntos presupuestarios».

La oficina de la alta comisionada también manifestó especial preocupación «por la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco36, sobre todo en lo que respecta a implementación de recomendaciones anteriores, incluidas las relativas a la falta de transparencia de empresas públicas sobre sus operaciones, procesos de participación y consulta, estudios de impacto
ambiental y sociocultural, y acción pública para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras, denominados «sindicatos».

«La falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los últimos años ha sido una de las causas principales de la migración fuera del país».

Bachelet también señaló que a su oficina le preocupa «el número de embarcaciones que se hunden con personas migrantes, así como por el número de personas desaparecidas entre la costa venezolana y los
países insulares vecinos, lo que, según fuentes, podría estar relacionado con el tráfico de
personas».

Señaló que su despacho «17 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria».

De igual manera, registraron «ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles o a la documentación de violaciones de los derechos humanos».

Asimismo, documentaron «el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el gobierno».

Con información de EFE

Exigen libertad plena de activistas de Fundaredes tras dos meses de detención arbitraria
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió a Michelle Bachelet, alta comisionada por los DDHH de las Naciones Unidas, abogar por la libertad de presos políticos en Venezuela

Foto: @Edixonfigueroa_

ONG venezolanas exigieron libertad plena para los directivos de Fundaredes, tras cumplirse dos meses de una detención que ha sido calificada como «arbitraria».

A través de Twitter, Fundaredes recordó que este miércoles, 1 de septiembre, se cumplen 62 días de la «detención arbitraria» de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García por parte de efectivos del Sebin.

«¡Exigimos su inmediata liberación! Defender derechos humanos no es un delito», señaló la organización.

Por su parte, la organización no gubernamental Defiende Venezuela destacó la denuncia de Fundaredes sobre la salud de  Javier Tarazona.

«Padece un cuadro de hipertensión y diabetes, además de una flebitis (inflamación de las paredes venosas) en una de sus piernas, cuadro que inició y se agrava diariamente en su estadía en un centro de reclusión del Sebin», recalcaron.

«En una evidente violación a los derechos humanos de Javier y Rafael Tarazona y Omar García, los mantienen incomunicados, sin acceso a sus abogados y privados de libertad. Cumplen 62 días detenidos arbitrariamente», agrega Defiende Venezuela.

También, la ONG Promedehum se unió a la exigencia de liberación de los defensores de DDHH.

El Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador manifestó preocupación por la salud de Tarazona.

«En esta oportunidad, nuestro llamado tiene como objetivo que, urgentemente, el profesor Tarazona sea beneficiado con una medida humanitaria que le permita recibir en su hogar atención médica de forma continua de parte de sus médicos tratantes», señala.

 

Además, solicitaron a las autoridades competentes llevar a cabo «las acciones pertinentes para resguardar la vida de este docente y ciudadano venezolano».

Javier Tarazona, Omar de Dios y Javier Tarazona fueron detenidos el pasado 2 de julio por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Piden a Bachelet interceder por los presos políticos

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió a Michelle Bachelet, alta comisionada por los DDHH de las Naciones Unidas, abogar por la libertad de presos políticos en Venezuela.

«Recientemente, falleció un preso político en las cárceles. Esta es una situación que está sucediendo día a día y lo que queremos es levantar la voz de todos aquellos que no tienen voz», señaló la abogada Ana Leonor Acosta.

Acosta resaltó que, en el caso de las mujeres presas políticas, «están siendo maltratadas en los centros de reclusión» y se les está «violando su dignidad humana».

«Si queremos justicia social y paz, debe haber reconciliación. No es posible que exista un solo preso político y menos en las condiciones que vemos el día de hoy en las cárceles venezolanas», agregó la abogada. 

 

En ese sentido, pidió a Bachelet iniciar el diálogo con la administración de Nicolás Maduro y que solicite la libertad de los presos políticos.