SORTEAR CAMINOS, ESTO ES LO QUE HAN TENIDO que hacer las madres y esposas de los reclusos en los centros de detención preventiva de Maturín, estado Monagas, para atender sus necesidades desde que comenzaron las protestas de la oposición hace más de 45 días para exigir la restitución del hilo constitucional, la destitución de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la liberación de los presos políticos y el rechazo a la convocatoria a la Asamblea Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro.
El cierre de la avenida Juncal por parte de los seguidores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el despliegue de funcionarios de la Policía del estado Monagas y de efectivos de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar y calles aledañas ha hecho que los transportistas se desvíen de su ruta habitual y el tráfico se congestione.
Por lo general las personas que se desplazan en transporte público deben atravesar la avenida Bolívar, la Bicentenario y luego pasar por la Bella Vista para llegar hasta la sede de Polimonagas, pero cuando se toma el centro los transportistas deben circular las calles transversales.
Entregar el almuerzo a las 11:00 AM no es posible cuando el centro es tomado a las 9:00 de la mañana y cerrado en su totalidad a las 10:00 AM. “Quien no sale de su casa a las 8:00 de la mañana está fregado porque después no hay acceso”, contó Ana Bermúdez, familiar de un privado de libertad en la Policía del estado Monagas, ubicada en la avenida Bella Vista, en la zona oeste de la ciudad, y para quienes viven en las zonas este, norte y sur de la ciudad deben pasar por el centro para llegar hasta este lugar.
La identidad de Ana es ficticia, porque pidió mantenerse en el anonimato en vista de que su esposo está detenido por homicidio.
El 19 de abril resultó para ella toda una odisea, pues Maturín amaneció congestionada con la toma de la ciudad en seis puntos. El desayuno no llegó a las 8:00 de la mañana y el almuerzo, como fue previsiva, lo llevó junto a la otra comida porque sabía lo de la toma. “Menos mal que lo hice así porque sino él no hubiese tenido qué almorzar”, mencionó.
Adentro, en las celdas, saben lo que ha ocurrido no solo en la capital de Monagas sino en el resto del país. Tienen conocimiento porque se las ingenian para tener celulares y es a través de la tecnología o de mensajes de texto que saben lo que ocurre. También sus familiares les informan sobre el acontecer diario.
La Policía del estado Monagas tiene una capacidad para albergar a 80 reclusos y para el primer trimestre de este 2017 estaban recluidas 400 persona, de ellas 10 mujeres y 390 hombres. El número de detenidos no ha aumentado desde que comenzaron las protestas en la entidad, el 4 de abril, sino por los procedimientos que sus funcionarios han efectuado además de otros organismos -como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Piar, en el norte del estado, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Guardia del Pueblo (GP)-, pues no tienen celdas para su reclusión.
En promedio, a los calabozos de Polimonagas entran al día cuatro detenidos de los que son acusados por sus víctimas o son arrestados en flagrancia. Desde el 4 de abril al 19 de mayo han ingresado 180 personas, de ellas dos mujeres. Con esta cifra, la cantidad de arrestados en este centro de detención preventiva asciende a 580.
Pese a que los familiares han indicado que hacen lo posible por entregarles los alimentos a los reclusos, existe otra realidad y es la de aquellos hombres que han sido trasladados desde otros estados y no tienen familiares que los alimente en la entidad. Fuentes policiales aseguran que, al menos, 10% de los 580 detenidos, es decir el equivalente a 58 detenidos; sufre por alimentación.
Este porcentaje de reclusos se alimenta de lo poco que pueden conseguir con el aporte de los demás compañeros.
La situación en cuanto a la cantidad de privados de libertad no ha sido igual en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde fueron trasladados los detenidos en la manifestación del pasado 19 de abril. Allí pasaron de tener 100 personas a 118 durante tres días, el tiempo necesario para que los detenidos fueran presentados ante un tribunal. Luego fueron liberados 17 y una persona quedó privada de libertad, pero en los calabozos de la Policía Municipal de Maturín. Sobre el Cicpc hay que destacar que no tiene calabozos y que los arrestados son recluidos en un pasillo.
Detenidos en protestas
En dos semanas de protestas continuas en Maturín fueron detenidas 23 personas, según cifras del capítulo Monagas del Foro Penal Venezolano. Cinco de ellas fueron apresadas durante Semana Santa por efectivos de la Guardia Nacional (GN) cuando tomaron la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Juncal.
Pero el restante, es decir 18, fueron arrestadas el pasado 19 de abril también por la GN. En principio, trasladados hasta la sede del Comando de Zona 51 y luego hasta el Cicpc.
El jueves 20 de abril fueron liberadas 11 personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años de edad cada uno, mientras que siete seguían detenidas para el viernes 21 de abril. El motivo: la jueza tenía mucho trabajo y no quiso atenderlos, denunció un familiar que prefirió el anonimato en vista de que su hijo no ha sido procesado.
La madre de un muchacho de 24 años de edad apresado el 19 de abril, que era la primera vez que salía a marchar, mencionó que lo procesaron por alteración del orden público. Contó que desde el momento de su detención, en la noche pudieron pasarle alimentos y que todos los detenidos en la manifestación permanecieron aislados del resto de los reclusos.
Sobre las siete personas que quedaron bajo régimen de presentación, el Foro Penal denunció irregularidades en las actas procesales. Explica que las actas fueron hechas por el Cicpc y no por el organismo que practicó el arresto que en ese caso fue la Guardia Nacional. Además, los detenidos no permanecieron en las sedes de los organismos actuantes, sino que fueron trasladados hasta la sede del Cicpc.
Seis de las siete personas quedaron con libertad condicional mientras que el profesor de la Universidad de Oriente (UDO), Yoel Bellorín, se encuentra privado de libertad y según afirmó el Foro Penal se trata de un preso político, pues Bellorín es dirigente de la MUD. El coordinador estadal de esa ONG, José Armando Sosa, sostuvo que Bellorín fue maltratado para coaccionarlo a declarar contra otros dirigentes políticos para inmiscuirlos en los hechos del 19 de abril.
“Se está tratando por medio de organismos de un Estado democrático de obtener, bajo coacción, declaraciones para afectar a adversarios políticos y eso no es llevar la vida de un país en paz”, declaró recientemente Sosa a El Pitazo.
Con información de Una Ventana a la Libertad
