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Luisa Ortega Díaz

Jueces venezolanos en el exilio condenan a Nicolás Maduro

En un acto simbólico, un grupo de jueces venezolanos exiliados impuso el miércoles una sentencia de más de 18 años de prisión al presidente Nicolás Maduro tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornos millonarios en varios países de la región.

El juicio, empero, no tiene transcendencia legal puesto que esos jueces no son reconocidos por las autoridades de Venezuela. La sentencia se enmarca en una estrategia política opositora que, según sus promotores, apunta a poner en conocimiento de los venezolanos y la comunidad internacional los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.

El llamado “Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio” –reunido simultáneamente en Miami y la capital de Colombia– determinó que el mandatario venezolano es culpable de los delitos de “corrupción propia y legitimación de capitales”, lo cual habría “comprobado con plenas pruebas” la comisión de los hechos punibles y la responsabilidad de Maduro.

El fallo leído por el juez ponente, Rommel Gil, señaló que no se trata de un juicio político. “Este es un juicio legítimo” y ordena librar orden de captura internacional contra Maduro.

Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela depuesta de su cargo el año pasado tras romper con el gobierno de Maduro, acusó al mandatario de pedirle a Odebrecht cincuenta millones de dólares para su campaña presidencial en el 2013.

Ortega Díaz suministro a los jueces en el exilio una serie de documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora, los cuales implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.

Según Ortega –que también fungió como la fiscal encargada de comprobar que Maduro habría cometido actos de corrupción– a cambio de los 35 millones de dólares que finalmente recibió, Maduro le prometió a Odebrecht contratos para obras públicas en Venezuela, así como ayuda para gestionar pagos atrasados de decenas de millones de dólares.

Los jueces también ordenaron notificar a las organizaciones multilaterales y regionales para que tomen las previsiones en el entendido que Maduro “no es presidente legítimo de Venezuela y está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano”. En consecuencia, los tratados suscritos por el gobernante “no serán legítimos ni válidos” y “menos comprometen a la república”.

El tribunal en el exilio está integrado por abogados que huyeron de Venezuela el año pasado luego de que la Asamblea Nacional de mayoría opositora los nominara al Tribunal Supremo de ese país. Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan.

En Venezuela siguen en funciones el Tribunal Supremo de Justicia, elegido por los aliados políticos de Maduro en 2015, quienes declararon sin efecto el nombramiento de sus sucesores amparados en una sentencia en la que la Sala Electoral de la Corte suspendió en diciembre de ese año a cuatro diputados, tres de ellos opositores, por supuestas irregularidades en su elección. Desde entonces el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato y en consecuencia considera nulos todos sus actos.

Pese a que varios países de la región han permitido que los jueces exiliados realicen actos y conferencias en su territorio, ninguno ha dado su reconocimiento de manera clara y determinante al tribunal. Éste sólo ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, donde su secretario general acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador.

Los fiscales que siguieron el ejemplo que Luisa Ortega dio
Dejaron en el aire casos de asesinatos durante las protestas de 2017
Se estima que más de 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del despacho desde que Tarek William Saab fue nombrado hace un año como máximo responsable del Ministerio Público de manera provisional
Durante la gestión de Ortega Díaz, fiscales promovieron la condena a Leopoldo López y solo se imputaron a dos personas por el caso Cadivi

 

@franzambranor

SIETE DÍAS LE TOMÓ A YOLANGEL CASTILLO llegar a España desde Caracas en agosto de 2017. Imposibilitada de tomar un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetia porque su pasaporte estaba anulado, la ex Fiscal 17 Nacional contra la corrupción, recorrió 1365 kilómetros desde Puerto Páez en el estado Apure a Bogotá, Colombia. Cruzó en chalana el paso entre los ríos Meta y Orinoco. Abordó otra lancha que tardó 20 horas en llegar a un puerto del que no recuerda nombre porque se accidentó en reiteradas ocasiones y carecía de reflectores para transitar de noche. Cogió un autobús hasta la capital neogranadina y luego de un par de días un vuelo a Madrid.

El periplo de Castillo se parece al de decenas de funcionarios del Ministerio Público que debieron abandonar el país luego que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del hilo constitucional en mayo de 2017 a propósito de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que dejaban sin funciones a la Asamblea Nacional. Disposiciones que luego fueron echadas hacia atrás por el propio poder judicial con las escuetas y todavía no disponibles sentencias 157 y 158.

Castillo ya sabía que su pasaporte había sido anulado, así como el del ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien a mediados de julio del año pasado no pudo representar a Ortega Díaz en una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Argentina y hoy en día vive exiliado en Colombia.

A mediados de agosto de 2017, Ortega Díaz denunció que a 64 funcionarios del Ministerio Público se les había dictado prohibición de salida del país sin fórmula procesal alguna. “Muchos fueron desalojados de sus puestos de trabajo. A fiscales especializados en corrupción se les impide salir de Venezuela por capricho del gobierno”, dijo entonces.

A juicio de Mundaray, más 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del MP desde que la asamblea nacional constituyente nombró a Tarek William Saab como Fiscal General de la República y destituyó a Ortega Díaz. Obligando además a esta última a huir hacia la vecina nación colombiana.

Exiliados, despedidos, reubicados u obligados a renunciar, los fiscales de la administración Ortega Díaz dejaron sobre el tapete casos de corrupción en PDVSA y Odebrecht, aunado a decenas vinculados con los asesinatos de las protestas antigubernamentales en 2017.

“El interés de Tarek y toda su camarilla fue ir detrás de esos casos y destruirlos porque ellos sabían que nosotros íbamos por la cadena de mando que ordenó los hechos. Cadena que va desde el presidente de la República, pasando por el Ministro de la Defensa. Ordenaron disparar a los manifestantes con armas de fuego y con proyectiles modificados, me refiero a esferas de vidrio o metal disparadas con carabinas para gases lacrimógenos o perdigones”, acotó Mundaray.

José Antonio López, fiscal 28 del estado Carabobo, optó por marcharse de Venezuela y dejó los casos de Daniel Queliz y Hecder Lugo.

Queliz fue asesinado el 10 de abril de 2017 en Valencia por un supuesto efectivo de la Policía de Carabobo, mientras que Lugo corrió con la misma suerte a manos de presuntos  efectivos de la Guardia Nacional el 4 de mayo en San Diego.

Por la muerte de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias, quien aparentemente tiró del gatillo y Edien Romero.

Alexander Queliz, padre de Daniel, dijo que el Fiscal López le manifestó un día que se iba del país por razones personales, pero está claro que desde la salida de Ortega Díaz los empleados del Ministerio Público están sometidos a múltiples presiones.

“Me imagino que allí hubo un poco de eso (presión), los fiscales que no siguieron la línea fueron sacados”, dijo Queliz.

Queliz asegura que en su caso, la Fiscalía no es el problema. “El inconveniente lo representan los tribunales, el Ministerio Público siempre ha hecho acto de presencia en las audiencias, esto ha sido diferimiento tras diferimiento, un retardo procesal constante. Mi peor enemigo es el tiempo, porque el tiempo pasa y el Código Orgánico Procesal es bien claro, cuando tu estas encerrado 24 meses y no se hace juicio, vienen los beneficios”.

A Daysi Pérez, madre de Hecder Lugo, no le sorprendió la partida del fiscal que llevaba el caso de su hijo. “No se si se fue por amenaza o por la situación del país, lo cierto es que esto es político, todos saben quién mató a mi hijo, ya ellos tiene todas las evidencias, pero si el culpable pertenece al gobierno, no van a resolver nada”.

Por el asesinato de Lugo no hay persona alguna imputada. Hecder es uno de los 19 muertos durante las manifestaciones en el estado Carabobo y uno de los 31 que cayeron en medio de la represión de la Guardia Nacional.

A juicio de Manuel Virgüez, de la ONG Movimiento Vinotinto, la impunidad fue la principal protagonista en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de 2017.

“En el estado Lara por ejemplo, dónde Movimiento Vinotinto contabilizó 22 asesinatos, el índice de impunidad es de 91%”.

Virguez indicó que con la llegada de Saab al Ministerio Público la opacidad se ha acentuado, hay expedientes que se pierden y fiscales que no aparecen.

En una nota de El Impulso, escrita por Karina Peraza, se hace referencia a la remoción de 16 fiscales. Carlos Muñoz, Fiscal 21 del estado Lara en Derechos Fundamentales, no fue despedido, pero renunció luego que llevara los casos de Tony Canelón, Brayan Principal, Manuel Sosa, Eyker Daniel Rojas Gil, Nelson Daniel Arevalo Avendaño, Ruben Alexander Morillo, José Gregorio Mendoza Duran, Yanet Angulo Parra, José Miguel Pestano y Luis Beltrán Zambrano. Todos víctimas de la violencia y represión en las manifestaciones.

Muñoz había logrado órdenes de aprehensión para los presuntos responsables de las muertes de Canelón, Rojas y Sosa, pero ninguna se hizo efectiva. Hay un solo preso por el asesinato de Brayan Principal, un miembro de un colectivo de nombre Hector Yohan Zapata, quien fue detenido por orden de la Fiscal 20, Cristina Coronado, también removida de su cargo. “17 años después, a mi y a los míos se nos ‘enlista’ por haber actuado conforme a la lealtad que esta investidura amerita”, declaró en ese entonces Coronado.

Estampida fiscal

Una vez juramentado Tarek William Saab ante la anc de manera supuestamente provisional, el constituyentista Diosdado Cabello asomo un cambio de línea radical en la Fiscalía. “Propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último”.

Para Zair Mundaray, el gobierno tenía muy claro su objetivo. “Los primeros fiscales contra los que arremetieron fueron los de corrupción y los de derechos fundamentales, la meta era cercenar la línea investigativa, especialmente casos como el de Odebrecht”.

Antes de ser destituida, Ortega Díaz envió al Fiscal 55 Nacional, Pedro Lupera y a la Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, Raiza Sifontes a Brasil con la finalidad de entrevistar personalmente al empresario Joao Santana y a su esposa Mónica Moura en procura de conseguir evidencias sobre aparentes sobornos que la constructora brasileña pago a funcionarios venezolanos a cambio de millonarios contratos de obras públicas.

En vista de la persecución de la que ya eran objeto, ambos fiscales fueron por tierra hasta Colombia y de al tomaron un vuelo a Brasil. Se supone que regresarían después de recabar los testimonios de Santana, creador de los “Ojos de Chávez” y cerebro de la última campaña electoral del fallecido presidente, pero eso nunca pasó.

En la frontera colombo-venezolana, Sifontes llegó a pensar que iba a perder su libertad. “Cuando los funcionarios del Saime se dieron cuenta de quienes éramos nos retuvieron los pasaportes, hasta el Sebin se presentó. De alguna forma pudimos recuperar nuestros documentos, pero nunca conseguimos el sello de salida. Una vez en Colombia pedimos protección especial y pudimos volar a Brasil”, recuerda.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, organismo dependiente de la Dirección de Actuación procesal del MP, también temió por su seguridad cuando le preguntaron a qué se dedicaba en Maiquetia el pasado 13 de agosto de 2017.

“Trabajo por mi cuenta”, se limitó a decir Prada al oficial de inmigración a horas de abordar el vuelo que lo llevó a Estados Unidos.

Prada trabajaba conjuntamente con Sifontes en la investigación de Odebrecht y venía de formar parte de la Contraloría General, donde estuvo encargado de casos como el del ex alcalde de Maturín, Numa Rojas, condenado a seis años, siete meses y 22 días de prisión por enriquecimiento ilícito y el de Luis Salvador Velásquez, ex director de Comercialización de Sidor apodado “El Rey de la Cabilla”, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y por el que Prada considera que fue obligado a renunciar del órgano que dirige Manuel Galindo.

“Cuando sucedio lo de Lupera y Sifontes supe que debía irme, porque el próximo en la lista iba a ser yo”, advirtió Prada.

Prada, quien es contador público con una maestría en finanzas, sostuvo que la indagación a Odebrecht comprendió un amplio espectro, pero hicieron hincapié en los proyectos de la Línea 5 y la conexión Guarenas-Guatire de la compañía Metro de Caracas.

“Estuve dos noches en el Ministerio Público ayudando a escanear toda la documentación sobre Odebrecht que afortunadamente la fiscal Luisa Ortega pudo consignar en la Corte Penal Internacional”, añadió Prada.

Pero no todo se pudo digitalizar, expuso el fiscal 50 Nacional, Marcos Palacios, actualmente radicado en Colombia.

“No pudimos hacerlo todo, un expediente puede tener hasta 200 folios, es algo engorroso”, aseveró Palacios, cuyo pasaporte fue anulado y debió salir de incógnito por vía terrestre a finales de agosto del año pasado.

Palacios llevaba casos de corrupción en Pdvsa. Fue el que citó al actor Manuel “Coco” Sosa a comparecer por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios en los bienes adquiridos por Petropiar S.A. Sosa fue condenado posteriormente en la gestión de Saab a cuatro años de arresto domiciliario, el pago de 40% del daño patrimonial causado y la inhabilitación para ejercer cargo público por un lustro.

Palacios imputó a la hija del Contralor General de la República, Mayra Galindo, por su aparente responsabilidad en hechos de corrupción al frente de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría.

“Para que el oficial de seguridad en la Contraloría me pudiera recibir el documento de imputación dije que era una comunicación que estaba llevando. A raíz de eso, el director de seguridad de la Contraloría fue destituido y yo citado por Katherine Harrington (actual Vicefiscal), quien me pidió los expedientes de todos los casos que estaba manejando. No se los di. Por supuesto la hija del contralor no fue al acto de imputación”.

Posterior a la destitución de Ortega Diaz, Palacios asegura que recibió recomendaciones de allegados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de marcharse de Venezuela.

“No tenía tres días en la Fiscalía y uno hace amigos, ellos mismos me dijeron que me fuera porque venían por mi”.

A Luis Sánchez, auxiliar de Pedro Lupera en la Fiscalía 55, no le alcanzó la pericia o la suerte para quedar en libertad. Fue aprehendido a mediados de agosto de 2017 y acusado por el constituyentista Cabello de formar parte de una red de extorsión junto al esposo de Ortega Diaz y diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer y la asistente del despacho del Ministerio Público, Gioconda González.

“Este ciudadano está involucrado por haber abierto cuentas en millones de dólares. Él actuaba como enlace con tribunales, el propio MP y con empresas que eran víctimas de extorsión. Era el operador experto dentro de la red”, sentenció en ese entonces Saab.

Sánchez, junto a Lupera, fueron los encargados de citar a los directivos de la Constructora Conkor, Alejandro Jose Ruiz Mazzeo y Elias Ramon Koury Guevara, a mediados de julio del año pasado por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Pdvsa.

“Apresaron a Sánchez con unos cargos falsos y lo tienen allí en el Sebin con unos alegatos totalmente inverosímiles”, dijo el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Los destinos

Colombia, Ecuador, Francia, Canadá, Estados Unidos, España y Perú son los países donde, según Mundaray, se encuentran los fiscales que debieron salir de manera abrupta del país antes, y especialmente luego, de la destitución de Luisa Ortega Díaz.

“Con algunos tenemos contacto discreto porque aún su estatus migratorio es incierto, esperan por asilos y no se sienten del todo seguros”, advirtió Mundaray.

“Habíamos logrado bastante independencia de los demás organismos de la investigación penal, teníamos equipos de primer orden, una serie de expertos formados en los mejores institutos de Europa y Latinoamérica”, se ufana quien acompañó a Ortega Díaz en la Corte Penal Internacional a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. “Nuestro mejor talento está en otros países”, lamentó.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público

 

Raiza Sifontes, Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, sigue trabajando con el equipo de Ortega Díaz en Bogotá. “Hice una reválida aquí en Colombia con la ayuda de una universidad y afortunadamente sigo con la doctora (Ortega Díaz). Nos trajimos toda la información en lo que se refiere a Odebrecht”.

Mundaray aseguró que aunque estén fuera siguen laborando en pro de hacer justicia en Venezuela algún día. “Hay una fiscalía en el exilio que es legítima y sigue trabajando con toda la anomalía que eso implica”.

A diferencia de Sifontes, Yolangel Castillo, fiscal 17 contra la corrupción no ha podido seguir con su carrera. Castillo está en Tenerife haciendo un curso en gestión comercial de ventas con la meta de insertarse en un futuro en el mercado laboral.

“No tengo títulos, no tengo nada que me avale como abogado”, apuntó. Antes de huir de Venezuela, Castillo estaba abocada a investigar a fiscales y jueces militares de Carabobo y Falcón que abrieron procedimientos a civiles en tribunales castrenses.

“A los acusados ni siquiera les daban derecho a escoger defensores”, indicó.

Quien fue también fiscal contra la corrupción en Vargas salió sola del país. Una fuente vinculada al gobierno le advirtió que le querían imputar delitos como traición a la patria y la iban juzgar precisamente en tribunales militares. “No solamente tenía una función en el Ministerio Público, también daba clases de postgrado en el área de argumentación jurídica en la Escuela Nacional de Fiscales”.

Marcos Palacios, fiscal 50 Nacional, está en Colombia, pero no trabaja directamente con Ortega Díaz. “Estoy haciendo asesorías y eventualmente podría plantearme laborar en áreas distintas. Me pasó esto solo por el hecho de trabajar, de ejercer mis funciones”.

Con la certeza de tener el pasaporte anulado, Palacios estaba imposibilitado de abandonar Venezuela por los canales regulares. “Tuve que salir por tierra y fueron muchas paradas para llegar hasta acá; salí solo porque era muy arriesgado hacerlo con mi familia, afortunadamente ya estoy con los míos”.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, igualmente está con su esposa e hijos en Estados Unidos. A diferencia de Palacios salieron todos juntos por Maiquetía.

“La vida del inmigrante aquí es muy dura, por suerte hemos contado con la ayuda de amigos y de una iglesia que nos ha dado alimentos y enseres. Todavía no puedo trabajar porque estoy esperando el asilo político”, manifestó. No descarta retomar su profesión en un futuro, pero cuando reciba luz verde para laborar planea hacerlo “en lo que salga”.

Los tropiezos de Luisa

Entre las manchas más notables en la gestión de una década de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República están la pasividad para imputar a responsables en el desfalco a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y su disposición al encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, luego de las protestas de 2014.

El propio presidente Maduro admitió la responsabilidad de empleados públicos en hechos de corrupción en Cadivi desde 2011 y según el exministro de Planificación, Jorge Giordani, 25 mil millones de dólares fueron a parar a empresas de maletín.

Durante la estadía de Ortega Díaz en el MP solo se imputó al teniente coronel Francisco Navas Lugo y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo por delitos de corrupción en Cadivi, instancia en la que estuvo como directivo el capitán en condición de retiro, Humberto Ortega Díaz, quien en una entrevista concedida al Correo del Orinoco en 2011 aseguró que no era familia de la Fiscal.

Luisa Ortega Díaz incluso formó parte de la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por parte del Estado Venezolano y su Uso Correcto creada por Maduro en 2013. Allí trabajó con los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría (ambos designados presidentes del BCV posteriormente), además del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Se desconocen los alcances de dicha comisión.

Después de ser nombrado por la anc, Tarek William Saab, dijo que 80% de las empresas involucradas en irregularidades con Cadivi y también Cencoex (Centro de Comercio Exterior) fueron sobreseídas por Ortega Díaz. “La ex Fiscal lo tenía escondido y engavetado, es la principal responsable. Parte del drama que vive nuestro país se debe a este tema”, manifestó.

Saab aseguró en octubre de 2017 que por el caso Cadivi-Cencoex habían sido aprehendidas 11 personas y cerca de 900 empresas estaban involucradas en delitos de sobreprecios en divisas.

Instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir fueron los cargos que le imputó la Fiscalía a Leopoldo López. El Fiscal 41 con competencia nacional, Franklin Nieves y la 47 de Area Metropolitana, Narda Sanabria promovieron la pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas para el líder de VP, sentencia que ejecutó la juez Susana Barreiros en septiembre de 2015. Un mes después de que López fuese condenado y habiendo solicitado asilo político en Estados Unidos, Nieves aseguró que había recibido presiones de “sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas que inculparon a López”.

También una vez fuera de Venezuela, Ortega Díaz manifestó que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la había coaccionado para encarcelar al ex alcalde de Chacao.

“Me presionaron para que yo dijera que la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya había sido culpa de Leopoldo”.

Pese a la sentencia que conminó a López a la cárcel de Ramo Verde y luego a su domicilio, Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, indicó que probaron la culpabilidad de los victimarios de los sucesos del 12 de febrero de 2014 en las inmediaciones de la Fiscalía en La Candelaria.

“Unas investigaciones independientes llevadas por expertos del Ministerio Público determinaron que el Sebin mató a Da Costa y que a Montoya lo asesinó un miembro del colectivo al que pertenecía”.

Mundaray confesó que cada vez que el MP investigaba a alguien vinculado al alto gobierno, los tribunales torpedeaban el procedimiento.

“Pedimos orden de aprehensión contra la ex ministra de salud, Eugenia Sader y el Tribunal Supremo de Justicia la mandó a levantar. Pasó igual con el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, pero el Tribunal 37 de control y la Corte de Apelaciones dejaron sin efecto la medida de privativa de libertad. Asimismo con Claudia Díaz, ex tesorera nacional, vinculada a los Panama Papers, el tribunal también echó para atrás la orden. Los fiscales son procuradores de la justicia y simplemente en Venezuela no tienen donde procurarla”.

Sobre Villalobos, Tarek William Saab se quejó de que la justicia española, que le aprehendió en octubre de 2017, no haya aprobado una orden de extradición a Venezuela en vez de a Estados Unidos por el caso de la Banca de Andorra. Mientras que acerca de Díaz dijo que había sido detenida también en el país ibérico junto a su esposo, Andrés Velasquez Figueroa, pero las autoridades europeas le desmintieron pocas horas después.

Un año con el fiscal provisional

Tarek William Saab cumplió el pasado domingo 5 de agosto un año como Fiscal General designado provisionalmente por la anc. El otrora Defensor del Pueblo aseguró que desde entonces 616 personas han sido condenadas por corrupción de un total de 3598 imputaciones y 989 acusaciones.

Por Pdvsa dijo que han sido procesados penalmente 90 funcionarios, entre los cuales se encuentran 23 gerentes, dos ex ministros y un presidente de la petrolera.

“En la anterior gestión se llegaba a imputar para luego extorsionar, no se lograba alcanzar la fase de la acusación y mucho menos la condena final”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, sostuvo que con estas supuestas acciones, Saab solo persigue reconocimiento dentro y fuera de las fronteras venezolanas.

Organismos internacionales siguen reconociendo a Luisa Ortega Díaz como la Fiscal, porque la designación de Saab proviene de una institución nula como la anc. Por eso se han hecho asambleas de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y la invitada es Ortega Díaz”.

Para Mundaray es inaudito que Saab pretenda que se le reconozca internacionalmente cuando forma parte de una lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea, Suiza, Canadá, Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Cómo puedes ejercer la función de Fiscal General si tienes prohibida la entrada a varios países”, se preguntó Mundaray.

Sentenció que desde la llegada de Saab al MP, el organismo se ha centralizado y hay dependencias que inclusive fueron desarticuladas.

“Los casos de investigación se los dieron al Sebin y eliminaron departamentos, ahora el venezolano tiene menos instancias a las que acudir”.

“La dirección contra la corrupción, se quedó sin director y sub directores, por más de nueve meses y han estado nombrando fiscales sin experiencia en el área”, aseguro Raiza Sifontes.

Mundaray aseveró que pese a la reestructuración que hizo el fiscal designado por la anc, el MP no está totalmente perdido.

“En Venezuela quedan muchos funcionarios con valía, pero no los dejan trabajar, están anulados”.

Para los fiscales que están en el exilio, retornar a Venezuela a continuar con su trabajo es una posibilidad que pasa obligatoriamente por la salida del poder de Maduro y su gabinete.

“Yo seguiré siempre a la orden para liberar a Venezuela”, salió al paso el ex miembro de la Contraloría y la Fiscalía, Alejandro Prada.

“La vida me cambió enormemente, pero no arrepiento de lo que hice. Venezuela va a estar destruida en el momento que salga la actual administración. Si las cosas cambian no dudaría en regresar”, apuntó Marcos Palacios.

Luisa Ortega Díaz denuncia a Maduro por corrupción ante Supremo

La ex fiscal general Luisa Ortega presentó hoy en Bogotá en un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “en el exilio” las pruebas por las que considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo involucrado en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

“En nombre del Estado venezolano acuso a Nicolás Maduro (…) presidente de facto de Venezuela, por estar incurso en la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales”, manifestó Ortega en la audiencia del Tribunal Supremo que se celebró en el recinto del Congreso de Colombia.

Durante la audiencia, la exfiscal presentó a 14 de los 27 magistrados en el exilio imágenes y documentos con los que sustenta la presunta responsabilidad de Maduro en esos delitos y lo señaló como el culpable del “dolor, sufrimiento y muerte” de la población venezolana.

Ortega, que fue destituida del cargo después de mostrar diferencias con el Gobierno, ya había presentado esas pruebas acerca de la presunta corrupción de Maduro en abril pasado, también en Bogotá ante el Supremo “en el exilio”.

La exfiscal denunció que en Venezuela se pagó a Odebrecht “más de 35.000 millones de dólares y más de 2.300 millones de euros” por once obras que están “inconclusas”, entre ellas las del metro de Caracas y del metro de Los Teques, lo que supone “cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela al día de hoy”.

Agregó que en 2005, cuando Maduro era canciller en el Gobierno de Hugo Chávez, se le adjudicaron a la empresa brasileña de “manera directa” y “sin concurso” obras de viviendas, transporte y servicios, entre otras.

“Maduro suscribió un memorándum de entendimiento y al menos siete acuerdos complementarios al acuerdo (…) fue un gran pacto de corrupción, firmado por Nicolás Maduro como canciller en representación del Estado venezolano”, agregó Ortega.

De igual forma, acusó a Maduro de solicitar a Odebrecht que financiara su campaña presidencial de 2013, para la cual le pidió 50 millones de dólares bajo el “compromiso” de que al asumir la Presidencia daría un “trato preferencial” a la compañía.

Entre estos tratos, Ortega se refirió al permiso para que la empresa continuara con las adjudicaciones de contratos de obras inconclusas, aprobó el pago por concepto de evaluaciones y autorizó el adelanto de pagos por los proyectos, entre otros.

Según Ortega, gracias a todo eso la empresa le entregó a Maduro al menos 35 millones de dólares para financiar su campaña, lo que demuestra que “desde cada una de las posiciones que ha ocupado favoreció la permanencia, operatividad y negocios de Odebrecht”.

Por lo anterior, considera que los actos de Maduro se “encuadran perfectamente dentro de los tipos penales de corrupción propia y legitimación de capitales” y solo por el primer caso podría pagar entre tres y siete años de cárcel y una multa por el 50 % del valor de lo recibido.

Tras la acusación, el abogado defensor de oficio de Maduro, Andrés Lindo, afirmó que el presidente solo firmaba los contratos con la compañía y que si esta no los cumple la debe indagar el Ministerio Público, por lo que desestimó las acusaciones de Ortega.

“En vista de toda esta situación, solicito a este tribunal la absolución del imputado, ya que los delitos de corrupción no son suficientes y las pruebas tampoco y las pocas que hay que tienen relaciones directas no han sido incorporadas legalmente al juicio”, agregó Lindo.

Por su parte, el presidente del tribunal, Miguel Ángel Martín, aseguró que durante el juicio se buscará “verificar la responsabilidad o no” de Maduro por estos delitos y subrayó que “existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general”.

En marzo pasado, el Supremo “en el exilio” admitió a trámite la demanda de Ortega que vincula a Maduro con delitos de corrupción y en la que se pidió emitir una orden de captura contra él a través de Interpol, la cual el presidente de la corte, Miguel Ángel Martín, reiteró hoy.

Un mes más tarde, el Supremo había declarado la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.

Al juicio, que continuará el próximo lunes en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, asisten algunos de los magistrados, pues 13 de ellos están en EE.UU., seis en Chile, cuatro en Colombia y otros cuatro en Panamá.

El Tribunal Supremo nombrado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se instaló en octubre pasado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los secretos del Gobierno de Maduro contados por Luisa Ortega Díaz

 

Por Sebastiana Barráez

*** Entrevista realizada para PuntoDeCorte. Una vez publicada, la web fue atacada y sacada del aire y tuvo que ser publicada en sebastianasinsecretos.com

 

Ha cambiado Luisa Marvelia Ortega Díaz. Desde casi mes y medio antes de irse de Venezuela, cuando nos vimos en su despacho de la Fiscalía General de la República en Caracas, hasta este momento en que la entrevisto en el lobby de un hotel en Bogotá, demuestra mayor fortaleza. El acento en la respuesta es firme. Aunque sigue cuidando las palabras, tiene mayor firmeza, parece haber conquistado un terreno en el que se mueve con absoluta facilidad. Junto a ella, en silencio, siempre estuvo su esposo Germán Ferrer. Y del otro lado dos personas de prensa, Kevin y Marvelis.

No se inmutó ante ninguna pregunta. Solo un débil silencio cuando le pregunté qué le diría hoy a Nicolás Maduro, a quien por cierto nunca llamó Presidente de la República. La primera vez que la vi parecía más frágil. Ahora demuestra estar dispuesta a enfrentarse a ese gigante que se le erige a veces chavista, otras opositor.

Observé que tuvo cuidado al peinarse. Una chaqueta, pantalón, blusa blanca y como única joya, zarcillos. Llevó su computadora, imagino que porque pensó que hablaríamos de temas jurídicos, pero las preguntas fueron otras. No hubo en ella un solo gesto de altivez.

Aquí cuenta lo que ocurrió cuando Diosdado la llamó el 28 de diciembre para decirle que Chávez había muerto. También sobre aquella reunión en Miraflores y de cómo Jorge Rodríguez entró a su habitación. Enfrenta las denuncias de la Oposición sobre su responsabilidad ante los presos políticos. Pero también las del chavismo sobre una red de extorsión en el MP. Nos contó que Jorge Rodríguez le pidió que le hablara sencillo a Maduro porque “sabes que es escaso”. También lo que Maikel Moreno le solicitó para impedir el revocatorio, mientras Iris Varela falsificaba firmas.

  • ¿Doctora, qué ha significado para usted estar fuera del país?
  • Ha significado el fortalecimiento como persona, cómo luchadora social y el compromiso con los venezolanos en la lucha por la libertad y la democracia. Esto ha sido una enseñanza de vida para aprender el desprendimiento,  apegarme más a los valores, a la ética,  a los principios y no a las cosas materiales.   Tener el compromiso de no descansar y tener mucha fuerza.  No me imaginé que podía llegar a tener este valor,  estas ganas de luchar y de inspirar a otros. Cada vez que veo  alguien le transmito mensajes positivos, de esperanza y de unión.  Les pido no descalificar al otro,  porque eso lo que hace es fracturar. El deseo es hacer propuestas todos los días con el equipo y trabajando para derrocar la tiranía,  para que en Venezuela haya estado de derecho y democracia.
  • ¿Usted cree que logrará el propósito que tiene con toda estás acciones que ha venido desarrollando a nivel internacional?
  • Estoy convencida. Las acciones que hemos ejecutado desde que salí de Venezuela han golpeado al gobierno. Muchas de las acciones que adoptó la Unión Europea, sancionado a algunos funcionarios venezolanos, fue por la información que pasamos y con ello se ha logrado congelar cuentas,  intentamos un acción ante  la Corte Penal y cinco generales; por ello se inició el examen    Intentamos  una acción contra Nicolás Maduro por  estar involucrado en el caso Odebrecht.  Muchas acciones que Estados Unidos  y la OFAC (Office of Foreign Assets Control), ha adoptado contra funcionarios venezolanos, entre otros, es lo que les hemos suministrado. Para los próximos días tenemos proyectadas dos acciones muy importantes que impactarán al gobierno. Entonces el balance es positivo,  pero aquí falta un detalle y estamos trabajando en eso:  la unión de los distintos factores políticos y sociales con la sociedad para unificados derrotar al gobierno.
  • En los hechos la situación en el país está igual o peor que antes de que usted realizara esas acciones. ¿Cuándo cambiará esa situación?
  • No son sólo las acciones internacionales, tiene que haber acción a lo interno. He visto en los últimos días a los trabajadores de la salud que han tomado acciones solos y no ha habido una dirigencia política. ¿Dónde está la dirigencia política qué ha dejado a la gente sola?  Sí allí hubiesen verdaderos líderes estarían acompañando el conflicto de la salud qué perjudica a toda la sociedad. Yo no soy dirigente político sino funcionaria pública y no puedo estar involucrada en temas partidistas ni de acciones de calle. Frente al tema de los alimentos hay que hacerle una propuesta a los venezolanos para que ellos se responsabilicen y le reclamen al Gobierno, porque el dinero destinado para eso se lo robó.
  • ¿Qué le responde a Diosdado Cabello cuando dice que usted lo traicionó. Que él fue quién la protegió y la postuló y que usted le dio la espalda y traicionó a la Revolución Bolivariana?
  • Si él me protegió y me defendió, se lo agradezco pero siempre actúe apegada a la Constitución y las leyes, en consecuencia, no necesitaba que él me defendiera ni me protegiera. Mi compromiso no puede ser con un partido o con una persona. Sí decir que ellos estaban violando la Constitución, que querían cambiar la forma republicana que nos dimos en la Constitución, que son delincuentes y corruptos, es traición, pues que lo consideren así. Nicolás Maduro se arrogó la soberanía popular y creó una Asamblea Constituyente. Como la Asamblea Nacional está en manos de la Oposición y ellos no querían entregar cuentas, crearon un parapeto para justificar la corrupción. Ellos no entregan cuentas de cuánta comida compran ni  de qué calidad. No entregan cuentas de las misiones militares que envían a Cuba, cuando la Constitución es muy clara y esas misiones deben ser aprobadas por la AN. Exijo que se me explique porqué razón estamos enviando misiones militares a Cuba, cómo es el negocio del oro en el estado Bolívar. No es posible auditar nada en el país porque ellos no quieren entregar cuentas. Si lo que pretendían era que yo convalidara los hechos de corrupción, pues no lo iba a hacer. Y si él me defendió está bien pero eso no significa que yo iba a estar comprometida por los hechos de corrupción en los que él,  Maduro y todos ellos estén involucrados.
  • ¿Existe realmente el poder de Diosdado en el Gobierno?
  • Existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado estaba convencido que en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él  sería el candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder. Ellos se ponen de acuerdo porque lo que están defendiendo es ese grupo delincuencial y como todo delincuente tienen códigos y saben que deben permanecer unidos si no los van a derrotar y a enjuiciar. Yo no puedo tutelar los conflictos y los complejos que tenga Diosdado. Sus complejos, frustraciones y sus incapacidades yo no se las puedo resolver.

 

 

 

Las 10 noticias más importantes a esta hora de la tarde

Mike Pence instó a naciones de América Latina a presionar a Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó el jueves a los países de América Latina a tomar acciones para aislar al Gobierno de Venezuela, un adversario de Washington que está batallando con una profunda crisis económica. Pence se reunió en Quito con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno como parte de una gira por Latinoamérica, que incluyó un encuentro con venezolanos en Brasil, que abandonaron su país ante la falta de alimentos, medicinas y otras carencias. “Nosotros respetuosamente instamos a Ecuador y a todos nuestros aliados en la región a que tomen pasos para aislar el régimen de (Nicolás) Maduro aún más”, dijo Pence en una declaración conjunta con Moreno. Panorama

 

Plataforma liderada por Falcón está dispuesta a dialogar con el Gobierno

La “nueva forma de hacer política” de la plataforma política del excandidato Henri Falcón incluye diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y el establecimiento de mesas técnicas para subsanar la crisis humanitaria del país, aseguró el profesor Luis Fuenmayor Toro este 28 de junio. Aunque aclaró que la “Concertación por el cambio” no ha sostenido reuniones con el gabinete presidencial en la última semana, Fuenmayor Toro apuntó que “van a conversar en función de la transparencia”. El Pitazo

 

“Él ha robado a los venezolanos”: Ortega Díaz consignó documentos que acusan a Maduro de corrupción

La fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz consignó este jueves los documentos que acusan al presidente de la República, Nicolás Maduro, de corrupción por el caso Odebrecht.  “Acusé a Maduro, quien usurpa el cargo presidente de Venezuela. Presenté 18 piezas principales que consigné en físico y 43 anexos en digital. Es un corrupto, un ladrón que ha robado el dinero de los venezolanos” dijo la fiscal en el exilio. Caraota Digital

 

AN inicia reforma a la Ley de Hidrocarburos

Con el objeto de generar las condiciones legales para que el país recupere su capacidad productiva permitiendo que el petróleo vuelva a ser un instrumento generador del desarrollo económico, inició su trabajo la subcomisión encargada de realizar la Reforma a la Ley de Hidrocarburos. La instalación de la subcomisión está presidida por el diputado Jorge Millán e integrada por los parlamentarios Luis Stefanelli y Elías Matta (vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo). Finanzas Digital

Avanzan negociaciones de Pdvsa para exportar gas a Trinidad

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Trinidad avanzaron en las negociaciones para cerrar un acuerdo para la exportación de gas hacia la isla caribeña, un proyecto para explotar y comercializar el hidrocarburo desde el Campo Dragón del proyecto Mariscal Sucre. El ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel Quevedo, y representantes del gobierno insular se reunieron este miércoles en Caracas y retomarán conversaciones dentro de dos semanas, según medios trintiaros. Banca y Negocios

 

Ocariz negó acusaciones de Rangel Ávalos: “Nuestra gestión fue absolutamente transparente

El exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, negó este jueves los señalamientos realizados por el actual burgomaestre de la localidad mirandina, José Vicente Rangel Ávalos, ante la Contraloría General de la República (CGR), la cual abrió una investigación en su contra. El opositor calificó esta acción como un “linchamiento” político.  Caraota Digital

Fiscalizan en Mérida a la empresa Makro

La alcaldía de Campo Elías estado Mérida fiscalizó este jueves la actividad comercial del distribuidor y mayorista de alimentos Makro. “Vemos con preocupación que Makro vende productos regulados a los pequeños comerciantes (bodegas), pero dichos productos no llegan al pueblo, porque la mayoría son ‘bachaqueados'”, denunció el alcalde Simón Pablo Figueroa Radio Mundial

 

Marco Rubio se reunió con Iván Duque para tratar el tema de Venezuela

Marco Rubio, senador estadounidense, se reunió con Iván Duque, presidente electo de Colombia, para hablar sobre como ayudar a solucionar la crisis que atraviesa Venezuela.  “Me reuní con el presidente electo de Colombia Iván Duque para hablar sobre los esfuerzos regionales para ayudar al pueblo venezolano a poner fin a su crisis y restaurar su democracia”, escribió el equipo de prensa del senador en su cuenta de Twitter.  Rubio indicó que en la reunión támbien se habló sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.  El Nacional

Tiroteo en sala de redacción de periódico en Maryland dejó varias personas muertas

Durante la tarde de este jueves se reportó un tiroteo en la sala de redacción de un periódico en Maryland, Estados Unidos. La policía local  no ha contabilizado la cantidad de víctimas, pero asegura que aún el tirador se encuentra activo. El suceso ocurrió en el diario Capital Gazette, de Annapolis.  Phil Davis, un reportero del medio le dijo al Baltimore Sun que varias personas habían recibido disparos. La policía está trabajando en la sede del diario local Capital Gazette en el número 888 de la calle Bestgate para determinar si hay uno o más tiradores en el suceso, así como llevar a cabo la evacuación de todas las personas que se encuentran dentro del edificio. Caraota Digital

Protestas 2017 | Padre de David Vallenilla: “El sargento Méndez nunca se ha presentado en tribunales”
A un año de este suceso, se han diferido las 4 audiencias preliminares del caso del asesinato de David Vallenilla por parte de un efectivo de la aviación militar. El pasado 11 de junio se aplazó la última y todavía no se sabe cuándo será la próxima

 

@ashfloresm

“UNA DE LAS COSAS QUE MÁS ME IMPRESIONA de todo lo que ha pasado es ver a los ciudadanos caminando tranquilos por las calles, como si no hubiera pasado y digo: ‘Dios mío ¿valía la pena que mi hijo luchara de la forma en la que luchó hasta el punto de perder su vida?’. Me entristece mucho que no se haga justicia, pero más me entristece ver a una sociedad de memoria corta.  Resignada a que pasen las cosas y dejarlas en el olvido”, dice desde los Valles del Tuy, donde reside, David Vallenilla, padre del joven David, asesinado frente a las cámaras hace un año.

Jueves 22 de junio de 2017. Transcurre el día 83 de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En la ciudad de Caracas se realiza  una movilización para defender la institucionalidad de la Fiscalía General de la República. El propósito de la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática era llegar hasta el Ministerio Público, no solo en la sede de la ciudad capital, también en el resto del país.

El anuncio lo hizo el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien pidió a la ciudadanía activar el artículo 333 y 350 de la Constitución que establecen restituir el orden constitucional y la desobediencia civil, ya que el 20 de junio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia consideró que existían méritos para enjuiciar a la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves cometidas durante su gestión. A finales de marzo Ortega Díaz se había manifestado en contra de los decretos del TSJ que desmantelaban la Asamblea Nacional, hecho que la distanciaron del Ejecutivo y dio inicio a la ola de protestas que duró 4 meses.  

10 de la mañana. Avenida Francisco de Miranda. Un mar de gente desborda las calles del municipio Chacao. Minutos más tarde comienza la represión. La Policía Nacional Bolivariana lanza bombas lacrimógenas, se escuchan detonaciones; sin embargo, las personas se mantienen en las calles.

Horas de enfrentamiento. Los jóvenes persisten en la autopista Francisco Fajardo, arriba y debajo del Distribuidor Altamira, a la altura de la base aérea La Carlota. Entre ellos se encuentra David José Vallenilla, un técnico de enfermería de 22 años de edad. Había estado en las primeras manifestaciones, pero una fractura en su pie derecho le impidió asistir durante dos meses.. Hasta ese jueves.

“David luchaba por una mejor Venezuela. En su experiencia como enfermero detectó tantas carencias  en el sector salud. Inclusive, en una oportunidad, me dijo: ‘No sé qué haría yo si ustedes necesitan ayuda y yo no puedo ayudarlos’. Él solo quiso protestar pacíficamente”, señala su padre.

4 de la tarde. Los jóvenes responden con piedras la represión por parte de los militares ubicados adentro de la base aérea  La Carlota. Solo una reja separa al pelotón de uniformados de la aviación militar y a David, que se encuentra a pocos metros de donde lo apuntan con armas largas.  En una escena que quedó grabada como evidencia, se ve a David caer después de recibir tres impactos que atraviesan su morral y acaban con su corazón, hígado y pulmón.

“Yo estaba en mi casa cuando me llamó su mamá y me dijo que se había ido a una marcha y que lo habían detenido. Después se cayó la llamada. Volví a llamar y ella estaba gritando. Yo no entendía nada, salí a la calle buscando apoyo de unos vecinos y alguien se acercó con un teléfono y me enseñó la foto del muchacho que habían matado. Era David José”, relata su padre.

Las fotos y los videos sobre el asesinato de David inundaron en pocos minutos las redes sociales. Todo quedó registrado. Fue una muerte que se transmitió en directo por los canales de televisión digital que cubrían el hecho.


6 de la tarde. Clínica Ávila, municipio Chacao. Diputados, periodistas y manifestantes se encuentran en el lugar tras conocerse el fallecimiento del joven enfermero.

“David era una persona con una expectativa de vida increíble. Soñaba con irse del país porque no veía posibilidades de tener una mejor vida aquí. Yo siempre le decía: ‘Hijo,  Venezuela no era así’ y supongo que eso despertó su deseo de luchar”, afirma su progenitor.

Pronunciamiento oficial

6:15 de la tarde. Las pruebas del abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad existían; sin embargo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificó como un “asedio” los enfrentamientos ocurridos en el Distribuidor Altamira entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana.

23 de junio. Funeraria El Rosal, Chacaíto. Velorio de David José Vallenilla. Esa noche, el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami se comunica con el padre de la víctima.

“Yo trabajé en el Metro de Caracas con Nicolás Maduro. Y el día del velatorio un compañero me dijo que Nicolás quería comunicarse conmigo vía telefónica y en ese momento me pasa la llamada. Quien se identificó fue Tareck El Aissami. Él me indicó que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a las responsabilidades del asesinato de David José y, bueno, no tiene nada que ver con la realidad de lo que ha sucedido hasta ahora. A un año del asesinato de mi hijo todavía no se ha hecho justicia. Adicionalmente, me dijo que el Presidente me iba a llamar y nunca lo hizo”, dijo Vallenilla (padre).

El homicida

29 de agosto. Tarek William Saab, Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente sostiene una reunión con el padre del asesinado y asegura que el Ministerio Público tramita ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas la detención del presunto homicida, el efectivo de la Aviación Arli Cleiwi Méndez Terán.

Para ese encuentro Vallenilla fue contactado por  la presidente de la asamblea nacional constituyente y ahora vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez.

“Me llamaron para preguntarme cómo iba el caso de mi hijo, cosa que me llamó muchísimo la atención, puesto que se supone que si a mí me llama el Gobierno no es para pedirme información, sino para darme un reporte del caso y al parecer ellos ni siquiera tenían  conocimiento”, afirma Vallenilla.

02 de septiembre. El Ministerio Público anuncia que el sargento Arli Méndez, fue presentado ante el tribunal 21 de Control, quedando detenido por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica. Según informó el tribunal, el sitio de reclusión es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar ubicada en Boleíta, en Caracas.

“El referido tribunal no tiene un juez titular de ese despacho sino rotativo, por lo que solicitamos a las autoridades competentes efectuar de dicho nombramiento a los fines de evitar dilaciones indebidas en la tramitación de la causa”, dijo María Alejandra Poleo, abogada del caso.

Pese a esta información emitida por el ente oficial, el padre de la víctima no tiene la plena certeza de que el victimario de su hijo se encuentre realmente tras las rejas.

“No me consta que el sargento Arli Méndez esté privado de libertad, puesto que nunca ha hecho acto de presencia en los tribunales, en el Palacio de Justicia, para ninguna de las audiencias que se han programado”, afirma el padre de la víctima.

A un año de este suceso, se han diferido las 4 audiencias preliminares pautadas. El pasado 11 de junio se aplazó la última y todavía no se tiene fecha de cuándo será la próxima. El padre de David José solo pide justicia:

“No es fácil, no puedo decir que lo haya superado, porque jamás lo superaré. Todos los días lo lloro”.

David Vallenilla con su padre

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 05.06.2018: BAJO: Ley de amnistía
BAJO 
ORTEGA DIAZ: 
Quien fuera la Fiscal General hasta el año pasado anunció via Twitter que enviará un proyecto de ley de amnistía a la legítima Asamblea Nacional para que tenga efecto jurídico sobre “aquellos civiles, policías y militares que hayan ejecutado o actúen para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, asegurando que de ser aprobada se pondría en vigencia de una vez”.  Piensa que “con ello se darían las condiciones para el quiebre de la tiranía”. Va a entregar mas pruebas de corrupción por estos días …
Ministerio Público a padres de Pernalete: No somos adivinos

José y Elvira Pernalete asistieron al Ministerio Público con la intención de conocer el estatus del caso de su hijo Juan Pablo, asesinado durante las protestas del 2017. Tras dos horas de espera, una funcionaria los atendió y les dijo: “Yo no soy adivina para saber qué va a pasar”.

El estudiante universitario y deportista de 20 años de edad, Juan Pablo Pernalete, fue asesinado el 26 de abril en Altamira, Caracas, cuando participaba en una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Este 24 de mayo se cumple un año desde que la fiscal general Luisa Ortega Díaz confirmó en una rueda de prensa lo que Runrun.es había sostenido: Juan Pablo fue asesinado por el disparo de una bomba lacrimógena y el culpable era un Guardia Nacional. Esta declaración desestimó las del entonces ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, y otros actores del oficialismo, quienes mantenían que el arma homicida era una pistola de perno disparada por otro manifestante.

De acuerdo al padre del joven, José Pernalete, el comando que se encontraba ese día ya ha sido identificado, pero no se ha señalado quién fue el efectivo que disparó. Por ello, hizo público hoy un comunicado en que pide se imponga la justicia.

Pernalete dijo que fue la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Aramita Moraima Padrino de Gómez, quien les afirmó desconocer lo que sucederá con el caso. Fue Padrón quien dijo no ser adivina. La mujer se ha desempeñado como una ficha de Tarek William Saab, y se ha desempeñado como abogada de las víctimas del 11 de abril de 2002, secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano -que fue presidido por Saab- y como directora de Consultoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo. Al lado de Padrino de Gómez se encontraba la exfiscal 62, ahora subdirectora de Derechos Fundamentales, Eddmysalha Guillén, quien era originalmente la fiscal encargada del caso de Juan Pablo, pero su reubicación dentro del ministerio dejó por meses sin fiscal el caso. Según dicen los padres de Pernalete en el comunicado, el fiscal recién asignado al caso no lo conoce suficiente.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había prometido la pronta identificación del individuo semanas antes de que tuviese que dejar el país por la persecución política del gobierno. Sin embargo, desde el exilio, aseguró a los padres de Pernalete que la justicia llegará a los responsables del asesinato.

 

El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, abrió nuevamente el caso de Pernalete el pasado 7 de septiembre, pero desde entonces no han sido anunciados adelantos o nueva información sobre el caso.

El padre de la víctima asegura que William Saab no está interesado en hacer su labor. “Desde que asesinaron a Juan Pablo, Saab se dio a la tarea de ocultar la verdad con respecto al caso”, dice el padre.

Lucha sin límites

Los Pernalete no solo están pidiendo justicia por la muerte de su hijo. También están pidiendo por ellos mismos, quienes consideran que han recibido tratos crueles por parte de autoridades del Estado y funcionarios del gobierno de Maduro.

Ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitaron el antejuicio de mérito para ocho funcionarios del gobierno de Maduro, quienes -según la pareja- incurrieron en los delitos de obstrucción a la justicia, tratos crueles, usurpación de funciones, instigación al odio y abuso de la credulidad popular en el caso del estudiante. Los funcionarios demandados son Vladimir Padrino López, Antonio Benavides Torres, Fabio Zavarse Pabón, Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Ernesto Villegas, Delcy Rodríguez y María Alexandra Díaz.

Además, han acudido a instancias internacionales de Derechos Humanos para presentar el caso de su hijo, y esperan llegar a la Corte Penal Internacional (CPI) junto con los familiares de otras víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

 

A continuación el comunicado de los padres de Juan Pablo Pernalete:

 

Hoy 24 de mayo del 2018 se cumple un año que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre las investigaciones del Ministerio Público donde se  determinó que nuestro hijo Juan Pablo Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira el 26 de Abril del 2017, artefacto que fue disparado directamente al pecho a “quemarropa” causándole la muerte por un shock cardiogénico por traumatismo de cerrado de tórax.

 

La Fiscal Indicó para ese momento que la investigación se realizó en base al reconocimiento técnico, el acoplamiento del cartucho, la presencia del residuo en la franela de Pernalete con los elementos que lo componen, el análisis químico y las experticias necesarias. Afirmó que estaba identificado el grupo responsable de hacer el disparo y que en los próximos días se sabría quién era el responsable directo.

Lo dicho por la fiscal desmintió a Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia para aquel entonces, quienes aseguraron que a nuestro hijo lo habían asesinado con una pistola de perno. También lo dicho por el diputado Diosdado Cabello, que aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante de la Universidad Metropolitana. El diputado por el PSUV también dijo que a Pernalete lo habían asesinado “ellos mismos”, en referencia a los manifestantes opositores.

A un año de este pronunciamiento, el día de ayer 23 de mayo del 2018 nos dirigimos al Ministerio Público como lo hemos hecho frecuentemente exigiendoles respuestas como institución encargada de velar y dar justicia a los venezolanos y nos conseguimos que el expediente sigue exactamente igual desde el pronunciamiento oficial, no han individualizado al Guardia Nacional las respuestas son vagas, que el componente militar no les ha dado respuestas, al preguntarles cómo Ministerio Público cuales son los pasos que van a seguir para solicitar al Componente Militar la individualización del Guardia Nacional no hay respuestas… eso aunado a que la fiscal 62 que llevaba el caso de nuestro hijo ahora esta como subdirectora de derechos fundamentales y es otro fiscal que ahora va a comenzar el caso.

Nosotros como padres ante lo señalado y después de buscar infructuosamente la justicia en Venezuela siempre apegados tanto a las normas nacionales y a la constitución nacional exigiendo justicia como víctimas directas e indirectas en el asesinato de Juan Pablo Pernalete, hemos llegado a la conclusión que NO NOS VAN A ENTREGAR EL GUARDIA QUE ASESINO A NUESTRO HIJO, porque eso significaría tener que condenar a los personeros y voceros del Estado, periodistas, medios televisivos y periodísticos que tergiversaron la verdad y llamaron a nuestro hijo delincuente, criminal, terrorista.

Las Denuncias que hicimos debidamente en su momento ante el Tribunal Supremo de Justicia como víctimas: Al comando y estado mayor de la Guardia Nacional Bolivariana encabezados por los generales  Vladimir Padrino López , Benavides Torres y Fabio Enrique Zavarse; del mismo modo de los Funcionarios del Estado Venezolano: Ernesto Villegas y Delcy Rodríguez ambos Ministros del Ejecutivo Nacional para el momento del asesinato de nuestro hijo e igualmente los  diputados para ese momento: Diosdado Cabello y Pedro Carreño y actualmente a la Constituyentista María Alejandra Díaz,.

Denuncias al Ministerio Público, Fiscalía 49 a los conductores de los programas de televisión del canal Venezolana de Televisión (VTV): Ricardo González, Pedro Carvajalino y Llanfrancis Colina; conjuntamente con el Director del periódico Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

A la fecha no hay respuesta ni de la fiscalía 49 y del Tribunal Supremo de Justicia a las solicitudes de antejuicios de mérito, por parte de la Juez asignada Dra. Marjorie Calderón.

Queremos dejar constancia que seguiremos buscando justicia tanto nacional como internacional, en fecha 26 de Abril del 2018 se introdujo ante el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, una Denuncia formal contra al Estado Venezolano por la violación de los derechos humanos en contra de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete y en contra de nosotros sus padres José Gregorio y Elvira Pernalete esta denuncia esta basada en la violación de los derechos humanos como lo son el derecho a la Vida, Derecho a Libertad de Expresión y Reunión Pacífica, Derecho al honor y reputación de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete (debido a que nosotros como padres hemos sido objeto de tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de funcionarios y personeros del Estado, al mancillar la memoria de nuestro hijo, al llamarlo terrorista, delincuente, causandonos un daño moral, psicológico y humillante. Demanda por violación de la integridad psicológica (porque quienes en su propósito de obstaculizar la búsqueda de la verdad, han hecho que se mantenga la impunidad por parte del Estado en las investigación para la individualización del guardia nacional y la cadena de mando que asesinaron a nuestro hijo.

José  G. y Elvira Pernalete

24/05/2018