Luisa Ortega Díaz archivos - Página 2 de 58 - Runrun

Luisa Ortega Díaz

7 aspectos que han variado entre las protestas de 2017 y 2019

Un discurso más apegado a los derechos constitucionales de parte de la dirigencia opositora, mayor represión, incorporación de sectores populares, complicado acceso para medios de comunicación y la promesa de una eventual amnistía a policías y militares diferencian las manifestaciones de calle de hace dos años y el presente

 

EN APENAS CUATRO DÍAS DE PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO en enero de 2019 se produjeron 33 muertos, la misma cantidad en 25 días de manifestaciones entre abril y julio de hace un par de años. Una represión con mayor contundencia, ahora con el foco en zonas populares se experimentó en el primer mes del año.

En 2017, los líderes políticos enfocaban el discurso antigubernamental en el bloqueo al referendo revocatorio y el desconocimiento a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y el TSJ, par de años después los objetivos de la oposición venezolana son aún más específicos: cese de usurpación de funciones por parte de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres.

Amparados en la proclamación de Juan Guaidó como mandatario encargado de la República el pasado 23 de enero y el reconocimiento de 44 países al presidente de la Asamblea Nacional, la oposición ha trazado una estrategia más frontal para desmontar el gobierno de Maduro. Conjugando actividades de calle con presión internacional, aunado a la posibilidad de atraer a funcionarios militares y policiales con una Ley de Amnistía y la apertura de un canal humanitario en las fronteras, la coalición contraria al chavismo pretende generar un cambio en la estructura de poder.

A continuación enumeramos las diferencias más notables en las protestas y estrategias de 2017 y 2019:

 

1.- Espontaneidad en sectores populares

A juicio del consultor político, Oswaldo Ramírez, la principal diferencia entre las protestas callejeras de 2017 y 2019 radica en la espontaneidad. “Hace dos años tenías a los líderes de los partidos políticos convocando para marchas a diario hacia el centro de Caracas, en esta ocasión la población salió a la calle en las zonas populares como una respuesta a ese hartazgo que sienten por la precaria situación económica por la que atraviesan”, dijo. En la ciudad capital, hace dos años el epicentro de las concentraciones y protestas era en el este, en 2019 se trasladaron al centro y oeste de Caracas. “Incluso en partes cercanas al Palacio de Miraflores como La Pastora, El Amparo, El Cuartel, avenida Fuerzas Armadas y Altavista. Gente que suele recibir bonos, cajas y bolsas Clap del gobierno reclamando porque estos mecanismos de distribución ya no les satisfacen o simplemente ya no sirven para comprar su voluntad política”, dijo Ramírez. En 2019 hubo una especie de aprendizaje y las marchas ya no se dirigen a una institución gubernamental en el casco central de la capital con regularidad, ahora se hacen con mayor espacio y en sitios con aparente seguridad para los manifestantes.

2.- Discurso directo

Para Ramírez el discurso político de la oposición es ahora más institucional que el de hace dos años. Se ha apelado a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para desconocer al gobierno de Maduro.“En 2017 el discurso estuvo enmarcado en levantar la voz para denunciar todas las violaciones que cometió el gobierno, la gente atravesaba por una depresión porque le habían robado el referendo revocatorio en octubre de 2016, parte de la oposición se enfrascó en una negociación que no rindió frutos en República Dominicana y después todo explotó con las sentencias 155 y 156 que anulaban las funciones de la Asamblea Nacional”.

Ahora la dirigencia opositora no centra el grueso de sus alocuciones en las víctimas de las protestas sino que coloca el foco en los planes futuros. Hay una visión más de lo que se puede alcanzar a posteriori que antes.

El analista político indicó que el discurso de la dirigencia opositora en esta oportunidad es similar al de 2014 antes de las protestas que generaron la muerte de 43 venezolanos según el Ministerio Público que conducía la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Discurso protagonizado en aquel entonces por el dirigente encarcelado de Voluntad Popular, Leopoldo López, María Corina Machado de Vente Venezuela y el alcalde metropolitano exiliado, Antonio Ledezma.“Si uno revisa lo que se dijo antes de febrero y las muertes de Bassil Da Costa y otros tantos, la ruta era ir a las calles y hacer cabildos abiertos para escuchar las propuestas de la gente, además de perseguir el apoyo internacional”.

3.- Mayor represión en menos días 

En las protestas de 2017, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado fue de menos a más. El primer muerto se produjo luego de cinco días de manifestaciones. En 2019, para el segundo día ya habían ocho asesinados y apenas en la tercera fecha (23 de enero) se contabilizaron 20 muertos a nivel nacional. La Guardia Nacional, encargada de la represión en 2017, tuvo escaso protagonismo en esta oportunidad. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) se encargaron de contener el reclamo social en las barriadas caraqueñas.

“El Faes es un organismo policial que ha sido entrenado para matar, su formación es para intervenir en casos de terrorismo y secuestro. No son los indicados para problemas de orden público”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG de derechos humanos, Provea. “Fue un ataque cruel y selectivo. El gobierno sabe que tiene que reprimir fuerte a la gente en esos sectores, porque si ese descontento se desborda va a generar una situación de alta ingobernabilidad. Un aspecto importante es que el costo de la impunidad en los barrios es menor porque la gente no denuncia, la gente es amenazada no solo por funcionarios, sino también por colectivos y patriotas cooperantes”.

 

Lea también Protestas de 2019: Represión en manifestaciones nocturnas dejan más muertos en menos días 

 

4.- Difícil acceso para medios de comunicación

En 2017, las víctimas de la violencia uniformada en las marchas contaban con los medios de comunicación impresos, digitales y de televisión por suscripción. Algunas de las agresiones fueron documentadas por periodistas o usuarios de la redes sociales como el asesinato de Neomar Lander el 7 de junio en la parte baja de la Avenida Libertador o el de David Vallenilla, 15 días después en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota. Dos años después las características de las manifestaciones hicieron menos visibles a los afectados. “Algunas muertes de 2017 fueron documentadas casi en vivo. Las protestas de este año se hicieron de noche y no tuvieron mayor exposición”, dijo Oswaldo Ramirez.

 

5.- Ausencia de Ministerio Público

La mayoría de los 157 asesinatos (cifras de la base de datos de Runrunes)  que se registraron en las protestas de 2017 fueron documentados por el Ministerio Público entonces liderado por la hoy en día Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Con Tarek William Saab, ahora al frente del despacho por mandato de la asamblea nacional constituyente, ni medios de comunicación ni organizaciones no gubernamentales han podido corroborar las estadísticas. “Ha sido muy cuesta arriba para nosotros. A eso hay que sumar que la Defensoría del Pueblo ha estado absolutamente ausente”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui aseguró que la principal misión de organismos independientes es darle un rostro a cada de una de las víctimas. Alertó que el gobierno ha querido hacer ver a los muertos en las manifestaciones de enero como delincuentes. “Al menos 10 de esas víctimas podrían haber estado involucradas en situaciones de saqueo y de allí se aferran para engordar esa tesis”.

 

6.- Se le habla de otra forma a los militares

En 2017, la dirigencia política opositora, ONG y sociedad civil denunciaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado fuera y dentro de las fronteras venezolanas. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General en el exilio entregó un documento en la Corte Penal Internacional en La Haya donde acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

En el expediente también figuraron los nombres del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el ex director del Sebin, Gustavo González López y el ex Comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres.

Ahora en 2019, diputados de la AN liderados por el presidente interino Juan Guaido planean otorgar amnistía a aquellos que desistan de reprimir a los ciudadanos y acompañen el proyecto de renovación democrática. “Están en la mesa esas garantías para todos aquellos que quieran ponerse del lado de la Constitución”, dijo Guaido en una entrevista de televisión. Se ha hecho especial hincapié en que la Ley de Amnistía promovida este año por la Asamblea Nacional no beneficiará a aquellos funcionarios que hayan cometido atropellos a los derechos humanos.

 

7.- El encuentro de todos en la calle

Desde abril de 2002, cuando las protestas llegaron al clímax en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, la clase media siempre había tenido un papel preponderante en las manifestaciones de calle. Durante el mandato de Maduro, las expresiones de inconformidad pública han permeado otros estratos.      

En 2017, el principal aliciente de la oposición era penetrar los municipios con alcaldes chavistas para manifestar o hacer entrega de un documento en una institución. Se pretendía conquistar un quiebre de la burocracia con la protesta masiva de calle y el costo fueron decenas de muertos, centenas de heridos, encarcelados y exiliados. El gobierno y el ímpetu sin brújula definida de algunos opositores hizo caer a la sociedad civil en una pelea callejera estéril y desigual con funcionarios del Estado. Par de años después hay una aparente lección aprendida. No se aplaude la violencia, no hay escuderos ni encapuchados a la vista.

“La estrategia del gobierno siempre fue la de separar a los sectores sociales, crear una especie de sectarismo. Ahora ese encuentro se está dando en las protestas”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui comentó que en 2018, pese a que no hubo llamado formal a la protesta política, se inoculó en los sectores populares un sentimiento generalizado de frustración. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en 2018 se estableció un récord con 12 mil 175 protestas a nivel nacional, un promedio de 35 por dia. “Ya no era una protesta política, era gente reclamando por sus derechos sociales, económicos y también laborales. Un aspecto simbólico fue el pernil en diciembre pasado, la gente pagó y el gobierno los estafó, allí hubo un quiebre. Los sectores populares siente que ya no obtienen respuesta y están cansados”, dijo Uzcátegui.

 

Lea también Termómetro de la Calle: La protesta por el pernil se cocinó sin gas doméstico

Luisa Ortega Díaz consignó ante la CPI denuncia sobre caso de Fernando Albán

LUISA ORTEGA DÍAZ, fiscal general de la República en el exilio, consignó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, y el testimonio del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Christian Zerpa.

La fiscal también indicó que fueron entregados los testimonios de los policías de Chacao. “Ellos explicaron sobre sus detenciones ilegales y las torturas a las que fueron sometidos”, detalló en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Estamos trabajando para que le CPI actúe contra Nicolás Maduro y su camarilla. La comunidad internacional entiende que él no es presidente de Venezuela, por lo que puede ser investigado, juzgado y capturado sin impedimentos. No descansaré hasta lograrlo”, puntualizó.

 

Ortega Díaz: Pueden seguir enviando funcionarios, no me detendrán

LA FISCAL EN EL EXILIO, Luisa Ortega Díaz, dijo que no le intimida que el gobierno de Venezuela envie a Colombia supuestos funcionarios para amedrentarla.

“Pueden seguir enviando funcionarios, esbirros y asesinos a hostigarme y atacarme, pero que le quede claro al tirano y su séquito que no me detendrán hasta alcanzar el objetivo de sacarlos del poder y devolverle la libertad, la democracia y el bienestar a los venezolanos”.

La Fiscalía General de Colombia le abrió una investigación a Carlos Pino, presunto funcionario del gobierno bolivariano en el vecino país.

En conversación con el diario La Tercera, Díaz resaltó que si es necesario su participación en la transición en el gobierno de Maduro, lo hará.

“Si se hace necesario que yo participe en la transición lo haré y haré todo cuanto sea necesario para que mi país vuelva a ser lo que era antes. En este momento, no tengo prevista una candidatura”, manifestó.

 

Colombia investiga si Carlos Pino hacía seguimiento a otros venezolanos como Ortega Díaz

LA FISCALÍA COLOMBIANA AFIRMÓ que tiene pruebas de las actividades ilegales en el país de Carlos Manuel Pino García, un diplomático venezolano expulsado, e investiga si hacía “seguimientos” a compatriotas suyos, entre ellos la exfiscal Luisa Ortega.

“Había actividades que los fiscales tendrán que establecer si constituían seguimientos legales o ilegales a ciudadanos venezolanos extranjeros, como en el caso de la fiscal venezolana Luisa Ortega, específicamente”, afirmó a periodistas el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

En ese sentido, Martínez aseguró que la Fiscalía abrió hace ocho meses una investigación contra Pino García, en la que tienen pruebas “que incluyen interceptaciones telefónicas legalizadas ante los jueces de garantías de Colombia y esas investigaciones acreditan su compromiso en actividades delicadas de afectación del orden público nacional”.

“Esas pruebas que se han recaudado a lo largo de estos meses están siendo valoradas por los fiscales de conocimiento para los efectos de establecer habrán de judicializarse en Colombia”, agregó.

La esposa de Pino García, Gloria Flórez Schneider, que fue secretaria de Gobierno de Bogotá entre 2014 y 2015, denunció que fue intimidada por las autoridades colombianas al pedir información sobre el traslado de su marido.

Luisa Ortega envió comunicado a Procuraduría de México por caso CLAP

LUISA ORTEGA DÍAZ, fiscal general en el exilio, envió un comunicado a la Procuraduría General de México para que informen los términos a los que llegaron durante un acuerdo reparatorio que realizaron.

Los participantes de la reunión intentaron determinar el caso de la obtención de beneficios económicos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“He enviado una comunicación a la Procuraduría General de México para que nos informen sobre los términos del acuerdo reparatorio que anunciaron en el caso de los CLAP”, explicó Ortega Díaz vía Twitter.

Aseguró que el organismo mexicano dejó en evidencia un supuesto complot con funcionarios venezolanos, por lo que solicitó la información de los resultados de la reunión.

“La Procuraduría General de México dejó clara la existencia de un complot con los funcionarios venezolanos. Por esta razón, y considerando que todos los venezolanos somos víctimas de esa trama de corrupción, le solicitamos formalmente se nos informe los términos del acuerdo señalado”, se puede leer en la misiva.

 

AN debatirá propuesta de enmienda constitucional de Ortega Díaz

LA ASAMBLEA NACIONAL DECIDIÓ incluir dentro de la cuenta de la sesión ordinaria a celebrarse el 6 de noviembre, la solicitud de enmienda constitucional propuesta por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

La información fue revelada por la fiscal a través de las redes sociales, al divulgar una misiva enviada por el presidente de la AN, Omar Barboza, sobre el tema. Al incluirse dentro de la cuenta, los diputados aprueban o no esta solicitud y deciden cuál comisión deberá encargarse de estudiarla y presentarla a futuro.

A juicio de Ortega Díaz, “es deber de todos proteger la vigencia de la Constitución y es plausible que nuestros diputados se pongan al frente de esta lucha”.

En particular, la fiscal propone que se modifique el artículo 333 de la Carta Magna que impida durante un lustro cualquier modificación al texto constitucional.

“Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Para Ortega Díaz, esta sería una forma de evitar que la Asamblea Constituyente pueda realizar una reforma o derogue la Constitución actual, y con ello evitar que se imponga “un modelo de dominación que legitime las constantes violaciones a los derechos de los venezolanos”.

Esta es la segunda propuesta de ley que remite la fiscal en el exilio a la Asamblea Nacional. La primera fue un proyecto de ley de Amnistía, que está siendo revisado por la Comisión de Política Interior y no ha sido divulgado.

Dentro de la Comisión de Política Interior también reposa un proyecto de ley de enmienda constitucional desde 2016, que incluiría entre sus puntos, acortar el periodo presidencial de seis a cuatro años.

 

Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, se reunió este viernes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Ortega Díaz pedirá ante ONU declarar

La ex fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo hoy que pedirá en la ONU que se declare la “crisis de refugiados” ante la difícil situación que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela a raíz del éxodo de venezolanos por la crisis económica, social y política en su país.

Así lo aseguró a periodistas Ortega, quien visitó Cúcuta y otras poblaciones del departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela, en donde dijo que constató la “desgarradora” situación por la que pasan sus compatriotas.

La exfiscal, en el exilio en Colombia, justificó su pedido al considerar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es “una amenaza para la región”.

“Yo pido, yo solicito que se aboque a resolver este problema y que se decrete la crisis de refugiados”, afirmó.

Añadió que esa es la “única solución que tenemos para resolver el tema de los venezolanos”.

Ortega explicó que si se concede ese estatus se permitirá que se le respeten a los venezolanos sus derechos humanos.

Recalcó además que en su recorrido por la frontera ha corroborado “el doloroso” y “trágico” drama que viven todos y cada uno de los venezolanos que han tenido que huir de su país.

La exfiscal señaló también que lo que vio es que muchos de sus compatriotas no tienen ni la ropa ni los zapatos adecuados para enfrentar las largas travesías en donde las escarpadas montañas colombianas dificultan al extremo las largas y extenuantes jornadas que realizan quienes huyen de su país.

En ese sentido, recordó que muchos “huyen de la tiranía” de Venezuela encarnada en Maduro.

A propósito del éxodo venezolano, el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó hoy como “desafiante” para su Gobierno esa situación y dijo que “esta es, quizás, la crisis migratoria más grande que haya tenido América Latina en su historia reciente”.

Por otro lado, el fin de semana el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que es urgente que la comunidad internacional conforme un fondo humanitario de emergencia para atender el éxodo de venezolanos y también que se designe un enviado especial “en el marco de la ONU” para coordinar la acción multilateral.

Según cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país ante la crisis que allí se vive.

De ellos, casi un millón se ha instalado en Colombia, un número al que se suman los cerca de 35.000 que cada día cruzan la frontera, muchos en busca de alimentos y medicinas y otros para dejar su país de forma definitiva.

Luisa Ortega fue destituida como fiscal general el 5 de agosto del año pasado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que la acusó de cometer “actos inmorales”, y a su esposo de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.