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Crímenes sin Castigo | Una nueva etapa para la FAN, por Javier Ignacio Mayorca
La llamada Ley Constitucional de la FANB impone a la institución militar las características planteadas por Hugo Chávez en el proyecto de Carta Magna que fue rechazado por el país en 2007

 

@javiermayorca

La llamada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial el 30 de enero, implicará para la institución militar y para el país en general una serie de cambios que van mucho más allá de la mera elevación de la Milicia al grado de “componente especial”.

El texto, aprobado sin discusión alguna por la asamblea nacional constituyente, hace una caracterización de la Fuerza Armada que reproduce los términos de la reforma constitucional planteada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, y que fue rechazada en un referéndum.

En la nueva redacción del artículo 328, Chávez propuso una institución castrense antiimperialista, que ejecutara una particular interpretación de la “doctrina bolivariana”, que aplicara los principios de guerra popular de resistencia, y que no obedeciera a los intereses de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. 

En el artículo siguiente, el mandatario propuso transformar la Guardia Nacional por Guardia Territorial, así como la inmediata creación de la Milicia Popular Bolivariana.

Según el expresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Luis Manuel Esculpi, esa propuesta “derrotada” posteriormente ha sido impuesta en cambios sucesivos a la legislación castrense, valiéndose de poderes habilitantes que fueron otorgados por la Asamblea Nacional en distintos momentos.

Al año siguiente del referéndum perdido por el oficialismo (2008), Chávez emitió un decreto ley que cambió el nombre de la Fuerza Armada, al añadirle el adjetivo de Bolivariana. Luego crearon a la Milicia Nacional (no popular) como una entidad de complemento a los componentes tradicionales. Ahora, la llamada Ley Constitucional la erige en el quinto componente de la FANB, algo que en la práctica ya era tomado como tal.

El artículo 1 de ese texto rescata todos los adjetivos del proyecto chavista: antiimperialista, antioligárquica, bolivariana. Y no menciona la primera característica citada en la Carta Magna, que es la esencia profesional de la FANB.

Esculpi sostuvo que el propósito de esta reforma es “colocar a la FANB al servicio de un proyecto de poder”. Ya no se trata de la concreción de un esquema ideológico sino la preservación del control del Estado con fines meramente prácticos.

Visto así, cobra enorme importancia la nueva figura instituida en el artículo 25 de esta norma, llamada zonas económicas especiales militares, que son áreas “donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la FANB en unión cívico militar”. La designación de un territorio bajo esta condición es ahora potestad del Presidente.

Aunque Maduro pueda crear zonas económicas especiales militares en todo el país, para Esculpi las más importantes serán las que afecten la actual distribución de influencias en el Arco Minero. Allí, un grupo de generales del Ejército se disputa el control de las riquezas, al tiempo que la Guardia Nacional también ha ganado importancia como componente de vigilancia, mediante resoluciones de MinDefensa que expanden las jurisdicciones de dos destacamentos en Bolívar.

 

Ojos por doquier

En la nueva norma, los componentes castrenses acumulan en total 106 funciones. Esto representa un 55,8% de incremento con respecto a la ley implantada en noviembre de 2014. Todos los componentes sumaron atribuciones. Los más ambiciosos fueron la Armada y la Aviación, en ese orden. Paradójicamente, fueron las fuerzas que según Esculpi habían manifestado su mayor oposición a la gestación de la Ley Constitucional de la FANB.

Hay varios factores comunes en la nueva lista de funciones. En primer lugar, todos los componentes deberán “contribuir” con el sistema de inteligencia y contrainteligencia, en unos términos que no son especificados en la ley. Es cierto que cada fuerza tiene despachos de inteligencia y contrainteligencia, prácticamente desde que fueron creados. Pero entonces la búsqueda y el procesamiento de informaciones se orientaba hacia objetivos distintos, asociados a la vida castrense. Ahora, los militares tendrán la obligación de tender sus miradas hacia la sociedad. Y este deber comprometerá especialmente a los milicianos, que están imbuidos en los consejos comunales y en los despachos del Estado, a través de los llamados cuerpos combatientes.

La Fuerza Armada, además, extenderá su radio de acción hacia todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. Los cuatro componentes tradicionales tienen ahora atribuciones de policía administrativa y de investigación penal.

Frente a esta situación, cabe preguntarse qué hará la Asamblea Nacional. Según el presidente de la comisión de Defensa, Eliézer Sirit, los diputados fijarán posición sobre el tema durante la próxima sesión.

En su criterio, se trata de una ley inconstitucional, que “destruye el profesionalismo de la Fuerza Armada, dándole responsabilidades a gente que no se ha preparado para eso”.

Aclaró que los diputados no podrían derogar la ley, puesto que se trata de un texto emitido por un cuerpo distinto del Parlamento, que en su criterio carece de validez. No obstante, ante la realidad concreta de que regirá la vida militar, lo más probable es que se apruebe un acuerdo en rechazo a la norma y al mecanismo puesto en marcha para su aprobación.

 

Breves

*En 2019 fueron reportadas 4953 muertes en 5179 casos de “resistencia a la autoridad”. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, confirman que los cuerpos policiales y militares, tomados como un todo pues se trata de agentes de la fuerza pública, se han constituido en el principal factor de violencia letal en el país. El número de muertes representa más del 43% de los homicidios registrados durante el año recién finalizado. La Policía Nacional Bolivariana, dentro de la cual se inscribe la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es la institución cuyos funcionarios se han involucrado en la mayor cantidad de fallecimientos durante 2019, con 1818. Le sigue la policía judicial, con 1167. Los cuerpos uniformados regionales y municipales acumularon 1420, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional participaron en 548. A partir de octubre, es decir, luego del segundo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la actividad letal de los organismos policiales y militares disminuyó en forma consistente.

*Desde diciembre de 2019, la policía judicial procesa la denuncia sobre una interesante modalidad de extorsión. Comienza con el anuncio de una gestoría para la renovación de pasaportes vencidos. El servicio se plantea como una solución para los que han emigrado a países como España o México, y que pretenden regresar por temporadas a ver a sus familiares. El gestor convence a las personas para que envíen el documento a la oficina de un conocido servicio de encomiendas en Cúcuta. A partir de ese momento, solo se comunica con los remitentes a través de un número del sistema de mensajería WhatsApp, y les pide una espera de un mes a mes y medio. Ya los clientes han cancelado por adelantado la suma de 250 dólares. Luego, el gestor incumple su promesa, y exige un nuevo pago por 400 dólares. Ante los reclamos, dice que no puede devolver los pasaportes debido a que supuestamente están en poder de sus jefes. Debido a las presiones y denuncias previas, el hombre tuvo que salir del país. Dejó a su mujer y a su hija a cargo de las operaciones. Según las denuncias, los pasaportes de las víctimas son llevados a un local de Turén (Portuguesa), que funge como centro de operaciones de este grupo.

PwC Venezuela:  Ley sobre Impuesto a los Grandes Patrimonios debe manejarse con cuidado

LA FIRMA CONSULTORA PWC VENEZUELA dio a conocer a través de una serie de eventos el alcance de la nueva Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en Gaceta Oficial el pasado 3 de julio de 2019.

La nueva ley conlleva un significativo impacto en el patrimonio y en el flujo de caja para empresas y personas naturales catalogados por el SENIAT como contribuyentes especiales, debido a que los cambios efectuados se asemejan a una reforma la cual establece que los contribuyentes generarán el primer período de imposición el 30 de septiembre de 2019, el cual deberá ser declarado y pagado entre octubre y noviembre del año en curso.
 
El abogado y experto en materia fiscal y tributaria José Javier García, recomendó a las personas y empresas afectadas analizar la información contable y financiera que van a suministrar en la primera declaración. “Son muchas las interpretaciones sobre qué conceptos incluir y cuáles no, así como los criterios de valoración de los activos”, aseveró.

Uno de los aspectos fundamentales que tiene la Ley sobre Impuesto a los Grandes Patrimonios es que su control fiscal se podrá ejercer a través de terceros como agentes de percepción o recepción del impuesto a recaudar, incluyendo notarias, registros, compañías de seguro o cualquier organismos del sistema financiero del Estado venezolano, pudiendo la administración tributaria emitir medidas cautelares que impidan la trasferencia o traspaso de puntuales bienes y cuyas operaciones estén destinadas a disminuir o evitar este tributo.

“Esta nueva Ley señala como sujetos pasivos objeto de este impuesto, a todos aquellos calificados como especiales con un patrimonio igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, estableciéndose para las personas naturales las exenciones referidas la vivienda principal, el ajuar doméstico y las prestaciones sociales, siendo el hecho imponible la propiedad y posesión del patrimonio que se tenga. Para los residentes y/o domiciliados en el país el patrimonio a declarar es de carácter mundial, es decir, lo que se tenga tanto en el territorio nacional como en el exterior. Para los no residentes y/o no domiciliados solo los bienes que se tengan en el territorio nacional”, explicó García.

Asimismo, el abogado explicó que se va a gravar el patrimonio neto de un contribuyente especial. “Es decir, el resultante de restar a los bienes y derechos los pasivos, cargas, gravámenes y activos exentos o exonerados de este tributo”, puntualizó el abogado.

El aspecto constitucional de la ley fue cuestionado. La firma consultora explicó que todo tributo y su base imponible deben estar claramente establecido en una Ley y en este caso, las normas de actualización del valor de bienes y derechos se delega a lo que sea publicado en el portal web de la Administración Tributaria. Añadieron que la legislación no contempla la progresividad del tributo, ni la no tributación sobre los activos no productivos o generadores de renta, lo cual pudiere resultar confiscatorio. Tampoco se observó el necesario reconocimiento y armonía con el Código Orgánico Tributario y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ambos vigentes.

Finalmente, señalaron que también queda en discusión el tema de la retroactividad de la Ley, pues se va a aplicar por primera vez sobre un ejercicio que parcialmente ha transcurrido. José Javier García destacó que la Firma continuará divulgando el contenido de esta Ley y pone a la disposición del empresariado venezolano el estudio que ha realizado sobre la misma

*Con información de PwC Venezuela. 

ANC aprueba ley de impuestos para grandes patrimonios

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE aprobó este martes una ley de impuestos a grandes patrimonios, la cual obliga a las personas naturales y jurídicas a pagar una tasa por tener bienes costosos. 

Los venezolanos que tengan bienes valorados por más de 1.800.000.000 de bolívares tendrán que contribuir al ingreso fiscal del Estado. Incluye negocios y propiedades como casas, aviones, yates, vehículos, acciones, cuotas y sociedades. 

También se debe pagar impuestos por las propiedades en el exterior pero que hayan estado al menos 120 días continuos dentro del país. 

Los venezolanos en el exterior deben pagar los impuestos si cumplen más de 183 días continuos o no en el país.

Trinidad y Tobago aplicará nueva política migratoria para venezolanos

EL PRIMER MINISTRO DE TRINIDAD Y TOBAGO Keith Rowley, informó en rueda de prensa que aplicará una nueva política migratoria para todos los venezolanos que quieran ingresar a la isla.

 

“Venezolanos que ingresen de manera ilegal, serán deportados por las autoridades”

 

“Los problemas de los venezolanos son de ellos; somos un país humano, nos importan y ayudamos, pero la ayuda que Trinidad y Tobago puede ofrecer, debe ser limitada, está pequeña isla no puede ofrecer la solución para los cientos de miles de millones emigrantes que se van de Venezuela”, dijo Rowley.

El primer ministro también informó que con la nueva política migratoria se evitará que los venezolanos que estén indocumentados permanezcan en el país.

Este jueves las autoridades de Trinidad y Tobago otorgaron un permiso de permanecía hasta el mes de julio a 93 venezolanos, que fueron capturados por la policía en un campamento improvisado en Santa Flora, al sur de la isla.

 

*Con información de Unión Radio

¿Amnistía es impunidad? Por José Domingo Blanco

SIN ÁNIMOS DE DARMELAS de jurista, que no soy, desde que comenzó a mencionarse la Ley de Amnistía, son muchos los cuestionamientos que me he hecho. No con el ánimo de condenarla; pero, sí de entenderla desde varias perspectivas. En este momento, siento que Venezuela tiene unas heridas que no han cicatrizado producto de veinte años de crueldades. Veinte años de torturas. Veinte años de desapariciones…Veinte años de muertes. Y me cuesta pensar en esa ley como la única salida. Porque no sé si, al final, esa amnistía viene a constituir una especie de ayuda humanitaria para los criminales que desgobiernan el país y de quienes, hasta ahora, no terminamos de librarnos.

En ocasiones, la veo como un señuelo que busca seducir a los culpables de que Venezuela se encuentre en la situación de indigencia en la que está. Una manera de tentarlos para que inclinen la balanza a favor de la salida del usurpador y la restitución de la democracia. Una especie de salvoconducto que les permitirá salir ilesos por el apoyo que, en su momento, les hayan brindado a estos criminales. Mas no así, como un mecanismo que los haga libre de culpas. La carga de sus crímenes, la cantidad de dinero robado, la suma de cada bala detonada que haya segado la vida de algún manifestante que solo pedía libertad, la juventud perdida en una celda de nuestros estudiantes, encarcelados solo por expresar su oposición a este régimen dictatorial, si en mis manos estuviera, deberá perseguirlos como el leit motiv de sus vidas. Perseguirlos como su sombra. Porque sus crímenes han horadado nuestras almas. Y tanta maldad, incluso ante los ojos de Dios, no puede tener perdón.

Pero, ante la posibilidad de que el régimen esté en sus días finales, los conversos deben estar barajando sus opciones para “redimir” sus crímenes y salvar el pellejo –incluso hasta salvar las fortunas acumuladas en tantos años de chanchullo y macolla. Y, hagan lo que hagan, no terminarán de convencerme de su arrepentimiento. Porque el sentido común y la moral, no pueden permanecer nubladas durante dos décadas. Somos muchos los venezolanos que esperamos ver, desde mucho antes del 23 de enero de 2019, un atisbo de arrepentimiento real, y no porque se asome una posibilidad de restablecimiento de la democracia en nuestro país; situación que los pone en riesgo de ser juzgados como cómplices de una banda criminal. Siento que sólo pidiéndole perdón a cada madre o padre que quedaron huérfanos de hijos porque sus balas acabaron con sus sueños y con sus vidas, quizá y sólo quizá, pueda, medianamente, pensar que están arrepentidos de sus delitos. Y es en esos momentos, al pensar en todas las víctimas de este régimen, cuando la amnistía se me transforma como un perdón inmerecido para dictadores, torturadores y cancerberos.

La magistrada emérita, Blanca Rosa Mármol, es de la opinión que la Ley de Amnistía, tal como está planteada, es una oferta para los verdugos; y que, en lugar de servir, como la propia ley indica, para facilitar la concordia y el restablecimiento de la paz; a su juicio, apunta a lo contrario porque olvida a los presos políticos de la oposición y a las víctimas. Para la doctora Mármol, termina siendo una oferta tentadora para los que han cometido todos estos delitos de lesa humanidad, y en una herramienta para lograr una solución que produzca la salida a lo que estamos viviendo. La Amnistía, a su juicio, debe venir después de que se establezca la justicia. Y coincido con ella cuando dice que, en Venezuela, para que haya paz, primero debe haber justicia. Porque en el país hay demasiadas víctimas, demasiadas torturas, demasiadas detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, que siguen impunes y esperando castigo severo para los culpables.

También es importante que recordemos que, si bien la Ley de Amnistía elimina el delito, no condona los de lesa humanidad. Impedir el ingreso de ayuda humanitaria al país, para evitar que sigan muriendo nuestra población, es un delito de lesa humanidad. Y el mundo entero es testigo y sabe el nombre de quien lo comete. Que un concierto de países quiera enviar recursos para salvar la vida de quienes mueren de hambre o por falta de medicamentos, y el régimen se niegue a recibirla por considerarla injerencia en los asuntos internos, deberá convertirse en la prueba contundente que lo condene. Porque, somos una nación con heridas muy profundas. Y cuando se ha convivido por veinte años con tantas muertes, tantas desapariciones, tanto dolor, es muy difícil incorporar al léxico la palabra perdón…mucho menos olvido.

 

@mingo_1 

 

La justicia de EE UU tras los bolichicos, por Jesús Ollarves

 

Las personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado requieren que sus transacciones tengan apariencia de legalidad. Es por ello que el delito de legitimación de capitales (lavado o blanqueo) incluye una variada gama de artilugios para ocultar la procedencia ilícita del dinero, incorporarlo en el flujo legal de las economías y burlar los sistemas de control financiero nacionales e internacionales.

Para lograr sus objetivos, los lavadores de dinero utilizan la conversión y el movimiento. La conversión tiene lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra; por ejemplo, cuando se compra un carro con ganancias ilícitas, en este caso el dinero originalmente ilícito cambia de forma, de dinero a carro. El movimiento ocurre cuando los mismos productos financieros cambian de localidades, como cuando los fondos son transferidos de un país a otro.

Para proteger sus sistemas financieros y luchar contra el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los Estados han adoptado leyes que establecen mecanismos de investigación, procedimientos de vigilancia y severas disposiciones contra el lavado de dinero. En paralelo, han ratificado tratados internacionales para fortalecer la cooperación internacional y combatir la impunidad, a partir de la certeza de que, por lo general, se trata de un crimen internacional.

Estados Unidos adoptó la USA Patriot Act, o “International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001”, o Ley Patriota. Es una ley extraterritorial; es decir, sus efectos se pueden extender más allá del territorio estadounidense, de modo que es aplicable a cualquier persona u organización que utilice el sistema financiero estadounidense.

Se trata de una ley de aplicación obligada para quienes quieren hacer negocios con Estados Unidos. Por eso ningún funcionario o empresario venezolano está exento de los mecanismos de control establecidos para transacciones comerciales y financieras.

Eso es lo que les espera a los llamados bolichicos, a esa casta de empresarios inescrupulosos que ha emergido y se han lucrado al amparo del régimen chavista-madurista. Confiados de la impunidad reinante en Venezuela, han creído que no les pasará nada en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, la respuesta del sistema de justicia norteamericano fue contundente. El miércoles pasado, cuatro de estos personajes fueron acusados en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de 1200 millones dólares obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.

La nota oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y ciudadano estadounidense naturalizado, fueron acusados formalmente de una conspiración para cometer un delito de lavado de dinero. Ambos fueron detenidos en Miami el 24 y 25 de julio.

“La demanda también acusa a Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vincente Amparan Croquer, alias, ‘Chente’, 44; Carmelo Urdaneta Aqui, 44; y Abraham Eduardo Ortega, de 51 años, todos venezolanos; y Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años, ciudadano portugués, y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de nacionalidad uruguaya, de 40 años, por su presunta participación en el plan. Estos acusados siguen prófugos”, señala el reporte.

Las autoridades estadounidenses precisaron que “según la demanda penal, la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDdvsa, obtenidos a través de soborno y fraude, y los esfuerzos de los demandados para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema. Para mayo de 2015, la conspiración presuntamente se había duplicado en 1.200 millones de dólares malversados por Pdvsa. Pdvsa es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela (concretamente, dólares estadounidenses y euros)”.

En la jurisdicción interna de los Estados estas medidas son legítimas. Así como un Estado decide cuáles son los requisitos para el ingreso y permanencia de los extranjeros en su territorio, también tiene la potestad para evitar que los violadores de derechos humanos, corruptos y traficantes de drogas utilicen su territorio como refugio, centro de negocios o para disfrutar de las vacaciones familiares.

En el ámbito de sus respectivas competencias, los Estados deciden si amparan con su silencio la legitimación de capitales en otros Estados, o si, por el contrario, hacen lo que esté a su alcance para detener las actividades delictivas de los corruptos; por ejemplo, mediante la restricción de los permisos de migración (visas) y la congelación de activos, como cuentas bancarias, casas, carros, aviones, yates, y la cárcel.

El lavado de dinero y el aprovechamiento del diferencial cambiario es noticia en Venezuela, cada vez más frecuentemente. El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pirela, anunció el 17 de julio de 2018 la investigación de hechos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada del Clan Nania constituido por: Jeanlu Nieto, Oswaldo Nania, Antonio Nania, y Alfredo Nania, quienes habrían utilizado el sistema financiero norteamericano para legitimar capitales.

Ante la impunidad en algunos países, otros, auténticamente preocupados y ocupados en preservar la seguridad jurídica, pueden imponer restricciones a los traficantes de drogas, corruptos y violadores de derechos humanos.

Para los criminales internacionales, no hay un lugar en el cual puedan viajar, trabajar, vacacionar, guardar el dinero o simplemente vivir sin el temor de ser apresados. Tampoco podrán solicitar asilo ni refugio, y siempre serán perseguidos y estigmatizados como delincuentes internacionales, porque la acción penal en contra de los crímenes que han cometido no prescribe.

 

@jesusollarves

El Nacional

Aplican Ley del odio a dos estudiantes de la ULA- Mérida

 

Foro Penal en Mérida fue llamada a ejercer la defensa técnica de Jhohann Adolfo Lobo Goyo y Michael Efrén Labrador Ramírez, dos dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los Andes (ULA), quienes este jueves fueron imputados por los delitos de incitación al odio agravado, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego, en concurso de delitos, previstos y sancionados en los artículos 20 y 21 de la ley Contra el Odio, y 83 y 112 ambos del Código Penal.

En la audiencia de presentación que se realizó este 8 de marzo en el Tribunal de Control Nro 3 a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la ULA, también se declaró como flagrante la aprehensión de los estudiantes universitarios, aun cuando fueran detenidos arbitrariamente el pasado lunes 5 de Marzo y se decretó medida privativa de libertad.

De acuerdo a información suministrada por Foro Penal, la aprensión de los jóvenes se dio el lunes lunes 5 de marzo cuando fueron “detenidos por funcionarios del Sebin, a  pocos minutos de haber salido de un programa en la Televisora Andina de Mérida, donde hacían un llamado a las autoridades competentes para que solucionaran el paro de transporte que ocurre en la ciudad hace varios días, que llevó a la ULA a una paralización de las actividades académicas, y que, según manifestaron, conjuntamente con otros estudiantes, perjudica el desarrollo normal de sus faenas estudiantiles, haciéndoles perder un tiempo valioso en sus estudios. Al tiempo que invitaban a una concentración pacífica en la Plaza Bolívar de Mérida para protestar contra él hambre y la pobreza en el país, que había sido convocada por la comunidad universitaria de la ULA”.

La defensa  ejercida en nombre del Foro Penal por los abogados Antonio José Rivas Jeréz y Franki Márquez, después de haber oído a los defendidos, se opusieron a las imputaciones por las siguientes razones:

1.- Se denunció la violación del derecho a la Defensa y al Debido Proceso (Art. 49 Constitucional) por cuanto los funcionarios del Sebin le coartaron a las víctimas de esta aprehensión arbitraria el derecho a comunicarse tanto con sus abogados de confianza como con sus familiares, quienes desde el mismo momento de su aprehensión intentaron comunicarse con ellos en múltiples oportunidades.

2.- Los abogados rechazaron la pre-calificación del delito de instigación al odio agravado, previsto y sancionado en los artículos 20 y 21 de la Ley Contra el Odio por la Convivencia y Tolerancia para el ciudadano, por cuanto las conductas desplegadas por las víctimas de la aprehensión arbitraria no encuadran en tales supuestos, pues se trata de dos estudiantes que fueron invitados a un programa de TV para tratar el problema del transporte en Mérida y a asistir a una concentración pacífica de protesta, que al salir fueron interceptados por funcionarios del SEBIN sin su indumentaria, identificación y testigos, por lo que se trata es de un secuestro más no de una aprehensión.

 

Vea la nota completa en El Pitazo

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

Aprobaron ley que impide a Florida hacer negocios con Venezuela

Los legisladores de Florida aprobaron este jueves una ley que prohíbe a este estado de EE UU invertir en compañías que hagan negocios con el gobierno de Venezuela, por su “uso de la extrema violencia y persecución política”. Se espera que la ley 359 sea firmada por el gobernador Rick Scott, quien se ha manifestado a favor de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de este año. El Nacional

 

Julio Borges: Seguimos denunciando ante el mundo el fraude constituyente

El Diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, a propósito de su gira internacional, denunció a través de su cuenta en Twitter un presunto “fraude constituyente” que a su juicio a pretendido “imponer” la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a Venezuela. Afirmó que los venezolanos ni el “mundo democrático” reconocen el supuesto “fraude”. Globovisión

 

Desde este jueves se deben presentar autorizados para propagandas electorales

Las organizaciones con fines políticos nacionales, regionales, grupos de electoras y electores, comunidades u organizaciones indígenas, así como postulantes por iniciativas propias deben presentar ante el CNE sus autorizados para contratar publicidad y propaganda para los comicios presidenciales y de concejos legislativos estadales y municipales que se efectuarán el 20 de mayo. Unión Radio

 

Venezuela y Argelia estrechan lazos de cooperación bilateral. Una delegación venezolana liderada por el canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión de trabajo con el director general de Las Américas, Abdelramane Benguerrah, en Argelia, a fin de estrechar los lazos de cooperación. En la reunión, participaron los ministros para la Energía y Petróleo, Manuel Quevedo; para el Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora; el viceministro de Finanzas, Xavier León, así como el embajador venezolano en Argelia, José Sojo, informó la Cancillería a través de Twitter. El Mundo

Gobierno debe $ 1,3 millardos por 13 bonos vencidos. Comenzó el mes de marzo y la incertidumbre alrededor de los pagos de la deuda externa venezolana persiste. El gobierno ya acumula 13 bonos vencidos y todo apunta que se seguirán sumando los intereses sin cancelar, lo que incrementa el riesgo de que se ejecuten acciones contra el país. Los 13 títulos que se vencieron suman 1,3 millardos de dólares. Pero, además de esos, hay otros 4 bonos que están en período de gracia por los que hay que pagar 705 millones de dólares, precisó Alejandro Guilarte, analista financiero de Rendivalores. “Todo parece indicar que los bonos que están en período de gracia tampoco se van a pagar, lo que hará que la deuda pase de 2 millardos de dólares”. El Nacional

 

Salud en crisis: más de 100 farmacias han cerrado en el país por escasez de medicinas

La crisis de medicina que se vive en el país desde mediados del año pasado ha provocado el colapso de farmacias y en lo que va de 2018, ya han bajado sus santamarías más de 125 farmacias en todo el territorio nacional según declaró Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven).  Explicó que las droguerías que distribuyen medicinas hacen cobros de contado y esta acción ha generado el cierre de las farmacias y se espera que durante los próximos siete meses aumente la cifra. “Antes se tenía un plazo de siete días de crédito, actualmente solo nos dan tres desde el momento en que se hace el pedido y la mayoría de las veces el medicamento llega retardado, es decir, que hay que pagar de una vez“, dijo Caraota Digital

Apagón y cierre de terapia intensiva de pediatría en la Chet causó angustia en Carabobo

Johana Hernández pensó lo peor cuando vio a personal de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) de la Ciudad Hospitalaria doctor Enrique Tejera (Chet), llevando a cuestas y a la carrera la incubadora en la que está su hijo hasta otra área de la institución. Pero no se trataba del único bebé expuesto de esa manera. Al menos 15 niños fueron evacuados la tarde de ayer del lugar tras una falla eléctrica que apagó todos los equipos, incluso, los que mantienen con vida a esos pacientes. Caraota Digital

 

Antonio Guterres no puede enviar misión de la ONU a Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas recordó que no está en manos del secretario general, Antonio Guterres, estructurar una misión que observe las elecciones en Venezuela, después de que el presidente Nicolás Maduro le exhortó a hacerlo pronto. “El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. El Nacional

Trump prometió “flexibilidad” en aranceles para “verdaderos amigos” de EEUU. El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió mostrar “flexibilidad” ante los “verdaderos amigos” de Estados Unidos en la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio, en tanto se espera que formalice este jueves las controvertidas medidas. “Debemos proteger y construir nuestra industria del acero y el aluminio mostrando al mismo tiempo gran flexibilidad y cooperación hacia aquellos que son verdaderos amigos y que nos tratan de manera equitativa tanto a nivel de comercio como de defensa”, tuiteó el mandatario. Globovisión