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¿Amnistía es impunidad? Por José Domingo Blanco

SIN ÁNIMOS DE DARMELAS de jurista, que no soy, desde que comenzó a mencionarse la Ley de Amnistía, son muchos los cuestionamientos que me he hecho. No con el ánimo de condenarla; pero, sí de entenderla desde varias perspectivas. En este momento, siento que Venezuela tiene unas heridas que no han cicatrizado producto de veinte años de crueldades. Veinte años de torturas. Veinte años de desapariciones…Veinte años de muertes. Y me cuesta pensar en esa ley como la única salida. Porque no sé si, al final, esa amnistía viene a constituir una especie de ayuda humanitaria para los criminales que desgobiernan el país y de quienes, hasta ahora, no terminamos de librarnos.

En ocasiones, la veo como un señuelo que busca seducir a los culpables de que Venezuela se encuentre en la situación de indigencia en la que está. Una manera de tentarlos para que inclinen la balanza a favor de la salida del usurpador y la restitución de la democracia. Una especie de salvoconducto que les permitirá salir ilesos por el apoyo que, en su momento, les hayan brindado a estos criminales. Mas no así, como un mecanismo que los haga libre de culpas. La carga de sus crímenes, la cantidad de dinero robado, la suma de cada bala detonada que haya segado la vida de algún manifestante que solo pedía libertad, la juventud perdida en una celda de nuestros estudiantes, encarcelados solo por expresar su oposición a este régimen dictatorial, si en mis manos estuviera, deberá perseguirlos como el leit motiv de sus vidas. Perseguirlos como su sombra. Porque sus crímenes han horadado nuestras almas. Y tanta maldad, incluso ante los ojos de Dios, no puede tener perdón.

Pero, ante la posibilidad de que el régimen esté en sus días finales, los conversos deben estar barajando sus opciones para “redimir” sus crímenes y salvar el pellejo –incluso hasta salvar las fortunas acumuladas en tantos años de chanchullo y macolla. Y, hagan lo que hagan, no terminarán de convencerme de su arrepentimiento. Porque el sentido común y la moral, no pueden permanecer nubladas durante dos décadas. Somos muchos los venezolanos que esperamos ver, desde mucho antes del 23 de enero de 2019, un atisbo de arrepentimiento real, y no porque se asome una posibilidad de restablecimiento de la democracia en nuestro país; situación que los pone en riesgo de ser juzgados como cómplices de una banda criminal. Siento que sólo pidiéndole perdón a cada madre o padre que quedaron huérfanos de hijos porque sus balas acabaron con sus sueños y con sus vidas, quizá y sólo quizá, pueda, medianamente, pensar que están arrepentidos de sus delitos. Y es en esos momentos, al pensar en todas las víctimas de este régimen, cuando la amnistía se me transforma como un perdón inmerecido para dictadores, torturadores y cancerberos.

La magistrada emérita, Blanca Rosa Mármol, es de la opinión que la Ley de Amnistía, tal como está planteada, es una oferta para los verdugos; y que, en lugar de servir, como la propia ley indica, para facilitar la concordia y el restablecimiento de la paz; a su juicio, apunta a lo contrario porque olvida a los presos políticos de la oposición y a las víctimas. Para la doctora Mármol, termina siendo una oferta tentadora para los que han cometido todos estos delitos de lesa humanidad, y en una herramienta para lograr una solución que produzca la salida a lo que estamos viviendo. La Amnistía, a su juicio, debe venir después de que se establezca la justicia. Y coincido con ella cuando dice que, en Venezuela, para que haya paz, primero debe haber justicia. Porque en el país hay demasiadas víctimas, demasiadas torturas, demasiadas detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, que siguen impunes y esperando castigo severo para los culpables.

También es importante que recordemos que, si bien la Ley de Amnistía elimina el delito, no condona los de lesa humanidad. Impedir el ingreso de ayuda humanitaria al país, para evitar que sigan muriendo nuestra población, es un delito de lesa humanidad. Y el mundo entero es testigo y sabe el nombre de quien lo comete. Que un concierto de países quiera enviar recursos para salvar la vida de quienes mueren de hambre o por falta de medicamentos, y el régimen se niegue a recibirla por considerarla injerencia en los asuntos internos, deberá convertirse en la prueba contundente que lo condene. Porque, somos una nación con heridas muy profundas. Y cuando se ha convivido por veinte años con tantas muertes, tantas desapariciones, tanto dolor, es muy difícil incorporar al léxico la palabra perdón…mucho menos olvido.

 

@mingo_1 

 

La justicia de EE UU tras los bolichicos, por Jesús Ollarves

 

Las personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado requieren que sus transacciones tengan apariencia de legalidad. Es por ello que el delito de legitimación de capitales (lavado o blanqueo) incluye una variada gama de artilugios para ocultar la procedencia ilícita del dinero, incorporarlo en el flujo legal de las economías y burlar los sistemas de control financiero nacionales e internacionales.

Para lograr sus objetivos, los lavadores de dinero utilizan la conversión y el movimiento. La conversión tiene lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra; por ejemplo, cuando se compra un carro con ganancias ilícitas, en este caso el dinero originalmente ilícito cambia de forma, de dinero a carro. El movimiento ocurre cuando los mismos productos financieros cambian de localidades, como cuando los fondos son transferidos de un país a otro.

Para proteger sus sistemas financieros y luchar contra el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los Estados han adoptado leyes que establecen mecanismos de investigación, procedimientos de vigilancia y severas disposiciones contra el lavado de dinero. En paralelo, han ratificado tratados internacionales para fortalecer la cooperación internacional y combatir la impunidad, a partir de la certeza de que, por lo general, se trata de un crimen internacional.

Estados Unidos adoptó la USA Patriot Act, o “International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001”, o Ley Patriota. Es una ley extraterritorial; es decir, sus efectos se pueden extender más allá del territorio estadounidense, de modo que es aplicable a cualquier persona u organización que utilice el sistema financiero estadounidense.

Se trata de una ley de aplicación obligada para quienes quieren hacer negocios con Estados Unidos. Por eso ningún funcionario o empresario venezolano está exento de los mecanismos de control establecidos para transacciones comerciales y financieras.

Eso es lo que les espera a los llamados bolichicos, a esa casta de empresarios inescrupulosos que ha emergido y se han lucrado al amparo del régimen chavista-madurista. Confiados de la impunidad reinante en Venezuela, han creído que no les pasará nada en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, la respuesta del sistema de justicia norteamericano fue contundente. El miércoles pasado, cuatro de estos personajes fueron acusados en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de 1200 millones dólares obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.

La nota oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y ciudadano estadounidense naturalizado, fueron acusados formalmente de una conspiración para cometer un delito de lavado de dinero. Ambos fueron detenidos en Miami el 24 y 25 de julio.

“La demanda también acusa a Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vincente Amparan Croquer, alias, ‘Chente’, 44; Carmelo Urdaneta Aqui, 44; y Abraham Eduardo Ortega, de 51 años, todos venezolanos; y Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años, ciudadano portugués, y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de nacionalidad uruguaya, de 40 años, por su presunta participación en el plan. Estos acusados siguen prófugos”, señala el reporte.

Las autoridades estadounidenses precisaron que “según la demanda penal, la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDdvsa, obtenidos a través de soborno y fraude, y los esfuerzos de los demandados para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema. Para mayo de 2015, la conspiración presuntamente se había duplicado en 1.200 millones de dólares malversados por Pdvsa. Pdvsa es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela (concretamente, dólares estadounidenses y euros)”.

En la jurisdicción interna de los Estados estas medidas son legítimas. Así como un Estado decide cuáles son los requisitos para el ingreso y permanencia de los extranjeros en su territorio, también tiene la potestad para evitar que los violadores de derechos humanos, corruptos y traficantes de drogas utilicen su territorio como refugio, centro de negocios o para disfrutar de las vacaciones familiares.

En el ámbito de sus respectivas competencias, los Estados deciden si amparan con su silencio la legitimación de capitales en otros Estados, o si, por el contrario, hacen lo que esté a su alcance para detener las actividades delictivas de los corruptos; por ejemplo, mediante la restricción de los permisos de migración (visas) y la congelación de activos, como cuentas bancarias, casas, carros, aviones, yates, y la cárcel.

El lavado de dinero y el aprovechamiento del diferencial cambiario es noticia en Venezuela, cada vez más frecuentemente. El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pirela, anunció el 17 de julio de 2018 la investigación de hechos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada del Clan Nania constituido por: Jeanlu Nieto, Oswaldo Nania, Antonio Nania, y Alfredo Nania, quienes habrían utilizado el sistema financiero norteamericano para legitimar capitales.

Ante la impunidad en algunos países, otros, auténticamente preocupados y ocupados en preservar la seguridad jurídica, pueden imponer restricciones a los traficantes de drogas, corruptos y violadores de derechos humanos.

Para los criminales internacionales, no hay un lugar en el cual puedan viajar, trabajar, vacacionar, guardar el dinero o simplemente vivir sin el temor de ser apresados. Tampoco podrán solicitar asilo ni refugio, y siempre serán perseguidos y estigmatizados como delincuentes internacionales, porque la acción penal en contra de los crímenes que han cometido no prescribe.

 

@jesusollarves

El Nacional

Aplican Ley del odio a dos estudiantes de la ULA- Mérida

 

Foro Penal en Mérida fue llamada a ejercer la defensa técnica de Jhohann Adolfo Lobo Goyo y Michael Efrén Labrador Ramírez, dos dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los Andes (ULA), quienes este jueves fueron imputados por los delitos de incitación al odio agravado, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego, en concurso de delitos, previstos y sancionados en los artículos 20 y 21 de la ley Contra el Odio, y 83 y 112 ambos del Código Penal.

En la audiencia de presentación que se realizó este 8 de marzo en el Tribunal de Control Nro 3 a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la ULA, también se declaró como flagrante la aprehensión de los estudiantes universitarios, aun cuando fueran detenidos arbitrariamente el pasado lunes 5 de Marzo y se decretó medida privativa de libertad.

De acuerdo a información suministrada por Foro Penal, la aprensión de los jóvenes se dio el lunes lunes 5 de marzo cuando fueron “detenidos por funcionarios del Sebin, a  pocos minutos de haber salido de un programa en la Televisora Andina de Mérida, donde hacían un llamado a las autoridades competentes para que solucionaran el paro de transporte que ocurre en la ciudad hace varios días, que llevó a la ULA a una paralización de las actividades académicas, y que, según manifestaron, conjuntamente con otros estudiantes, perjudica el desarrollo normal de sus faenas estudiantiles, haciéndoles perder un tiempo valioso en sus estudios. Al tiempo que invitaban a una concentración pacífica en la Plaza Bolívar de Mérida para protestar contra él hambre y la pobreza en el país, que había sido convocada por la comunidad universitaria de la ULA”.

La defensa  ejercida en nombre del Foro Penal por los abogados Antonio José Rivas Jeréz y Franki Márquez, después de haber oído a los defendidos, se opusieron a las imputaciones por las siguientes razones:

1.- Se denunció la violación del derecho a la Defensa y al Debido Proceso (Art. 49 Constitucional) por cuanto los funcionarios del Sebin le coartaron a las víctimas de esta aprehensión arbitraria el derecho a comunicarse tanto con sus abogados de confianza como con sus familiares, quienes desde el mismo momento de su aprehensión intentaron comunicarse con ellos en múltiples oportunidades.

2.- Los abogados rechazaron la pre-calificación del delito de instigación al odio agravado, previsto y sancionado en los artículos 20 y 21 de la Ley Contra el Odio por la Convivencia y Tolerancia para el ciudadano, por cuanto las conductas desplegadas por las víctimas de la aprehensión arbitraria no encuadran en tales supuestos, pues se trata de dos estudiantes que fueron invitados a un programa de TV para tratar el problema del transporte en Mérida y a asistir a una concentración pacífica de protesta, que al salir fueron interceptados por funcionarios del SEBIN sin su indumentaria, identificación y testigos, por lo que se trata es de un secuestro más no de una aprehensión.

 

Vea la nota completa en El Pitazo

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

Aprobaron ley que impide a Florida hacer negocios con Venezuela

Los legisladores de Florida aprobaron este jueves una ley que prohíbe a este estado de EE UU invertir en compañías que hagan negocios con el gobierno de Venezuela, por su “uso de la extrema violencia y persecución política”. Se espera que la ley 359 sea firmada por el gobernador Rick Scott, quien se ha manifestado a favor de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de este año. El Nacional

 

Julio Borges: Seguimos denunciando ante el mundo el fraude constituyente

El Diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, a propósito de su gira internacional, denunció a través de su cuenta en Twitter un presunto «fraude constituyente» que a su juicio a pretendido «imponer» la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a Venezuela. Afirmó que los venezolanos ni el «mundo democrático» reconocen el supuesto «fraude». Globovisión

 

Desde este jueves se deben presentar autorizados para propagandas electorales

Las organizaciones con fines políticos nacionales, regionales, grupos de electoras y electores, comunidades u organizaciones indígenas, así como postulantes por iniciativas propias deben presentar ante el CNE sus autorizados para contratar publicidad y propaganda para los comicios presidenciales y de concejos legislativos estadales y municipales que se efectuarán el 20 de mayo. Unión Radio

 

Venezuela y Argelia estrechan lazos de cooperación bilateral. Una delegación venezolana liderada por el canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión de trabajo con el director general de Las Américas, Abdelramane Benguerrah, en Argelia, a fin de estrechar los lazos de cooperación. En la reunión, participaron los ministros para la Energía y Petróleo, Manuel Quevedo; para el Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora; el viceministro de Finanzas, Xavier León, así como el embajador venezolano en Argelia, José Sojo, informó la Cancillería a través de Twitter. El Mundo

Gobierno debe $ 1,3 millardos por 13 bonos vencidos. Comenzó el mes de marzo y la incertidumbre alrededor de los pagos de la deuda externa venezolana persiste. El gobierno ya acumula 13 bonos vencidos y todo apunta que se seguirán sumando los intereses sin cancelar, lo que incrementa el riesgo de que se ejecuten acciones contra el país. Los 13 títulos que se vencieron suman 1,3 millardos de dólares. Pero, además de esos, hay otros 4 bonos que están en período de gracia por los que hay que pagar 705 millones de dólares, precisó Alejandro Guilarte, analista financiero de Rendivalores. “Todo parece indicar que los bonos que están en período de gracia tampoco se van a pagar, lo que hará que la deuda pase de 2 millardos de dólares”. El Nacional

 

Salud en crisis: más de 100 farmacias han cerrado en el país por escasez de medicinas

La crisis de medicina que se vive en el país desde mediados del año pasado ha provocado el colapso de farmacias y en lo que va de 2018, ya han bajado sus santamarías más de 125 farmacias en todo el territorio nacional según declaró Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven).  Explicó que las droguerías que distribuyen medicinas hacen cobros de contado y esta acción ha generado el cierre de las farmacias y se espera que durante los próximos siete meses aumente la cifra. “Antes se tenía un plazo de siete días de crédito, actualmente solo nos dan tres desde el momento en que se hace el pedido y la mayoría de las veces el medicamento llega retardado, es decir, que hay que pagar de una vez“, dijo Caraota Digital

Apagón y cierre de terapia intensiva de pediatría en la Chet causó angustia en Carabobo

Johana Hernández pensó lo peor cuando vio a personal de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) de la Ciudad Hospitalaria doctor Enrique Tejera (Chet), llevando a cuestas y a la carrera la incubadora en la que está su hijo hasta otra área de la institución. Pero no se trataba del único bebé expuesto de esa manera. Al menos 15 niños fueron evacuados la tarde de ayer del lugar tras una falla eléctrica que apagó todos los equipos, incluso, los que mantienen con vida a esos pacientes. Caraota Digital

 

Antonio Guterres no puede enviar misión de la ONU a Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas recordó que no está en manos del secretario general, Antonio Guterres, estructurar una misión que observe las elecciones en Venezuela, después de que el presidente Nicolás Maduro le exhortó a hacerlo pronto. “El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. El Nacional

Trump prometió «flexibilidad» en aranceles para «verdaderos amigos» de EEUU. El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió mostrar «flexibilidad» ante los «verdaderos amigos» de Estados Unidos en la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio, en tanto se espera que formalice este jueves las controvertidas medidas. «Debemos proteger y construir nuestra industria del acero y el aluminio mostrando al mismo tiempo gran flexibilidad y cooperación hacia aquellos que son verdaderos amigos y que nos tratan de manera equitativa tanto a nivel de comercio como de defensa», tuiteó el mandatario. Globovisión

Presentan proyecto de Ley de Inversión Extranjera ante la ANC

ANC-

 

El viceministro de Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, presentó este jueves ante la Asamblea Nacional Constituyente el Proyecto de Ley de Inversión Extranjera Productiva para someterlo a la aprobación de este cuerpo.

Durante su presentación, Castro Soteldo informó que el proyecto tiene 47 artículos y pretende regular las inversiones extranjeras en el país. El texto propone, entre otras cosas, crear un ente rector dedicado exclusivamente al cumplimiento de la norma.

Agregó que la promulgación de esta norma implica, a su vez, la revisión de las leyes de precios justos, de ilícitos cambiarios y de Ordenamiento Territorial.

“Se prevé la creación de un ente rector que rija el cumplimiento de este texto legislativo; este ente debe estar conformado por personas comprometidas con el proyecto político nacional que estamos construyendo. Además debe ser capaz de recoger todos los requerimientos que en materia de inversión extranjera y de protección al trabajo se necesiten”, dijo Castro Soteldo.

ANC atenderá casos de violencia contra trabajadores del CNE

ANC

 

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que la instancia creó un capítulo de violencia electoral para atender a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que fueron agredidos y amenazados por factores de la oposición en el contexto de las elecciones del pasado 30 de julio.

Durante un encuentro con la Comisión para la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena,  precisó que las acciones dejaron cerca de 500 trabajadores afectados.

“Estos hombres y mujeres se enfrentaron al monstruo de la violencia y lo vencieron con ese heroísmo anónimo, con ese heroísmo del pueblo, y por encima de sus propios miedos, de los riesgos físicos y de la pérdida de materiales y amenazas de todo tipo estos hombres y mujeres cumplieron con su trabajo”, dijo.

Odio recíproco, por Marianella Salazar

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En un contexto de crisis terminal como la que vivimos, el régimen aprueba una ley contra el odio para controlar el acceso a la información.

En Venezuela 17 millones de personas –según cifras de Datanálisis– están conectadas a Internet; 92% se informa a través de las redes y 83% lo hace por Twitter, que se ha convertido en un arma explosiva contra la censura. Hoy por hoy la población no tiene otro modo de acceder a la información sino a través de las redes sociales, especialmente el Twitter, que es la herramienta más democrática y veloz, donde se ejerce más la libertad de expresión; por eso, en el marco de la ley contra el odio, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, anuncia que Conatel regulará las redes a través de mecanismos tecnológicos, e impedirá que proliferen las políticas de odio, ¡censura pura y dura!, como sucede en China, donde bloquean desde el Twitter hasta el Whatsapp, como parte de una política de Estado, por la cual Pekín dicta lo que se puede ver y publicar en la red.

También en Irán la compañía estatal Telecom dispone de algo así como un botón que le permite apagar Internet y los teléfonos móviles.

En Cuba, una comisión interministerial restringe las noticias que se difunden a través de Internet para impedir que se use de forma contrarrevolucionaria. El organismo que aprueba las conexiones, Etecsa, aplica serias restricciones para que solo los turistas extranjeros y un grupo de privilegiados vinculados al gobierno puedan navegar por Internet. La blogosfera cubana padeció en la llamada primavera negra –2003– los efectos de una fuerte oleada represiva que culminó con 75 disidentes en la cárcel y 20 periodistas tuvieron que soportar condiciones inhumanas en prisiones por el solo hecho de ejercer un derecho tan humano como la libertad de expresión.

La ley contra el odio no solo establece multas de hasta 100.000 unidades tributarias para las personas que inciten o promuevan el odio, sino que podrán ser castigados con prisión de 10 a 20 años si fomentan discriminación o violencia contra una persona o conjunto de personas. Por instigación al odio y ultraje contra funcionario fue acusada y encarcelada en el Sebin por más de un año, la abogada Inés González Árraga, mejor conocida como Inesita la Terrible, por tuitear un mensaje que disgustó al gobierno; ella junto con otros seis “tuiteros” fueron arrestados y marcados como “los tuiteros del terror”. Inés González, actualmente en el exilio, recibió medida humanitaria de casa por cárcel cuando le fue diagnosticado un tumor uterino.

Esta ley contra el odio también es consecuencia de los llamados escraches que se volvieron virales a través de las redes. En el texto de esa ley ha trabajado el psiquiatra Jorge Rodríguez, que ha sido objeto de repudio, tanto él como sus hijos, en diversos puntos del planeta, donde son descubiertos por venezolanos que desahogan verbalmente en ellos todo el sufrimiento de una diáspora que sobrevive en países donde su existencia no es amenazada como en la Venezuela del socialismo del siglo XXI, que solo garantiza hambre, enfermedad y muerte.

El origen de tanta rabia hacia los jerarcas está en el sentimiento de humillación a causa de un grupo que hace sufrir hasta lo indecible a una población que muere de mengua o por falta de medicamentos y de futuro. El odio no es necesariamente irracional, forma parte de los instintos humanos; por eso resulta ilusorio eliminar con una ley cualquier agresividad o violencia que brota de la certeza de haber sido estafados, acosados y llevados al precipicio. El ministro psiquiatra lo sabe, desempeña su oficio burocrático con una sonrisita sarcástica que recuerda la aterradora película Psicosis de Hitchcock cuando muestra el vertiginoso abismo del mal.

@AliasMalula

El Nacional

EFE Nov 10, 2017 | Actualizado hace 6 años
SIP calificó como censura la ley contra el odio

censura

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la nueva Ley contra el odio aprobada  por la ANC al calificarla como ambigua y una «coartada» del presidente Nicolás Maduro para acabar con la ya «debilitada libertad de expresión».

La iniciativa penaliza la disidencia y elimina dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión, aseguró el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.

La SIP precisó que la ley castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por incitación al odio, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública contra el Gobierno o que expresen críticas y opiniones contrarias el Ejecutivo nacional en redes sociales y medios de comunicación.

‘‘La novedad de esta ley es que permite al Gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protesten o que se expresen en las redes sociales», manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Recordó que esa pelea hasta ahora «estaba más enfocada» contra la oposición, los periodistas y medios independientes.

La organización, con sede en Miami, lamentó que la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles amenaza con el cierre a medios y la «ilegalización a partidos políticos que promuevan el fascismo».

‘‘El régimen sigue reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo», expresó Mohme.

La ley prevé la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan los delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine cuando sea necesario aplicar atención medica.