En Venezuela 17 millones de personas –según cifras de Datanálisis– están conectadas a Internet; 92% se informa a través de las redes y 83% lo hace por Twitter, que se ha convertido en un arma explosiva contra la censura. Hoy por hoy la población no tiene otro modo de acceder a la información sino a través de las redes sociales, especialmente el Twitter, que es la herramienta más democrática y veloz, donde se ejerce más la libertad de expresión; por eso, en el marco de la ley contra el odio, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, anuncia que Conatel regulará las redes a través de mecanismos tecnológicos, e impedirá que proliferen las políticas de odio, ¡censura pura y dura!, como sucede en China, donde bloquean desde el Twitter hasta el Whatsapp, como parte de una política de Estado, por la cual Pekín dicta lo que se puede ver y publicar en la red.
También en Irán la compañía estatal Telecom dispone de algo así como un botón que le permite apagar Internet y los teléfonos móviles.
En Cuba, una comisión interministerial restringe las noticias que se difunden a través de Internet para impedir que se use de forma contrarrevolucionaria. El organismo que aprueba las conexiones, Etecsa, aplica serias restricciones para que solo los turistas extranjeros y un grupo de privilegiados vinculados al gobierno puedan navegar por Internet. La blogosfera cubana padeció en la llamada primavera negra –2003– los efectos de una fuerte oleada represiva que culminó con 75 disidentes en la cárcel y 20 periodistas tuvieron que soportar condiciones inhumanas en prisiones por el solo hecho de ejercer un derecho tan humano como la libertad de expresión.
La ley contra el odio no solo establece multas de hasta 100.000 unidades tributarias para las personas que inciten o promuevan el odio, sino que podrán ser castigados con prisión de 10 a 20 años si fomentan discriminación o violencia contra una persona o conjunto de personas. Por instigación al odio y ultraje contra funcionario fue acusada y encarcelada en el Sebin por más de un año, la abogada Inés González Árraga, mejor conocida como Inesita la Terrible, por tuitear un mensaje que disgustó al gobierno; ella junto con otros seis “tuiteros” fueron arrestados y marcados como “los tuiteros del terror”. Inés González, actualmente en el exilio, recibió medida humanitaria de casa por cárcel cuando le fue diagnosticado un tumor uterino.
Esta ley contra el odio también es consecuencia de los llamados escraches que se volvieron virales a través de las redes. En el texto de esa ley ha trabajado el psiquiatra Jorge Rodríguez, que ha sido objeto de repudio, tanto él como sus hijos, en diversos puntos del planeta, donde son descubiertos por venezolanos que desahogan verbalmente en ellos todo el sufrimiento de una diáspora que sobrevive en países donde su existencia no es amenazada como en la Venezuela del socialismo del siglo XXI, que solo garantiza hambre, enfermedad y muerte.
El origen de tanta rabia hacia los jerarcas está en el sentimiento de humillación a causa de un grupo que hace sufrir hasta lo indecible a una población que muere de mengua o por falta de medicamentos y de futuro. El odio no es necesariamente irracional, forma parte de los instintos humanos; por eso resulta ilusorio eliminar con una ley cualquier agresividad o violencia que brota de la certeza de haber sido estafados, acosados y llevados al precipicio. El ministro psiquiatra lo sabe, desempeña su oficio burocrático con una sonrisita sarcástica que recuerda la aterradora película Psicosis de Hitchcock cuando muestra el vertiginoso abismo del mal.
@AliasMalula
El Nacional
