El pasado 4 de octubre, a través de Delcy Rodríguez, el gobierno anunció que la ANC discutirá en los próximos días un proyecto de Ley de Amnistía. Poco más se dijo, más allá de que supuestamente se trataría de un trabajo adelantado por la “Comisión de la Verdad”, que ya habría entrevistado a algunos presos políticos y sería, al parecer, el motor de la propuesta.

Así, a vuelo de pájaro, parece una buena noticia. En primer lugar, cualquier amnistía supone desde el gobierno el reconocimiento de la verdad de la persecución injusta y por motivos políticos. Además, ¿quién puede oponerse a cualquier iniciativa que suponga la libertad de al menos algunos de los más de 400 presos políticos que tenemos al día de hoy? ¿Quién puede negarse a que la mayor cantidad de ellos vuelva a sus hogares? Nadie, al menos no de buenas a primeras, pero este régimen nos ha enseñado a evaluar con calma y recelo en cualquiera de sus anuncios, incluso los que podrían tener repercusiones positivas, al menos a corto plazo. Los oficialistas no dan puntada sin dedal, y en toda jugada, jamás lo olvidemos, colocan siempre su propio beneficio por encima de cualquier otra consideración. Y en esta movida, hay que reconocerlo, han movido sus piezas de manera magistral.

¿Por qué? Porque para quienes están encarcelados, algunos de ellos ya por muchos años, y para sus familias, cualquier medida que los acerque a la tan anhelada y merecida libertad es bienvenida, y no se les puede pedir, sería inhumano, que se detengan mucho en los daños colaterales que aceptar esta amnistía, así como en principio está planteada, acarrea. Esto, de alguna manera, nos y los acorrala, y nos y los pone en la incómoda posición de sopesar las opciones no desde la racionalidad o la mesura, sino desde la desesperación.

El primer daño colateral es a la vez el más grave: Aceptar una Ley de Amnistía nacida de la ANC, y promovida por una “Comisión de la Verdad” que no puede ser llamada así porque no respeta ninguno de los parámetros internacionalmente aceptados para su validación y solo ve una cara de la moneda, es a la vez aceptar que la ANC es legítima y que puede legislar, es decir, que la ANC puede crear y aprobar leyes, usurpando descaradamente las funciones que le corresponden, según la Constitución vigente (Art. 187, numeral 1º), a la Asamblea Nacional. Si esto es así, es decir, si se le acepta el dislate, no solo se legitima a la ANC y a la “Comisión de la Verdad”, con todo lo que esto implica (recordemos que, por ejemplo, la ANC ya “dictaminó” que la GNB y los Cuerpos de Seguridad habían actuado “con absoluto respeto a los DDHH” durante las protestas recientes), sino además se le da la estocada final a un órgano del Poder Público que en este momento tiene plena legitimidad de origen y que tiene asignada en nuestra Constitución la competencia de la elaboración de las leyes y, muy especialmente, la de decretar amnistías, que es la Asamblea Nacional.

Si se le acepta a la ANC una Ley de Amnistía, ¿cómo no aceptarle luego cualquier otra de sus “decisiones”, la “Ley Contra el Odio” o cualquier otra represiva y absurda “ley constitucional” –que no existe en ninguna parte- que emita de allí en adelante? Si admitimos que las funciones de la AN ahora pueden ser asumidas por la ANC, ¿cómo evitamos que usurpe otras funciones que no tiene asignadas, no solo de la AN sino de cualquier otro órgano del Poder Público? ¿Cómo evitamos que el presupuesto nacional, entre otras cosas, sea evaluado y aprobado por un órgano francamente incompetente (la ANC) que no por la AN? ¿Cómo evitamos, por ejemplo, que sea la ANC, que no la AN, la que autorice al Poder Ejecutivo a suscribir los contratos internacionales que le vengan en gana o que la ANC dicte cualquier otra medida dirigida a mantener “como sea” en el gobierno a los que hoy nos abusan desde el poder?

Validar a la ANC como órgano legislativo, pasando por encima de la AN, usando para ello a los presos políticos que, con justos motivos, están desesperados, y desconociendo además que una ANC, en última instancia, solo puede ocuparse, porque así lo dispone nuestra Carta Magna vigente, de discutir una eventual reforma constitucional que además luego debe ser aprobada por el pueblo en referendo, es peligrosísimo. Por una parte, se obliga a las fuerzas opositoras, y a los venezolanos en general, a aceptar, contra lo que ya fue objeto de consulta y ya fue decidido por casi ocho millones de electores, a la ANC como un órgano legítimo en origen y desempeño y, lo que es peor, no sujeto a límites de ningún tipo en sus actuaciones. Por otro lado, mirando a la comunidad internacional, significa una falta de coherencia inexcusable, una trompetilla en la cara de los más de cincuenta países y organismos internacionales que, en apoyo al pueblo venezolano, han expresado su más absoluto rechazo contra la ANC, a la que no reconocen ni validan de ninguna manera. Corremos el grave riesgo de quedarnos solos en esta dura cruzada, de perder el terreno ganado, pues ningún país u organismo internacional serio va a apoyar a una ciudadanía o a unos líderes políticos que un día les dicen una cosa y, al día siguiente, les dicen otra completamente diferente.

Además, el gobierno y sus voceros obtendrían otro beneficio: Se deslastran de la pesada carga de los presos y perseguidos políticos, que mucho daño les ha hecho a nivel internacional, con miras a evadir las eventuales responsabilidades que, hoy por hoy, ya se debaten en importantísimos foros como la OEA y el Parlamento Europeo. Varios presos políticos entrevistados por la “Comisión de la Verdad” ya nos han informado que al parecer uno de los requisitos que les están planteando para que se les favorezca con la amnistía propuesta por la ANC (y no es raro que así sea, pues las experiencias previas han sido similares) es que “acepten su responsabilidad” en supuestos crímenes cometidos o, lo que es lo mismo, que acepten que nunca fueron inocentes, que jamás fueron presos por motivos políticos sino vulgares criminales. Si esto se admite, se acaba con toda posibilidad de que quienes se dieron por años a la tarea de encarcelar y perseguir a miles de personas sean juzgados, cuando corresponda, por las graves violaciones a los DDHH y los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos. Al final la impunidad vencería a la verdad.

Así las cosas, puede sonar cruel, sobre todo conociendo de primera mano el drama y la tragedia diaria de los presos y perseguidos políticos en nuestra nación, pero a la larga este remedio, la amnistía nacida de la ANC, terminaría siendo mucho peor que la enfermedad. Además, nada garantiza la “no repetición”, o lo que es igual, que a los que eventualmente resulten beneficiados por esta “amnistía”, que como toda mentira es de patas muy cortas, al cabo de muy poco tiempo los sustituyan (por aquello del efecto de “puerta giratoria”) otros presos o perseguidos políticos, con el agravante de que además de tener que lidiar en ese momento con esas nuevas persecuciones  y encarcelaciones injustas, tendríamos que aceptar y manejar también a la misma írrita ANC, pero vestida ahora con la legitimidad que nosotros mismos le concedimos.

¿Qué hacer entonces? La respuesta no es sencilla. Cada preso político, cada perseguido y cada exiliado se enfrenta individualmente a un grave dilema, y la decisión sobre lo que se acepta o no para obtener la libertad es absolutamente personal, como personales son también las consecuencias y las responsabilidades con el país que de ello derivan. Si en mis manos estuviera, le pediría a la Asamblea Nacional que, visto el reconocimiento expreso e indiscutible de la realidad de la persecución injusta que supone la reciente propuesta del gobierno, les “picaran adelante” decretando de inmediato, como les fue sugerido por el Foro Penal Venezolano en enero de 2016, una amnistía plena, amplia y sin condiciones, haciendo uso de las facultades que le concede el numeral 5º del Art. 187 de nuestra Constitución vigente, abarcando no solo a los presos políticos, sino también a los miles de perseguidos y exiliados de los últimos lustros. Si el gobierno ya propuso una amnistía no puede negarse, al menos, a que la misma sea decretada por el órgano que tiene la competencia incuestionable para ello, y si se niega, muestra claramente las costuras y las verdaderas intenciones de su propuesta. Es más, podría discutirse esta amnistía en la AN incluyendo en los debates a los que hasta ahora, del otro lado de la acera política, han promovido la amnistía que supuestamente decretaría en pocos días la ANC, de manera que se escuche a todos los interesados y, sobre estas bases, se llegue a un acuerdo sin sesgos, distinciones obtusas ni cartas bajo la manga. De esta forma, no solo reivindicaría la AN su legitimidad como Poder Legislativo y su competencia exclusiva y excluyente en este tema, sino además se desmantelaría, de cara a propios y a ajenos, cualquier pretensión de conceder a la ANC una legitimidad y unas competencias que jamás ha tenido.

 

@HimiobSantome

 

 

A cuatro meses de la instalación de la Asamblea Nacional (AN) conviene realizar un análisis de cuál ha sido la relación entre la AN y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El escenario que se planteaba como probable antes de la elección de 6D se ha verificado: el TSJ ha bloqueado institucionalmente la actuación de la AN, al punto, que a cuatro meses de su instalación, la AN no ha podido tomar prácticamente ninguna decisión relevante que no haya sido anulada o bloqueada por el TSJ.

En ese sentido, el TSJ, en la práctica, ha anulado las tres principales funciones de la AN: tanto la función legislativa, al declarar como inconstitucional, por ejemplo, la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, así como la función contralora, al restringir el ámbito de la función contralora de la AN únicamente a funcionarios de la Administración Pública Nacional, así como la función política de la AN, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y al interpretar el alcance de una eventual enmienda constitucional al período presidencial.

Para ello, el TSJ no sólo ha tomado decisiones ante casos concretos que se le plantean, sino que ha hecho interpretaciones generales sobre supuestos hipotéticos, para de alguna manera establecer, de antemano, los criterios para el bloqueo institucional de la AN.

La gran pregunta de hoy es cuáles son las implicaciones para el futuro político de Venezuela de estas decisiones del TSJ. Porque el escenario que se intuía se ha verificado: el TSJ ha sido absolutamente claro en sus decisiones, restringiendo el margen de acción de la Asamblea Nacional y protegiendo institucionalmente al Poder Ejecutivo de las actuaciones de la Asamblea Nacional. Y es a la luz de esa realidad constatada que deben analizarse los próximos escenarios políticos para el país.

En los próximos artículos explicaremos cómo se ha producido el bloqueo de cada una de las principales funciones de la AN por parte del TSJ.

@cgarciasoto

 

Mientras en aquella otra habitación la villana entogada se disponía a dar otra de sus letales puñaladas a Carta Magna, Amnistía, la hija que ésta había engendrado con Asamblea Nacional (AN) pensaba en las otras razones por las que no se la había dejado nacer. Y estaba triste. No solo había sido víctima de la maldad magistrada. AN, su propio padre, había sido inadvertido cómplice de la conjura.

Es un error, patente en la decisión del TSJ sobre la Amnistía, decir que complementarla con la aplicación de disposiciones, decisiones, recomendaciones, declaraciones de principios o de Tratados Internacionales, emanados de organismos internacionales de los que Venezuela es parte, es una “renuncia a la soberanía nacional”.

El Art. 30 de nuestra Constitución dispone que todo ciudadano puede acudir a los organismos internacionales cuando en nuestro país sea evidente que no podrá obtener justicia. Además, Venezuela forma parte de varios organismos internacionales, como la OEA, UNASUR, la CIDH y la ONU, por lo que está obligada a respetar las reglas y decisiones que desde esos organismos se dicten, sobre todo cuando versan sobre DDHH.

Nuestra Carta Magna, en su Art. 23, concede a los Tratados Internacionales sobre DDHH suscritos y ratificados en Venezuela plena vigencia, y preeminencia, en el orden interno y reconoce (Art. 22) los demás tratados internacionales (los no suscritos o ratificados) siempre que contengan normas sobre el respeto a nuestra dignidad humana, como parte vigente de nuestra legislación.

Por eso es un grave retroceso a las doctrinas ya superadas sobre la “soberanía”, aquellas propias de los siglos XVIII y XIX, afirmar que respetar las decisiones de los organismos internacionales, es un “irrespeto a nuestra soberanía”. Y es además otra flagrante hipocresía, porque sostener tal argumento en la sentencia comentada, pero a la vez mantenerse como parte activa, cuando conviene al poder, en dichos organismos internacionales es, por decir lo menos, una grave contradicción.

Pero eso, que aplica para los unos, también debe aplicar para los otros. La Amnistía aprobada no recogió expresamente, tal y como tantas veces le fue sugerido a la AN, el derecho de las víctimas de los abusos y de las persecuciones a la verdad y a la justicia. Así lo han recomendado para las amnistías varios organismos internacionales, entre ellos la ONU. Sí contiene un aparte que habla de la necesaria reparación de los daños a las víctimas, pero eso no era suficiente, era necesario además indicar que el hecho de que alguien resultase favorecido por la Amnistía no le quitaba el derecho a emprender, contra los autores de su injusta persecución, las acciones legales que considerase pertinentes. Las amnistías son para proteger la verdad, no para desconocerla.

Tampoco aceptó la AN la propuesta de definir con precisión qué debía entenderse, a los efectos de la Amnistía, como una “Acción de Persecución por Motivos Políticos” ni la de incluir en ella, para evitar dudas, el catálogo de definiciones precisas de “preso” y de “perseguido” político. Por el contrario, la AN adoptó una fórmula imprecisa que caracterizaba como política una persecución cuando el mismo persecutor (por ejemplo, un tribunal cualquiera) decidiese que en la causa instruida por éste había “falta de confiabilidad en la administración de justicia”.

No solo era esa indefinición peligrosa y difícil de manejar en la práctica, sino que además colocaba al persecutor en la cómoda posición de “juzgarse a sí mismo”, lo cual es contrario a los parámetros internacionales que rigen el decreto de las amnistías.

Se le dieron, con esto, armas al enemigo, y aunque la verdad es que tales argumentos no validan la declaratoria “total” de la Ley de Amnistía como “inconstitucional”, pues eran fallas que se podían corregir, el desliz fue aprovechado y tergiversado por el TSJ para terminar de asesinar la iniciativa.

Y es que, a veces, los hijos sí pagan los pecados de sus padres…

@HimiobSantome

 

Luis Florido: La enmienda no puede ser interpretada porque es el pueblo quien decide

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, visitó este fin de semana la ciudad de Carora y declaró que los actos que ha cometido el Tribunal Supremo de Justicia “han roto el hilo constitucional en múltiples sentidos”.

 

Florido explicó los atropellos que ha cometido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la cual se ha violado la Constitución Nacional al no respetar a la Asamblea Nacional y “desconocer el poder legislativo que se lleva a cabo en ella, decretando todas las leyes que validan inconstitucionales, por orden directa del régimen desconociendo así la voluntad popular de la población Venezolana. La Enmienda, según el artículo 5 de la Constitución, impide que el Tribunal Supremo haga interpretación de ella, la Enmienda no puede ser interpretada porque es el pueblo quien es el que la va a votar”, explicó.

 

El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior declaró que la Ley de Amnistía fue aprobada con la AN y fue validada por las Organizaciones de Naciones Unidas por el alto comisionado de los Derechos Humanos quienes confirmaron que la ley cumplía con todos los requerimientos nacionales, y que el TSJ confirmó que son presos políticos al declarar esta ley inconstitucional. El diputado acotó que luego de ser aprobada la Ley de Enmienda en segunda discusión, va directo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para llamar a elecciones en 30 días, reduciendo el mandato de gobernaciones, alcaldías y presidencia a cuatro años; además, le permite solo una reelección, quitando así la actual reelección indefinida. (El Nacional)

 

Ministro Marcos Torres comparecerá este martes ante la AN

Este martes, en la propuesta de orden del día de la Asamblea Nacional, está pautada la comparecencia de Rodolfo Marcos Torres, ministro de Alimentación. Asimismo, se discutirá sobre el Proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a fallas del Servicio Eléctrico. Este debate estaba planteado para el pasado jueves cuando la directiva del parlamento suspendió la jornada por falta de quórum.

 

Como tercer punto se hará lectura del informe de la subcomisión especial encargada de elaborar una propuesta de programa económico para superar la crisis económica y social. Se tiene previsto que la sesión ordinaria de este martes inicie a las 2:30 p.m.   (Globovisión)

 

Ramos Allup: TSJ sentencia que enmienda no se aplica a Maduro

Uno de los mecanismos establecidos en la Constitución de Venezuela es la enmienda que recortaría el período al Presidente de la República. Este lunes se conoció que Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que asegura no puede aplicarse a Primer Mandatario Nacional, Nicolás Maduro.

 

A través de su cuenta en la red social Twitter, Henry Ramos Allup, anunciaba la sentencia que emitió el máximo Tribunal del país. “Tal como anuncié hace dos días: malandros y malandras de la Sala Inconstitucional del TSJ acaban de sentenciar que enmienda no puede aplicarse a Maduro”, publicó en un tweet. Ramos Allup señaló que el “combo Sala Inconstitucional TSJ, Alto Mando militar, CNE  Fiscalía, seudo Defensoría niegan posibilidad a la salida constitucional, pacífica, electoral del régimen”. (El Impulso)

 

Cendas: Canasta básica familiar subió a Bs. 142.853,20 en marzo

El precio de la canasta básica familiar se ubicó en Bs. 142.853, 20 en el mes de marzo, lo que representa un incremento de Bs. 20.877,73 (17,1%) con respecto a febrero de 2016, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas). En un año, la canasta varió 582,9%. De acuerdo con el Cendas, se requieren 12,3 salarios mínimos, el cual actualmente es de 11.577,81 bolívares, para adquirir la canasta en una familia de cinco miembros,

 

Todos los productos aumentaron de precio, entre ellos salsa y mayonesa (62,9%), azúcar y sal (59,7%), café (55,7%), grasas y aceites 39,9%; cereales y productos derivados (29,1%), raíces, tubérculos y otros (22,9%), frutas y hortalizas (22,3%), pescados y mariscos (15,9%), leche, quesos y huevos (8,3%), carnes y sus preparados (6,4%) y granos (0,9%).

 

El estudio del Cendas señala que la diferencia entre los precios regulados y los del mercado es de 1.892,27%, según reseña en una nota de prensa. (El Mundo)

 

550 mil venezolanos producirán plata para el país

Caracas. El Ministro del Proceso Social del trabajo, Oswaldo Vera informó que se estima para este año formar más de 550 mil venezolanos y venezolanas en todo el territorio nacional, que serán vinculados a las áreas productivas de la nación. Apuntó que de la meta estimada “350 mil recibirán herramientas de manera directa en 179 centros que tenemos en nuestras instalaciones” y “200 mil nuevos en las áreas de trabajo en las fábricas, en donde el Inces se traslade a las empresas del Estado, para preparar a jóvenes y profesionales, que por ejemplo sustituirán al personal próximo a jubilarse”.

 

Destacó que a través del reimpulso del Inces “también se prepara a las comunidades para incorporarlas al nuevo modelo productivo”, desde el punto de vista textil, turismo, agrícola, industrial, entre otros”, acotó el ministro. (Últimas Noticas

 

Suspenden racionamiento eléctrico en varios municipios del estado Zulia

Los cortes programados entre las 12:00a.m hasta las 4:00a.m fueron diferidos provisionalmente, luego de una serie de fallas eléctricas como consecuencia de las lluvias dispersas caídas en varios municipios del estado Zulia entre este domingo y la madrugada de este lunes 25 de abril. La medida fue dada a conocer por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) luego de las fallas que tumbaron el servicio en 42 circuitos la madrugada de este lunes. Seis subestaciones sufrieron averías, dejando sin suministro a buena parte de la ciudad de Maracaibo y zonas aledañas, reseñó Panorama.

 

Para las 11:00a.m quedaban 12 circuitos por recuperar, informó Corpoelec.

 

Por otra parte, en el colegio Batalla de Carabobo, en la ciudad de Maracaibo, los alumnos fueron recibidos sin electricidad y los maestros les dieron clases en las entradas de los salones. Asimismo, la directora del plantel,  Nancy Viloria, explicó que están adecuando la atención a los estudiantes de acuerdo a cada cronograma de cortes eléctricos.

En estos momentos no contamos con luz, pero estamos impartiendo clases en la parte de afuera de los salones, mientras el clima lo permita. Lo importante es no perder casi clases”, aseveró Viloria.

 

Los vecinos cerraron la vía Milagro Norte porque no había llegado la electricidad desde las 12:00a.m. En este sentido, los trabajadores de los locales comerciales se encontraban a la espera que llegue el fluido eléctrico para abrir al público. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, se reunió con representantes de Corpoelec, alcaldes, gabinete regional y medios de comunicación social de la entidad para precisar lo ocurrido con el «Plan de Administración de Cargas» pautado para este lunes 25.

 

“Realizamos a esta hora reunión de trabajo, para planificar medidas que garanticen la integridad de los zulianos”, informó Arias más temprano en su cuenta en Twitter a propósito del despliegue de seguridad prometido por el Ejecutivo regional para resguardar a los pobladores durante los cortes eléctricos. (El Universal)

 

Fortalecen Programa de Alimentación Escolar en colegios de Caracas

El jefe de Gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte anunció que entre martes y miércoles de esta semana, 103 colegios de Caracas recibirán productos de la cesta básica, a fin de fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (Pae).

 

Resaltó que “gracias a las instrucciones del presidente, Nicolás Maduro Moros, su despacho y el ministerio de Alimentación establecieron acuerdos” para surtir de alimentos a las escuelas distritales de la Capital. (Últimas Noticas)

 

Marco Rubio negocia sanciones a Venezuela

El senador republicano Marco Rubio negocia con la Casa Blanca levantar el bloqueo que mantiene desde hace casi un año sobre la nominación como embajadora en México de Roberta Jacobson a cambio de una reconsideración de las sanciones de EE.UU. a Venezuela.

 

Jacobson, actual subsecretaria de Estado para Latinoamérica, lleva diez meses esperando ser confirmada como embajadora en México, cargo para el que fue nominada en junio de 2015 por el presidente estadounidense, Barack Obama. La razón es la obstrucción de Rubio, que ha hecho uso de una potestad de los senadores de EE.UU. para imponer un bloqueo temporal sobre la nominación, lo que le permite impedir que su confirmación en el puesto se someta siquiera a votación en el pleno del Senado.

 

«Hemos estado en discusiones con la Casa Blanca para ver qué se puede hacer», indicó un asesor del senador, que no quiso dar más detalles sobre el contenido de las conversaciones.

 

Otras fuentes del Congreso aseguraron que el tema de discusión entre el Ejecutivo y Rubio para que este levante su bloqueo son las sanciones que EE.UU. ha impuesto sobre Venezuela, uno de los mayores caballos de batalla del legislador republicano. Rubio, junto al senador demócrata Robert Menéndez, impulsó un proyecto de ley para sancionar a determinados miembros del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y que, tras muchos meses de reticencias por parte del Gobierno de Obama, fue promulgado en marzo del pasado año.

 

Después de que fuera aprobada en el Congreso en diciembre de 2014, Obama amplió entonces el alcance de la propia ley, emitiendo una «emergencia nacional» ante la situación convulsa que vive el país caribeño, y extendiendo la lista de sujetos sobre los que recaen las sanciones. El mes pasado, el presidente estadounidense prorrogó la vigencia de dicha legislación por un año más, por lo que Rubio podría solicitar a la Casa Blanca un endurecimiento de las sanciones o una mayor extensión de las mismas en el tiempo.

 

En caso de prosperar las discusiones entre el senador y el Ejecutivo, la votación sobre la nominación de Jacobson podría ocurrir incluso esta misma semana. (Globovisión)

 

Partidos españoles comienzan la campaña electoral

El rey Felipe VI inició ayer la tercera ronda de consultas a los partidos representados en el Parlamento, con miras a escoger un candidato a quien encomendar la formación de gobierno. No obstante, las organizaciones políticas están convencidas de la inminencia de una nueva convocatoria ante la falta de acuerdo. De fracasar los esfuerzos de esta tercera ronda, de dos días, el próximo lunes, 2 de mayo, cuando expira el plazo legal, se convocarían nuevas elecciones. La eventual segunda convocatoria a comicios es un hecho sin precedentes en España.

 

Ante este escenario, los socialistas del Psoe y Podemos ya han iniciado su campaña electoral de manera no oficial. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en España, establece que la campaña dura 15 días. Pero, ésta debe terminar el día antes de la elección, la cual debe realizarse a los 54 días posteriores a la convocatoria, lo cual sería el 26 de junio. El líder del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), Pedro Sánchez empezó a recorrer España desde hace 15 días. Inició con una visita a Sevilla y la Feria de Abril. Posteriormente, viajó a Córdoba y Granada, donde se dirigió a los seguidores andaluces. La semana pasada, se desplazó a Vitoria y a San Sebastián para cumplir otros actos políticos.

 

Según los socialistas, Sánchez “retoma la agenda territorial, institucional y social que siempre ha mantenido y que se había interrumpido por la situación política”.

 

Por su parte, el abanderado de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó su campaña ayer en un parque de Madrid. Durante su mensaje, ante miles de simpatizantes, Iglesias planteó su estrategia de cara a las nuevas elecciones.  Iglesias propuso un Ejecutivo de coalición a los socialistas, aunque apuesta a cambiar la correlación de fuerzas, con el nuevo resultado electoral, y que Sánchez se vea de nuevo obligado a elegir entre Podemos y una “gran coalición”.

 

Mientras, el oficialista Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy, mantiene los puentes abiertos con liberales y socialistas, de cara a alcanzar un posible pacto tras un nuevo resultado electoral favorable.  En las elecciones legislativas del 20 de diciembre pasado el gobernante PP (centroderecha), ganó 123 escaños, por 90 del Psoe (socialista), 69 de Podemos (izquierda antiausteridad) y 40 de Ciudadanos (liberales). Otras pequeñas formaciones nacionalistas y de izquierda completan los escaños en el Congreso. (Últimas Noticas)

 

Recientemente el Presidente de la República Nicolás Maduro dictó un decreto creando la Comisión de la Verdad para investigar los hechos ocurridos en Venezuela en los últimos años y que habían sido reseñados en la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional, sin duda alguna siguiendo las órdenes del Jefe de Estado.

El mismo presidente al anunciar la creación y conformación de esta comisión dio esta grave advertencia: “Yo quiero la paz, pero la paz no la vamos a construir perdonando a los criminales, la vamos a construir estableciendo la verdad, la justicia, reparando a todas las víctimas, que la Patria en un solo abrazo les acompañe y pidiendo perdón como ocurrió en Sudáfrica”. Ya con estas palabras anunciaba el poco o ningún éxito que esta comisión va a tener.

Ya los venezolanos tuvimos una reciente experiencia en esto cuando la Asamblea Nacional promulgó la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones Políticas en el período 1958-1998 promulgada por el para entonces Jefe de Estado Hugo Chávez, publicada en Gaceta Oficial (39.808 del 25/11/2011) y cuyos miembros fueron designados en esa oportunidad por la misma Asamblea Nacional y la cual aunque su duración es hasta el año 2017, hasta ahora no hemos visto ningún resultado palpable.

La Comisión de la Verdad de Maduro está estará presidido por el Vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, además, al Secretario General del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, como Secretario Ejecutivo Permanente de dicho comité. Igualmente los acompañara la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz; así como al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab; al constitucionalista y profesor universitario, Hermann Escarrá,  la Canciller de la República, Delcy Rodríguez.  el señor Oscar Carrera y Desiree Carrera, representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba; además, Maite García, integrante del Frente Contra el Sicariato Campesino, Edgar Márquez, presidente de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril. Igualmente estarán María Eugenia Russian, quien representa a la organización de  Derechos Humanos Fundalatin; Laura Roldán, perteneciente a la red de apoyo por la justicia y la paz; así como a la Teniente Yendry Velázquez, integrante del Comité de Víctimas de la Guarimba y del Golpe Continuado.

Tal vez aquí se inician mis críticas a la conformación de esta Comisión de la Verdad, en un documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y donde se hace referencia al tema se establece “Ningún factor definirá mejor a la comisión que las personas que la componen. En condiciones ideales, deben ser miembros ampliamente respetados de la sociedad (o personalidades internacionales) cuya neutralidad sea aceptada por todas las partes de un conflicto previo (o bien el grupo en conjunto debe ser considerado representativo de un abanico relativamente amplio de opiniones). Puede incluir a profesionales de distintos ámbitos o trayectorias, como dirigentes religiosos, abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, educadores, expertos en violencia contra la mujer o los niños y profesionales de los derechos humanos, entre otros. Algunos países han decidido incluir a miembros internacionales; esa decisión dependerá de distintos factores e inclinaciones locales, y debe ser adoptada en definitiva por los ciudadanos”

Si revisamos cada uno de los nombres que integran la comisión designada podemos ver que no reúnen ninguno de los requisitos o sugerencias que la ONU fija, aquí no fueron tomados en cuenta, ninguno de los sectores involucrados en el proceso fueron consultados de nada de esto, no cabe la menor duda que esta comisión nunca encontrara la verdad más allá de la verdad que el régimen quiere que se diga.

Hay un punto importante y voy a citar un planteamiento que fijo la organización PROVEA en una carta que le enviaron al Presidente de la Asamblea Nacional a raíz de la Comisión de la Verdad creada en el 2011 “Una Comisión de la Verdad no tiene funciones jurisdiccionales. Su origen, mandato, su composición, su funcionamiento y procedimientos, sus facultades, sus conclusiones y el seguimiento de éstas últimas, deben enmarcarse en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado venezolano. En ninguna circunstancia la Comisión de la Verdad sustituye a los órganos regulares de los Poderes Públicos en las funciones que le son propias, según la Constitución y las leyes.

El principio básico de una Comisión de la Verdad es evitar la impunidad y la no repetición de los hechos que se investigan, nunca se puede pensar en ella y convertirla en un centro de retaliación política para juzgar a sus contrarios, debe ser un centro de trabajo en la búsqueda de la verdad y no en un espacio donde ya los resultados nos lo han adelantado algunos de sus voceros.

La falta de imparcialidad de sus miembros, la falta de participación de muchas de las víctimas que nunca fueron convocadas a estar allí, así como la poca experticia y experiencia de los miembros designados, desde ya anuncia su gran fracaso y continuara la persecución  contra los más de 70 presos políticos que tenemos en nuestras cárceles.

Igualmente la negativa de esta Comisión de la Verdad a solicitar apoyo a organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA) para que de apoyo logístico y de otro tipo a esta naciente comisión, nos pone todo más oscuro.

Los investigados por esta Comisión de la Verdad ya están condenados antes de su creación, lamentablemente para ellos y para los que aun creemos en la justicia.

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional

 

El presidente de España, Mariano Rajoy aseguró este viernes que su gobierno ordenará el regreso de su embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, cuando el presidente Nicolás Maduro, dé muestras de “continencia verbal”.

Esto lo dijo en una rueda de prensa junto el Alto Comisionado para la Paz en Colombia donde se refirió al hecho de que el pasado 8 de abril retiró temporalmente a su representante en Venezuela en señal de protesta por los últimos insultos proferidos por Maduro quien lo llamó “basura corrupta”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, García-Margallo ha pedido “la amnistía de los presos políticos” en Venezuela y ha reiterado su apoyo a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional y tumbada por el Tribunal Supremo, “a pesar de que cumplía todos los parámetros de Derechos Humanos establecidos por Naciones Unidas”.

El ministro ha reclamado también el “respeto de los Derechos Humanos y las libertades” en ese país, que necesita además “una mejora de su situación económica”, porque los datos son “estremecedores”.

“El Fondo Monetario Internacional habla de una hiperinflación del 500 por ciento para este año y del 1642 por ciento para 2017. La economía se contraerá este año en otros 8 puntos. El desabastecimiento de alimentos y medicinas ha colocado al país al borde de una grave emergencia humanitaria”, ha alertado.

La situación del sector sanitario en Venezuela “es comparable a la de un país en guerra”, según refleja un informe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE, ha añadido el ministro.

De ahí que España haya propuesto un programa de ayuda humanitaria a los venezolanos para paliar esa crisis, recordadó.

 

La madre del dirigente Leopoldo López, Antonieta Mendoza, considera «indignante» que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada esta semana por el Parlamento venezolano de mayoría opositora.

«No es una sorpresa, es indignante que una amnistía promulgada por la Asamblea Nacional sea rechazada por un Tribunal a las órdenes de Maduro», dijo Mendoza a periodistas en una actividad en la que dirigentes y familiares de opositores presos denunciaron vejaciones y violación a los derechos humanos.

La madre de López reiteró que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, con la que el Parlamento buscaba poner en libertad a personas condenada por delitos asociados a las manifestaciones antigubernamentales de 2014, fue una de las promesas electorales por las cuales, dijo, la oposición ganó las legislativas del pasado 6 de diciembre.

Consideró que la negativa del TSJ a dicha ley tras los pronunciamientos de «las Naciones Unidas y el secretario general de la OEA, Luis Almagro» es una demostración de «que estamos frente a una dictadura».

«El régimen dictatorial tiene como operador político al TSJ», subrayó.

Asimismo, indicó que López, quien fue condenado a casi 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio en relación con la violencia registrada al término de una marcha el 12 de febrero de 2014, «sigue aislado» y es víctima de «tortura psicológica y tratos crueles».

Mendoza además criticó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño no entregara esta semana la planilla necesaria para que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inicie el proceso de referendo revocatorio, una de las medidas con las que pretende adelantar la salida del presidente Nicolás Maduro antes de lo previsto en 2019.

«(La rectora del CNE) Tibisay Lucena nuevamente no entrega la planilla, el CNE no es del Tibisay Lucena y los rectores del régimen, el CNE es un organismo para el pueblo para que el pueblo definitivamente elija y se manifieste; otra vez el CNE está obstaculizando el proceso del revocatorio», concluyó.

 

Acción por la Libertad se suma a las voces que han rechazado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016 reivindica los derechos de las personas que han estado injustamente detenidas y perseguidas a través de la liberación de los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela así como también permitiría el retorno de los exiliados que por motivos políticos tuvieron que salir del país.

Al declarar inconstitucional la “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, desconocen la voluntad política de paz, reconciliación, respeto de los derechos humanos y libertad de la mayoría de los venezolanos que eligieron al Poder Legislativo en las pasadas elecciones. Se evidencia, nuevamente, la vergonzosa sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro, cuya política de gobierno es descalificar y perseguir a la disidencia, violando sus derechos humanos a través de represión, torturas y detenciones arbitrarias que han venido implementando los funcionarios del gobierno desde hace 17 años.

Los magistrados que suscribieron dicha decisión, se convierten en cómplices que necesita el gobierno de Maduro para continuar sistemáticamente violando los derechos humanos de los presos políticos, los exiliados y las víctimas de la protesta pacífica.

Desde Acción por la Libertad seguiremos luchando por la libertad de los presos políticos, el cese de la violaciones de derechos humanos y exigiendo justicia, toda vez que los delitos contra los derechos humanos no prescriben.