La convocatoria fue hecha por los dirigentes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, junto a algunos movimientos estudiantiles
Las protestas desencadenadas a partir de ese día dejaron 43 víctimas, cuyas familias vivieron el dolor de perderlos por apoyar una iniciativa que buscaba la salida de Maduro del poder
La extinta Unidad de Investigación de Últimas Noticias publicó un reportaje donde se evidenció que funcionarios de seguridad y civiles armados dispararon contra la manifestación, en el lugar donde murieron Bassil Da Costa y Juancho Montoya, hace siete años
Por @Andrea_GP21
Se cumplen siete años de aquel 12 de febrero de 2014 que enlutó a Venezuela y marcó un precedente en la escalada represiva de Nicolás Maduro hacia las manifestaciones en su contra.
Ese día fueron asesinados los jóvenes Bassil Da Costa y Robert Redman, además de Juan Montoya, quien era coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas).
En 2014 las manifestaciones habían comenzado el 5 de enero, en el estado Mérida, tras la muerte del bachiller Héctor Moreno de la Universidad de los Andes de Mérida. Luego se intensificaron el 4 de febrero en San Cristóbal, estado Táchira, tras el intento de violación de una estudiante de la ULA.
El 12 de febrero se iniciaron las protestas en Caracas y el resto del país, no solo por los hechos mencionados anteriormente, sino por la delincuencia, alta inflación y escasez de productos básicos, que comenzaba a acentuarse fuertemente en toda Venezuela.
La convocatoria fue realizada por los dirigentes políticos Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, junto a movimientos estudiantiles, por lo que denominaron como una suspensión de garantías por parte de Nicolás Maduro, quien todavía no había cumplido su primer año como presidente de la nación tras su elección en abril de 2013.
Las protestas se extendieron hasta junio de ese año, que es recordado como uno de los más violentos de los años recientes, además del 2017, pues se desató una cadena de hechos represivos por parte de cuerpos de seguridad del Estado y otros grupos armados.
¿Qué pasó?
Hace siete años, el 12 de febrero del 2014, se convocó una marcha desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Fiscalía General de la República, ubicada en la avenida Universidad de Caracas, para exigir la liberación de varios estudiantes que fueron detenidos por exigir mejoras del país al gobierno.
Lo que inició siendo una manifestación pacífica, terminó en muerte y dolor para todo el país. Eran las 3:33 de la tarde cuando cayó el cuerpo de Bassil Da Costa (23) en una acera de La Candelaria. En ese momento, había en la calle y línea de tiro sujetos con uniformes, placas y vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acompañados de otros vestidos de civil.
De acuerdo con el trabajo audiovisual “Uniformados y civiles dispararon en La Candelaria el 12F”, realizado por el equipo de investigación de Últimas Noticias, las personas que estaban alrededor gritaban a la policía, los insultaban y les lanzaban piedras y varios jóvenes lo auxiliaron. Ingresó muerto al Hospital Vargas.
En el fuego cruzado también resultó asesinado Juancho Montoya (51), en esquina de Monroy a Trocadero, frente al edificio Doralay. Lo llevaron a la clínica La Arboleda de San Bernardino a las 3:10 de la tarde, donde falleció. En la marcha se encontraba con sus compañeros de colectivos y no con funcionarios policiales.
Solo unas horas más tarde, al otro lado de la ciudad, cayó muerto Robert Redman (31), por disparo en la cabeza cuando protestaba en la esquina Juan Grill de la avenida San Ignacio del Loyola, Chacao, donde había enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana. Según testigos, la bala provino de un grupo de motorizados que pasaron por el lugar vestidos con pasamontañas y cascos integrales.
Los protagonistas políticos
Ese, hace siete años, día había una tarima en Plaza Venezuela en donde acudieron los líderes opositores Leopoldo López, por Voluntad Popular; María Corina Machado, por Vente Venezuela; y Antonio Ledezma, por Alianza Bravo Pueblo; quienes convocaron esta manifestación.
Los opositores emprendieron una campaña política llamada “La Salida”, con la que se esperaba alcanzar «una salida pacífica, democrática y constitucional» al gobierno de Nicolás Maduro. A esta iniciativa se unieron los partidos Proyecto Venezuela, en la vocería de Carlos Berrizbeitia; y La Causa R, dirigido por Andrés Velásquez, además de otros dirigentes y gremios.
“La Salida” terminó el 18 de febrero del 2014 con la detención del opositor Leopoldo López, quien fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde.
Sobre los hechos de ese día también tuvieron participación otros integrantes del gobierno como Miguel Rodríguez Torres, quien estaba en el cargo de Interior y Justicia; Nicolás Maduro, la jueza Ralenis Tovar, la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz, Jonny Montoya, hermano de Juancho Montoya, el fiscal Franklin Nieves, entre otros.
Todos estos actores tuvieron parte importante ese día y en lo que desencadenó posteriormente. A continuación conocerá la actuación de cada uno en aquel momento y en dónde se encuentran en la actualidad
Involucrados en hechos violentos
De acuerdo con la investigación que hizo Últimas Noticias, basándose en diferentes materiales audiovisuales, se identificaron a algunos actores que estuvieron implicados en los asesinatos y heridos que hubo ese día.
El texto destaca a Hermenegildo Barrera Niño (49), conocido como “Hermes”, quien fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de armas, previstos en el Código Penal y en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, por la muerte de Juancho Montoya.
Jonnathan Rodríguez Duarte, de 40 años, sargento de tercera del Ejército y escolta del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, figuró en los videos accionando un arma corta 9mm (Glock 19). Fue acusado por uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales, al igual que otros funcionarios del Sebin y la PNB.
José “Miguelito” Domínguez. Se le vio llegar al sitio como parrillero en una moto de alta cilindrada y sin placas, coordinando a funcionarios uniformados y hombres de civil que arribaron en motos con placa oficial y dispararon con armas cortas a los manifestantes. En los registros gráficos y audiovisuales, no aparece accionando un arma. Era el jefe de seguridad de Freddy Bernal. Pese a la evidencia gráfica, no fue incluido en la lista de ocho acusados por la muerte de Bassil Dacosta ni Juancho Montoya.
Asimismo, figura Melvin Collazos Rangel, quien era comisario del Sebin y formó parte del grupo de este cuerpo que violó la orden acuartelamiento impuesto por el gobierno. Aparecía en los videos y fotografías disparando contra manifestantes entre las esquinas de Monroy y Tracabordo, donde fueron asesinados Bassil Da Costa y Juan Montoya.
Collazos Rangel estuvo detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Pese a las evidencias, su nombre no aparece en la lista de los acusados por los sucesos del 12F.
Por último, el informe de Últimas Noticias señaló en ese entonces a José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Sebin, acusado de ser el autor material del homicidio de Da Costa.
Es el único de los ocho funcionarios imputados por este caso que permanece preso en el Sebin. El Ministerio Público lo acusa por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República. En su declaración aseguró que nunca recibió una orden de acuartelamiento.
La justicia y la injusticia
El 1 de diciembre de 2016, el Tribunal 27 de Juicio de Caracas acordó condena de 29 años y seis meses de prisión contra el comisario del Sebin, José Ramón Perdomo Camacho, por el asesinato de Bassil Da Costa el 12F del 2014.
Sobre Robert Redman, su caso sigue impune. A siete años de su asesinato, no ha habido una condena o identificación de los motorizados que llegaron y le dispararon en Chacao, muy a pesar de que una cámara de seguridad de un edificio adyacente registró los disparon y a los sujetos que abordaron al joven.
Las protestas desencadenadas a partir de ese día, hace siete años, dejaron 43 víctimas, cuyas familias vivieron el dolor de perderlos por apoyar una iniciativa que buscaba la salida de Maduro del poder.
Al día siguiente de los hechos, el 13 de febrero, el diario Últimas Noticias publicó en su portada la noticia de los fallecidos, aunque a última hora de modificó el titular por unas declaraciones de Maduro donde decía que había un “golpe de Estado”. La dirección del medio decidió invisibilizar los muertos y detenidos.
La Unidad de Investigación del medio, coordinada por Tamoa Calzadilla, elaboró un reportaje audiovisual donde se mostró evidencia de que funcionarios del gobierno y grupos armados dispararon contra la manifestación.
Otros integrantes fueron las reporteras y redactoras Laura Weffer y Carjuan Cruz, y los periodistas Airam Fernández, Lisseth Boon y Albinson Linares, junto a videográfos, fotógrafos, infográfos y diseñadores.
El trabajo se publicó el 16 de febrero y se viralizó en la página y en redes. Funcionarios del Estado y los nuevos dueños del grupo editorial comenzaron a presionar para que se retirara el material de la web, reseña el sitio web La Vida de Nos.
La investigación recibió el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, uno de los galardones periodísticos más prestigiosos de toda Latinoamérica, en la modalidad de cobertura.
Diez días después de su publicación, el político David De Lima fue nombrado nuevo presidente – editor y, el 6 de marzo tuvo una asamblea con todos los periodistas para explicar la nueva línea editorial.
Tras esta asamblea renunció Nathalie Alvaray, vicepresidenta de Medios. El 17 de marzo, Tamoa Calzadilla presentó su renuncia. Luego, el 29 de abril, renunció César Batiz, quien coordinó la Unidad de Investigación del medio.
El 12 de febrero de 2014, al final de una masiva protesta pacífica en Caracas, tres personas murieron y varias resultaron heridas en enfrentamientos entre un pequeño grupo de jóvenes manifestantes, fuerzas de seguridad y civiles armados afectos al gobierno. De inmediato, altas autoridades venezolanas culparon públicamente de estas muertes al líder de la oposición Leopoldo López, quien poco después fue detenido.
LAS ESCENAS RECOGIDAS EN EL TRABAJO AUDIOVISUAL “Uniformados y civiles dispararon en La Candelaria el 12F”, realizado por un equipo de investigación liderado por la periodista Tamoa Calzadilla –que ha recibido prestigiosos premios como el Maria Moors Cabot y el Gabriel García Márquez–, han sido fundamentales a la búsqueda de justicia para las víctimas y para rebatir la verdad oficial sobre esta fecha que permanece como una herida abierta. La comunicadora brinda un resumen de lo que fue su trabajo entonces y de su posición a favor del derecho a la información:
Eran las 3:13 de la tarde cuando cayó el cuerpo de Bassil Alejandro Dacosta en la acera. En ese momento, la calle y la línea de tiro estaban en manos de individuos identificados con uniforme, placas y vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acompañados de otros vestidos de civil.
Así arranca el primer párrafo de la historia que escribió la Unidad de Investigación del diario Últimas Noticias, el 16 de febrero de 2014, cuatro días después de que testigos registraran lo que había ocurrido en pleno centro de Caracas.
El reportaje fue producto de la curaduría de imágenes que llegaron a partir de ese momento al equipo, por varias vías: algunas de los propios fotoreporteros del diario, otras subidas a redes sociales que los periodistas se dedicaron a confirmar. En la página web de Últimas Noticias se podía ver un video con la secuencia de los disparos, las víctimas y sus victimarios.
La muerte de Bassil Dacosta
Un grupo de manifestantes gritaban a la policía, los insultaban y les lanzaban piedras. Luego avanzaron hacia una motocicleta del Sebin y la tumbaron en el intento de tomarla. Esto desató una ráfaga de disparos por parte de agentes contra el grupo opositor.
Toda la secuencia queda registrada en un video que reconstruyó y editó nuestro equipo de investigación, aunque hoy en día esos archivos hayan sido borrados y los venezolanos no tengan acceso a ese recuerdo de su historia reciente. El equipo investigador de Últimas Noticias –a pesar de estar bajo la censura que impuso su venta a un grupo económico que sometió la línea editorial a favor del gobierno- logró identificar a los agentes policiales y militares que participaron en el asesinato de Dacosta.
Los testimonios de vecinos coinciden en que luego de los disparos, los agentes recogieron algunas evidencias y cascos de balas, incluso esa noche y madrugada visitaron apartamentos, ductos de basura y escaleras buscando elementos que pudieran incriminarlos, entre ellos fotos y videos.
La muerte de Juancho Montoya
A Juan Montoya lo asesinaron a pocos metros de donde cayó Bassil Dacosta, unos 30 minutos antes. El homicidio de “Juancho”, como era conocido el jefe de grupos denominados “colectivos”, civiles armados y motorizados cercanos al gobierno, está menos documentado que el de Dacosta, sin embargo las imágenes del charco de sangre que dejó su cuerpo en la acera fueron las primeras en conocerse. Los elementos gráficos y testigos arrojaron pruebas de que Montoya entró a la calle comandando a su equipo, en la vanguardia, en la primera moto. Una cámara de seguridad captó cómo apenas segundos después de ingresar es recibido a tiros y su cuerpo herido de muerte es recogido por sus seguidores.
Durante su sepelio, en la popular parroquia 23 de Enero de Caracas, Hermenegildo Barreras, Segundo a bordo en la organización armada, contó a una reportera de la Unidad de Investigación que a Juancho “lo mataron los funcionarios” a pesar de que el discurso oficial intentó culpar de este hecho a cuerpos de seguridad de alcaldías opositoras. El gobierno buscaba incriminar al dirigente Leopoldo López, hoy en prisión.
No obstante, las investigaciones judiciales culparon a Barreras de ese asesinato, presuntamente para asumir el liderazgo del colectivo.
Al cabo de un año, la Unidad de Investigación de Runrun.es, un medio independiente al cual empecé a formar parte, reconstruyó el caso y con el expediente judicial reveló quiénes habían sido encarcelados, procesados y quienes jamás pisaron un tribunal.
El trabajo periodístico a la búsqueda de la justicia y el camino que queda por recorrer
El 1 de diciembre de 2016 dictaron sentencia de 29 años y seis meses de prisión al comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho (el de camisa marrón de botones que se ve disparar en el video). Las pruebas balísticas determinaron que una bala disparada de su arma de fuego le quitó la vida a Dacosta.
También fue condenado a seis años de prisión el agente de la Policía Nacional Andry Yoswua Jaspe López, quien hasta ese momento estaba siendo juzgado en libertad. Los demás hombres que dispararon fueron absueltos. Miguel Domínguez -de camisa caqui y casco que da órdenes en la calle durante la arremetida- nunca fue procesado.
Los cargos de homicidio intencional le fueron retirados a Leopoldo López, una vez que se comprobó quiénes dispararon contra Bassil Dacosta y sus compañeros de lucha.
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Robert Redman, uno de los jóvenes que fue fotografiado cargando el cuerpo de Bassil Da Costa y portando una cámara; resultó asesinado por motorizados aparentemente uniformados la noche de ese 12 de febrero.
En ese contexto fueron publicados en redes sociales cientos de videos y fotos de testigos que evidenciaron la represión por parte de fuerzas de seguridad del Estado haciendo un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes. La indignación ante estos hechos y la posterior detención de Leopoldo López seis días después avivaron las protestas por meses, llevando al lamentable saldo de 43 muertos, cientos de heridos y decenas de denuncias de malos tratos y tortura que en su mayoría aún permanecen impunes, sin lograr verdad, justicia ni reparación.
Tamoa Calzadilla actualmente vive fuera de Venezuela tras haber renunciado a su cargo en Últimas Noticias. Siente que en el país no se encuentra protegida ni ella ni su familia.
El documento de acusación del juicio por el homicidio de Bassil Dacosta revela una trama de conexiones donde grupos armados afectos al Gobierno y funcionarios de inteligencia de la policía política figuran como ejecutores de los hechos que desencadenaron los sucesos del 12F y la detención de Leopoldo López
Funcionarios del Sebin detallan en sus declaraciones una serie de episodios que vinculan al comisario Cruz Ramón Quintana, con Juancho Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario (asesinado ese día); José Miguel Odremán, líder del Frente 5 de Marzo (asesinado en octubre de 2014) y con miembros de otros colectivos
El análisis de los videos y gráficas del 12F realizado por un experto del Cicpc describe cuando al menos tres civiles, identificados como miembros del Colectivo Continente, dispararon contra los manifestantes en el momento en que cae Dacosta. Sin embargo, ninguno fue imputado ni investigado. Uno de ellos era comisario del Sebin y Policaracas
LAS INTERROGANTES SOBRE LO QUE OCURRIÓ el 12 de febrero de 2014, con motivo de la marcha del Día de la Juventud, siguen sin respuesta. La sentencia contra Leopoldo López, la detención de dos hombres y la imputación de otros ocho por los asesinatos de Bassil Dacosta y Juan (Juancho) Montoya no resuelven el enigma. Como en un episodio de The X Files, miembros de los colectivos del gobierno, que aparecen disparando, y algunos funcionarios del Sebin que los acompañaban, quedaron libres de procesos judiciales inexplicablemente, como si se tratara de un fenómeno “sobrenatural”.
En el escrito de acusación por el homicidio de Dacosta, los testimonios de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las experticias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) revelan toda una trama de episodios desconocidos que conectan a altos funcionarios de la policía política con líderes de los colectivos y con los pistoleros que se ven disparando en el lugar donde caen las dos primeras víctimas del 12F.
Estos personajes están identificados con nombres, cargos y funciones, pero nunca fueron investigados o detenidos. Tampoco figuran entre los imputados por los hechos ocurridos en la esquina de Tracabordo, en la Candelaria, ese Día de la Juventud.
El 12 de febrero de 2014, el comisario general Cruz Ramón Quintana, director de Acciones Especiales del Sebin, era el encargado de coordinar las actuaciones de un grupo de 11 funcionarios del Comando Motorizado de ese cuerpo, que tenían la tarea de monitorear las dos marchas que se realizaban en Caracas.
“…la Dirección de Acciones Inmediatas del Sebin normalmente no sale en este tipo de eventos, y cuando lo hacemos, como este tipo de caso, es previa autorización del Director General (Manuel Gregorio Bernal)”, dijo el funcionario en su declaración contenida en la acusación por el homicidio de Dacosta.
En el interrogatorio que le hacen en la sede del Ministerio Público, Quintana asegura que recibió una llamada del inspector José Luis Rodríguez, quien era escolta del entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, informándole que hacia la esquina de Ferrenquín se escuchaban muchas detonaciones de armas de fuego.
Después de este alerta, cuya hora no está precisada en la declaración, se traslada la primera comisión oficial del Sebin a la esquina de Tracabordo, encabezada por comisario Manuel Pérez, quien se encontraba en la avenida Universidad. Según otros testimonios, 20 minutos después (pasadas las 2:30 pm) llegó al lugar el resto del grupo de motorizados de la policía política. Y más tarde arribó el propio comisario Quintana. Para entonces, la situación de violencia había terminado.
La escena del crimen según el Cicpc
Declaraciones de testigos e investigadores y videos demuestran que en el lugar se encontraban desde mucho antes otros funcionarios de la dirección de Inteligencia del Sebin, entre ellos los comisarios Melvin Collazos, José Miguel “Miguelito” Domínguez (a quien también se le identifica como líder del colectivo revolucionario Continente) y José Perdomo, único detenido por el homicidio de Dacosta. Estos formaban parte del grupo de hombres que disparó contra los manifestantes.
El funcionario del Cicpc, Adrián Escobar, quien realizó el análisis de los videos obtenidos entre ellos de (Ùltimas Noticias, clave en la investigación de este este caso) para el lugar donde cayeron Dacosta y Montoya, fue describiendo en su declaración lo que se observa en cada escena y las identifica como diapositivas. En la medida en que avanza detalla minuciosamente las acciones de cada uno de los personajes que aparecen, hasta que se inician los disparos. En su narración, Domínguez, Collazos y otros dos hombres identificados como Kevin Jesús Asenso y Giovanni Valladares (del colectivo Continente) monopolizan las escenas de disparos y violencia. Además, se observa cuando uno de ellos toma la previsión de recoger las conchas de los proyectiles percutidos.
El colectivo revolucionario Continente -al que pertenecían Valladares, Asenso y Domínguez- fue un movimiento que nació de una división del colectivo Tres Raíces, que opera en el 23 de Enero y está formado por policías de diversos cuerpos, según han revelado integrantes de estas organizaciones.
En el acta que está en el documento de acusación, Escobar continúa detallando las imágenes que de lo ocurrido en la escena del crimen. Explica que en la primera diapositiva se observa “a funcionarios del Sebin en compañía de sujetos integrantes del colectivo revolucionario “Continente””. Se trata de José Miguel Domínguez, Giovanni Valladares y Melvin Collazos. Entre la sexta y la décima diapositiva (como lo muestra en la imagen) se describe el momento en que Domínguez, Valladares y Asenso comienzan a disparar contra los manifestantes y cae Bassil Dacosta. Y así continúa la declaración hasta completar 24 diapositivas analizadas de manera detallada.
Los protagonistas que no aparecen en los créditos
Pese a lo mostrado en el riguroso trabajo criminalìstico realizado por el Cicpc, ninguno de estos cuatro hombres (Domínguez, Valladares, Asenso y Collazos) fueron detenidos, imputados o investigados. “No hay una explicación para que estas personas no hayan sido imputadas. Está claro que dispararon. Pero extrañamente, en un procedimiento exprés fueron sacados del caso. De no haber estado involucrados en los homicidios, debieron ser imputados por uso indebido de arma de fuego y por lesiones”, explicó Joel García, abogado de Janet Frías, madre de Bassil Dacosta.
Giovanni Valladares (franela blanca) miembro del colectivo Continente y oficial agregado de Policaracas. José Miguel (Miguelito) Domínguez (chaqueta caqui), miembro del colectivo Continente, comisario adscrito del Sebin y escolta de Freddy Bernal. Junto a Kevin Asanso (Colectivo Continente) y Melvin Collazos (Sebin) fueron los primeros en llegar a Tracabordo y aparecen disparando cuando cae Bassil Dacosta, por un sobreseimiento judicial quedaron fuera de la causa y están en libertad
Miguel Domínguez era además comisario “adscrito” de la Dirección de Inteligencia del Sebin (según arrojaron las pesquisas del Cicpc), y también funcionario “acreditado” de la Policía de Caracas con el rango de comisario, para la fecha en que ocurrieron los hechos. Las indagaciones realizadas por varios funcionarios de la policía judicial también demostraron que este hombre tiene registros por diversos delitos, incluso por homicidio. Fuentes extraoficiales aseguraban que formaba parte del equipo de seguridad del dirigente del Psuv, Freddy Bernal. En todos los informes y declaraciones del Cicpc lo identifican como integrante del colectivo Continente. Mientras que algunos funcionarios del Sebin, lo reconocen como miembro de esa institución.
Giovanni Valladares fue identificado como integrante del colectivo Continente y oficial “acreditado” de Policaracas.
Kevin Asenso era miembro del colectivo Continente (està identificado por el Cicpc, pero no ha y imágenes públicas de él)
Comisario Melvin Collazos del Sebin, aparece disparando en el momento en que cae Dacosta, pero nunca fue detenido
Melvin Collazos fungía como comisario de la Dirección de Inteligencia del Sebin.
Todos están en libertad. Su presencia en la esquina de Tracabordo y su condición de miembros del colectivo Continente conectados con el Sebin nunca fue aclarada. Tampoco se supo por qué se encontraban en la esquina de Tracabordo, ni de quién recibían órdenes.
La trama tras bastidores: José Odremán y Juancho Montoya en escena
Después de las 3:00 pm del 12F, al calmarse la situación, el comisario Cruz Quintana relata que realizó una serie de recorridos por distintos sectores de la ciudad hasta las casi las 7:00 pm, y en el interín recibió una llamada del comisario Robinson Navarro (director de Policaracas), quien le comunicó al ministro Rodríguez Torres: “El ministro me indica que nos retiremos de las calles y di la orden para recoger las unidades que todavía quedaban en la calle, y aproximadamente a las 7:30 de la noche ya no había unidades en la calle”.
Quintana fue citado luego a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, según dice en su declaración: “Hay 3 funcionarios que aparecen en un video y me pide que se los ubique, para ese momento yo no había visto el video. Luego sale el director general (Manuel Bernal) y me pone el video y me dice: ‘explícame esto´ y yo me asombré y le expliqué… el mismo no deja que continúe mi relato y empieza a negar la existencia de la comisión en la calle haciendo ver que habíamos salido sin autorización”.
José Odreman (camisa roja) con Juan (Juancho) Montoya (camisa azul marino). Ambos, líderes de colectivos, mantenían contacto y vìnculos con contacto con el comisario Cruz Quintana del Sebin, quien coordinó las acciones del 12F. Los dos fueron asesinados en hechos que no han sido esclarecidos
Los superiores le ordenaron a Quintana que se dirigiera a El Helicoide y controlara a su personal para que no salieran. Aunque el comisario deja hasta allí su declaración sobre sus actividades del 12F y salta al 13F, el testimonio de uno de sus subalternos confirma que el jefe policial continuó moviéndose con su propia agenda ese día hasta cerca de la medianoche.
“Posteriormente salimos de Plaza Venezuela hacia Cotiza, donde el comisario Quintana se reunió brevemente con un sujeto de nombre Odreman, que es de un colectivo de Cotiza, pero no sé qué hablaron porque yo estaba retirado”, cuenta -en el interrogatorio recogido en la acusación- el comisario del Sebin Igor Busek Reyes, quien trasladó a Quintana en su motocicleta hasta la vieja sede de la PM, donde operaba el colectivo Frente 5 de Marzo.
El hombre con quien se reunió el jefe de Acciones Inmediatas del Sebin era José Miguel Odreman, líder del Frente 5 de Marzo y ex funcionario de la Policía Metropolitana, que fue asesinado ocho meses después (7 de octubre de 2014) por funcionarios del Cicpc, en un procedimiento muy polémico que nunca fue aclarado. En esa oportunidad, el ministro Rodríguez Torres calificó a Odreman de delincuente y justificó la acción de la policía judicial.
Pero el encuentro con Odreman no fue lo único que omitió Quintana en su declaración. El comisario no dijo que luego del enfrentamiento en la esquina de Tracabordo se trasladó al oeste de Caracas donde sostuvo un encuentro con motorizados. “… en específico que recuerde nos dirigimos a la sede del 4-F, ubicada en la parroquia 23 de Enero, una sede de un colectivo que se hace llamar 5 de Marzo…”, narró la detective del Sebin, Sarelys Márquez, quien acompañó al comisario Quintana en esas diligencias.
El jefe de Acciones Inmediatas del Sebin tampoco incluyó en su testimonio que la mañana del miércoles 12F le había enviado unos supuestos “libros” a Juancho Montoya, que fue el primero en caer asesinado en horas de la tarde durantes los hechos de violencia en Tracabordo. El comisario Busek asegura que presenció una conversación en la que su jefe cuenta ese episodio: “¿Diga usted si tiene algún conocimiento de que alguno de sus compañeros del Sebin haya acudido el día 12-02-14 a las instalaciones del Parque del Oeste Alí Primera, en Catia? -dice el acta del interrogatorio hecho a Busek- Contestó: para ese momento no sabía, pero el día que fue al Sebin una comisión del Ministerio Público para retirar nuestras armas de reglamento, el comisario Cruz Quintana comentó que ese día él le había enviado unos libros a Juancho y que se los había mandado con un inspector que se llamaba William Mujica”, dice el documento que recoge la declaración.
La vinculación entre Montoya y Quintana fue confirmada por Jonny Montoya, hermano de «Juancho», quien dijo a Runrun.es que su familiar sí mantenía contacto con el comisario del Sebin, Cruz Quintana, pero por estrictas razones de inteligencia: «Juancho era funcionario activo de Policaracas y siempre los policías tienen contacto con funcionarios del Sebin y de otros cuerpos de seguridad».
Montoya dijo además que sí tuvo conocimiento de que su hermano recibió el 12 de febrero unos supuestos libros del Sebin, que un funcionario de ese organismo le entregó, de parte del comisario Cruz Quintana, en Gato Negro. «Eso me lo dijo su novia en la funeraria, pero nunca he tenido acceso a esos libros, ni sé qué información hay en ellos», explicó.
Juancho Montoya era coordinador del Secretariado Revolucionario, una organización que agrupaba a 170 colectivos en Caracas. Su asesinato el 12F desató una guerra de colectivos y varias divisiones en estos grupos. Aunque por su homicidio está detenido Hermenegildo “Hermes” Barrera, quien era el segundo al mando en su grupo, Jonny Montoya asegura que detrás de este crimen hay otros responsables.
El contenido del paquete (supuestos libros) enviado por el comisario del Sebin al líder de los colectivos, que luego fue asesinado, sigue siendo un misterio.
Ficción: La orden de acuartelamiento fantasma
Así como el comisario Quintana dejó claro en su interrogatorio que la unidad de Acciones Inmediatas del Sebin fue activada ese día por orden del director de la institución, los funcionarios Busek y Márquez aseguran que ese cuerpo nunca recibió una orden de acuartelamiento.
Todos coinciden en que el 13 de febrero de 2014 todos recibieron la instrucción de no portar sus armas y fue el 15 de febrero cuando llegó una orden de acuartelamiento, justo cuando se anunció la destitución del director, Manuel Bernal. “Yo quiero dejar claro que ese día 12-02-2014 nunca tuvimos orden de acuartelamiento”, dijo el comisario Igor Busek en su declaración de forma espontánea, sin que lo preguntará el interrogador. Esto contradice la versión que dio el presidente Nicolás Maduro, el 16 de febrero de 2014, cuando aseguró que los funcionarios del Sebin habían desacatado la orden de acuartelamiento.
Busek explica que ese día recibió instrucciones directamente del comisario Cruz Quintana “porque él había asumido la Supervisión General ese día solo para los de Acciones Especiales, ya que cuando son días normales él asigna un supervisor general…”.
Los dos funcionarios también aseguran no haber visto a ningún manifestante disparando o portando armas de fuego. “Solo portaban palos, piedras y objetos contundentes”, dijo la detective Sarelys Márquez, quien fue atacada por un grupo de jóvenes cuando intentaba recoger su moto. Coincidieron en que al comisario Miguel Domínguez, alias Miguelito, se le escuchaba hablar constantemente por la frecuencia de radio del Sebin, incluso daba instrucciones. Pero no pudieron identificar a algunos de los hombres que acompañaban a este funcionario, ni por orden de quién se encontraba en Tracabordo.
Busek dijo en su interrogatorio no saber quién era Domínguez hasta ese día y así se refleja en el acta. Al funcionario le preguntaron: “¿Diga usted, si para el momento de encontrarse en las inmediaciones de la Fiscalía General de Parque Carabobo, o en la esquina de Perico antes de producirse los primeros disparos, llegó a observar la presencia de funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Sebin?”. Y él contestó: “El único que recuerdo haber visto fue a uno gordo de camisa manga larga color caqui que después me enteré que es comisario y se llama Miguel Domínguez”.
Toda esta trama de guiones elaborados aparentemente por varios «autores» hasta ahora desconocidos, muestra a más de una veintena de actores, siempre ligados al gobierno de Nicolás Maduro y a grupos oficialistas, que protagonizaron acciones violentas. Sin embargo, por los sucesos del 12F solo hay tres detenidos: Leopoldo López, sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión por asociación para delinquir, instigación pública y determinador en los delitos de incendio y daños; el comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho, acusado por homicidio intencional calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y acuerdos internacionales por el caso de Bassil Dacosta; y Hermenegildo Barrera, acusado por homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma de fuego, por el caso de Juancho Montoya.
Robert Redman (asesinado la noche del 12F) en el momento en que ayuda a cargar a Bassil Dacosta, que habìa sido herido
Hay otros siete funcionarios que sí fueron acusados, y enfrentan el juicio por el homicidio de Dacosta, pero en libertad. Eston son: Jonnathan Rodríguez Duarte (escolta del entonces ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres), Andry Jaspe López, Edgardo Lara, Manuel Pérez, Héctor Rodríguez, Jonfer Márquez y Jimmy Sáez.
Pero la noche del 12F ocurrió otro asesinato de un manifestante. Robert Redman, el joven que en la tarde había ayudado a cargar a Dacosta, fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando protestaba en Chacao. Los tiradores se desplazaban en motos de alta cilindrada. Por este crimen no hay detenidos, y nada se sabe de la investigación.
Hermano de “Juancho” Montoya asegura que hay videos que muestran a colectivos disparando
Jonny Montoya, hermano de Juan Montoya, líder de los colectivos asesinado el 12 de febrero en Candelaria, recuerda que hoy se cumplen 735 días de la muerte de su familiar que, entre los grupos que hacen vida en la parroquia 23 de Enero y en otros sectores populares era conocido como “Juancho”.
A dos años del asesinato de “Juancho”, las únicas evidencias que Montoya asegura ha logrado tener acceso son unos videos en los que se ven cinco miembros de los colectivos Waraira Repano y Oswaldo Arenas disparando. En ese material audiovisual, según el hermano de quien fue el máximo representante del Secretariado Revolucionario de Venezuela, se ve cómo el mano derecha de su pariente, le dispara en la espalda y en el rostro.
“En los videos que me enseñó el fiscal 55 Miguel Hernández, y que no salieron a la luz pública, se ve cómo con dos disparos Hermes Barrera mató a Juancho. El primer disparo se lo hizo en la espalda, y cuando mi hermano volteó, le disparó en el rostro, por la nariz. El asesino es él, pero inmediatamente en la grabación se ve que los otros cuatros miembros de los colectivos, hacen lo que nosotros llamamos en los colectivos parampampam, que es disparar al aire para que la gente se esconda, y en ese hecho sirvió para que no se viera el homicidio de Juancho”, relata.
Aunque Montoya, que es ex funcionario de Policaracas, no ha tenido acceso al expediente del caso, advierte que las pesquisas tienen varias inconsistencias pues no se practicaron allanamientos y no hay detenidos para investigar el móvil de la muerte de su hermano.
“Hay un solo detenido, que es Hermes Barrera, pero no se puede considerar como una detención porque ese señor se entregó cuando se cumplieron 147 días de la muerte de Juancho y su entrega fue negociada. El juicio ha sido chucuto. Barrera está detenido en la División de Homicidios del Cicpc ubicada en la Avenida Urdaneta y, según me han informado, tiene beneficios para salir los fines de semana. El homicida no ha sido condenado y hay otras cuatro personas que no han sido detenidas por porte ilícito de arma y por asociación para delinquir”, advierte.
NO SIEMPRE UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA logra desmontar la versión de un gobierno. Eso fue lo que logró el reportaje en serie de la extinta Unidad de Investigación de Últimas Noticias que reconstruyó los sucesos del 12 de febrero de 2014, a partir del análisis de una serie de videos y fotografías proporcionadas por testigos amateurs y profesionales.
La investigación, presentada en video y reportaje escrito, demostró que quienes dispararon contra el joven Bassil Dacosta en Candelaria, fueron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y no líderes de la oposición venezolana, tal como acusó el gobierno de Nicolás Maduro el mismo día de la marcha de estudiantes que llegó hasta la sede del Ministerio Público en Candelaria, donde se produjeron los enfrentamientos entre manifestantes, cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados.
Después de la publicación, el presidente Maduro admitió públicamente que miembros del Sebin desobedecieron la orden de acuartelamiento, al quedar en evidencia su actuación en la esquina de Tracabordo donde cayó Dacosta.
Por el caso del joven asesinado, hay ocho funcionarios imputados, de los cuales sólo José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Sebin, está tras las rejas. Los siete restantes son juzgados en libertad y tienen régimen de presentación semanal ante el tribunal.
El reportaje en serie, publicado entre el domingo 16 y domingo 23 de enero de 2014 en el diario Últimas Noticias, fue merecedor del premio nacional de periodismo de investigación Ipys 2014 y el premio internacional de periodismo Gabriel García Márquez.
Los personajes
Bassil Alejandro Dacosta Frías: Carpintero, 24 años. Nativo de Guatire. Cayó por un tiro en la cabeza en la esquina de Tracabordo, Candelaria. A las 3:25 pm. ingresó muerto al Hospital Vargas. Era la primera vez que participaba en una marcha de protesta. El 12F fue auxiliado por un grupo de jóvenes entre los que se encontraba Robert Redman, también asesinado por un disparo en Chacao ese día.
Juan (Juancho) Crisóstomo Montoya: 51 años. Coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas). Dirigía 92 movimientos. También, era miembro del grupo Carapaica y Policía del municipio Libertador, adscrito al Departamento de Inteligencia del Instituto y participó en el proceso de desarme promovido por el gobierno. Recibió un tiro en la cabeza aproximadamente a las 2:40 pm entre esquina de Monroy a Trocadero, frente al edificio Doralay, que estaba tomada por la Policía Nacional Bolivariana. Ingresó a la clínica La Arboleda de San Bernardino a las 3:10 pm, donde falleció. En la marcha opositora se encontraba con sus compañeros de colectivos y no con funcionarios policiales. Llegó al lugar de la manifestación después de un llamado que le hicieron por radio, según su hermano Jonny.
Por su caso, el Ministerio Público acusó a Hermenegildo Barrera Niño (49), conocido como “Hermes”, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de armas, previstos en el Código Penal y en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Hombre de la camisa blanca: Identificado como Jonnathan Rodríguez Duarte, de 40 años. Sargento de tercera del Ejército y escolta del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. En los videos se le ve accionando un arma corta 9mm (Glock 19), llevando un casco, lentes oscuros, bolso verde y pantalón verde militar. En 2007 estuvo adscrito a la Academia Militar, luego pasó al Sebin.
En junio, fue acusado por el Tribunal 48 de control del Ministerio Público por uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales suscritos por la república al igual que los funcionarios del Sebin comisario jefe Manuel Benigno Pérez, subcomisario Edgard Lara Gómez, inspector Héctor Rodríguez Pérez, detective Jimmy Sáez Osorio y detective Jonfer Márquez Hernández, así como Andry Jaspe López (Policía Nacional Bolivariana). Los siete son enjuiciados en libertad y bajo régimen de presentación.
Ocho meses después de los sucesos del 12F, Rodríguez Duarte recibió la orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial por disposición de Ministerio de Interior, justicia y paz, por cumplir “una excelente labor, extraordinario desempeño, dedicación y abnegación en la misión encomendada, demostrando apego a las normas institucionales durante su trayectoria en el respaldo de la seguridad, paz y el orden interno del pueblo venezolano” (Gaceta Oficial 416.177 del 29-10-14)
Hombre de la camisa caqui: Comisario del Sebin identificado tres días después de la publicación del primer reportaje. como José Miguel Domínguez, “Miguelito”. En los videos y fotografías del 12F lleva casco negro y radio transmisor. Llegó al sitio como parrillero en una moto de alta cilindrada y sin placas. Se le ve claramente coordinando a funcionarios uniformados y hombres de civil que arribaron en motos con placa oficial y dispararon con armas cortas a los manifestantes. En los registros gráficos y audiovisuales, no aparece accionando un arma. Es jefe de seguridad del diputado Freddy Bernal, presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial.
A pesar de que los videos y fotografías evidencian su presencia en el 12F, Domínguez no es incluido en la lista de ocho acusados por la muerte de Bassil Dacosta ni Juancho Montoya.
El 13 de diciembre de 2014, Domínguez estuvo presente en la reunión de intervención de Policaracas, en la sede de ese cuerpo de seguridad, acompañando a su jefe Bernal.
Melvin Collazos Rangel: Comisario del Sebin, que formó parte del grupo de este cuerpo de seguridad que violó la orden acuartelamiento impuesto por el gobierno. Aparece claramente en los videos y fotografías disparando contra manifestantes entre las esquinas de Monroy y Tracabordo, donde fueron asesinados Bassil Dacosta y Juan Montoya. Lo último que se conoció de este funcionario es que estuvo detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes conocida como la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Pese a las evidencias, su nombre no aparece en la lista de los acusados por los sucesos del 12F.
José Ramón Perdomo Camacho: Comisario del Sebin, acusado de autor material del homicidio de Da Costa. Es el único de los ocho funcionarios imputados por este caso que está preso en el Sebin. El Ministerio Público lo acusa por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República. En su declaración aseguró que nunca recibió una orden de acuartelamiento.
Jonny Montoya: Hermano de Juancho Montoya. Estuvo cerca de la zona de los sucesos el 12 F y corrió a la clínica La Arboleda en San Bernardino donde murió Juancho. “Hubo fuego cruzado. El disparo fue lineal, paralelo al suelo, calibre bajo”. Un año después, sigue exigiendo a la Fiscalía y al Ministerio de Interior y Justicia una investigación justa y sin política, “que lo empastela todo”.
Hermenegildo “Hermes” Barrera: (que en el reportaje de ÚN aparece escrito como Hender Barreras): Fue testigo del crimen y sustituto de Juancho Montoya. El 12F aseguró en un principio que lo mataron funcionarios de cuerpos policiales de otros municipios. Luego argumentó que el tiro salió de una camioneta blanca. Fue acusado por el Ministerio Público como autor del asesinato de Montoya, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de arma de fuego. Cuando fue capturado en agosto de 2014, negó a la prensa los cargos. “No soy el autor material ni intelectual”.
Nicolás Maduro: Presidente de Venezuela. La misma noche del 12F, aseguró desde un acto en La Victoria (Aragua) que ya se habían identificado a quienes dispararon contra Da Costa. “¡A Juan Montoya lo mataron con la misma bala con que asesinaron a Bassil Dacosta, con solo 15 minutos de diferencia”. El domingo 16, cuando se publicó la primera entrega del reportaje, reconoció que “un grupo de efectivos del Sebin desacató la orden de acuartelamiento”.
El viernes 21 de febrero, Maduro anunció que los funcionarios del Sebin que dispararon contra manifestantes del 12F estaban detenidos. No los identificó, pero aseguró que lo había entregado a la Fiscalía. “Que paguen con cárcel…. Si descubro que existe una conspiración, lo diré. No protejo a nadie que dispare contra nadie en una manifestación”.
Elías Jaua: Canciller durante las protestas de 2014. Antes de la publicación del reportaje sobre el 12F, aseguró: “nuestra policía no usa armas de fuego en el control de las manifestaciones… no puede señalarse que los cuerpos de seguridad han utilizado armas de fuego contra manifestantes. No hay ni una sola prueba”.
Desde septiembre de 2014, fue sustituido del cargo por Delcy Rodríguez y asume el ministro de Comunas y Desarrollo Social.
Miguel Rodríguez Torres: Ministro de Interior, Justicia y Paz (MIJP). El 12F declaró en la sede del Ministerio Público: “Ellos venían ya premeditadamente a una acción de violencia contra los cuerpos policiales y contra el pueblo venezolano (…) Por lo tanto nosotros ya estábamos preparados para contener esta protesta y fue lo que hicimos. Sin embargo, los niveles de violencia fueron impresionantes… Nosotros actuamos hoy como gobierno venezolano, actuamos de buena fe. Ellos querían marchar, se les dejó llegar hasta la Fiscalía y a partir de que llegaron empezaron a desarrollar su verdadero plan, la reedición del 11 de abril”.
También afirmó que se investigaba si una sola arma dio muerte al mismo tiempo a Dacosta y Montoya, o por lo menos si era el mismo tipo de munición que causó ambos homicidios. “Podemos presumir que haya sido un solo tirador que causó ambas muertes o dos tiradores con una misma munición”.
Ocho meses después del 12F, Rodríguez Torres sale del MIJP el 24 de octubre de 2014, luego de dos polémicos asesinatos que conmocionaron las filas del chavismo: el del diputado Robert Serra (Psuv) y el del líder del Secretariado Revolucionario Venezuela, que agrupa unos 50 colectivos. Lo sustituyó Carmen Meléndez.
Freddy Bernal: Diputado Psuv. Actualmente se desempeña como Comisionado Presidencial para la Transformación Policial. Estuvo presente en el velorio de Montoya en la plaza 4F del 23 de enero, en Monte Piedad, luego de que los colectivos trasladaran el féretro desde la funeraria Vallés a las 7:00 pm del jueves 13 de febrero de 2014. Sobre Montoya, dijo: “Dio todo por la revolución sin esperar nada a cambio. Habló con los colectivos para calmarlos. “Esa es la responsabilidad política… hablé con muchos (colectivos) para que confiemos en el Estado de Derecho. Nadie puede pretender que tomar la justicia por las propias manos sea una solución”.
Luisa Ortega Díaz: Fiscal de la República. Afirmó en febrero de 2014 que las experticias sobre los asesinatos de Da Costa y Montoya “estaban por concluir”.
Yorman Valero: primo de Bassil Dacosta y testigo clave del caso. Identificó a cuatro personas detenidas por el homicidio.
Juan Carlos Sierra: Tío de Bassil Dacosta. Confirmó la formalización de la denuncia sobre el asesinato del joven ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penalísticas. Se quejó por la suspensión de la ronda de reconocimiento a cuatro detenidos prevista para el jueves 20 de febrero de 2014.
Robert Redman Orozco: 31 años, piloto privado. Fue la tercera persona asesinada el 12F. Cayó por un disparo en la cabeza la noche del 12F cuando protestaba en la esquina Juan Grill de la avenida San Ignacio del Loyola, Chacao, donde había enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana. Según testigos del hecho, la bala provino de un grupo de motorizados que pasaron por el lugar vestidos con pasamontañas y cascos integrales. Un año después, no hay culpables. Formó parte del grupo de jóvenes que en la tarde ayudó a trasladar a Bassil Dacosta después de ser abaleado en la Candelaria.
Las entregas
El video del #12F que responde sobre la muerte de Bassil Dacosta un año después
«Con armas cortas atacaron a manifestantes». Domingo 16 de febrero de 2014
«Identificado el funcionario de la camisa caqui». Miércoles 19 de febrero de 2014
«Buscan a funcionarios del Sebin por el 12-F». Jueves 20 de febrero de 2014
«Formalizan denuncia por muerte de Bassil». Viernes 21 de febrero de 2014
«A Juancho Montoya lo recibieron a tiros» // «A Redman el dio fue un tiro a lo loco». Domingo 23 de febrero de 2014
El presidente Nicolás Maduro se refirió este martes 24 de febrero al asesinato del joven Kluiverth Roa, de 14 años, quien murió de un tiro en la cabeza por un agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Táchira. En un acto desde el estado Sucre que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro calificó el hecho como «inverosímil», aunque no haya nada más verosimil que las imágenes del Kluiverth Roa vestido de liceísta desangrándose en una calle de San Cristóbal mientras los agentes de la PNB emprendían la huida y atacaban con bombas lacrimógenas a los vecinos de Barrio Obrero. Aquí un resumen de sus declaraciones:
1. Los policías «pasaron por allí»: El presidente, quien se encontraba de gira en Trinidad cuando ocurrieron los hechos, ofreció un reporte que fue televisado, en el que relató una versión de los hechos que contradice los relatos de vecinos, testigos presenciales del asesinato y varios videos del asesinato de Kluiberth Roa en San Cristóbal: «El momento en que un grupo de muchachos, con capuchas, estaban en actividades de protesta y generación de violencia, es la versión preliminar. En ese mometo se produjo un hecho inverosímil: Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea. Dicen los policías que fueron rodeados, atacados y atacados con piedras. Y uno de los policías accionó esta escopeta de perdigones y mató a este muchacho». Una joven que presenció y narró el suceso el suceso aseguró que fueron los policías quienes atacaron con perdigones a los manifestantes. Roa salía a esa hora de clases en el liceo Agustín Codazzi y se encontró con un herido por perdigones y se detuvo para auxiliarlo. La policía llegó de manera violenta. Varios jóvenes que manifestaban corrieron. Kluiberth, quien apenas alcanzó a esconderse debajo de un carro, fue sacado por agentes de la PNB. Un funcionario, Javier Osias Mora Ortiz, de 23 años, disparó casi a quemarropa en la cabeza, específicamente en la región occipital.
2. La derecha, siempre la derecha: Maduro acusó a la «derecha» venezolana de formar sectas que reclutan jóvenes para promover la violencia. «Basta de violencia, se lo digo a los grupos de la derecha. Que envuelven en un abanico de odio, y el estímulo, y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia, y les envenenan el alma de odio, de deseo de venganza de muerte».
3. Otra vez, siempre la CIA y «el imperio»: Maduro también acusó a la CIA de formar «sectas» —una palabra que repitió varias veces— como ‘Tradición, Familia y Propiedad’, la cual aseguró formaba fanáticos. Además sugirió que en Venezuela existía una cosa que llamó «la trilogía del mal» y que alguien de esa «trilogía» formaba parte de ‘Tradición, Familia y Propiedad’: «Fue una secta que formó la CIA para formar fanáticos, entre un fundamentalismo católico y un anticomunismo fascista. Aquí en Venezuela y en Brasil existió ‘Tradición, Familia y Propiedad’. Uno de ellos, de la trilogía del mal, que Venezuela conoce, uno de estos monstruos, a su primera edad fue capturado y adoctrinado en ‘Tradición, Familia y Propiedad’. Y ellos han reproducido esos grupos celulares, son como células. Y llenan de odio a jóvenes y los llevan a ejercer la violencia».
4. Venezuela como potencia educativa: No se sabe si fue porque Maduro estaba en un acto con líderes de agrupaciones estudiantiles de todo el mundo y porque la propaganda oficial necesariamente debe ser llevada fuera de nuestras fronteras. No se sabe si fue porque en verdad se lo cree o porque quiere que el resto del país se lo crea también, pero el presidente sugirió que Venezuela es casi una potencia educativa: «Nuestros muchachos tienen garantizado el derecho al estudio, desde que nacen hasta que se gradúan al nivel que se quieran graduar. Tienen la educación pública, de calidad, gratuita, totalmente gratuita, garantizada por el Estado revolucionario. Hay que ver en cuantos países del mundo esto es un derecho. Sobre todo a nivel universitario. Y estamos buscando el 100% de la matrícula». La realidad es que en el país hacen falta planteles educativos, la infraestructura educativa está en franco deterioro, la calidad educativa ha descendido (Venezuela está en la cola de países en Latinoamérica que producen investigaciones científicas), las universidades funcionan con presupuestos deficitarios, hay fuga de cerebros y los sueldos de docentes son insuficientes para cubrir la canasta básica.
5. Protesten donde sea, menos donde gobierne el chavismo: El presidente exhortó a los jóvenes que manifiestan a alejarse de la violencia y dijo aseguró que en el país están garantizados los derechos a manifestarse, aunque en el municipio Libertador (Caracas) —gobernado por el PSUV— no se permita a opositores marchar y protestar pacíficamente. Maduro dijo: «Si usted quiere protestar un tema, se organiza y sale a la calle. Pide los permisos respectivos, puede salir a marchar, cantar, gritar consignas. Puede ir a una televisora, a una radio y decir ‘no estoy de acuerdo con esto’. Pero no hay espacio para la violencia». Se le olvida que a los estudiantes de la UCV no se les permitió acudir a una misa por los caídos Bassil Da Costa, Robert Redman y Juancho Montoya en la iglesia San Pedro el pasado 12 de febrero. El templo, que está apenas a una cuadra de la UCV, fue bloqueado por piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
6. «Llenos de odio»: El jefe del Estado cree que los que manifiestan contra su gobierno están llenos de odio: «Son muchachos que se han dejado inyectar el odio hacia nosotros. Primero hacia el comandante Chávez, ahora hacia mí y hacia nosotros los revolucionarios. Con el odio no van a lograr nunca nada. Lo único que van a lograr es destruir su propia alma. Basta de violencia, muchachos. Hagan lo que tengan que hacer con sus ideas, pero háganlo en paz, respetando la constitución».
7. ¿Y la impunidad?: El presidente aseguró que «si algún funcionario, por cualquier razón que sea, encargado del orden público, comete un crimen. Saben ustedes que soy el primero en buscar la orden para detenerlo». Pero allí están —libres o esperando un juicio que no termina de llegar— los asesinos de Bassil Dacosta, Geraldin Moreno, Juancho Montoya, Robert Redman; o la funcionario de la Guardia del Pueblo que golpeó brutalmente a Marvinia Jiménez y que permanece en libertad y goza de la protección de las autoridades. La impunidad es tal, que ni las fotos o vídeos que muestran a los funcionarios disparando han servido para que sean detenidos.
8. La resolución de Padrino López. Maduro afirmó: «En Venezuela está prohibida la represión armada y de manera explícita en la constitución están los elementos para contener, como lo hicimos el año pasado». Pero la verdad es que el Gobierno avaló la resolución 008610 del Ministerio de Defensa, publicada en Gaceta Oficial en enero y suscrita por el ministro Vladimir Padrino López, en la que se autoriza el uso de armas letales para controlar manifestaciones, aunque esto contravenga el artículo 68 de la Constitución venezolana que establece que «se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
9. La mentira de las 43 muertes: «Los 43 muertos de las guarimbas del año pasado. Todos, todos todos, son producto de francotiradores o de hechos vinculados a violencia como estas», dijo Maduro, aunque funcionarios del Sebin, de la PNB, Guardia Nacional Bolivariana y Guardia del Pueblo aparezcan como responsables de algunas de las muertes causadas el año pasado en el marco de las protestas. El Estado no ha probado en ninguna instancia la vinculación de las muertes a francotiradores, ni ha identificado a ningún francotirador y establecido su culpabilidad.
10. Bonus: reírse tras la tragedia. Maduro cuenta chistes y se ríe. El presidente dijo que condenaba la muerte del adolescente Kluiberth Roa. Pero luego, en la misma cadena, se distendió, contó chistes y rió a carcajadas.
A un año del 12 de febrero de 2014, se conocen los nombres pero no todos los rostros de los 43 muertos relacionados de alguna manera con los hechos de aquel Día de la Juventud.
El saldo de las protestas que comenzaron en febrero de 2014 está allí: 43 muertos.
El Gobierno no garantizó el constitucional derecho a la vida a ninguno de esos venezolanos ni tampoco ha concedido justicia a sus familiares, pero sí los utiliza como propaganda política para criminalizar las protestas. Algunos de ellos participaban, otros no.
La versión del Gobierno sobre estas muertes es distinta en la mayoría de los casos. Y muy distante a la que sostienen los familiares y organizaciones de Derechos Humanos. Hasta las cifras son diferentes.
Un especial del canal estatal Telesur habla de 49 personas fallecidas, mientras que el Foro Penal maneja la cifra de 44. La organización no gubernamental relaciona a 10 víctimas (de las 44 que reconoce) directamente con las guarimbas. Mientras, el Centro de Derechos Humanos de la Ucab y Provea informan que se trata de 42 muertes.
El Ministerio Público reconoce la muerte de 43 venezolanos desde que “iniciaron los hechos de violencia fascista en gran parte del país”, según reza una nota de prensa de esa institución el 26 de mayo de 2014.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz, en su columna “Guarimbas”, publicada en todos los medios del Estado el 10 de febrero de 2015, explica que esas 43 personas muertas son “un balance, una muestra de la alteración de la paz social”. Además dice que el Estado “con absoluto respeto del derecho al debido proceso, adelantó las investigaciones para establecer las responsabilidades ante estos graves delitos”.
La propia fiscal reconoció que hay 43 fallecidos, pero mencionó que sólo cuatro de las muertes están siendo investigadas: Bassil Dacosta, José Alejandro Márquez, Geraldine Moreno y Adriana Urquiola.
Si bien la Fiscalía ha adelantado esos cuatro casos de 43, ninguno se ha resuelto.
El caso de Geraldine Moreno con el rostro deformado por heridas de perdigones, es emblemático para mostrar el uso que la propaganda gubernamental ha hecho con las víctimas mortales de las protestas. Su foto ha sido utilizada infinidad de veces por grupos oficialistas para denunciar que fue una muerte ocasionada por las llamadas guarimbas.
En el caso de Moreno, no sólo se comprobó que quienes le dispararon fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, sino que tampoco se ha hecho justicia. Cuatro funcionarios fueron presentados por el caso, de los cuales sólo dos están privados de libertad, mientras que los otros dos se encuentran bajo régimen de presentación. Las ONGs reconocen que al menos 25 funcionarios intervinieron en el ataque.
El 22 de febrero de 2015 se cumple un año del asesinato de Geraldine Moreno, y aún no ha comenzado el juicio, ha sido diferido ocho veces.
El Gobierno ha utilizado estas muertes para criminalizar las protestas que iniciaron los estudiantes en febrero de 2014.
El 24 de febrero de 2014, apenas dos semanas después de la marcha del 12F, el presidente Nicolás Maduro dijo que las protestas de la oposición habían provocado la muerte de 50 personas. «Ya van más de 50 muertos productos de las barricadas y de las guarimbas», señaló en cadena de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores.
También la Fiscal Ortega Díaz dijo el 14 de noviembre de 2104 en su programa de Unión Radio que muchos de los muertos entre febrero y junio fueron causados por las guarimbas.
La campaña del canal Telesur en favor de la «Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado» utiliza imágenes de Geraldine Moreno para condenar las guarimbas. Rosa Orozco, la madre de Moreno, en una entrevista a NTN24, negó esta versión. “Mi hija no fue víctima de la guarimba, sino de este gobierno asesino”.
La misma campaña utiliza la imagen de Bassil Da Costa. La madre de Dacosta, Janeth Frías, también declaró a El Impulso en diciembre de 2014 que su hijo fue asesinado por el Sebin y negó relación con las guarimbas.
«Mi hijo no era guarimbero. El simplemente fue a marchar como todo ciudadano venezolano porque yo tenía cuatro meses esperando una operación y nunca había insumos. Fue a alzar su voz en protesta por lo que está pasando en este país, pero encontró la muerte por culpa de un Sebin, porque quiso matarlo, porque lo mandaron, por odio o por rabia”.
A continuación la lista que presenta algunos medios del Estado con correcciones realizadas por el equipo de Runrun.es:
A comienzos de 2014 convergieron tres procesos sin relación causal explícita, pero engranados en el drama venezolano: el deterioro masivo de la calidad de vida de los ciudadanos de menores ingresos; el llamado de María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Gabriel Puerta Aponte, los diputados de “la Movida Parlamentaria” y otros dirigentes, a discutir en asambleas de ciudadanos los métodos constitucionales para producir “la salida” de Maduro (renuncia, asamblea constituyente, elecciones adelantadas, etc.); y la protesta estudiantil iniciada en la región andina, que tuvo un momento estelar el 12 de febrero con la manifestación convocada por Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros de la UCV, y la dirección estudiantil en Caracas y que culminó en la Fiscalía General, luego de lo cual se produjeron, a manos de los cuerpos policiales, los asesinatos del estudiante Bassil Dacosta y del activista chavista Juancho Montoya, hechos que contribuyeron a la extensión de la rebelión estudiantil por todo el país. Estos factores se alinearon, retroalimentaron y produjeron una protesta nacional sin precedentes, así como mostraron que el régimen estaba dispuesto a la represión más despiadada, con un desenlace de 43 asesinados, miles de presos, torturados, perseguidos y hostigados.
A la luz de lo ocurrido vale la pena reflexionar. Un hecho fundamental es que nadie previó y posiblemente no se podía prever el grado de furia acumulada en la sociedad y que habría de estallar apenas se abriera una rendija. Es una enseñanza: cierto que no se puede adivinar el futuro en un mundo tan azaroso, pero hay que imaginar los escenarios más improbables.
Entonces se descorrió el barniz democrático que el gobierno se empeñaba en mantener. No era la primera vez que mataba, pero rebasó todo cálculo el que las órdenes de Maduro a militares, policías y paramilitares, fuesen las de reprimir a sangre y fuego indiscriminados las manifestaciones inicialmente pacíficas en casi todos los casos. En su marco se dieron las “guarimbas” que cuando no tuvieron carácter defensivo fueron aventureras.
Un hecho político esencial fue que la lucha juvenil y el liderazgo político que sin vacilar la acompañó mostraron al mundo la realidad de un régimen dictatorial; develamiento que inició una reacción internacional que tuvo un nuevo momento con la reciente visita de los ex presidentes de Colombia, Chile y México.
Quedó para siempre el arrojo de la juventud y la renuncia de Maduro, demorada por ahora, pero sazonada y madurada para su logro.
El régimen vende mentiras y algunos opositores las compran. Preguntas tales como cuándo empezaron los enfrentamientos en las calles y cuántos ciudadanos fueron asesinados este año por motivos políticos tienen respuestas contundentes. Quiénes fueron los asesinos es algo complejo porque algunos presuntos causantes de las muertes no han sido sentenciados y otros todavía no están identificados. Las agresiones a los estudiantes y la respuesta de estos con trancas de calles se iniciaron antes del 12 de febrero. Efectivamente, el 4 de febrero los estudiantes de la Universidad de Los Andes, núcleo San Cristóbal, protestaron por la inseguridad y en respuesta los policías destruyeron una garita, rompieron un cajero automático y detuvieron dos jóvenes. Al día siguiente protestaron cursantes de la Universidad del Zulia. El día 10 detuvieron a cuatro estudiantes y a una dama en San Cristóbal e integrantes de las universidades de Anzoátegui se sumaron a las protestas. Es decir que las mismas no las inició Leopoldo.
Después del 12 de febrero fueron asesinados 14 ciudadanos identificados con la oposición, trece de ellos por disparos y uno por golpes. Como supuestos responsables el ministerio público señaló que uno de ellos fue por disparos de guardias nacionales, tres por funcionarios públicos (uno del Sebin, otro del CICPC y un empleado ministerio). Nueve fueron asesinados por paramilitares rojos y existen pruebas de que uno de los asesinatos fue por golpes de guardias nacionales. A la cifra anterior pareciera razonable incluir las muertes de dos ciudadanos arrollados expresamente por vehículos conducidos por oficialistas molestos por la interrupción de la calle.
De los partidarios del oficialismo fueron asesinados once ciudadanos, de ellos seis de la guardia nacional y dos de la policía nacional. No se incluye en esta cifra el caso especial de Juancho Montoya, dirigente de un colectivo armado, quien según la fiscalía fue asesinado por un compañero de fechorías. Hay otro caso de un aparente partidario del oficialismo también asesinado pero en circunstancias dudosas. Llama la atención que en ninguno de estos casos se han identificado posibles asesinos, ¿dispararon paramilitares rojos contra los guardias o fueron opositores radicales?
En resumen, fueron asesinados 14 ciudadanos opositores por paramilitares rojos, guardias nacionales y funcionarios policiales. Del lado del oficialismo fueron asesinados doce ciudadanos, uno de ellos por un funcionario policial y once supuestamente por gente relacionada con la oposición. En total 26 venezolanos fueron asesinados como consecuencia del inicio de la violencia por parte del régimen. Cabe destacar que, con excepción de Montoya, que como se mencionó fue supuestamente asesinado por un compañero, entre el 12 y el 21 de febrero fueron asesinados solo ciudadanos identificados con la oposición. Queda claro que el régimen inició la violencia.
Otros caídos: No se incluyen entre los anteriores el caso de Adriana Urquiola, asesinada por disparos de un malandro Comisionado de la Policía. Tampoco se incluye la muerte de un joven opositor que acosado por la guardia nacional cayó de un tejado. Hubo seis muertes que se achacan a las barricadas. El único caso evidente es el del motorizado que pereció como consecuencia de una guaya colocada para impedir el paso de posibles agresores. Los otros parecieran menos claros. Uno se estrelló contra un árbol, otro cayó en hueco de alcantarilla, otro patinó en aceite y dos se estrellaron contra la barricada. También el gobierno achaca el fallecimiento de dos personas por demora en llegar a hospital como consecuencia de las trancas. Estos casos deben ser investigados para determinar si fueron accidentes u homicidios culposos. Achacar estas lamentables muertes a los llamados de Leopoldo, María Corina y Ledezma a realizar acciones pacificas de calle es una canallada del régimen y es colaboracionista quien descalifique a estos dirigentes. Exigimos justicia para todos y ello solo se logrará con la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.
Como en botica: Felicitaciones a Marco Tulio Bruni-Celli por su libro sobre el 18 de octubre. También a Carlos Oteyza por su documenta sobre el petróleo. El Reventón III es excelente al igual que los anteriores. Los rojos quieren destruir al IVIC, pero confiamos no les dé tiempo. Evidenciado el perjurio de los testigos, todo el mundo se pregunta quién asesinó a Anderson y por qué siguen presos los Guevara. Por populistas no aumentan el precio de la cerveza y por comunistas quieren ahogar a la educación privada y a las universidades autónomas. Repudiamos las torturas a los presos políticos Raúl Baduel y Alexander Tirado. Por inocente y por razones humanitarias Miguel Ángel Nieto debe ser puesto en libertad. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
