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Juan Pablo Pernalete

Familiares de asesinados en protestas de 2017 crean Comité de Víctimas para continuar su lucha por la justicia
Elvira de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, explicó que el objetivo de este grupo es que se imponga la verdad y se establezcan responsabilidades

Un grupo de familiares de los asesinados en las protestas de 2017 conformaron un Comité de Víctimas ante la impunidad en sus casos, como una manera de continuar luchando por que haya justicia para sus seres queridos.

Elvira de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, expresó al respecto: “Establecimos un comité para seguir impulsando la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para nuestros seres queridos (…) [también para] alzar nuestras voces, tener más fuerza, seguridad y respaldo”.

Asimismo, manifestó: “Este sistema nos ha negado justicia por el asesinato de nuestro hijo. Han criminalizado la protesta de los más de 100 jóvenes asesinados en 2017”.

Además, señaló que el caso de su hijo se presentó a la alta comisionada de los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

INFOGRAFÍA Fuentes policiales aseguran que a Juan Pernalete lo habría matado el impacto de una lacrimógena

Andrea Santacruz o el derecho a protestar

Foto: Oswer Díaz Mireles

Es la abogada de Christian Holdack y asesora a la familia Pernalete en su camino de denuncia y búsqueda de justicia; es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana —donde se formó— y defiende a Gregory Hinds así como a cualquier miembro de la comunidad universitaria que necesite ser defendido tras ser arrestado sin razón, por la mera y legítima decisión de salir a la calle a gritar cuán harto está de un gobierno oprobioso. Es Andrea Yissel Santacruz Salazar, nacida de un hogar clase media caraqueño, y ha visto la cara más sucia y represora del régimen y sin embargo vive llena de esperanzas

 

@sdelanuez

HA VIVIDO EN PRIMERA FILA TRES CASOS EMBLEMÁTICOS como defensora de los Derechos Humanos en Venezuela: Christian Holdack, Juan Pablo Pernalete y Embajadores Comunitarios. En ellos ha puesto su empeño y seguramente sus lágrimas.

Después de graduarse como abogada en la Unimet hizo una especialización en Ciencias Penales y Criminalísticas en la UCV. Desde 2014 trabaja en el centro de DDHH de la Metropolitana y lo dirige a partir de enero de 2017. Es un centro pequeño pero muy activo. Ella se incorpora de lleno a la lucha por los DDHH a raíz del 12 de febrero de 2014, luego de que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello pide su concurso para apoyar a quienes habían sido arbitrariamente detenidos tras la manifestación. Específicamente le pidieron que asistiera a la audiencia de presentación que se realizaría el 14 de febrero.

—A partir de ese momento no he parado: entré de lleno en la defensa de los Derechos Humanos —recuerda Andrea.

Cuatro jóvenes fueron juzgados junto con Leopoldo López tras los sucesos del 12-2-2014. Uno de ellos, Christian Holdack. Aquel día hubo unas cincuenta detenciones. Fueron divididos, los detenidos, en dos grupos: uno fue presentado al tribunal 26 y otro en el 28 de Control. Del primer grupo dejaron encerrados a seis jóvenes, cuatro de los cuales fueron vinculados al caso del dirigente López. Ella entra en la etapa de juicio, el cual terminó con una resolución condenatoria de diez años, seis meses y siete días para Holdack… Y todo porque estaba tomando fotos en el lugar equivocado a la hora menos oportuna: cuando los colectivos merodeaban por la esquina de Tracabordo. Holdack tomaba fotos, era bueno en ello y quería documentar la situación. Vio llegar a funcionarios del SEBIN y siguió tomando fotos. Tomó el momento en que disparan contra el joven Bassil Da Costa. Ya, para ese momento, el asesinato de Juancho Montoya había ocurrido. Incluso sucedió antes de que él llegara: lo que hizo fue tomarle fotos al charco de sangre que había dejado. Hizo seguimiento del traslado de Bassil hasta el vehículo que lo llevaría al hospital, y luego regresó hacia la Fiscalía —centro de la manifestación— y observó a personas lanzando piedras contra el edificio. Grabó. En eso estaba cuando recibe una llamada de su pareja, quien le pregunta dónde estás, la cosa aquí se ha puesto muy fea, vámonos. Pero no. Holdack quiere seguir. Una toma más. Una foto más. Fue su perdición. “Tranquila, estoy bien”, le dijo a su novia. Estaba vestido con una camisa verde fluorescente y los agentes que andaban por allí lo avistaron con facilidad. Los del CICPC, vestidos de civil, tomaban, por su parte, fotos. Su camisa era llamativa. En una que le tomaron aparecía hablando por el celular, y eso fue mostrado en el juicio como prueba de que atacaba a la Fiscalía. Así mismo: hablar por un móvil puede ser fundamento para que un tribunal decida que un joven venezolano es un delincuente.

Estaba en la Plaza Parque Carabobo. Quería hacer unas tomas de las patrullas que estaban ardiendo porque un grupo de furiosos manifestantes (¿infiltrados, quizás?) las habían prendido en fuego. Para hacer el cuento corto: los funcionarios se enfurecieron al ver sus patrullas arder. Querían llevárselos a todos, darles una buena lección. No distinguieron. Uno de ellos le pregunta a Holdack qué está haciendo, le aconseja que  salga corriendo. Holdack no le hizo caso. Más allá, un grupo había rodeado a un policía a quien quizás iban a linchar. Sí, la cosa estaba bastante fea y él seguía con su cámara. Vino un policía por detrás y le dio por las piernas, duro: lo desestabilizó, cayó al suelo. Lo apuntó con un arma de fuego en la cabeza y le dijo que quedaba detenido.

Desaparecieron su cámara y su celular. Lo llevaron al CICPC junto a unos treinta jóvenes a quienes mantuvieron por horas arrodillados, con las manos atrás. Los empujaban, les decían que los iban a matar o que los tendrían allí para toda la vida.

—No sé si llamar a eso tortura, pero al menos es trato inhumano o degradante —dice Andrea.

Los presentaron a las 48 horas, no tenían noticia de por qué estaban presos. Le dieron a Marco Coello, compañero de causa de Holdack, un papel para que lo firmara en el cual confesaba que había actuado por órdenes de Leopoldo López. Naturalmente, el muchacho se negó a firmarlo. Quedaron presos.  Christian estuvo preso hasta marzo de 2015, desarrolló ideas suicidas, un informe clínico habla sin tapujos de un trauma causado por este episodio. Estrés postraumático. Lo habían encerrado en Chacao. La sala Constitucional del TSJ vino a darle la libertad, sus miembros se dieron cuenta de la injusticia y al menos olfatearon el peligro que corría el joven. De alguna manera inédita, se compadecieron. Quizás los influyó el caso del aviador González, un hombre mayor que se había quitado la vida en el Helicoide por aquellos días, igualmente preso político.

Fobia a la injusticia

—¿Por qué te hiciste defensora de los Derechos Humanos, cómo se desarrolló en ti esta vena?

—Desde chiquita quise ser abogada. Tenía un tío abogado y lo admiraba muchísimo, Julián Aude, abogado de Valencia. Y la segunda razón es una anécdota. Estaba en un restaurante de Las Mercedes, comiendo con mi familia. Yo tendría cinco o seis años. Era la época anterior a Chávez. Entraron unos niños muy pobres, vendían flores. Los camareros les dijeron que se fueran y yo reaccioné. Les dije a mis padres que me quería ir, que en aquel lugar maltrataban a los niños y que eso era algo que no podía soportar.

Lo que más le gustaba, mientras estudiaba la carrera, era el Derecho Penal, pero ella no concibe esta rama del Derecho sin el respeto a la dignidad humana, y en Venezuela eso simplemente no lo hay. Aun cuando solo ha entrado y visto el INOF o el SEBIN, sabe que las cárceles en Venezuela deben cambiar. Ese horror del que está consciente ha influido en su desarrollo profesional. Entre sus profesores recuerda tres en especial que le han dejado huella: el exdecano Rogelio Pérez Perdomo, miembro de la Academia de la Historia, con una visión muy innovadora del Derecho, aquel Derecho que sensibiliza al abogado frente a la realidad de la sociedad. Es un sociólogo jurídico. La profesora de Derecho Penal, Carmen Alguindigue, también ha sido importante para ella. Y alguien que, aunque no fue su profesora, le marcó un camino: Angelina Jaffé, directora del CDH en Unimet antes que ella. Andrea le confesaba sus temores, le hablaba del caso Ruanda en comparación con Venezuela, se preguntaba desesperadamente si el mundo estaba esperando a que sucediera lo del país africano para actuar en Venezuela. Angelina la calmaba, le hablaba de la paciencia que hay que tener y del trabajo de hormiguita que debe hacerse.

El caso Pernalete

El segundo caso que ha seguido muy de cerca, apoyando a sus familiares, es el del joven Juan Pablo Pernalete. Dice:

—Yo a Juan Pablo no lo conocí en persona, pero hoy siento que lo conozco a través de los ojos de sus padres.

Es duro no tener un consuelo siquiera que ofrecer a los padres que han perdido, y de esa manera, a un hijo tan querido y con tanto futuro.

—En 2014 les decía a los padres de los muchachos detenidos lo que harían para alcanzar la libertad de sus hijos, había esperanza. Aquí no. Lo único que podía era ofrecerles luchar juntos por justicia.

El 26 de abril se cumplió un año de su muerte y Elvira, su mamá, luego de hablar en público, la abrazó.  “Yo lo único que quiero es que mi hijo esté conmigo”, le dijo.

—Ahí uno se desarma —dice Andrea—, no hayas qué decirle al familiar. Solo eso: seguiremos luchando, no te derrumbes.

En la Unimet se constituyó un grupo, Apoyo Unimet. Hacen (o hacían) seguimiento de las manifestaciones y pasaban reportes al Centro de Derechos Humanos.

—Aquel día monitoreamos la manifestación. Nos reportan que todos los estudiantes de la Unimet salieron de la manifestación, que están bien, que no hay detenidos. Bueno, menos mal, cerramos el día… Cuando de repente empiezan a llegar informaciones sobre una persona fallecida. Nos dicen que es un unimetano. El rector se fue hasta Salud Chacao y se encontró con la mamá. Al día siguiente se hace una misa. Nunca había visto la universidad tan llena. Nos cuentan que lo matan con una bomba lacrimógena.

El chavismo, como seguramente recordarán los lectores, había inventado una patraña. Diosdado Cabello la había cacareado en su programa: que al joven lo había matado con una pistola de perno uno de sus propios compañeros. Así se justificaba el tatuaje que le había quedado en el pecho. Delcy Rodríguez y Ernesto Villegas repitieron la patraña en una rueda de prensa. Pasaron un vídeo en el programa Zurda Konducta donde se ve a Juan Pablo desmayándose. Lo cargan y lo colocan en un sitio. Pues bien: esos jóvenes que cargaban al compañero agonizante no habían visto el impacto, creían que simplemente se estaba ahogando por el efecto del gas lacrimógeno. Juan Pablo era miembro de la selección de básquet de la Unimet. Por su fortaleza no muere inmediatamente, pero luego le sobreviene un schock.

—La Fiscalía hizo una investigación bastante buena —recapitula Andrea—, en ese momento ya no respondía a los intereses del gobierno. Se demostró, tras un examen científico de las ropas,  que había restos de los componentes de una bomba lacrimógena en ellas. No cabía duda: hicieron una “comparativa” entre la forma de la bomba y la marca del golpe que tenía en el pecho Juan Pablo.

El cartucho le había afectado el corazón, provocando el schock cardiogénico que lo mataría minutos más tarde. El GN disparó a menos de quince metros, directamente, en un ángulo de noventa grados. Como si fuese un proyectil. Durante los disturbios se ha sabido de dos personas más a quienes les hicieron lo mismo. Los otros dos casos se salvaron por suerte y por un chaleco protector que cargaba el reportero gráfico a quien le dispararon del mismo modo. No hay casualidad, entonces. Es un patrón de conducta. Es una manera de reprimir la manifestación: disparar al pecho, a las piernas o a la cabeza.

En este caso el CDH de la Universidad Metropolitana ha hecho acompañamiento a la familia, documentando el caso, orientando a los familiares. Por ejemplo, los padres de Pernalete querían recurrir desde el principio a la Corte Penal Internacional, pero fueron convencidos de los procedimientos que hay que cubrir antes, y han llevado su demanda por pasos. Pudieron hablar, sin embargo, en una audiencia en la OEA.

En 2018

A Santacruz le mueve el piso este otro caso: Fundación Embajadores Comunitarios, una organización que trabaja a favor de los Derechos Humanos conformada por jóvenes. Contra ella enfiló el gobierno. Un ataque sin precedentes a una ONG de este tipo, ensañándose en los activistas Gregory Hinds y Geraldine Chacón. Andrea ha trabajado como abogada para Hinds. Logró, en abril, una boleta de excarcelación. Sin embargo, los agentes del SEBIN hicieron caso omiso y hubo que esperar hasta el primero de junio para que se cumpliera la orden. Fue cuando el gobierno hizo una alharaca, maquillándose de piadoso. En verdad fueron mezcladas, entre aquellos que fueron puestos en libertad, personas que ya tenían boletas de excarcelación desde hacía semanas y presos comunes.

Lo cierto es que Hinds y Chacón fueron liberados. En este caso, el CDH de Unimet acompaña y asiste. Se espera sobreseimiento puesto que ellos no cometieron delito alguno. Ambas víctimas siguen en Caracas con medida de presentación periódica.

En 2014 hubo once detenciones arbitrarias de estudiantes de la Universidad Metropolitana; en 2017, nueve. Pero el modus operandi de la PNB y de la GNB se va modificando. Las cosas se han puesto más brutales, si cabe: de estos nueve, cinco jamás fueron presentados en tribunal alguno. El modus operandi consiste en tomarlos como presos, golpearlos y humillarlos, y soltarlos al cabo de ocho o diez horas. De los restantes cuatro, tres de ellos fueron liberados sin mayores exigencias pero al cuarto lo dejaron con medidas cautelares, incluyendo fiadores.

—Este último caso lo manejamos como tortura —dice Andrea—. No puedo dar nombre. Lo hirieron en una pierna, no le brindaron atención médica después de haberlo detenido y además  lo golpearon en la zona donde tenía la herida. O lo pisaban, en el pecho, en las piernas, lo golpeaban contra una pared. Ese día en que a él lo detienen fue cuando hubo una explosión en Altamira justo cuando pasaban los guardias nacionales en sus motos. Pero él ya estaba detenido cuando la explosión ocurre. O sea, no fue culpable.

Lo agarraron como chivo expiatorio. Una venganza. A las 48 horas, los representantes del Centro de Derechos Humanos exigen que se constituya el tribunal (el cual se negaba a actuar ese día) y además piden que el mismo tribunal ordene atención médica para el muchacho. Al fin el tribunal se constituye. Hubo que pelear con la GN  para que dejara entrar a Salud Chacao. El juez respectivo termina admitiendo la gravedad del caso. “Pero la orden es que debemos ponerle fiadores”, les manifiesta. La orden. En esos casos, la persona permanece detenida hasta que se verifican los fiadores. Los fiadores duran más o menos quince días en ser verificados, sin que esto se ajuste a Derecho. Probablemente, desde la perspectiva represiva, un mecanismo “aleccionador” para que los muchachos se lo piensen dos veces a la hora de salir a protestar contra el gobierno.

—En tu opinión, ¿qué es lo que pasa con el guardia nacional, con el policía venezolano, que es capaz de practicar la tortura, y hacerlo con premeditación y alevosía? ¿Es falta de valores o una política de Estado?

—Creo que es una combinación de las dos cosas. Quien está dentro del sistema sabe que es una política, que eso es así, y tiene miedo, también, a ser víctima del mismo sistema. Entonces prefiere ser victimario antes que víctima porque conoce el sistema a profundidad. Claro, hay otros que son simplemente gente sin escrúpulos. Por ejemplo, entre las peores cosas que tenemos hoy en Venezuela están el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ellos llegan sin orden de aprehensión, desaparecen a la gente, torturan, y no hay ningunas institución oficial que haga algo. Funcionarios del SEBIN me han dicho: “Señora, si fuera por mí, ya estarían libres. Pero usted sabe que yo tengo órdenes superiores”.

—Si tuvieras la oportunidad de dirigirte a la plana mayor del madurismo, ¿qué mensaje le darías?

—Lo primero es que tienen que aceptar que Venezuela hoy vive una emergencia humanitaria compleja; que eso viene del quiebre de las instituciones y ha derivado en violaciones graves de los Derechos Humanos, hoy vistas, además, como delito de lesa humanidad, tal y como lo señalan el informe de la OEA y los expertos independientes. El momento que tienen para tratar de que cese esa situación es hoy. Las violaciones  deben ser investigadas y reparadas. Deben comprometerse a la no repetición. Lo otro es que acepten los mecanismos internacionales de ayuda bajo los marcos de protección internacional existentes, porque en Venezuela la gente se está muriendo de hambre y porque no hay medicinas ni asistencia médica. Honestamente, creo que ellos saben todo esto pero parece que lo que les interesa es solo mantener el poder a costa, incluso, de la integridad física y mental de los venezolanos.

—Andrea, ¿no estás casada todavía?

—No.

—Pero algún día querrás tener hijos… venezolanos.

—Claro, sí.

—¿Cómo ves el futuro?

—Junto a ellos en Venezuela.

Ministerio Público a padres de Pernalete: No somos adivinos

José y Elvira Pernalete asistieron al Ministerio Público con la intención de conocer el estatus del caso de su hijo Juan Pablo, asesinado durante las protestas del 2017. Tras dos horas de espera, una funcionaria los atendió y les dijo: “Yo no soy adivina para saber qué va a pasar”.

El estudiante universitario y deportista de 20 años de edad, Juan Pablo Pernalete, fue asesinado el 26 de abril en Altamira, Caracas, cuando participaba en una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Este 24 de mayo se cumple un año desde que la fiscal general Luisa Ortega Díaz confirmó en una rueda de prensa lo que Runrun.es había sostenido: Juan Pablo fue asesinado por el disparo de una bomba lacrimógena y el culpable era un Guardia Nacional. Esta declaración desestimó las del entonces ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, y otros actores del oficialismo, quienes mantenían que el arma homicida era una pistola de perno disparada por otro manifestante.

De acuerdo al padre del joven, José Pernalete, el comando que se encontraba ese día ya ha sido identificado, pero no se ha señalado quién fue el efectivo que disparó. Por ello, hizo público hoy un comunicado en que pide se imponga la justicia.

Pernalete dijo que fue la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Aramita Moraima Padrino de Gómez, quien les afirmó desconocer lo que sucederá con el caso. Fue Padrón quien dijo no ser adivina. La mujer se ha desempeñado como una ficha de Tarek William Saab, y se ha desempeñado como abogada de las víctimas del 11 de abril de 2002, secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano -que fue presidido por Saab- y como directora de Consultoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo. Al lado de Padrino de Gómez se encontraba la exfiscal 62, ahora subdirectora de Derechos Fundamentales, Eddmysalha Guillén, quien era originalmente la fiscal encargada del caso de Juan Pablo, pero su reubicación dentro del ministerio dejó por meses sin fiscal el caso. Según dicen los padres de Pernalete en el comunicado, el fiscal recién asignado al caso no lo conoce suficiente.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había prometido la pronta identificación del individuo semanas antes de que tuviese que dejar el país por la persecución política del gobierno. Sin embargo, desde el exilio, aseguró a los padres de Pernalete que la justicia llegará a los responsables del asesinato.

 

El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, abrió nuevamente el caso de Pernalete el pasado 7 de septiembre, pero desde entonces no han sido anunciados adelantos o nueva información sobre el caso.

El padre de la víctima asegura que William Saab no está interesado en hacer su labor. “Desde que asesinaron a Juan Pablo, Saab se dio a la tarea de ocultar la verdad con respecto al caso”, dice el padre.

Lucha sin límites

Los Pernalete no solo están pidiendo justicia por la muerte de su hijo. También están pidiendo por ellos mismos, quienes consideran que han recibido tratos crueles por parte de autoridades del Estado y funcionarios del gobierno de Maduro.

Ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitaron el antejuicio de mérito para ocho funcionarios del gobierno de Maduro, quienes -según la pareja- incurrieron en los delitos de obstrucción a la justicia, tratos crueles, usurpación de funciones, instigación al odio y abuso de la credulidad popular en el caso del estudiante. Los funcionarios demandados son Vladimir Padrino López, Antonio Benavides Torres, Fabio Zavarse Pabón, Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Ernesto Villegas, Delcy Rodríguez y María Alexandra Díaz.

Además, han acudido a instancias internacionales de Derechos Humanos para presentar el caso de su hijo, y esperan llegar a la Corte Penal Internacional (CPI) junto con los familiares de otras víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

 

A continuación el comunicado de los padres de Juan Pablo Pernalete:

 

Hoy 24 de mayo del 2018 se cumple un año que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre las investigaciones del Ministerio Público donde se  determinó que nuestro hijo Juan Pablo Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira el 26 de Abril del 2017, artefacto que fue disparado directamente al pecho a “quemarropa” causándole la muerte por un shock cardiogénico por traumatismo de cerrado de tórax.

 

La Fiscal Indicó para ese momento que la investigación se realizó en base al reconocimiento técnico, el acoplamiento del cartucho, la presencia del residuo en la franela de Pernalete con los elementos que lo componen, el análisis químico y las experticias necesarias. Afirmó que estaba identificado el grupo responsable de hacer el disparo y que en los próximos días se sabría quién era el responsable directo.

Lo dicho por la fiscal desmintió a Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia para aquel entonces, quienes aseguraron que a nuestro hijo lo habían asesinado con una pistola de perno. También lo dicho por el diputado Diosdado Cabello, que aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante de la Universidad Metropolitana. El diputado por el PSUV también dijo que a Pernalete lo habían asesinado “ellos mismos”, en referencia a los manifestantes opositores.

A un año de este pronunciamiento, el día de ayer 23 de mayo del 2018 nos dirigimos al Ministerio Público como lo hemos hecho frecuentemente exigiendoles respuestas como institución encargada de velar y dar justicia a los venezolanos y nos conseguimos que el expediente sigue exactamente igual desde el pronunciamiento oficial, no han individualizado al Guardia Nacional las respuestas son vagas, que el componente militar no les ha dado respuestas, al preguntarles cómo Ministerio Público cuales son los pasos que van a seguir para solicitar al Componente Militar la individualización del Guardia Nacional no hay respuestas… eso aunado a que la fiscal 62 que llevaba el caso de nuestro hijo ahora esta como subdirectora de derechos fundamentales y es otro fiscal que ahora va a comenzar el caso.

Nosotros como padres ante lo señalado y después de buscar infructuosamente la justicia en Venezuela siempre apegados tanto a las normas nacionales y a la constitución nacional exigiendo justicia como víctimas directas e indirectas en el asesinato de Juan Pablo Pernalete, hemos llegado a la conclusión que NO NOS VAN A ENTREGAR EL GUARDIA QUE ASESINO A NUESTRO HIJO, porque eso significaría tener que condenar a los personeros y voceros del Estado, periodistas, medios televisivos y periodísticos que tergiversaron la verdad y llamaron a nuestro hijo delincuente, criminal, terrorista.

Las Denuncias que hicimos debidamente en su momento ante el Tribunal Supremo de Justicia como víctimas: Al comando y estado mayor de la Guardia Nacional Bolivariana encabezados por los generales  Vladimir Padrino López , Benavides Torres y Fabio Enrique Zavarse; del mismo modo de los Funcionarios del Estado Venezolano: Ernesto Villegas y Delcy Rodríguez ambos Ministros del Ejecutivo Nacional para el momento del asesinato de nuestro hijo e igualmente los  diputados para ese momento: Diosdado Cabello y Pedro Carreño y actualmente a la Constituyentista María Alejandra Díaz,.

Denuncias al Ministerio Público, Fiscalía 49 a los conductores de los programas de televisión del canal Venezolana de Televisión (VTV): Ricardo González, Pedro Carvajalino y Llanfrancis Colina; conjuntamente con el Director del periódico Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

A la fecha no hay respuesta ni de la fiscalía 49 y del Tribunal Supremo de Justicia a las solicitudes de antejuicios de mérito, por parte de la Juez asignada Dra. Marjorie Calderón.

Queremos dejar constancia que seguiremos buscando justicia tanto nacional como internacional, en fecha 26 de Abril del 2018 se introdujo ante el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, una Denuncia formal contra al Estado Venezolano por la violación de los derechos humanos en contra de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete y en contra de nosotros sus padres José Gregorio y Elvira Pernalete esta denuncia esta basada en la violación de los derechos humanos como lo son el derecho a la Vida, Derecho a Libertad de Expresión y Reunión Pacífica, Derecho al honor y reputación de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete (debido a que nosotros como padres hemos sido objeto de tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de funcionarios y personeros del Estado, al mancillar la memoria de nuestro hijo, al llamarlo terrorista, delincuente, causandonos un daño moral, psicológico y humillante. Demanda por violación de la integridad psicológica (porque quienes en su propósito de obstaculizar la búsqueda de la verdad, han hecho que se mantenga la impunidad por parte del Estado en las investigación para la individualización del guardia nacional y la cadena de mando que asesinaron a nuestro hijo.

José  G. y Elvira Pernalete

24/05/2018

 

Foto: Mauricio López / @mauriciolopezch

 

Pocos días después de que, en medio de las protestas de 2017, un Guardia Nacional disparara una bomba lacrimógena directo al corazón de Juan Pablo Pernalete y lo matara, su madre, Elvira Llovera de Pernalete, escuchó sobre los niños de un colegio cerca de casa que lloraban la muerte de un profesor.  Ella desconocía que el “profesor” al que se referían era su hijo. En sus ratos libres, Juan Pablo pasaba por el colegio y enseñaba a los niños de primaria a hacer rebotar y driblar la pelota de básquetbol.

Elvira habla de Juan Pablo con una mezcla de emoción y exaltación. Cada recuerdo, cada anécdota, cada historia sobre su único hijo las cuenta con la fruición con la que se narran las hazañas recién realizadas. Elvira conocía el dolor que le producía a su hijo ver a los niños que mendigaban comida en la calle, sabía y vivía en carne propia de su preocupación por los perros abandonados (rescató y adoptó a varios); que un día le regaló los zapatos que usó para su acto de graduación a un muchacho que pasaba prácticamente descalzo cerca de su casa; que Juan Pablo quería un país diferente. Pasan las semanas y Elvira se entera de nuevas proezas y gestos que su hijo realizaba a diario y que hasta ahora ignoraba:

“Mamá, lo que hace la mano derecha no lo sabe la izquierda”

Foto: Mauricio López / @mauriciolopezch

Este relato forma parte de la iniciativa #YoDefiendoVenezuela, que comenzó el pasado domingo 1 de abril. El proyecto cuenta las historias de venezolanos que han defendido al país desde diferentes campos de acción y que, a través de su talento, profesión, oficio y recursos, han incidido positivamente en el cambio de su comunidad y en consecuencia en el de toda Venezuela.

#YoDefiendoVenezuela surge con el propósito de fomentar “esperanza y resiliencia entre los venezolanos, en esta coyuntura que actualmente se vive en el país, caracterizada por incertidumbre y desesperanza”, explica la organización.Puedes seguir seguir las historias a través de @defiendeve en Twitter, Instagram y Facebook, en donde se publicará una nueva cada lunes y jueves.

A un año de su muerte

Foto: Mauricio López / @mauriciolopezch

Desde la muerte de Juan Pablo, Elvira ha trabajado infatigable para que haya justicia en el caso de su hijo y para que su memoria sea respetada. A pesar de tener pocas esperanzas en las instituciones del estado, ha acudido a cada una de ellas exigiendo respuestas. Adicionalmente, ha llevado su denuncia a instancias internacionales donde ha recibido el apoyo de organismos supranacionales y gobiernos extranjeros.

Elvira exige justicia por la muerte de su hijo pero también por la de tantos otros venezolanos que murieron como él; por los que están presos por protestar o por pensar diferente. Quiere ver los sueños de su hijo hechos realidad. “No seguir luchando significa traicionarlo a él, significa traicionar su sueño, su legado”

Estudiantes marcharon para recordar a víctimas de las protestas este #12F

Estudiantes marcha

 

El movimiento estudiantil realizó una caminata que partió en Plaza Las Américas hasta el Cementerio del Este, en el Cafetal, en honor  a los caídos en las protestas realizadas desde 2014.

La convocatoria fue difundida por el presidente de la Federación de Centros Universitarios, FCU, de la Universidad Central de Venezuela, UCV, a través de las redes sociales con el nombre “Unidos por la Vida”.

La sociedad civil se acercó al sitio donde fueron enterrados los cuerpos de Óscar Pérez, dos de los integrantes de su equipo y varios manifestantes.

Los familiares de Juan Pablo Pernalete y Neomar Lander encabezan la marcha homenaje a los caídos, convocada por el movimiento estudiantil.

Javier Silva, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar, expresó que la manifestación del movimiento estudiantil honra la memoria de jóvenes fallecidos en protestas entre 2014 y 2018. “Vamos a conmemorar el día de la Juventud marchando en honor a nuestros muertos, cuya única esperanza era cambiar el rumbo del país”, sostuvo.


 

 

*Con información de El Pitazo

COMUNICADO | MUD desmiente declaraciones de ministro Reverol

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La Mesa de la Unidad Democrática se pronunció a raíz de las declaraciones del ministro Néstor Reverol, donde expone que lograron dar con el paradero de Óscar Pérez gracias a una información emanada de dirigentes políticos en la mesa de diálogo.

En el comunicado, la oposición expone que “los mismos mentirosos de siempre, que dicen que el sueldo mínimo alcanza para vivir y que es falso que en el país no se consigan medicinas ni alimentos, salen ahora a pretender que la gente crea en otra de sus falsas”.

“Reverol es el mismo que dijo que Juan Pablo Pernalete había sido víctima de una pistola de pernos y no asesinado por una lacrimógena de la GNB”, prosigue.

“Lo que todo el mundo se pregunta es ¿Qué hacían paramilitares armados, mal llamados colectivos, al frente de una operación de orden público?”, continúa el comunicado.

“Muy a pesar del gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática continúa firme en su estrategia de enfrentar y superar el régimen a través de la lucha constitucional, pacífica, democrática y electoral”.

 

Redacción Runrun.es Dic 23, 2017 | Actualizado hace 2 años
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2017. Un año de conflictividad social, política, sucesos y filtraciones. Eso, según lo más leído por los Runruneros en estos últimos 12 meses. ¿Bajo qué circunstancias murieron los jóvenes durante las protestas? ¿Cómo afectan las sanciones? ¿qué se dice dentro del mismo chavismo?. Esta y otras preguntas fueron las que marcaron pauta durante este año en nuestros lectores.

El año no estaría completo sin tú también haberlos leído.

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Chavistas en contra de la constituyente: ¿Salto de talanquera o talante constitucional?

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En la lista están diputados, como es el caso de Eustoquio Contreras; ministros, como la exministra de Juventud de Chávez, Maripili Hernández; e incluso militares, como el Mayor General Alexis López Ramírez. Sin embargo, una de las más duras fue la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que no era “necesaria, pertinente, ni conveniente”.

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En exclusiva, se reveló que el contenido del acta de defunción apunta a que el joven murió por el impacto de una bomba lacrimógena. Hipótesis que después confirmó la Fiscal Ortega Díaz. Fuentes consultadas explicaron que la bomba que impactó a Pernalete le fracturó el esternón, le perforó los pulmones y luego le produjo un paro cardíaco.

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¿Por qué Tareck El Aissami ya no puede ser Presidente?

La posición número ocho de este conteo lo obtuvo el vicepresidente Tareck El Aissami. Después de que EEUU sancionara a El Aissami y lo etiquetara de narcotraficante, quedaron muchas dudas, y Runrun.es pudo responder una de ellas: ¿Está habilitado para ejercer un cargo público como el de Presidente de la República?

Este trabajo de Runrun.es revela que después de ser agregado a la lista OFAC y de prohibirle a los americanos hacer negocios con él, el vicepresidente entró en una especie de “cuarentena administrativa”. Las sanciones limitan su posibilidad de suscribir acuerdos y convenios comerciales y financieros internacionales con Estados, personas, instituciones o empresas que tengan relación con EE UU.

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FOTOS, INFOGRAFÍA Y MAPA | 112 muertos durante los primeros 100 días de protestas en Venezuela

Uno de los aspecto más caóticos de los cuatro meses de protestas que se vivió en Venezuela fue llevar la cuenta de las personas fallecidas durante este tiempo. Los Runruneros querían conocer sus historias. Es por ello que la lista de muertos durante estas manifestaciones consigue el séptimo lugar.

Runrun.es comenzó a llevar este registro desde el 6 de abril, cuando se reportó la primera víctima. El Ministerio Público divulgó por primera vez el listado de muertos durante protestas semanas después, la noche del 25 de abril.

La lista de Runrun.es registra más casos más que la Fiscalía y que otras listas llevadas por ONG. La diferencia obedece a que en la estadísticas se incluyeron casos de personas fallecidas durante protestas, saqueos y represión que fueron denunciados por allegados, familiares y organizaciones no gubernamentales, luego comprobados y reportados por medios de comunicación.

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Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”

El suceso también tuvo su espacio durante 2017. La muerte de Wilmer José Brizuela Vera, alias “Wilmito”, fue uno de ellos. Wilmito fue asesinado de cuatro impactos de bala mientras estaba recluido en en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón). Era conocido como uno de los pranes de la cárcel de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, y había resultado herido de bala en la isla de Margarita mientras disfrutaba en una playa con su familia en febrero de este mismo año.

Para esta nota, la periodista Ronna Rísquez conversó con alguien que lo conoció, lo vio convertirse en pran de, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial y junto a su familia vivió en carne propia su violencia: la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, sentenció.

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AUDIO Así fue cómo Paramilitares y GNB planearon ataque a la Asamblea Nacional

La ceremonia de la Asamblea Nacional en conmemoración a los 206 años de la Firma del Acta de Independencia recordó más las batallas que se libraron para lograrlo que la propia firma del Acta. Carros destrozados. Partes del Palacio Legislativo destruído. Diputados heridos. Ese fue el saldo que dejó al asalto por parte de paramilitares al Parlamento este 5 de julio.

Dos días después, salió a la luz pública un audio donde se puede escuchar una conversación entre paramilitares y funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) mientras ocurría el ataque al Poder Legislativo. “Si nosotros dejamos que estos carajos hagan lo que les de la gana, y este gobierno blandengue, en menos de 15 días nos tumban al gobierno”, afirma uno de los asaltantes en el audio.

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INFOGRAFÍA Y VIDEO| A Neomar Lander lo habría matado una bomba disparada por la PNB

En la posición número cuatro vuelve un factor importante: la búsqueda de la verdad. En esta oportunidad de la muerte de otro jóven, Neomar Lander, asesinado en una manifestación en la entrada de la Av. Libertador el 7 de junio.

A través de los videos captados desde un edificio y los relatos de algunos testigos, Runrun.es pudo reconstuir los últimos momentos de Lander y revelar que fue un funcionario, que disparó en forma horizontal y de frente contra el joven una bomba, el causante de su muerte.

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[VIDEO] Habla el hijo mayor del Defensor del Pueblo: “Papá, puedes poner fin a la injusticia que ha hundido al país”

En el video aparece con la cara visiblemente afectada por los rayos solares. Está vestido de blanco. Detrás, los arbustos de un jardín. Así se presentó Yibram Saab Fornino, hijo del Fiscal designado por la anc, Tarek William Saab, cuando tomó posición frente a la represión que sufrían las protestas que vivía el país en ese momento. Manifestaciones en las él admitió que participaba pacificamente.

Él día que Yibram publicó sus declaraciones, fue asesinado el joven Juan Pablo Pernalete. “Ese, pude haber sido yo”, admite el estudiante de Derecho. El video colgado en su cuenta de Youtube ya tiene más de 1 millón 300 mil reproducciones.

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FILTRACIÓN Oficiales de la FANB planean usar francotiradores contra manifestantes

Ya llegando al final de este conteo, vuelve a salir entre lo más leído por ustedes una filtración. A mediados de mayo un audio que llegó a mano de varios medios internacionales revela una reunión en la que varios altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional evalúan usar francotiradores para controlar las manifestaciones de la oposición, que para ese entonces ya llevaban dos meses.

En varios momentos de la conversación, liderada por el comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Lara, José Rafael Torrealba Pérez, se ve la improvisación con la que se manejó el control del orden público dentro de la FANB y la falta de funcionarios capacitados para cumplir diversas funciones.

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El sicariato que se encargó en Miami y se pagó con dólares preferenciales

Y en el primer lugar de los más leído por los Runruneros está el asesinato del sobrino de la diseñadora Carolina Herrera y su socio en mayo de este año. Un trabajo de investigación de Ronna Rísquez revela quién era el verdadero objetivo de este crimen, cómo se organizó y cómo se pagó.

El texto revela cómo la trama del caso terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.

Familiares de víctimas, alcaldes y un exfiscal fueron parte de las últimas audiencias de la OEA sobre Venezuela

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La Organización de Estados Americanos (OEA), analizó este jueves por tercera vez el caso de Venezuela antes del informe final que determinará si hay base para denunciar a las autoridades chavistas ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La OEA ha discutido en varias ocasiones el tema de Venezuela. También ha denunciado irregularidades y violaciones sistemáticas durante los comicios de este año. En esta oportunidad, la audiencia contó con los testimonios de familiares de víctimas, políticos venezolanos y un exfiscal.

Luis Almagro, secretario general de la OEA e impulsor de la insólita iniciativa de las audiencias, se ausentó de nuevo de las sesiones, como ya hizo en las anteriores, celebradas en septiembre y octubre.

Uno de los testimonios lo ofrecieron paramédicos de la Cruz Verde, quienes mostraron las estadísticas de las personas fallecidas que fueron atendidas por la institución durante los cuatro meses de manifestaciones continuas.

En el informe mostrado por la ONG, se destaca que 48 personas murieron por disparos con armas de fuego, 8 por cable de tensión, 5 por metras o esferas de metal, 2 por perdigones y 2 arrollados. Otro dos ciudadanos murieron por impacto de bombas lacrimógenas, una víctima por asfixia por gas lacrimógeno, uno por choque contra barricada y uno por golpe de objeto contundente.

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En su opinión -y recomendación al organismo- todas las opciones de decisión de a tomar “deben estar sobre la mesa: las diplomáticas, las sancionatorias, las coercitivas”, justificando que “pensando solamente en el número de venezolanos que mueren, las vidas que se pierden (…) de todos los escenarios posibles en Venezuela el que más muertes causa es el de Nicolás Maduro perpetrado en el poder, con la consiguiente tragedia humanitaria que estamos viviendo”.

Y así mismo advirtió que “en Venezuela hoy no hay posibilidades de una salida electoral, no hay posibilidades de una salida constitucional. Las opciones que están en la Constitución (…) no son una posibilidad en Venezuela, no hay posibilidad de una salida constitucional de un cambio de gobierno por la vía democrática. Otra cosa que sabemos es que los venezolanos, solos por nuestra misma lucha no tenemos la capacidad de cambiar un gobierno que se apoya en las armas. Aunque se disfracen de Tribunal Supremo de Justicia, aunque se disfracen de Consejo Nacional Electoral, de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela gobiernan las armas, es un gobierno de fuerza (…), y además está dispuesto a usarlas sin límites”.

Denunció el caso de los 14 policías de Chacao, presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Ellos se pusieron a derecho -recordó-, “seguros de su inocencia”, y el Ministerio Público determinó que no había elementos suficientes para acusarlos y pidió su libertad, algo que también hizo el tribunal que llevaba dicha causa por lo cual emitió las boletas de excarcelación. “Ha pasado más de un año desde que estos policías, por petición de la fiscalía y del tribunal que lleva la causa, tienen boleta de excarcelación emitida y siguen ilegalmente detenidos, secuestrados en la sede del (Sebin en el) Helicoide en Caracas”, mencionó.

El alcalde del municipio mirandino fue precedido por su homólogo del municipio Lecherías del estado Anzoátegui, Gustavo Marcano.

“En Venezuela estamos sufriendo una dictadura, además sin ningún tipo de escrúpulos, que ni siquiera disimula ante la comunidad internacional su comportamiento, acabamos de verlo en el caso de las elecciones regionales, lo estamos viendo en el caso de violaciones a los derechos humanos en contra de presos políticos”, dijo ante el panel de expertos internacionales.

En sus consideraciones agregó que “la persecución política no es exclusiva para los dirigentes políticos, ya que se traslada a nuestras familias, ya se traslada al ciudadano común que emite una opinión contraria al régimen, y que por el simple hecho de emitir un ‘tuit’ contrario al régimen puede ser objeto de privación ilegítima de su libertad. Puede pasar días, meses y hasta algún año sin ningún tipo de juicio, privado de su libertad”.

 


Otro venezolano en presentarse ante la OEA fue el  fiscal Franklin Nieves. “En mi caso particular fui coaccionado por mis superiores jerárquicos. El director general Joel Espinoza me dice que debo irme hasta el estado Táchira de manera preventiva porque Leopoldo López iba a realizar unas asambleas de calle. Estando en Táchira se había convocado a una marcha en Caracas por lo que llamé a Joel y le dije que en Táchira estaba todo normalizado y que me podía regresar para Caracas porque me acababa de nacer una niña. Él me dijo que me viniera con una comisión, por lo que hablé con el comisario Elvis para trasladarme. Cuando iba a la altura de los bomberos metropolitanos en la avenida Fuerzas Armadas escucho por la radio que piden apoyo con los manifestantes. Fue en ese momento cuando José Ramón Perdomo, comisario del Sebin, mató a Bassil Da Costa”, denunció Nieves.

El ex fiscal advirtió que las actuaciones de la jueza del caso de Leopoldo López eran coordinadas por la magistrada presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y aseguró que la orden de aprehensión contra López fue acordada de forma inmediata a pesar de no tener pruebas en su contra. “La juez Susana Barreiros me confesó que condenó a Leopoldo López por orden de Diosdado Cabello”, denunció.

Además responsabilizó a Nelson Mejías, director de delitos comunes y su jefe directo, de amenazarlos constantemente y en el caso de que Nieves no acatara sus órdenes se le abriría un procedimiento penal en su contra. “Nelson nos decía que él no se hundiría solo, que iba a ir preso y que hablaría con la fiscal (Luisa Ortega Díaz)”, agregó.

Nieves también reconoció en la sede la OEA que fue editado el video, por órdenes de Mejías, en el que aparecían los funcionarios lanzando bombas lacrimógenas a los manifestantes durante una protesta que se realizó el 12 de febrero de 2014 y este mismo funcionario habría ordenado a los fiscales “testificar falsamente” contra Leopoldo López. “Las molotov lanzadas por los manifestantes contra la sede de la fiscalía en el año 2014 nunca incendiaron la sede del organismo”, aseguró.

Además responsabilizó al general Manuel Bernal, ex director del Sebin, de amenazarlo con cumplir sus órdenes cuando le dijo que se necesitaban cuatros órdenes de aprehensión por órdenes del presidente Nicolás Maduro. “En ese momento le pedí las pruebas para fundamentar las órdenes de aprehensión y él pidió me prepararan un acta policial. Me la entregaron y Bernal dijo que no me pierdan de vista”, denunció Nieves.

Después de este incidente, el ex fiscal explicó que conoció a la ex jueza Ralenis Tovar quien fue la funcionaria que firmó la orden de aprehensión contra Leopoldo López porque se sintió atemorizada. “La llamé y entendí que estaba en la misma condición que yo o peor”, dijo.

En relación a la fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró que cuando ella se dio cuenta que no había elementos contra Leopoldo López comenzó una presión aún más fuerte contra los fiscales y jueces. Además señaló a Zinnia Briceño, presidenta del circuito penal de Caracas, y a Narda Sanabria como parte de las funcionarias que se prestaron para amenazar y obligar al resto de los fiscales y jueces de actuar en contra de López.

Por otro lado, Nieves denunció que el en Sebin se ha erigido en grupo parapolicial que vigila las sentencias de los jueces. “Hay personas que los tribunales han liberado, y sin embargo el Sebin no los suelta, pueden pasar presos el tiempo que quieran”, aseguró.

 

Con lágrimas en los ojos y el llanto de un padre que perdió a su hijo, José Gregorio Pernalete, denunció hoy en la sede de la OEA que su hijo de 20 años Juan Pablo Pernalete fue víctima de una ejecución extrajudicial por un guardia nacional durante las protestas pacíficas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

“Nuestro hijo Juan Pablo fue asesinado el 26 de abril de 2017. Él fue víctima de una ejecución extrajudicial por un guardia nacional que disparó una bomba lacrimógena que la lanzó en ángulo recto de 90 grados causándole un impacto en su pecho que lo mató”, detalló Pernalete.

Aseguró que el armamento con el que mataron a Juan Pablo Pernalete (una bomba lacrimógena) “es utilizado para el control de manifestaciones y debe utilizarse en un ángulo de 45 grados porque alcanza unos 160 metros de distancia; sin embargo a mi hijo lo mataron a quemarropa disparándole a 15 o 20 metros. Fue una ejecución extrajudicial”.

La madre de Juan Pablo Pernalete, Elvira Llovera, también intervino en la audiencia de la OEA y detalló que al recibir la noticia de que su hijo estaba herido fueron a un centro de salud en el municipio Chacao y cuando llegaron al ambulatorio, el entonces alcalde de esta localidad, Ramón Muchachos les dijo: “Tienes que ser fuerte. Tu hijo está muerto. Yo me volví como loca. Empecé a buscarlo por todos los cubículos. Había muchos muchachos heridos hasta que encontré el mío: muerto”.

Por su parte, el padre del joven asesinado señaló la responsabilidad de varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “Diosdado Cabello el mismo día que mataron a mi hijo en su programa, Con el mazo dando, dijo que no había presencia de la Guardia Nacional en la zona donde lo mataron y que a nuestro hijo lo matan los mismos manifestantes calificándolos de terroristas. Sacó fotografías a su conveniencia intentando imponer una matriz sesgada a las investigaciones que ni siquiera la fiscalía había comenzado”, denunció.

Además, denunció que el diario Últimas Noticias, dirigido por Eleazar Díaz Rangel, tituló su primera página asegurando que según una supuesta autopsia se descartaba que la muerte fuera causada por una bomba lacrimógena sino por una pistola de perno.

También señaló que la abogada María Alejandra Díaz en su programa de televisión transmitido por Venezolana de Televisión manipuló el video que estaba circulando en las redes sociales “haciendo ver que a mi hijo lo mataron sus propios amigos”. En esta oportunidad la abogada estaba acompaña de uno de los productores de Zurda Konducta, programa que también mantuvo esta falsa línea informativa.

Otros funcionarios que también difundieron que a Pernalete lo mató una pistola de perno y no una bomba lacrimógena disparada por un GBN, según el relato del padre del joven, fueron Ernesto Villegas, que en esa oportunidad era ministro de Comunicación, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el diputado Pedro Carreño y Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela para ese momento.

Sin embargo, a pesar de todo el intento por parte de estos funcionarios del gobierno de Maduro en desviar las verdaderas causas de la muerte de Pernalete, el 24 de mayo de este año la Fiscalía, dirigida por Luisa Ortega Díaz, determinó que según exámenes balísticos y toxicológicos, investigaciones y horas de trabajo la muerte fue por una bomba lacrimógena y no una pistola de perno. “El asesino de mi hijo fue un guardia nacional, pero aún no hay justicia. No sabemos qué funcionario lo mató”, denunció.

¿Y ahora qué va ocurrir?

La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría simplemente enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina; u, hoy mismo, la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.

La jurista denunció a Maduro y a varios de sus ministros ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan “de limpieza social”.

 

*Con información de EFE, El Nacional y El Universal