Representantes de los gobiernos miembros del Grupo de Lima reunidos el 13FEB18 en el Palacio de Torre Tagle. Foto: Cancillería de Perú.
El retiro de la invitación a Nicolás Maduro y su gobierno para la VIII Cumbre de las Américas convocada para el mes de abril en Lima, depende únicamente del gobierno de Perú en su condición de Estado anfitrión.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski suscribió el 11NOV17 las misivas que formalizaban la invitación a los gobiernos miembros de la OEA más Cuba para participar en la Cumbre de las Américas del 13 y 14ABR18. El fin de las negociaciones Maduro-MUD y, la convocatoria por el régimen chavista a elecciones presidenciales a destiempo y sin garantías pusieron sobre el tapete el tema de la presencia de Maduro en Lima el próximo abril. El respaldo de los países que forman el Grupo de Lima y de EEUU sirvió de sustento político para que el 13FEB18 la cancillería peruana anunciara la decisión de Kuczynski de dejar sin efecto la invitación a Maduro y su gobierno.
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El retiro de la invitación fue formalizado mediante nota dirigida el 13FEB18 por la canciller peruana Cayetana Aljovin a su homólogo Jorge Arreaza. Perú alega que en la III Cumbre celebrada en Canadá en 2001 y a la cual, por cierto, asistió Hugo Chávez, los gobiernos participantes decidieron que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. Ya el 04ABR17, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución según la cual en Venezuela se produjo una “alteración inconstitucional del orden democrático” y el 21JUL17 la Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur declaró que en Venezuela tiene lugar “una ruptura del orden democrático”. Las declaraciones de la OEA y de Mercosur dieron piso jurídico a la decisión de Perú de excluir al gobierno Maduro de la Cumbre de las Américas.
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Durante la VI Cumbre realizada en 2012 en Cartagena, Colombia, y a la cual Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega se negaron a asistir personalmente, los voceros del otrora influyente eje castrochavista amenazaron con boicotear la siguiente Cumbre en caso de que el gobierno cubano no participara. La VII Cumbre, celebrada en abril de 2015 en Panamá, contó con la presencia de Raúl Castro quien fue invitado por el panameño Juan Carlos Varela en su condición de presidente anfitrión.
El gobierno cubano recibió su carta de invitación para participar en la organización y asistir a la cumbre panameña de 2015, pese a las públicas objeciones de los gobiernos de EEUU y Canadá que rechazaban la presencia de un Estado no democrático que, además, se niega a reintegrarse a la OEA. La decisión del presidente de Panamá de convocar a Raúl Castro sentó la norma según la cual el anfitrión determina el listado de invitados, regla que ahora sirve de precedente para que ahora Perú excluya a Maduro.
Por cierto, a finales de 2014, cuando la invitación a Cuba era objeto de debate político continental, Luis Almagro en su condición de canciller de Uruguay y candidato a la Secretaría General de la OEA, se mostraba partidario de la asistencia de Cuba a la Cumbre de Panamá. El 10ABR15, desde Ciudad de Panamá, Almagro anunció que propondría a Cuba una “agenda bilateral” para “resolver algunas de las heridas que la organización infringió a ese país”. Los aires políticos en el continente han cambiado de curso y ahora Almagro se opone a la presencia de las “dictaduras” de Cuba y Venezuela en eventos como la Cumbre de las Américas.
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El “tema Venezuela” podría regresar a consideración de la OEA, como parte de un esquema de reacción continental para coordinar acciones ante la crisis venezolana.
Lo que genéricamente se denomina como la “aplicación de la carta democrática” a Venezuela, fue objeto de análisis en las conversaciones sostenidas entre el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, y los mandatarios de Argentina, Perú, Colombia y Jamaica durante la gira que el estadounidense realizó por Latinoamérica entre el 02 y el 07FEB18 que incluyó, además, una reunión especial con sus colegas de Canadá y México.
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El 14FEB18, durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la representante permanente de Perú, embajadora Ana Valdivieso, solicitó la palabra en la sección “Otros asuntos” para dar lectura al comunicado que el día anterior emitiera el Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela. El documento que entre otros aspectos califica como carentes de “legitimidad y credibilidad” las elecciones convocadas por Maduro, había sido aprobado el día antes en Lima por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia.
La presentación del documento en la sesión de la OEA fue seguida de una virulenta intervención de la representante del gobierno Maduro, embajadora Carmen Velásquez, quien calificó como “grupo minoritario” y “Cartel de Lima” a los quince gobiernos que conforman el grupo de seguimiento a la crisis venezolana. Las palabras de Velásquez ameritaron un llamado de atención por parte del chileno Juan Anibal Barría quien presidía la sesión. El representante de Brasil, José Machado e Costa, propuso que la OEA retome el tema de la “crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela”. La sugerencia del embajador brasileño fue secundada por el representante mexicano Jorge Lomonaco. La sesión no tenía por objeto decidir sobre el “tema Venezuela” pero las intervenciones dejan ver que se estaría conformando un consenso para que la OEA reasuma el tratamiento de la crisis venezolana la cual comienza a percibirse como un riesgo a la seguridad regional.
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El Grupo de Lima surgió a mediados del año 2017 apadrinado por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, como una inusual iniciativa de un grupo de gobiernos que ya venían trabajando informalmente en el seno de la OEA y que se conformaron en ente visible de análisis y presión sobre el gobierno de Maduro. Su primera reunión, celebrada el 08AGO17, marcó el inicio de una nueva etapa en el tratamiento regional hacia Venezuela. El Grupo de Lima trataba de compensar la imposibilidad de avanzar en la “aplicación de la Carta Democrática al régimen chavista, lo que frenaba a la OEA en el debate y toma de medidas colectivas sobre Venezuela. Las iniciativas sobre Venezuela en la OEA, durante los últimos años, terminaban en infructuosos y agotadores pugilatos por votos para aprobar resoluciones retóricas. A juicio de varios gobiernos de la región, el Grupo de Lima ha cumplido un importante papel como cohesionador de posiciones, pero la aplicación de medidas ante la crisis venezolana requiere de una institucionalidad y legitimidad que sólo la OEA puede conceder. Ayuda humanitaria y sanciones al gobierno Maduro forman parte del listado de acciones que la OEA podría arropar, según algunas cancillerías de la región.
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Si bien la “Carta Democrática Interamericana” establece como única medida punitiva real la suspensión del Estado donde se produzca una ruptura del orden democrático, se estaría planeando invocarla para utilizar la OEA como ente coordinador de acciones específicas. La declaración del Grupo de Lima del 13FEB18 contempla “coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura” el “éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país”. Esta sería una actividad que podría realizarse bajo las siglas de la OEA. De hecho, ya Canadá está financiado apoyo a migrantes venezolanos en Brasil y el gobierno de EEUU prometió redireccionar fondos previstos para ayuda humanitaria “en Venezuela” que ahora se destinarían a apoyo humanitario a venezolanos llegados a la franja fronteriza colombiana. El 15FEB18, Michel Temer emitió una medida provisoria (decreto-ley) y dos decretos ordenando la atención al “flujo migratorio en el estado [amazónico] de Roraima provocado por la crisis humanitaria en Venezuela”. Entre las medidas anunciadas está la instalación de un hospital de campaña en la población fronteriza brasileña de Pacaraima.
Además, temas como la aplicación de sanciones ya comenzó a ser tratado multilateralmente según reveló Tillerson, quien el 08FEB18 anunció la constitución de un grupo de trabajo, junto a Canadá y México, para evaluar sanciones petroleras contra el gobierno Maduro. Un eventual boicot energético no sólo podría implicar un embargo a la compra de crudo venezolano por EEUU y otros países, sino también la suspensión de ventas de crudo y productos refinados a Venezuela. El grave deterioro del aparato petrolero venezolano hace que el país ahora dependa de importaciones de crudo para hacer exportable su producción, así como de derivados de petróleo para la producción de gasolina.
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Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 14FEB18, luego que el representante de Brasil mencionara la creciente presencia de migrantes venezolanos en territorio de su país, la representante chavista tomó la palabra para afirmar que su gobierno está listo para debatir el trato a los migrantes en EEUU, las ofensas de Donald Trump a Haití y la falta de electricidad en Puerto Rico. Las excitadas palabras de la emisaria chavista demostraban la postura oficial de negar el flujo de venezolanos que migran en condición de mendicantes. En tanto, altos emisarios del régimen chavista difunden la tesis según la cual el tema de los migrantes es una excusa para una inminente acción militar contra territorio venezolano desde Colombia y Brasil patrocinado por EEUU. El 09FEB18, el vocero oficial chavista Roy Chaderton declaró a Colombia como país enemigo y aseguró que en caso de enfrentamiento armado los militares venezolanos alcanzarían las costas del Pacifico colombiano. En contraste al discurso oficial chavista, los gobiernos de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México y Brasil han expresado abiertamente su oposición a una acción militar sobre Venezuela.
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