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Senado de EEUU leyó los cargos del
Entre los cargos que se le imputan al mandatario norteamericano se encuentran “abuso de poder y obstrucción al Congreso”, juicio se celebrará en la sede del Senado

Los siete legisladores que harán de fiscales en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, leyeron este jueves los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso ante el Senado, con lo que legalmente comenzó el proceso, aunque hasta el martes no se iniciará de facto el «impeachment».

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, que será el «fiscal» jefe en este proceso, fue el encargado de leer los cargos políticos ante los senadores.

El primer cargo, de abuso de poder, contempla que “en su conducta como presidente de EEUU (…) Donald J. Trump ha abusado de los poderes de la presidencia (…) Usando los poderes de su alto cargo y solicitando la injerencia de un Gobierno extranjero para las venideras elecciones presidenciales”, dice el texto.

La segunda acusación, de obstrucción al Congreso, contempla que “sin motivo o excusa legal, el presidente Trump ha ordenado a agencias, oficinas y funcionarios del brazo Ejecutivo no cumplir con las citaciones del Congreso” a posibles testigos para que declararan.

El caso aterrizó este miércoles en el Senado, dominado por los republicanos, donde tendrá que celebrarse el juicio político.

Para este jueves se espera que, como estipula la ley, el presidente del Tribunal Supremo, el juez John G. Roberts, jure como jefe de la Cámara Alta, en sustitución del vicepresidente Mike Pence, durante el juicio político.

Por su parte, los 100 legisladores del Senado también juraran como miembros del “jurado” en este proceso.

Cámara Baja de EEUU aprueba segundo cargo contra Trump para un
Fueron 229 votos a favor, 198 en contra y una abstención. Este es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que se someterá a un juicio político

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el cargo de obstrucción al Congreso contra el presidente Donald Trump, después de que diera luz verde a la acusación de abuso de poder, con lo que el mandatario será sometido a un juicio político en el Senado.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó con 229 votos a favor, 198 en contra y una abstención imputar el cargo político de obstrucción al Congreso contra Trump.

Minutos antes, se había celebrado una votación similar en el hemiciclo sobre el cargo de abuso de poder, que también salió adelante con 230 apoyos frente a 197 votos en contra y una abstención.

Para abrir un juicio político al presidente en el Senado bastaba con que la Cámara Baja apoyara uno de los dos cargos.

De esta manera, Trump se convierte en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que se someterá a un “impeachment”, término con el que se conoce en inglés el juicio político, tras Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869).

A lo largo del día de hoy, la Cámara ha escuchado los argumentos de una y otra bancada a favor y en contra de abrir a Trump un juicio político.

Ahora el proceso pasará al Senado, donde se espera que se celebre “impeachment” al mandatario a partir de enero.

Allí los republicanos mantienen el control por un ligero margen, de 53 frente a 47, a lo que se suma que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, por lo que la destitución de Trump parece improbable.

En septiembre, los demócratas anunciaron el inicio de una investigación para abrir un proceso de destitución a Trump, después de que un informante revelara a los servicios de Inteligencia el contenido de una conversación telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En esa llamada, el gobernante estadounidense presionó al ucraniano para que abriera pesquisas contra su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden -actual precandidato de su partido a las elecciones de 2020-, y su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.

Se endurecen las posiciones en Washington por caso Trump
El próximo miércoles, la Cámara baja del Congreso podría aprobar un juicio político contra el presidente estadounidense

Mientras Washington se prepara para la votación esta semana para iniciar el juicio político al presidente Donald Trump, las líneas de batalla partidistas se endurecieron el domingo: los demócratas están defendiendo el caso aunque Trump no sea destituido y los republicanos están denunciando la integridad del proceso constitucional.

La cámara baja del Congreso, controlada por los demócratas, planea someter a votación el miércoles dos cargos contra el republicano convirtiendo a Trump en el tercer presidente en la historia del país en ser enjuiciado. En caso de aprobar el juicio político, en enero el proceso pasará al Senado, donde los republicanos son mayoría y parece haber pocas dudas de que los senadores absolverán a Trump.

Pero el resultado prácticamente predeterminado no ha convencido a los demócratas de que su esfuerzo por enjuiciar al mandatario _que comenzó cuando Trump pidió a Ucrania investigar a un rival político_ fuera en vano. Enmarcando el asunto como un problema de seguridad nacional, el líder del comité legislativo que dirigió la investigación insistió el domingo en que “no fue un fracaso en el sentido de que era nuestro deber constitucional en la Cámara de Representantes”.

“Esta mala conducta continúa, la amenaza a la integridad de nuestras elecciones continúa”, dijo el representante demócrata de California, Adam Schiff, quien encabeza el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. “Creo que esto es un peligro claro y presente para nuestra democracia, y no es algo de lo que podamos alejarnos simplemente porque los republicanos en la cámara baja se niegan a cumplir con su deber y continúan poniendo al presidente por encima de su obligación personal”.

Los demócratas tienen filas casi cerradas en apoyo al juicio de destitución y no se espera que se una algún republicano. Desde el comienzo de la investigación, Trump ha dicho que se trata de una maniobra de los demócratas para deshacer el resultado de las elecciones de 2016.

Dilma Rousseff se defiende en su juicio político en el Senado

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BRASILIA, Brasil (AP) — En el que podría ser su último día como presidenta de Brasil, Dilma Rousseff presentó una enérgica defensa de su trabajo al frente del país más poblado de América Latina, advirtió a los senadores de que impugnarla dañaría a una joven democracia y prometió desafiante que se irá peleando en lo que muchos ven como una batalla perdida.

Rousseff, que está suspendida desde mayo, ofreció un discurso de 30 minutos el lunes en su juicio político en el Senado y después se sentó para responder a preguntas de los senadores, que se prolongaron más de 14 horas hasta justo antes de la medianoche. El Senado tiene previsto comenzar el martes el proceso para una votación final sobre si se la destituye de forma permanente.

Aunque algunos diálogos fueron acalorados, la sesión fue en su mayoría civilizada. Las preguntas abarcaron diversos temas que han afectado al país desde que el proceso de impugnación se inició a finales del año pasado en la cámara baja, polarizando al país.

Los senadores de oposición acusaron a Rousseff de saltarse las leyes de disciplina fiscal para ocultar agujeros en el presupuesto federal, afirmando que eso exacerbó una recesión que ha provocado una inflación del 10% y noticias diarias sobre despidos.

Rousseff rechazó de plano el argumento, afirmó que no había violado ninguna ley y señaló que presidentes anteriores emplearon técnicas contables similares. La mandataria dijo que se había visto obligada a tomar duras decisiones presupuestarias ante los menguantes ingresos y a la negativa de sus rivales en el Congreso a trabajar con ella.

En todo caso, añadió, el proceso de juicio político ha exacerbado la recesión en la economía más grande de Latinoamérica, y culpó de ello a la oposición, la cual ha argumentado que la mandataria debe ser destituida a fin de mejorar el ambiente financiero.

“Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está limpia. No he cometido delito alguno”, declaró Rousseff a los senadores que la escuchaban atentamente, en contraste con la estridencia habitual de esa cámara.

Luiz Inácio Lula da Silva, mentor y predecesor de Rousseff, quien también está siendo investigado y afrontará después este año un juicio por presunta obstrucción de la justicia en la pesquisa sobre Petrobras, observó la audiencia.

“Ella dijo lo que tenía que decir”, afirmó.

Pero muchos políticos destacados, Silva incluido, han reconocido que las posibilidades de Rousseff de sobrevivir al voto final del Senado son escasas.

Para que Rousseff sea retirada definitivamente del cargo, cuando menos 54 de los 81 senadores tienen que votar a favor. Conteos efectuados por medios de comunicación locales encuentran que 52 senadores han dicho que planean votar para retirarla del puesto, mientras que 18 se oponen y 11 no han definido su posición al respecto. En mayo, la misma cámara votó 55-22 para suspenderla y hacerle un juicio político.

“Los necesito a todos, al margen de los partidos políticos” dijo Rouseff al final de su intervención ante los senadores, a los que instó a mantenerla en el puesto. Su respuesta fue tibia.

Rousseff había tenido antes duras palabras para su vicepresidente, Michel Temer, que asumió el cargo cuando ella fue apartada y terminará su legislatura si el Senado la impugna definitivamente.

Lo llamó “usurpador” y afirmó que los brasileños jamás habrían elegido a un hombre que nombró un gabinete exclusivamente de hombres blancos en un país en el que más de 50% de la población no es de esa raza. El gabinete instalado por Temer en mayo ha recibido fuertes críticas por su falta de diversidad, y tres de sus ministros tuvieron que renunciar menos de un mes después de haber asumido el puesto al ser acusados de corrupción.

“No estoy segura de cuándo, pero en algún momento empezó a cambiar”, dijo Rousseff, que ha acusado varias veces a Temer de ser el ideólogo de su impugnación.

Temer, que no se mostró el lunes, emitió un comunicado describiendo como “mentiras” muchas de las acusaciones en su contra de los últimos meses. El presidente interino no subirá la edad de la jubilación de 70 a 75 años, no eliminará la baja por enfermedad pagada ni recortará las leyes laborales, afirmó el comunicado.

El ministro de Finanzas de Temer, Henrique Meirelles, dijo que su prioridad es recortar el gasto del gobierno y aprobar una reforma de las pensiones.

Pero el lunes, todo giraba en torno a Rousseff, que a menudo pareció presidir la sala, dominando la conversación mientras afirmaba que la democracia brasileña estaba en juego.

Rousseff es una ex guerrillera que fue encarcelada y torturada durante la dictadura del país, y que se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Brasil, hizo una correlación entre su pasado y la situación actual.

“No puedo sino sentir la amargura de la injusticia”, afirmó.

Rousseff recordó a los senadores que fue reelegida en 2014 por más de 54 millones de votantes, que según dijo no deben verse silenciados.

Rousseff dijo que había pagado el precio de rehusarse a suprimir una investigación policial sobre sobornos millonarios en la compañía petrolera estatal Petrobras, y dijo que legisladores corruptos se confabularon para destituirla y descarrillar dicha pesquisa.

Debido a la investigación han ido a parar a la cárcel prominentes empresarios y políticos, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la mandataria. Sin embargo, el asunto no para ahí: grupos independientes calculan que 60% de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por irregularidades y muchos por corrupción relacionada con la pesquisa en Petrobras.

Rousseff dijo que era una “ironía de la historia” que gente acusada de crímenes graves la juzgara por delitos que no cometió.

“Les pido que sean justos con una presidenta honesta”, dijo con voz alterada por la emoción.

Aprueban informe que pide destitución de Dilma Rouseff

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La comisión del Senado responsable del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, aprobó este jueves un informe que la acusa de “atentar contra la Constitución” y recomienda avanzar hacia su destitución.

El informe fue elaborado por el instructor del caso, Antonio Anastasia, y respaldado por 14 votos, frente a sólo cinco en contra y la abstención del presidente de la comisión, Raimundo Lira, quien no se pronunció pues sólo podría hacerlo en caso de un empate, mencionó Efe.

El informe allana el camino para el juicio político que debe celebrarse a partir de fin de mes, agregó DPA.

La votación favorable al impeachment se celebró en vísperas de la apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016. El apoyo de la comisión al proceso contra la mandataria se daba por descontado.

La mayoría de legisladores respaldó, durante los debates de más de dos horas, el informe presentado hace dos días por el instructor especial del caso, el senador Anastasia, a favor del juicio político a Rousseff.

La próxima semana el pleno del Senado deberá decidir sobre la continuidad del proceso.

La presidenta está suspendida de su cargo desde el pasado 12 de mayo por acusaciones de que su Gobierno cometió irregularidades y maquilló las cuentas al elaborar los presupuestos públicos.

Si el proceso sigue adelante, será el propio Senado el que decidirá sobre la salida definitiva de la presidenta en el juicio que se celebrará a partir del 29 de agosto.

Los senadores suspendieron a Rousseff en mayo después de que la Cámara de Diputados aprobara la medida con clara mayoría.

En caso de que Rousseff sea destituida, su vicepresidente y actual jefe de Estado interino, Michel Temer, se quedará en el cargo hasta las elecciones de 2018.

Rousseff rechaza el juicio político en su contra y acusa a sus detractores de fraguar un “golpe” contra su Gobierno.

La crisis institucional brasileña está enmarcada en varios escándalos de corrupción que salpican a varios opositores de Rousseff, pero también al Partido de los Trabajadores (PT) de la mandataria, y ha opacada la celebración de los Juegos Olímpicos que empiezan mañana viernes en Río de Janeiro.

Unos 50 políticos están siendo investigados por sospechas de corrupción en el marco del caso conocido como “Lava Jato”, que investiga una inmensa red fraudulenta de licitaciones públicas que funcionó durante años en torno a la petrolera semiestatal Petrobras.

Informe Otálvora: Barajan opciones para deshacerse de Maduro en Mercosur

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 El presidente de Uruguay Tabaré Vázquez con el expresidente Fernando Henrique Cardoso y el canciller brasileño José Serra el 05JUL16 en Montevideo. Foto: FacebookJoseSerra.

 

Colombia duplicó en dos años la extensión de cultivos de hoja de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Su más reciente informe indica que en 2015 registraron 96 mil hectáreas destinadas a narcocultivos en Colombia, cifra sensiblemente menor incluso a la indicada por la DEA de EEUU. Una de las zonas de mayor expansión del cultivo de coca es el Departamento Norte de Santander en la frontera con Venezuela.

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El grueso del liderazgo opositor venezolano no acepta las gestiones de la comisión de ex presidentes encabezada por el español José Rodríguez Zapatero por considerar que actúa en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro y no como un mediador. El 07JUL16, la alianza opositora MUD emitió un comunicado afirmando estar “dispuesta a la primera reunión del diálogo nacional a partir del día 12 de julio”, pero reiterando condiciones previas a sentarse con el oficialismo. La MUD rechaza la imposición por parte del gobierno de la agenda, la sede de reuniones y el nombre de los mediadores. La MUD considera que la lista de mediadores debe ampliarse con presencia de otros expresidentes latinoamericanos, así como con representantes del Vaticano y de la OEA. La sede de las conversaciones deberá ser previamente negociada ya que la MUD descarta a República Dominicana como país anfitrión, prefiriendo que los eventuales encuentros tengan lugar en Venezuela. La liberación de los presos políticos y la garantía de realización del referendo revocatorio antes de que concluya el año son otras de las condiciones presentadas por la Oposición. De esa manera la MUD ha colocado en manos del Gobierno la eventualidad del “diálogo”. Zapatero llegó a Caracas el 08JUL16 en un intento de revivir sus gestiones ante la Oposición.

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La comisión de ex presidentes, diseñada por Ernesto Samper para satisfacción del régimen venezolano, fracasó en su intento de convertirse en una válvula para reducir presión política en Venezuela. La Oposición se ha reiterado a favor de una salida electoral para la crisis política, la cual es rechazada por el Gobierno  que colocó en manos militares la represión de las protestas populares y ha intensificado la persecución, encarcelamiento y enjuiciamiento de activistas opositores. El régimen venezolano neutralizó la gestión legislativa y contralora de la Asamblea Nacional dominada por la Oposición y, ahora, amenaza con disolver al parlamento y enjuiciar en tribunales militares a sus directivos.

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El 25MAR14, a raíz de intensas protestas populares contra  Nicolás Maduro y en medio de una feroz represión militar, desembarcó en Caracas una comisión de cancilleres suramericanos quienes en nombre de Unasur y con la complacencia oficial, viajaron a promover un diálogo entre el Gobierno y la Oposición. Entre los ocho cancilleres presentes en Caracas estaba Luis Almagro, Secretario General de la OEA y actual fuerte crítico del régimen chavista, quien para la fecha ejercía como Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno uruguayo de Pepe Mujica.

Interrogado por el periodista colombiano Juan Carlos Iragorri el 07JUL16 en el canal NTN24, Almagro se refirió a los resultados de la mediación de Unasur en Venezuela durante el año 2014. Almagro afirmó que las gestiones de Unasur tuvieron tres efectos negativos: “se consolidó el statu quo político en Venezuela con presos políticos incluidos, se desmovilizó a la gente y se levantó la presión internacional”, concluyendo que “tres meses después no había ningún otro resultado concreto”.

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El entonces canciller de Uruguay Luis Almagro en el Palacio de Miraflores de Caracas junto a Nicolás Maduro el 26MAR14. Foto:AVN

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La salida de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil será definitiva en poco más de un mes ya que es prácticamente inevitable que el Senado la condene. En consecuencia, el resto del mandato será encabezado por el actual presidente interino Michel Temer. Ese habría sido el mensaje llevado por una delegación de altísimo nivel enviada por el gobierno brasileño para conversar directamente con su vecino de Uruguay que hasta ahora mostraba reservas ante el proceso de impeachment en Brasil. Aparte de normalizar relaciones con Uruguay ofreciéndole un paquete de apoyo para promoción de exportaciones, el gobierno brasileño optó por tratar el “tema Venezuela” directamente con el mandatario Tabaré Vázquez. El mandatario uruguayo sufre grandes presiones de sectores castrocomunistas de su alianza política, el Frente Amplio, que apoyan incondicionalmente a Dilma Rousseff y a Maduro.

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El 05JUL16, a bordo de un avión de la fuerza aérea de Brasil, el canciller del gobierno provisional, José Serra, llegó a Montevideo donde era esperado a primera hora por el presidente Vázquez para posteriormente ir a la sede de la cancillería uruguaya y reunirse con su colega Rodolfo Niv Novoa. Se trató apenas del segundo viaje de Serra al extranjero desde el 12MAY16, cuando Temer tomó posesión de la Presidencia ante el enjuiciamiento que el Senado sigue a Rousseff. Serra visitó Buenos Aires el 23MAY16 y fue recibido por Mauricio Macri en lo que constituyó un franco apoyo argentino al gobierno provisional brasileño. Serra recibió en Brasilia el 08JUN16 al canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, en una visita también de carácter político. De los cinco miembros plenos de Mercosur, sólo el régimen venezolano desconoce al gobierno de Brasil al que califica de “golpista” al punto que la canciller de Maduro, Delcy Rodríguez, se refirió el 05JUL16 a Serra como “canciller de facto”. Mientras la diplomacia chavista se muestra agresiva contra los gobiernos de Brasil y Paraguay, en el seno de Mercosur se debate ya abiertamente la posibilidad de sancionar al gobierno Maduro tanto por violación de Derechos Humanos como por incumplimiento de normas estatutarias del pacto comercial sureño. Ese tema fue llevado por el canciller de Brasil a sus reuniones con el gobierno de Uruguay el 05JUL16.

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En un hecho poco usual, José Serra viajó a Uruguay acompañado del expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien participó tanto en el encuentro privado de Serra con el Presidente Vázquez, como en un almuerzo de los cancilleres en el Palacio Santos al cual se sumó el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Aparte de la amistad que une a Cardoso con Sanguinetti, ambos forman parte de un extenso grupo de exmandatarios iberoamericanos que respaldan a la Oposición venezolana. La presencia en la delegación oficial brasileña de Cardoso, quien no ejerce cargo oficial en su país, fue un fuerte mensaje sobre la alianza de gobierno que se ha creado en Brasil entre el partido PMDB de Temer y el PSDB en el cual militan Serra y Cardoso. Según fuentes consultadas, Cardoso fue parte activa en las conversaciones con el alto gobierno uruguayo sobre las medidas que Mercosur debe tomar ante Venezuela.

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Mientras el gobierno de Paraguay es partidario de suspender a Venezuela de su membresía en Mercosur por “ruptura del orden democrático”, Argentina y Brasil prefieren una medida aparentemente menos drástica impidiendo que Maduro asuma la Presidencia pro témpore del Mercosur que corresponde a Venezuela en el segundo semestre de 2016. Si bien se trata de un cargo con más funciones simbólicas que operativas, negar a Maduro la Presidencia semestral del Mercosur sería en la práctica una sanción. El gobierno uruguayo se niega a retener la Presidencia o entregarla a Argentina, alegando que las normas del Mercosur obligan al cambio por orden alfabético. Incluso Uruguay habría realizado consultas entre los gobiernos miembros para convocar a una reunión de cancilleres el 12JUL16 para entregar a Venezuela la Presidencia. Esta reunión fue abortada ante la renuencia de los demás socios, pero el gobierno uruguayo mantiene su posición sobre el traspaso.

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Brasil asomó a Uruguay la opción “diplomática” de retrasar hasta agosto la entrega de la Presidencia a Maduro, alegando que para ese entonces Venezuela ya debería haber cumplido compromisos adquiridos al momento de ingresar al grupo. “No estamos pidiendo que se irrespeten las reglas, pero sí que se pueda discutir más adelante, si Venezuela ya hizo las tareas de casa para ingresar al Mercosur”, dijo Fernando Henrique Cardoso en su visita a Montevideo. De hecho, Brasil pone en duda que Venezuela haya cumplido con las obligaciones para acceder a la membresía del Mercosur.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sostendrían un encuentro el 11JUL16 en Montevideo, al cual no se habría invitado a Venezuela ni a Bolivia, país que ya tiene derecho a voz y no voto en Mercosur. El hecho de realizar esta reunión sin convocar a la canciller de Maduro refleja el estado de rechazo que el régimen chavista comienza a generar en países que hasta hace poco fueron sus aliados políticos. Para malestar de la prepotente diplomacia chavista, salvo Evo Morales ningún otro mandatario del Mercosur se muestra interesado en ser representado por Maduro. Incluso Mauricio Macri dejó saber, el 04JUL16 en Bruselas, su disposición a asumir la Presidencia pro tempore, saltándose a Maduro, para que el Mercosur “no pierda seis meses”. “Puede ser que se mantenga Uruguay en la presidencia o que nos toque a nosotros” dejó saber el presidente argentino.

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Por cierto. Las posibilidades de la canciller argentina, Susana Malcorra, de ser electa Secretaria General de la ONU tienden a disminuir cada día. El 07JUL16, el gobierno de Costa Rica anunció formalmente la candidatura de Christiana Figueres, hija y hermana de ex presidentes de ese país, considerada como una de las artífices del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. La candidatura de Figueres rompe cualquier posibilidad de un respaldo unánime latinoamericano a la candidata argentina. En todo caso, conocedores de los manejos en la ONU dan pocas probabilidades a que Malcorra o Figueres logren la posición que esta vez depende, en mucho, de la opinión de Vladimir Putin.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

Dilma Rousseff asegura que juicio político en su contra es una

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La suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo el miércoles a la comisión del Senado que sopesa si la remueve permanentemente de su cargo que su caso es una farsa.

En una misiva dirigida a la comisión y leída por su abogado principal, Rousseff dijo también que ella es honesta y se comprometió a luchar para seguir gobernando hasta fines del 2018.

Después de la introducción de la defensa de Rousseff, se espera que los procedimientos de juicio político se reanuden el 2 de agosto, tres días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. La decisión final sobre si conservará el puesto presidencial o no se espera después de la justa.

La impopular mandataria fue sometida a juicio político y suspendida del puesto en mayo por presuntamente violar las normas fiscales durante el manejo del presupuesto federal. Fue reemplazada temporalmente por un aliado que se convirtió en enemigo, Michel Temer, que fue su vicepresidente y también es impopular entre la población.

Como ha hecho antes, Rousseff hizo notar en su carta que presidentes brasileños anteriores utilizaron medidas contables similares y dijo que ella no cometió ningún delito.

“Nunca, en ningún país democrático, el mandato legítimo de un presidente fue interrumpido por medidas rutinarias en el manejo del presupuesto”, afirma en la misiva. “No niego que cometí errores, y por ellos seguramente estoy siendo y seré llamada a cuentas, pero se me está enjuiciando por lo que hice bien”.

Los asesores de Rousseff le recomendaron que no se presentara en persona ante la comisión, por considerar que su presencia legitimaría lo que dicen fue un golpe de Estado. Los partidarios de Temer dicen que el proceso de juicio político es constitucional e insisten en que Rousseff firmó tres decretos sin el consentimiento del Congreso, lo cual viola las leyes fiscales del país.

Más adelante el miércoles, en una entrevista con la radiodifusora O Povo, Rousseff dijo creer que el Senado no sumará las dos terceras partes de los votos necesarios en su juicio político para retirarla permanentemente del puesto de presidenta. Eso sería 54 de 81 senadores, y 55 votaron para suspender a la líder izquierdista de su puesto.

En la entrevista, Rousseff prometió publicar una carta en las próximas semanas para mostrarles a los brasileños que merece que le devuelvan la presidencia.

Dijo también sentirse decepcionada de que no podrá acudir a la inauguración de los Juegos Olímpicos el 5 de agosto como mandataria.

Brasil enfrenta su peor recesión en décadas, y el gobierno del estado de Río de Janeiro se encuentra bajo duras restricciones financieras, lo que ha generado interrogantes en torno a la seguridad en la urbe durante las Olimpiadas.

Temer, que se espera inaugure los Juegos, publicó una carta el miércoles en la que afirma que Brasil aguarda a los turistas “con los brazos abiertos” para el evento.

“Brasil puede decir con confianza: estamos listos para ser anfitriones de los primeros Juegos Olímpicos y Paralímpicos a llevarse a cabo en Sudamérica”, escribió. “Los Juegos le mostrarán al mundo una de las grandes economías globales en operación en una democracia madura”.

 

Costa Rica pide más democracia para Venezuela

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El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirmó que los problemas que enfrentan Venezuela y Brasil ponen el tema de la democracia en el centro del debate regional e indicó que las crisis “se resuelven con más democracia”.

“A mí me parece, y Costa Rica lo ha dicho en innumerables ocasiones respecto de Venezuela, que las crisis de la democracia se resuelven con más democracia, no menos”, declaró el mandatario costarricense al diario “La Tercera” de Chile.

“En realidad, Venezuela, Brasil -y podría haber otros países pronto- que están en procesos de elecciones, (que atraviesan) momentos difíciles, que están colocando el debate sobre la democracia otra vez en el centro de la política regional”, aseveró.

Solís fue a Chile para participar como país observador en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Perú, Colombia y México.

Prudentes, pero firmes

Sobre la situación que enfrenta Dilma Rousseff, Solís opinó que “debe respetarse estrictamente el marco legal en Brasil”.

“Hay en la discusión sobre el impeachment  y el eventual regreso de la presidenta una circunstancia interna en Brasil sumamente delicada. Hemos evitado pronunciarnos sobre los temas internos en Brasil, pero sí hemos dicho que tiene que haber un respeto muy escrupuloso del Estado de Derecho”, sostuvo el mandatario.

“Un país como Brasil que no es solamente referente regional, sino global, tiene que garantizar no sólo la legalidad estricta del proceso, sino también su legitimidad”, agregó.