La comisión del Senado responsable del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, aprobó este jueves un informe que la acusa de «atentar contra la Constitución» y recomienda avanzar hacia su destitución.
El informe fue elaborado por el instructor del caso, Antonio Anastasia, y respaldado por 14 votos, frente a sólo cinco en contra y la abstención del presidente de la comisión, Raimundo Lira, quien no se pronunció pues sólo podría hacerlo en caso de un empate, mencionó Efe.
El informe allana el camino para el juicio político que debe celebrarse a partir de fin de mes, agregó DPA.
La votación favorable al impeachment se celebró en vísperas de la apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016. El apoyo de la comisión al proceso contra la mandataria se daba por descontado.
La mayoría de legisladores respaldó, durante los debates de más de dos horas, el informe presentado hace dos días por el instructor especial del caso, el senador Anastasia, a favor del juicio político a Rousseff.
La próxima semana el pleno del Senado deberá decidir sobre la continuidad del proceso.
La presidenta está suspendida de su cargo desde el pasado 12 de mayo por acusaciones de que su Gobierno cometió irregularidades y maquilló las cuentas al elaborar los presupuestos públicos.
Si el proceso sigue adelante, será el propio Senado el que decidirá sobre la salida definitiva de la presidenta en el juicio que se celebrará a partir del 29 de agosto.
Los senadores suspendieron a Rousseff en mayo después de que la Cámara de Diputados aprobara la medida con clara mayoría.
En caso de que Rousseff sea destituida, su vicepresidente y actual jefe de Estado interino, Michel Temer, se quedará en el cargo hasta las elecciones de 2018.
Rousseff rechaza el juicio político en su contra y acusa a sus detractores de fraguar un «golpe» contra su Gobierno.
La crisis institucional brasileña está enmarcada en varios escándalos de corrupción que salpican a varios opositores de Rousseff, pero también al Partido de los Trabajadores (PT) de la mandataria, y ha opacada la celebración de los Juegos Olímpicos que empiezan mañana viernes en Río de Janeiro.
Unos 50 políticos están siendo investigados por sospechas de corrupción en el marco del caso conocido como «Lava Jato», que investiga una inmensa red fraudulenta de licitaciones públicas que funcionó durante años en torno a la petrolera semiestatal Petrobras.
