ilegal

Hace tiempo que el “medalaganismo” es la norma de conducta del régimen de Nicolás Maduro Moros. Las cosas se hacen no de acuerdo con la Ley y el sentido común, como lo dice la regla republicana, sino retorciéndola a conveniencia, como desde hace un siglo se diseña la estrategia “revolucionaria”.

Entre los mil y un ejemplos del “medalaganismo”, por cierto instaurado bajo la égida chavista, es el indecente uso que desde el Palacio de Miraflores se hace con las publicaciones de la Gaceta Oficial. Ejemplo más notorio, por lo insultante, es el bloqueo a acuerdos y decisiones de la Asamblea Nacional, tradicionalmente ubicadas en el primer lugar, antes de las disposiciones del Gobierno.

El régimen aspira a hacer creer que nada que no sea publicado en Gaceta Oficial alcanza la validez legal y la obligación de cumplimiento, pero como es fácilmente demostrable, no es así. Dicho de otro modo, los acuerdos republicanos de la AN son de fuerza legal y de cumplimiento obligatorio, así el “medalaganismo” e insania “revolucionarios” pretendan que no.

Por el contrario, desde que se inventó la llamada “Asamblea Nacional Constituyente”, ilegítima e inconstitucional, los bodrios que genera ésta ocupan en la Gaceta Oficial el lugar preeminente que bajo gobiernos democráticos se reservó a la legítima y constitucional Asamblea Nacional (antes Congreso Nacional).

Por obra y gracia del “medalaganismo”, las empresas del Estado están funcionando en forma ilegal. Es verdad que al régimen le importa esto menos que nada, pero que al menos se sepa que la actitud consciente del régimen permite que esto ocurra. Es preceptivo que sus Presupuestos de Recursos y Egresos para un determinado ejercicio económico y financiero anual debe ser aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y publicados en Gaceta Oficial dentro del año anterior al cual aplican.

Es por ello, por ejemplo, que los Presupuestos de 2017 fueron publicados dentro de 2016, como se evidencia en el recuadro anexo. La publicación ocurrió en dos partes: una referencia en la gaceta ordinaria y el contenido completo en otra extraordinaria de la misma fecha (30-12-2016). Es obvio que había conciencia plena de la obligación de publicar en 2016, a fin de que el funcionamiento de las empresas fuese legal en 2017.

No ocurre así con los Presupuestos de 2018, que en una gaceta ordinaria del día 28-12-2017, se pedía “ver” otra extraordinaria del día 22-12-2017 anterior. Lo único ordinario que hay en ello es la mentira de que esta última gaceta del día 22 existiese y lo único extraordinario es que las empresas del Estado estén funcionando sin un presupuesto legal.

Al día de hoy, la Gaceta Oficial No.6.353 Extraordinario del 22-1-2017 no existe: no ha sido impresa y, menos aún, publicada, por lo que ningún ciudadano con derecho al ”véase” ha podido ejercerlo.

Ayer, intentamos encontrar una explicación a lo que es una anomalía de extrema gravedad. En una visita tempranera a las oficinas del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (SAINGO), de su Director General (encargado) Hugo César Cabezas Bracamonte, solo se supo que “no suele venir por aquí”; de su Directora Ejecutiva Moraima Guevara, que “tanto puede venir dentro de media hora, como en la tarde o no venir”; se habló con el consultor jurídico y con el coordinador de ventas; no hubo explicación a la anormalidad.

Otras consultas adicionales fuera del SAINGO, donde “no se habla mal de Chávez” y, se supone, menos aún de Maduro, explicaron bien la situación: la orden de impresión y publicación no ha sido autorizada por el Consejo de Ministros.

Así es la República de Medalagana, donde quieren elegir un emperador antes del 30 de Abril. A ver qué súbdito contrata con sus compañías. (Sigla)

 

Tres militares de la Armada Nacional fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en el transporte de equipos para la práctica de minería ilegal, en el municipio Heres del estado Bolívar, según una acusación del Ministerio Público.

El hecho se suscitó el pasado 2 de febrero, en el municipio Heres del estado Bolívar, los detenidos son la teniente de fragata Verónica Barradas Uya de 26 años, así como los sargentos mayor y primero Edgar Veliz Bárcenas de 34 años y Leonel Guillen Cova de 25 años. Por este mismo caso son imputados los ciudadanos Alexander Millán, Rainiero José Ciampi Medeiro y Frankino Rafael Ciampi Manganiello.

Por este mismo hecho imputaron a Millán, Ciampi Medeiro y Ciampi Manganiello como cómplices no necesarios en el ejercicio ilegal de las actividades mineras en grado de tentativa; y como coautores en el aprovechamiento de piezas de vehículo automotor y alteración de seriales en grado de coautoría, además de asociación para delinquir.

Tras evaluar los elementos de convicción presentados por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 4° de Control del primer circuito judicial de Bolívar dictó la medida privativa de libertad.En este sentido los militares permanecerán recluidos en la Brigada 57 de Infantería Marina Fluvial “C.F. Tomás Machado”; mientras que Millán y Ciampi Medeiro estarán en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de dicho estado.

En el caso de Ciampi Manganiello por razones de salud se acordó arresto domiciliario. Así como se ordenó la incautación preventiva de los objetos comisados y el cierre temporal del taller mecánico denominado “Franco Ciampi”.

Según las investigaciones, en horas de la tarde del citado día, los efectivos militares se trasladaban a bordo de un camión militar por el sector Orocopiche, y a la altura del punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el vehículo fue inspeccionado.

Durante la revisión los funcionarios encontraron diversos instrumentos utilizados para la minería ilegal, como motores, paños de alfombras y mangueras. Al no poder justificar la tenencia de dichos equipos, Barradas Uya, Veliz Bárcenas y Guillen Cova fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

Luego de varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por el Destacamento 621 de la GNB, se logró la detención de Millán, Ciampi Medeiro y Ciampi Manganiello en el mencionado taller, donde se encontraron varios accesorios de minería y motores con anclaje reportados como robados.

 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves un acuerdo en rechazo a la «venta ilegal de acciones» de Petromonagas a la empresa estatal rusa Rosneft.

Fue el segundo punto que se abordó en la sesión ordinaria de hoy, tal como estaba previsto en el Orden del Día. Al respecto, el diputado Elías Mata, señaló en su exposición que las acciones de la empresa venezolana serían vendidas por un monto de 500 millones dólares.

Recordó que la Comisión de Energía y Petróleo de la AN lleva un año revisando el tema, motivo por el cual declaró que se está produciendo, en el caso de Petromonagas, una violación constitucional ya que “son varios los artículos de la Constitución dejan claro que cualquier venta que sea propiedad de la República tiene que pasar por el Parlamento”.

Mata lamentó que el presidente de Petróleos Venezuela SA. (Pdvsa) Eulogio Del Pino, no haya llevado los documentos permanentes al Palacio Legislativo para hacer la consulta sobre la venta de las acciones de Petromonagas. «Rosneft se ha hecho cargo de un 40% de las acciones”, aseguró.

El diputado dijo que en el período comprendido entre 2005 y 2016, Venezuela ha dejado de producir 800 mil barriles de petróleo “es decir que se dejó de recibir un total de 12 mil millones de dólares”.  Por ello, exigió a la comisión de Contraloría de la AN que se inicie una investigación para que se determinen responsabilidades sobre la baja producción del crudo en el país.

En ese sentido, el diputado Francisco Sucre puntualizó que Venezuela es el único país OPEP que en 17 años ha disminuido la producción de petróleo “en un 35% mientras que países no OPEP como Colombia y Brasil han aumentado, el primero en un 40% mientras que el último en un 150 %”.

Manifestó que Pdvsa pasó su endeudamiento de 5 mil millones de dólares a 70 mil millones de dólares lo que llevó de manera obligatoria a bajar la producción petrolera.  Puntualizó que Venezuela necesita inversión privada por lo que pidió crear más “empresas mixtas” en ese sector.

Por su parte, el diputado Piero Maroun denunció que el Gobierno no aprobó las leyes de la AN en materia petrolera porque el Estado el Parlamento pretendía vender las empresas estatales “cuando a las espaldas estaban negociando la venta de Petromonagas”.

En ese sentido, resaltó que la estatal regional produce 170 mil barriles diarios y el 40% que equivale a 60 mil barriles son de la empresa rusa.

El parlamento calificó como “traición” la venta de bienes públicos por parte del Gobierno, por lo que exigieron respeto a la Constitución y aprobaron de manera unánime el rechazo a la venta “ilegal” de acciones de Petromonagas a la empresa estatal rusa.

Un grupo de migrantes venezolanos que viajaba en una embarcación fue detenido frente a las costas de la isla caribeña holandesa de Curazao, dijeron las autoridades.

El portavoz de la Guardia Costera Caribeña Holandesa, Roderick Gouverneur, dijo que 21 personas que iban a bordo estaban detenidas el lunes.

La embarcación fue detectada el viernes alrededor de la medianoche a unos 10 kilómetros (seis millas) al sur de la isla, en el Caribe meridional, señaló la Guardia Costera en un comunicado.

Las autoridades encontraron a bordo a 20 venezolanos y un colombiano.

Las autoridades confiscaron contrabando como cigarrillos y municiones, y detuvieron a todos porque presuntamente intentaban ingresar ilegalmente en Curazao, se dijo en el comunicado.

El número de personas que pretende abandonar Venezuela ha aumentado ante el derrumbe de su economía, cuyo sostén principal es el petróleo.

Curazao se ubica a unos 65 kilómetros al norte de Venezuela.

Los dirigentes de la oposición en Venezuela dijeron hace meses creer que podría comenzar un éxodo del país hacia las islas cercanas.

 

 

La Ley de Presupuesto 2016 fue consignada ayer en la Secretaría de la Asamblea Nacional por trabajadores de la Oficina Nacional de Presupuesto, según consta en una foto publicada en el Twitter de la institución, lo que viola el artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Financiera la cual ordena que el proyecto debe ser presentado por el Ejecutivo antes del 15 de octubre de cada año, señaló el diputado Alfonso Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Social.

Reiteró que el hecho de que el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, no se haya encargado de presentar “en vez de consignar” el proyecto de Ley de Presupuesto en el Parlamento es una violación de la ley.

Aseguró que se debe aplicar el artículo 39 de la Ley Orgánica de Administración Financiera, que establece que si por cualquier causa el Ejecutivo no hubiese presentado la ley en el plazo previsto “se debe reconducir el actual presupuesto de la nación”.

El artículo 38 de la ley dispone que el proyecto de ley será acompañado de una exposición de motivos que “exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras y para la aplicaciones financieras; así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno”.

El diputado Marquina indicó que la ley es clara en cuanto a la explicación que debe darse sobre las variables macroeconómicas empleadas, así como la metodología dispuesta para hacer los cálculos de egresos e ingresos de recursos que serán utilizados en el año por comenzar.

Agregó que hasta la fecha se desconocen las cifras oficiales de inflación y crecimiento del año en curso; por lo que es un misterio determinar cómo fue diseñada la Ley de Presupuesto 2016.

 

Luego del anuncio realizado en días pasados y publicado en algunos medios de comunicación  de circulación regional, donde el director nacional del Centro Nacional de Despacho de Corpoelec, Rafael Castillo, anunciaba mejoras en la planta de emplazamiento de generación Guacara, dueños del terreno denunciaron, a través de una nota de prensa,  la toma ilegal de estos espacios.

Hector Tortolero, representante jurídico de la empresa dueña del terreno Thrifty Rent a Car, C.A, asegura que, luego de la adquisición de los espacios a principios del año 2009 se procedió a realizar la documentación necesaria ante los distintos organismos competentes.

“El 16 de noviembre de 2009 se premisa ante la alcaldía del municipio Guacara el anteproyecto para un urbanismo industrial, asimismo el 14 de mayo del 2010 la misma empresa Corpoelec a través de un oficio aprueba la permisología requerida ante este organismo, la cual fue renovada en fecha 12 de noviembre del mismo año”

Tortolero asegura además que los requerimientos para la factibilidad de servicio ante Hidrocentro y el ministerio de ambiente fueron entregados y aprobados durante el año 2010, “con esto se constata que la hidrológica del centro y el organismo ambiental admiten una propiedad privada sobre estos espacios”.

Para el mes de octubre del 2010, a través de un oficio, la alcaldía de Guacara permite el cercamiento del complejo industrial y en el mismo se estipula que “la oficina regional del instituto nacional de tierras que especifica que los terrenos del lote 613 no tienen vocación agrícola sino industrial y están fuera de la poligonal afectada por el decreto presidencial 5378 de 15 junio del 2007 por lo que puede la Alcaldía destinarlo al uso del plan de desarrollo urbano local”

Para finales del mes de enero del año 2011 la Corporación Eléctrica (Corpoelec), ocupa la totalidad del terreno (unas 10 hectáreas) para la construcción de la planta de emplazamiento de generación eléctrica Guacara.

Asegura que existe una dualidad por parte del Inti al otorgarle el comodato a la estatal eléctrica y darle además la autorización al ayuntamiento para que disponga de estos terrenos.

Unidad de Investigación Runrun.es

El abogado penalista, Luis Izquiel, dijo que es ilegal que el presidente de la república, Nicolás Maduro, mostrara un video del imputado por el crimen de la descuartizada, José Pérez Venta, en el que habla sobre su vinculación partidos de oposición y con paramilitares colombianos. «Es completamente ilegal, el Código Orgánico Procesal Penal establece que la investigación es reservada a terceros, es decir no puede ser mostrada a personas que no sean parte de la investigación”, explicó. El comisario Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc, coincide: “Todo lo que está en el expediente de una investigación penal es secreto para terceros. Sea quien sea que presente al imputado en ese video, está cometiendo un delito”.

En el capítulo III del COPP, el artículo 313 sobre el carácter de las actuaciones reza que todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros.

“Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el proceso y los defensores. No obstante ello, los funcionarios que participen en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están obligados a guardar reserva. El Ministerio Público podrá disponer la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los diez días continuos, siempre que la publicidad entorpezca la investigación. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero, en este caso, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que examine los fundamentos de la resolución y ponga fin a la reserva. No obstante, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los actos a los cuales se refiere, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado, que nunca superará las cuarenta y ocho horas. Los abogados que invoquen un interés legitimo deberán ser informados por el Ministerio Público o por la persona que él designe, acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva.»

De hecho, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en reiteradas oportunidades y cuando le preguntan sobre casos en particular, se niega a dar información alegando que la investigación se lo prohíbe. Esta misma semana, sobre el caso de Adriana Urquiola, dijo que fueron solicitadas dos nuevas órdenes de captura por el asesinato de la intérprete de señas. Sin embargo dijo que no iba a revelar los nombres porque esto podría “poner en riesgo la investigación”.

Uno de los casos más sonados fue el impase entre el periodista de CNN Ismael Cala, y la fiscal venezolana, cuando el entrevistador le preguntó sobre el secuestro de Nairobi Pinto, y la titular del Ministerio Público le dijo que no podía darle información porque podía poner en riesgo la seguridad de la víctima”.

 

También sobre la muerte de diez personas en los Valles del Tuy, a finales de abril de 2015 en un edificio de la Misión Vivienda, Ortega Díaz, dijo que mientras estaban en la fase de la investigación “no se puede dar mayor información del caso, porque puede poner en riesgo la investigación. Cuando ya se pueda dar la información gustosamente estaremos dando la noticia.”

En el video presentado por Maduro, Pérez Venta nunca habla del asesinato de Hergueta, entonces no queda claro si se le interroga por ese caso o por una supuesta investigación de golpe de Estado o rebelión civil. “Le dan un enfoque político que pierde credibilidad. Si mañana el Ministerio Público imputa a algunas personas por esos delitos, la defensa de esas personas puede usar a su favor la divulgación de ese video, y se cae como prueba”, explica Godoy.

También es ilegal porque el COPP prohíbe mostrar las caras de los detenidos. “Por eso en la mayoría de los casos vemos a los delincuentes con bolsas o algo en la cabeza. Hay una excepción cuando el imputado y su abogado lo autorizan, pero la regla general es ocultar el rostro”, indica Izquiel.

Lo lógico es que una persona imputada por ese crimen sea interrogado por un funcionario del CICPC. Sin embargo, en el video no se le interroga sobre el crimen sino sobre política. “Llama la atención que no se sabe de qué cuerpo de seguridad es la persona que lo interroga. Las preguntas son políticas y más bien deben hablar del hecho delictivo, parece un Sebin”, dice el abogado penalista.

Es importante resaltar que la confesión no hace plena prueba, considera Izquiel. “La confesión tiene que estar concatenada con otros elementos de convicción, no tiene ningún valor por sí sola”. Además en el video que mostró Maduro, Pérez Venta no habla del descuartizamiento, habla como testigo de otros hechos que ni siquiera serían un delito. “Por eso ni siquiera se puede hablar de que es una confesión, porque en el video que mostraron no confiesa el crimen”.

El Gobierno toma como testigo de un hecho criminalístico a una persona que podría padecer problemas mentales. Antes de sacar conclusiones, esta persona debe ser sometida a una serie de exámenes psiquiátricos para determinar si su testimonio es válido o no en la resolución del caso.

Es ilegal que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, enseñara en una rueda de prensa el video de los detenidos por el asesinato de Hergueta, así como la publicación del cuchillo con el que la víctima fue asesinada, observa Godoy. “Es una total irresponsabilidad”, dice.

Tampoco está ajustado a la ley que el Presidente sea quien orqueste la investigación. “El Ejecutivo no puede ser parte del proceso, eso le toca al MP”, dice Godoy. Izquiel coincide: “El Presidente no debería conducir esa investigación, pareciera que lo está llevando el propio Maduro”.