La Organización de Estados Americanos (OEA), analizó este jueves por tercera vez el caso de Venezuela antes del informe final que determinará si hay base para denunciar a las autoridades chavistas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La OEA ha discutido en varias ocasiones el tema de Venezuela. También ha denunciado irregularidades y violaciones sistemáticas durante los comicios de este año. En esta oportunidad, la audiencia contó con los testimonios de familiares de víctimas, políticos venezolanos y un exfiscal.
Luis Almagro, secretario general de la OEA e impulsor de la insólita iniciativa de las audiencias, se ausentó de nuevo de las sesiones, como ya hizo en las anteriores, celebradas en septiembre y octubre.
Uno de los testimonios lo ofrecieron paramédicos de la Cruz Verde, quienes mostraron las estadísticas de las personas fallecidas que fueron atendidas por la institución durante los cuatro meses de manifestaciones continuas.
En el informe mostrado por la ONG, se destaca que 48 personas murieron por disparos con armas de fuego, 8 por cable de tensión, 5 por metras o esferas de metal, 2 por perdigones y 2 arrollados. Otro dos ciudadanos murieron por impacto de bombas lacrimógenas, una víctima por asfixia por gas lacrimógeno, uno por choque contra barricada y uno por golpe de objeto contundente.
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En su opinión -y recomendación al organismo- todas las opciones de decisión de a tomar “deben estar sobre la mesa: las diplomáticas, las sancionatorias, las coercitivas”, justificando que “pensando solamente en el número de venezolanos que mueren, las vidas que se pierden (…) de todos los escenarios posibles en Venezuela el que más muertes causa es el de Nicolás Maduro perpetrado en el poder, con la consiguiente tragedia humanitaria que estamos viviendo”.
Y así mismo advirtió que “en Venezuela hoy no hay posibilidades de una salida electoral, no hay posibilidades de una salida constitucional. Las opciones que están en la Constitución (…) no son una posibilidad en Venezuela, no hay posibilidad de una salida constitucional de un cambio de gobierno por la vía democrática. Otra cosa que sabemos es que los venezolanos, solos por nuestra misma lucha no tenemos la capacidad de cambiar un gobierno que se apoya en las armas. Aunque se disfracen de Tribunal Supremo de Justicia, aunque se disfracen de Consejo Nacional Electoral, de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela gobiernan las armas, es un gobierno de fuerza (…), y además está dispuesto a usarlas sin límites”.
Denunció el caso de los 14 policías de Chacao, presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). «Ellos se pusieron a derecho -recordó-, «seguros de su inocencia», y el Ministerio Público determinó que no había elementos suficientes para acusarlos y pidió su libertad, algo que también hizo el tribunal que llevaba dicha causa por lo cual emitió las boletas de excarcelación. «Ha pasado más de un año desde que estos policías, por petición de la fiscalía y del tribunal que lleva la causa, tienen boleta de excarcelación emitida y siguen ilegalmente detenidos, secuestrados en la sede del (Sebin en el) Helicoide en Caracas», mencionó.
El alcalde del municipio mirandino fue precedido por su homólogo del municipio Lecherías del estado Anzoátegui, Gustavo Marcano.
“En Venezuela estamos sufriendo una dictadura, además sin ningún tipo de escrúpulos, que ni siquiera disimula ante la comunidad internacional su comportamiento, acabamos de verlo en el caso de las elecciones regionales, lo estamos viendo en el caso de violaciones a los derechos humanos en contra de presos políticos”, dijo ante el panel de expertos internacionales.
En sus consideraciones agregó que “la persecución política no es exclusiva para los dirigentes políticos, ya que se traslada a nuestras familias, ya se traslada al ciudadano común que emite una opinión contraria al régimen, y que por el simple hecho de emitir un ‘tuit’ contrario al régimen puede ser objeto de privación ilegítima de su libertad. Puede pasar días, meses y hasta algún año sin ningún tipo de juicio, privado de su libertad”.
Otro venezolano en presentarse ante la OEA fue el fiscal Franklin Nieves. “En mi caso particular fui coaccionado por mis superiores jerárquicos. El director general Joel Espinoza me dice que debo irme hasta el estado Táchira de manera preventiva porque Leopoldo López iba a realizar unas asambleas de calle. Estando en Táchira se había convocado a una marcha en Caracas por lo que llamé a Joel y le dije que en Táchira estaba todo normalizado y que me podía regresar para Caracas porque me acababa de nacer una niña. Él me dijo que me viniera con una comisión, por lo que hablé con el comisario Elvis para trasladarme. Cuando iba a la altura de los bomberos metropolitanos en la avenida Fuerzas Armadas escucho por la radio que piden apoyo con los manifestantes. Fue en ese momento cuando José Ramón Perdomo, comisario del Sebin, mató a Bassil Da Costa”, denunció Nieves.
El ex fiscal advirtió que las actuaciones de la jueza del caso de Leopoldo López eran coordinadas por la magistrada presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y aseguró que la orden de aprehensión contra López fue acordada de forma inmediata a pesar de no tener pruebas en su contra. “La juez Susana Barreiros me confesó que condenó a Leopoldo López por orden de Diosdado Cabello”, denunció.
Además responsabilizó a Nelson Mejías, director de delitos comunes y su jefe directo, de amenazarlos constantemente y en el caso de que Nieves no acatara sus órdenes se le abriría un procedimiento penal en su contra. “Nelson nos decía que él no se hundiría solo, que iba a ir preso y que hablaría con la fiscal (Luisa Ortega Díaz)”, agregó.
Nieves también reconoció en la sede la OEA que fue editado el video, por órdenes de Mejías, en el que aparecían los funcionarios lanzando bombas lacrimógenas a los manifestantes durante una protesta que se realizó el 12 de febrero de 2014 y este mismo funcionario habría ordenado a los fiscales «testificar falsamente» contra Leopoldo López. “Las molotov lanzadas por los manifestantes contra la sede de la fiscalía en el año 2014 nunca incendiaron la sede del organismo”, aseguró.
Además responsabilizó al general Manuel Bernal, ex director del Sebin, de amenazarlo con cumplir sus órdenes cuando le dijo que se necesitaban cuatros órdenes de aprehensión por órdenes del presidente Nicolás Maduro. “En ese momento le pedí las pruebas para fundamentar las órdenes de aprehensión y él pidió me prepararan un acta policial. Me la entregaron y Bernal dijo que no me pierdan de vista”, denunció Nieves.
Después de este incidente, el ex fiscal explicó que conoció a la ex jueza Ralenis Tovar quien fue la funcionaria que firmó la orden de aprehensión contra Leopoldo López porque se sintió atemorizada. “La llamé y entendí que estaba en la misma condición que yo o peor”, dijo.
En relación a la fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró que cuando ella se dio cuenta que no había elementos contra Leopoldo López comenzó una presión aún más fuerte contra los fiscales y jueces. Además señaló a Zinnia Briceño, presidenta del circuito penal de Caracas, y a Narda Sanabria como parte de las funcionarias que se prestaron para amenazar y obligar al resto de los fiscales y jueces de actuar en contra de López.
Por otro lado, Nieves denunció que el en Sebin se ha erigido en grupo parapolicial que vigila las sentencias de los jueces. “Hay personas que los tribunales han liberado, y sin embargo el Sebin no los suelta, pueden pasar presos el tiempo que quieran», aseguró.
Con lágrimas en los ojos y el llanto de un padre que perdió a su hijo, José Gregorio Pernalete, denunció hoy en la sede de la OEA que su hijo de 20 años Juan Pablo Pernalete fue víctima de una ejecución extrajudicial por un guardia nacional durante las protestas pacíficas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
“Nuestro hijo Juan Pablo fue asesinado el 26 de abril de 2017. Él fue víctima de una ejecución extrajudicial por un guardia nacional que disparó una bomba lacrimógena que la lanzó en ángulo recto de 90 grados causándole un impacto en su pecho que lo mató”, detalló Pernalete.
Aseguró que el armamento con el que mataron a Juan Pablo Pernalete (una bomba lacrimógena) “es utilizado para el control de manifestaciones y debe utilizarse en un ángulo de 45 grados porque alcanza unos 160 metros de distancia; sin embargo a mi hijo lo mataron a quemarropa disparándole a 15 o 20 metros. Fue una ejecución extrajudicial”.
La madre de Juan Pablo Pernalete, Elvira Llovera, también intervino en la audiencia de la OEA y detalló que al recibir la noticia de que su hijo estaba herido fueron a un centro de salud en el municipio Chacao y cuando llegaron al ambulatorio, el entonces alcalde de esta localidad, Ramón Muchachos les dijo: “Tienes que ser fuerte. Tu hijo está muerto. Yo me volví como loca. Empecé a buscarlo por todos los cubículos. Había muchos muchachos heridos hasta que encontré el mío: muerto”.
Por su parte, el padre del joven asesinado señaló la responsabilidad de varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “Diosdado Cabello el mismo día que mataron a mi hijo en su programa, Con el mazo dando, dijo que no había presencia de la Guardia Nacional en la zona donde lo mataron y que a nuestro hijo lo matan los mismos manifestantes calificándolos de terroristas. Sacó fotografías a su conveniencia intentando imponer una matriz sesgada a las investigaciones que ni siquiera la fiscalía había comenzado”, denunció.
Además, denunció que el diario Últimas Noticias, dirigido por Eleazar Díaz Rangel, tituló su primera página asegurando que según una supuesta autopsia se descartaba que la muerte fuera causada por una bomba lacrimógena sino por una pistola de perno.
También señaló que la abogada María Alejandra Díaz en su programa de televisión transmitido por Venezolana de Televisión manipuló el video que estaba circulando en las redes sociales “haciendo ver que a mi hijo lo mataron sus propios amigos”. En esta oportunidad la abogada estaba acompaña de uno de los productores de Zurda Konducta, programa que también mantuvo esta falsa línea informativa.
Otros funcionarios que también difundieron que a Pernalete lo mató una pistola de perno y no una bomba lacrimógena disparada por un GBN, según el relato del padre del joven, fueron Ernesto Villegas, que en esa oportunidad era ministro de Comunicación, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el diputado Pedro Carreño y Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela para ese momento.
Sin embargo, a pesar de todo el intento por parte de estos funcionarios del gobierno de Maduro en desviar las verdaderas causas de la muerte de Pernalete, el 24 de mayo de este año la Fiscalía, dirigida por Luisa Ortega Díaz, determinó que según exámenes balísticos y toxicológicos, investigaciones y horas de trabajo la muerte fue por una bomba lacrimógena y no una pistola de perno. “El asesino de mi hijo fue un guardia nacional, pero aún no hay justicia. No sabemos qué funcionario lo mató”, denunció.
¿Y ahora qué va ocurrir?
La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría simplemente enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina; u, hoy mismo, la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
La jurista denunció a Maduro y a varios de sus ministros ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan “de limpieza social”.
*Con información de EFE, El Nacional y El Universal
