Fabián Urbina, de 17 años, falleció el 19 de junio de 2017 durante una protesta en el Distribuidor Altamira, en Caracas. Fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala
Johan Rojas, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, fue identificado como el principal autor material de la muerte del joven. Después de dos años de retardo procesal, lo condenaron a 12 años y 10 meses de cárcel, pero la familia de Fabián sigue buscando justicia
@ValeriaPedicini
No existía marcha, concentración, actividad a la que Fabián Urbina no iba durante las protestas de 2017. Convocatoria que hacía la oposición y ahí estaba. Le parecía inconcebible toda la crisis que sufrían los venezolanos con los alimentos y las medicinas, así que salía a expresar su descontento.
El 19 de junio de 2017 el llamado era para que todas las personas se concentraran en la capital, en una actividad denominada “La toma de Caracas”. Aunque Fabián vivía en Maracay, estado Aragua, decidió seguir con su asistencia casi perfecta a las manifestaciones. Cuadró con un grupo de amigos y se fueron hasta Caracas.
Horas después, su padre que estaba en su casa en Maracay, recibió una llamada de un familiar para decirle que su hijo Fabián estaba herido en una clínica. No le dio muchos detalles, pero fue suficiente para que su mundo empezara a darle vueltas por el estado de su hijo.
Iván Urbina se comunicó con el centro de salud y solo le contaron que su hijo estaba muy mal, sin importar cuantas veces insistiera. “Ella no me quiso decir, pero yo creo que ya mi hijo para ese momento ya había fallecido. Ellos dirán que es preferible que venga con la ilusión de que su hijo está vivo y que aquí se entere de la noticia a que vaya a venir manejando de Maracay para acá conmocionado. Hicieron lo que tenían que hacer, yo los entiendo”.
Buscó la forma de trasladarse hasta Caracas. Llamó a una amiga de la familia para que le diera la cola, mientras su esposa se quedaba en casa. Entre la logística y el trayecto desde Aragua, llegaron de noche a la capital pero el joven ya no estaba en la clínica. Para ese momento la noticia de Fabián había corrido por las redes sociales Iván confirmó lo que ya sospechaba: su hijo de 17 años había fallecido.
Fueron directo a la morgue de Bello Monte. Los médicos forenses y efectivos del cuerpo científico ya estaban en el sitio. Iván tuvo que esperar unas cuantas horas más para que los doctores le pudieran explicar lo que había ocurrido. “Me dijeron que hubo una herida de bala que le ocasionó lesiones viscerales y vasculares, lo que condujo a una muerte por hipovolemia”.
Fue al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a hacer la denuncia y buscar el documento para poder sacar el cuerpo de su hijo de la morgue a la mañana siguiente. Primero tuvo que identificarlo a través de una computadora y después en físico. Lo único que soltó a decir fue: “Hijo, ¿para qué viniste a Caracas?”.
Iván cuenta que verlo de esa manera fue muy duro. “No te puedo ni siquiera contar lo extremadamente duro que es esa experiencia de ver a tu hijo ahí sin vida. Porque tú ves a tu hijo en la mañana vivo y ya en la tarde lo asesinaron. Es muy fuerte”.
¿Qué ocurrió con Fabián?
El 19 de junio de 2017 transcurrió entre marchas y represión, más la segunda que la primera. Iván Urbina cuenta que ese día la actuación de los cuerpos de seguridad fue desproporcionada. “Ni siquiera las marchas habían terminado de concentrarse en los puntos en los cuales se había destinado para ello, cuando ya empezaron a reprimir los diferentes organismos de seguridad del Estado”.
Cuando la protesta estaba a la altura del Distribuidor Altamira, en el municipio Chacao de Caracas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir con disparos.
“La represión fue tan brutal, desmedida y despiadada, a un punto inclusive criminal, que un Guardia Nacional sacó su arma de reglamento, apuntó hacia los muchachos y disparó sin ningún tipo de miramientos. Disparó a matar. El Estado venezolano es el responsable de la muerte de nuestro hijo”, expresa Iván. Cuenta cómo el hecho quedó registrado en fotos y videos de periodistas que en ese momento cubrían las protestas.
Fabián fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala alrededor de las 3:30 de la tarde. Como pudieron los jóvenes que estaban en el sitio junto a él, lo llevaron hasta uno de los puestos de la Cruz Verde para que fuera atendido, pero no fue suficiente. “Eran puesto de primeros auxilios para personas asfixiadas por bombas lacrimógenas, perdigones y cosas así. No era para atender una herida de esa magnitud”.
De ahí lo trasladaron hasta la Clínica Ávila, cerca del lugar, pero llegó sin signos vitales.
En un reporte que Runrun.es llevó durante las protestas de 2017, se contabilizaron 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de esa época. El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
En el informe publicado por la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) manifestó tener motivos razonables para creer que «las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Los casos documentados por la Misión revelan que las fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa y a zonas vitales del cuerpo (cabeza, tórax, abdomen)». Entre los casos investigados, se encuentra el de Fabián.
Justicia a medias
Iván Urbina reconoce que la actuación del Ministerio Público, todavía bajo la administración de Luisa Ortega Díaz, fue acertada. Explica que actuaron de inmediato tras el asesinato de su hijo: esa misma tarde habían detenido a dos guardias nacionales y, al día siguiente, uno más.
En 45 días elaboraron las investigaciones pertinentes, hicieron pruebas de balística y recabaron información para poder formular la denuncia ante el tribunal. Y así lo hicieron: imputaron a Johan Rojas como el principal autor material de la muerte de Fabián Urbina.
Pero a partir de ahí comenzó el tortuoso proceso por la justicia. Las audiencias preliminares fueron diferidas 19 veces consecutivas, en un lapso de 24 meses, dos años. “Cada vez que llegábamos al tribunal, se difería. Te podrás imaginar el sacrificio que uno hacía para trasladarse a Caracas. A veces pasábamos todo el día ahí, desde las 8 de la mañana, y a las 3 de la tarde te decían que no habría audiencia”.
En la convocatoria número 20, más de dos años después del asesinato de Fabián se llevó a cabo la audiencia preliminar. El juez escuchó todas las partes y les dio la oportunidad a los efectivos de la GNB de aceptar los cargos y rebajarles un tercio de la pena. Pero al decirle que la condena sería de 21 años y 10 meses, el imputado dijo que no.
Así pasaron a la etapa de juicio. “Pasaron cinco meses para que el tribunal fijara la primera audiencia de apertura de juicio, fue el 10 de diciembre de 2019. Pero fue diferida para el 25 de febrero de 2020”, explica Iván. Esa fecha coincidía con la semana de Carnaval y los tribunales no trabajaban. Quedaron en el limbo a la espera de una nueva fecha por la llegada de la pandemia. “El caso se estancó ahí”.
El 17 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio, en el que el imputado aceptó los cargos que le fueron imputados. “Al aceptar nos da la razón a nosotros como siempre la hemos tenido que asesinó a nuestro hijo vil y cobardemente”.
Pero hubo un detalle: la condena que le dieron fue de apenas 12 años y 10 meses, mucho menos de lo esperado. “Eso no es una pena, eso es un regalo de Navidad. Nos quedamos locos, sorprendidos. Eso no es justicia, eso es un parapeto de justicia. Porque tú no me vas a decir a mí que con todos los delitos que a ese guardia le imputan y de la forma tan horrenda en la que ese diablo asesinó a nuestro hijo, le van a dar 12 años”.
Iván Urbina y su esposa van a apelar la condena. Y no van a descansar hasta lograr una “justicia verdadera”. “Tanto mi esposa como yo, con la asistencia de los abogados del Foro Penal, vamos a conseguir una condena justa, que de verdad se apegue al tamaño del crimen. Haremos lo que tengamos que hacer, dentro de la ley, para una condena justa”.
Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón
