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Guardia Nacional

Detenidos dos oficiales activos y tres retirados por intento de robo de armas
Los presuntos sublevados están señalados de intentar sustraer el parque de armas del Destacamento 441 de la Guardia Nacional en Los Teques

 

Dos oficiales activos de la Guardia Nacional (GN) y tres retirados están siendo presentados en los tribunales militares de Fuerte Tiuna, por los hechos ocurridos en la sede del Destacamento 441 de la GN, ubicado en Puerta Morocha, Los Teques, la madrugada de este lunes 20 de abril.

La activista de Derechos Humanos, Tamara Sujú, confirmó en horas de la tarde, a través de cuenta de la red social Twitter, la detención del capitán (GN) Dimas Omar Murillo Rubio, comandante de la Primero Compañía del D-441, CZGNB-44 Miranda, con sede en Puerta Morocha, por el presunto intento de robo del parque de armas de este comando; información que coincide con la suministrada a El Pitazo por tres fuentes independientes.

El capitán Murillo fue capturado la mañana de este lunes por autoridades castrenses, encabezadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el grupo Conas de la Guardia Nacional.

Por el caso, que mantuvo en zozobra a la población altomirandina y obligó a las autoridades a cerrar los accesos a la subregión durante toda la mañana, están detenidos el capitán Jhon Contreras, comandante de la Primera Compañía de Caucagua, y tres oficiales retirados, identificados como Renny Olivares, Alemán Castellanos y Ericsson Chaya Barrueta. Estos tres últimos fueron arrestados en las adyacencias del sector Corralito en Carrizal y en Los Cerritos, en la carretera Panamericana.

Trascendió que el capitán Murillo, integrante de III Promoción Batalla de Ayacucho, egresado en el mes de diciembre del año 2008, sería el líder del plan de robo del armamento.

GNB arremetió con gases y perdigones contra comunidades wayuu que protestaban en La Guajira
Los indígenas protestaban desde el sábado para pedir que los dejaran trasladarse hasta Los Filúos para poder comprar comida

 

El video de una mujer con el rostro ensangrentado recorrió este domingo, 12 de abril, las redes sociales en Venezuela. Se trataba de Liseth González, una indígena wayuu y docente del poblado de Guarero, en el municipio Guajira del Zulia, quien protestaba junto a decenas de paisanos suyos frente al comando de la Guardia Nacional de esa localidad. Minutos antes, los militares habían reprimido la manifestación que desde el día anterior exigía que se permitiera que se abriera el paso para abastecerse de alimentos, así como el restablecimiento del agua en la zona.

El ataque fue confirmado a Runrun.es por José David González, director general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, quien indicó que el hecho se produjo a las 10:00 am y que la mujer había sido trasladado hasta Maicao, en Colombia, para que se le tratara la herida del perdigón que se incrustó en la mejilla izquierda.

González explicó que desde el sábado, indígenas provenientes de al menos 100 comunidades de San Rafael de Paraguachón y sus alrededores se dirigieron hasta el puesto de la GNB en Guarero para pedir que les dejaran pasar hacia Los Filúos, donde hay varios comercios de alimentos con puntos de venta que permiten que los wayuu paguen con los bonos que les transfiere la administración de Maduro a través del carnet de patria.  También exigían el suministro de agua, que siempre ha sido precario en la región.

“En esa manifestación había hasta niños con carteles que decían que se iban a morir de ‘corona hambre'”, refiere el defensor de derechos humanos. Pero a pesar de la exigencia, los uniformados no abrieron el paso que permanece cerrado desde que el 15 de marzo, cuando se ordenó el acatamiento de la cuarentena y el cierre de las fronteras entre municipios en toda Venezuela a raíz de la detección de casos de covid-19 en el país. Un grupo de concejales de la zona conversó con quienes protestaban y prometieron ayudarlos.

“Aquí el problema de los alimentos y del agua siempre ha sido grave, pero ahora con el decreto de estado de alarma todo empeoró. Por eso hoy continuó la protesta, porque todavía no hay respuesta. Pero los militares reprimieron con gases lacrimógenos y dispararon perdigones. Los concejales y las autoridades no dieron la cara”, reclamó González.

“Esto es muy grave desde la perspectiva de los derechos humanos, porque no hay una política clara del gobierno para enfrentar la pandemia”, señaló el director del Comité. Precisó que es difícil quedarse en casa ante tantas necesidades de ancianos, niños y enfermos, a pesar de que el gobierno de Maduro anunció que haría todo para cubrirlas desde el inicio de la cuarentena. La última vez que los residentes de Guarero recibieron la bolsa de los Comités de Locales de Alimentación y Producción (CLAP) fue el 5 de marzo pasado.

 

La respuesta de la AN

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa condenó la acción de los militares y denunció que “la mayoría de los manifestantes eran señoras mayores y niños que salieron con pancartas a las calles a denunciar que tienen hambre”.

“Esta es la respuesta de Maduro y sus delincuentes contra los pobladores de la etnia Wayuu. Son unos cobardes y unos asesinos, el pueblo tiene hambre, el pueblo no tiene agua, no tiene gasolina, por culpa de la dictadura que se robó todo. Asesinos váyanse pal’ carajo”, expresó a través de sus redes sociales.

Guardia Nacional detuvo a dos presuntos miembros de
Detectaron a los dos irregulares, quienes se encontraban en el sector La Unión de la población de El Guayabo en el municipio Catatumbo

Efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a dos irregulares miembros del grupo «Los Rastrojos» en el municipio Catatumbo del estado Zulia.

Los guardias nacionales pertenecientes al Destacamento 116 con jurisdicción en Casigua El Cubo , detectaron a los dos irregulares, quienes se encontraban en el sector La Unión de la población de El Guayabo en el municipio Catatumbo, al Sur del Lago de Maracaibo, según reseña una nota de prensa.

El General de Brigada Bladimir Humberto Lugo Armas destacó que la detención se logró tras una operación de inteligencia y control. Informó que los detenidos fueron identificados como Ender Alfonso Socorro Molero (24) y Cano Daniel González González (22), ambos indocumentados de nacionalidad colombiana.

Sigue leyendo esta nota en El Pitazo

La narcodictadura hace todo lo posible por dividir a los demócratas y por venderles la idea de que no dejarán el poder y, lógicamente, por intentar sembrar el desánimo. Ese es el trabajo que realiza un régimen sin escrúpulos. Lo que debemos contrarrestar es cierta tendencia de algunos opositores a comprar el discurso oficial o a ilusionarse con posibles opciones utópicas divulgadas por gente nuestra que no evalúan las debilidades y fortalezas del régimen y las propias. Aunque no sea fácil, hay que intentar conocer las causas de las cosas que suceden.

Un ejemplo son las opiniones emitidas en relación a las marchas del pasado día 16, las cuales no se relaciona con los hechos. Pretender que hoy se produzcan marchas en Caracas de alrededor de un millón de participantes como en el pasado no es realista por varias razones:

1- En el 2003 al 2006 las protestas eran casi exclusivamente en Caracas. Varios años después se produjeron protestas valientes en San Cristóbal y Mérida, aplastadas violentamente por la Guardia Nacional, policía y paramilitares rojos.

2- En la provincia los ciudadanos se sienten más amenazados por los esbirros debido a que quienes protestan son fácilmente identificados y perseguidos. Por ello, muchos se desplazaban a Caracas para apoyar las marchas en la capital. Hoy, por estar más resteados y quizá también por las limitaciones de transporte, protestan en sus respectivos Estados.

3-. Unos cuatro millones y medio de venezolanos han tenido que emigrar, sea por persecución política o en búsqueda de comida, medicinas, seguridad personal o de trabajo. Evidentemente, todos contrarios al régimen.

 

4- Se puede argumentar que, a pesar de lo anteriormente mencionado, las protestas podrían ser más masivas y contundentes, lo cual es cierto. Al respecto habría que evaluar en cuánto influye la prédica de algunos líderes de oposición y tuiteros, generalmente bien intencionados, que pretenden echarle la culpa al presidente (e) Guaidó por no concretar “el fin de la usurpación”, y que, además alegan que los intentos de negociar desestimulan las protestas. Cabe recordar que Ho Chi Minh y sus soldados siguieron combatiendo a pesar de que sus delegados negociaban en París. Algunos no entienden, o no quieren entender, que Maduro se mantiene por contar con el apoyo del TSJ y de la Fuerza Armada.

No recordamos  ningún caso en que una dictadura haya caído sin la intervención activa o pasiva de los verde oliva. Por otra parte, recordemos que ningún país está dispuesto a enviar a sus soldados para resolver nuestro problema, aunque están conscientes de que también los afecta directa o indirectamente, en mayor o menor grado.

 

5- Aunque todo lo mencionado es válido, hay que tener claro que los protestas, aún cuando son de magnitud importante y son constantes, no son de mayor tamaño por la represión del régimen. Según el valiente y activo Foro Penal Venezolano, desde el 2002 a la fecha han sido asesinados 273 ciudadanos por manifestar, varios de ellos estando en las ergástulas del narcorégimen; en los últimos cinco años han sido arrestado a 15.180 ciudadanos por el solo hecho de protestar, hay 399 presos políticos, de los cuales 20 son damas y 109 militares, y desde el año 2014 hay 8.950 venezolanos sujetos a medidas cautelares, los cuales no pueden protestar ya que volverían a ser encerrados. El 16 N hubo 28 detenidos y en Caracas el Metro cerró varias estaciones para dificultar movilización.

6- Muchas han sido la denuncias de torturas, incluyendo violaciones, por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Es lógico que ello despierte temor a manifestar.

También el temor a perder el empleo por parte de trabajadores del sector público.

A pesar de todos estos factores, la sociedad venezolana sigue indoblegable. Por contar con una minúscula minoría, Maduro no se atreve a realizar elecciones transparentes. Sin embargo, hay la posibilidad, aunque sea remota, de que se vea obligado a realizarlas. Por ello debemos prepararnos y no descalificar el esfuerzo que realiza la Asamblea Nacional de designar el comité de selección de candidatos al Consejo Nacional Electoral.

A los más escépticos, que sin duda tienen razones para serlo, solo sugerimos que den el beneficio de la duda y que acepten el presidente (e) Guaidó hace lo mejor que puede con los pocos medios de que dispone. No cometamos el crimen de “matar a un ruiseñor”.

 

No es fácil ser el hombre feliz capaz de “conocer las causas de las cosas”, como diría Virgilio, pero sí podemos ser más mesurados   al emitir opiniones. A Maduro se le puede aplicar lo que dijo Cicerón de Catilina:   “Desde hace años no hay fechoría ni infamia alguna que no venga asociada a tu nombre. Cometiste con total impunidad la sangría de muchos ciudadanos, la humillación y el robo a sus amigos. No sólo tuviste fuerza para despreciar las leyes y la justicia, sino también para quebrantarlas y abatirlas”. El ponderado Oswaldo Álvarez Paz escribió que estaba satisfecho con la movilización del 16 N. Quien esto escribe también.

Como (había) en botica: Maduro se arrodilló ante el dólar y Pedro Sánchez ante el Coleta.¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Crímenes sin castigo | Señales de una tragedia, por Javier Ignacio Mayorca

Foto: Crónica Uno

Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado. Hubo tiempo suficiente, y sin embargo nadie actuó para impedirlo ¿Quién permitió la celebración a todo trance del concierto Banderas Blancas?

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.

La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.

Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores.

Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.

 

En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.

Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.

Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.

El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación.

Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento.

Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.

 

Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.

Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.

Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.

El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento.

Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento.

Este suceso hace recordar otro caso luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.

 

Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

Breves

-Desde finales de octubre, las autoridades del estado Zulia están reteniendo las motocicletas que son detectadas en circulación luego de las 7 pm, en atención a una orden emitida por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta twitter. El 15 de septiembre, Prieto argumentó que esta decisión formaba parte del “combate a la inseguridad”. Se desconoce qué elementos de juicio habrá tomado en cuenta el gobernante para emitir un mandato que restringe la libertad de circulación.

Las estadísticas, conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, indican que las motos apenas son usadas en el 5,8% de los robos genéricos denunciados en Zulia. De hecho, en ese estado sucede algo curioso: las motos son menos utilizadas para asaltar que los carros o las camionetas, las cuales aparecen en 11,5% de los casos conocidos. Prieto pareciera guiado más por la intuición que por un criterio sólido. Finalmente, tanto en Zulia como en el resto del país, la mayoría de los robos (82,2%) es llevada a cabo por personas que van a pie.

-La división contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial adelanta una averiguación sobre una red nacional de distribución de cosméticos falsificados. Las pesquisas fueron iniciadas el 16 de mayo, una vez recibida la denuncia de la representante legal de la empresa Drocosca, Adriana Menéndez. Esta firma es la encargada de comercializar los productos marca Valmy.

Según Menéndez, se detectó que productos tales como esmaltes y línea de tratamiento para uñas, que tradicionalmente son comercializados por grandes cadenas de farmacias, eran ofrecidos a través de la web MercadoLibre, e igualmente eran vendidos en quincallas y abastos en diversas ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal, a precios que representan casi la mitad de los que tradicionalmente tienen en las ventas al detal.

 

La fiscal 16 con competencia nacional, a cargo de Andrés Eloy Hernández y Milkary da Silva, coordina las diligencias de este caso. Luego de allanamientos en locales de Barquisimeto y La Urbina, se ha determinado que estos productos fueron traídos de China. Pero hasta el momento no ha sido posible encontrar un rastro documental que confirme el puerto de entrada. Los representantes de la compañía de cosméticos han solicitado un pronunciamiento del Instituto Nacional de Higiene, pues suponen que la baja calidad de los insumos utilizados para fabricar la mercancía “pirata” representa un riesgo para la salud de los usuarios.

Han detectado, además, que en las nuevas oleadas de importaciones los imitadores han refinado sus técnicas, al hacer que las etiquetas externas sean copias casi fieles de las que traen los productos originales.

@javiermayorca

OVV: En el Zulia la policía sigue apretando el gatillo

CON EL EUFEMISMO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, los cuerpos policiales en el Zulia se han convertido en ejecutores de sentencias de muerte y han introducido un castigo que no existe en la legislación venezolana: la pena de muerte.

Hasta el mes de julio de 2019, cuatro de cada diez muertes violentas en el Zulia se produjeron por el uso de la violencia ejercida por el gobierno, violatoria del Estado de Derecho y del debido proceso. De los 757 homicidios ocurridos en la región zuliana en los primeros siete meses del año, 301 de esas muertes sucedieron en manos de los cuerpos policiales y militares que operan en el estado.

De enero a julio se ha dado un crecimiento constante de muertes violentas en las que el gatillo ha sido apretado por funcionarios de algún organismo de seguridad del Estado. El aumento de la letalidad policial en el Zulia hace que el 40% de las muertes violentas sean en manos de los cuerpos policiales y militares, con el agravante de que la tendencia es al crecimiento.

En estos sucesos de muertes violentas que las autoridades justifican como resistencia a la autoridad, han participado como ejecutores: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con 96 muertes para un 32%; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 78 muertes que representan el 26% de las muertes por resistencia en la región; las policías municipales, que en su conjunto tienen bajo su responsabilidad 101 fallecidos lo que equivale a 33,6%. La Guardia Nacional (GN) y el Ejército participaron con el 8% y el 0,3%, respectivamente; los primeros han asesinado a 25 personas y los segundos son responsables de 1 caso.

En los estudios realizados por el OVV Zulia se evidencia, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, que hay un patrón que se repite en cada ajusticiamiento: allanamiento, tortura, robo y muerte. A este ciclo le sobreviene el montaje de una escena del crimen en el que predomina la justificación deresistencia a la autoridad.

#MonitordeVíctimas | Hombre que fue linchado en Los Cortijos se suicidó en comisaría de Filas de Mariches

Foto: Carlos D´Hoy

 
Hebert Escobar fue linchado por vecinos de la zona Los Cortijos al ser, presuntamente, confundido con unos ladrones que atracaron un local del sector. Luego apareció muerto en El Llanito. Funcionarios de la Guardia Nacional le dijeron a su madre que se quitó la vida. La mujer no cree la versión 

 

“No es posible que yo esté por primera vez en la morgue, yo solo la conocía por el noticiero Venevisión. Mi hijo no era un delincuente, él ni siquiera tenía una multa. Yo voy a demostrar su inocencia. No puedo con el dolor, a mi niño me lo van a dar, pero en una bolsa. Exijo justicia, yo voy a buscar justicia”, esas fueron las palabras de Nancy Coromoto Gandica, madre de Hecbert Escobar quien falleció en un calabozo de la Guardia Nacional luego de ser linchado por vecinos en Los Cortijos, municipio Sucre, del estado Miranda.
 
Hebert Giovanni Escobar Garnica, de 34 años se encontraba el pasado miércoles 25 de septiembre recorriendo el sector Los Cortijos con el fin de entregar su resumen curricular en las distintas empresas que conforman la zona industrial. De acuerdo con la versión de su madre, mientras el caminaba por el sector unos desconocidos robaron un local. Hebert salía de una arepera y fue confundido con uno de los atracadores.
 
Trabajadores y vecinos del sector persiguieron a Hebert y lo atraparon, luego lo golpearon y lo amarraron a un portón. Después, para emular la crucifixión de Cristo, le colgaron un letrero que decía: “soy ladrón. Ya estoy cansado de ser el azote de la comunidad”.
 
La madre de la víctima afirma que, según vídeos y fotografías que fueron publicados en las redes sociales, Hebert fue golpeado hasta la saciedad, hasta que los funcionarios de la Guardia Nacional se estacionaron en medio del alboroto y se lo llevaron arrestado a la comisaría de Filas de Mariches en Petare, municipio Sucre.
 
Nancy fue informada de los hechos por unos familiares que vieron los vídeos en las redes, la mujer se trasladó al destacamento de la GN, pero no le dieron información. Al día siguiente nuevamente fue a visitarlo y le llevó comida, le dieron el derecho de recibir los alimentos, pero no le permitieron la visita.
 
La mujer hizo lo mismo el viernes. Preparó comida y se fue hasta la comisaría. A Nancy le dieron una noticia que no esperaba: un funcionario se dirigió a ella y le comentó que “Hebert había sido trasladado al Hospital Dr. Domingo Luciani, en El Llanito, para ser revisado por un médico, pues había sido golpeado por sus compañeros de celda. Al punto, que en medio de la conmoción, él mismo agarró un cuchillo y se degolló”. 
 
Gandica detalla que al recibir esta información de inmediato se trasladó al centro de salud, específicamente, al área de la morgue. Allí preguntó el día y hora del ingreso de su hijo. Una de las funcionarias le indicó que fue recibido el jueves, día en que los funcionarios de la Guardia Nacional se lo negaron. 
 
Hasta la mañana de este martes 1 de octubre la madre se encontraba en la medicatura forense de Bello Monte en espera del informe forense para conocer si el corte en el cuello de su hijo se lo hizo él, o se lo hicieron. 
 
La víctima residía en Río Chico, pero se encontraba en Caracas en búsqueda de un empleo, y se estaba quedando en la casa de su mamá ubicada en los Jardines del Ávila, en Petare. La mayor parte de su vida se ganó la vida como conductor de transporte de mercancía. Deja huérfanos a dos menores de 14 y 12 años.

 

Su familia niega que tenía antecedentes. También afirman que nunca había estado preso. 
 
 
Detuvieron por presunto peculado a ex jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada

EL GENERAL RETIRADO DE LA GUARDIA NACIONAL y ex jefe de la ONCDOFT Alexi Escalona fue detenido por efectivos de la DGCIM por presunto peculado de uso a solicitud del Fiscal 9 del Área Metropolitana de Caracas Baiker Pabón.

La aprehensión de Escalona se produjo este sábado14 de septiembre luego que su inmueble ubicado en la calle Cafetal de la urbanización Bosque Park de Colinas de Carrizal, fuese allanado.

El General es acusado por peculado doloso propio en grado de continuidad, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ultraje violento a funcionario publico.  

Tras la visita domiciliaria le fueron incautadas como evidencias: Dos escopetas calibre 12 mm, cinco rifles, una pistola Pietro Beretta, y una pistola Glock .40mm, con accesorios, y 146 municiones de diferentes calibres.

También le fueron confiscados tres vehículos marcas Mercedes Benz, Toyota Corolla, y BMW.