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El Grupo Ávila, agrupación compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales; emitieron un comunicado en que pide a la comunidad internacional aplicar sanciones políticas concretas, y exhorta al Mercosur a retomar el debate sobre la Cláusula Democrática en sus próximas reuniones.

«Ante la actitud que las autoridades han asumido frente a estos llamados, tal vez sea el momento de que la comunidad internacional evalúe la urgente aplicación de sanciones políticas concretas al gobierno de Maduro por las violaciones de los derechos humanos y de la normativa internacional, y sean impuestas a individuos y empresas que colaboran con el régimen, particularmente en ilícitos internacionales como la corrupción en el manejo de los fondos públicos, el narcotráfico o el apoyo de grupos ilegales y terroristas, dejando claro que tales sanciones son en contra del gobierno y sus integrantes y en ningún caso del pueblo o la nación venezolana», piden en el texto.

A continuación puede leer el comunicado del Grupo Ávila sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente

Luego de una nueva jornada histórica del pueblo venezolano el pasado domingo 16 de julio, en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, y ante la ceguera ideológica, la soberbia y la intransigencia del gobierno de Nicolás Maduro, el cual se mantiene firme en su proyecto de imponer una Asamblea Constituyente ilegal e ilegítima, la comunidad internacional ha reaccionado de manera firme y contundente.

A pesar de las amenazas y de la censura, más de 7,6 millones de venezolanos, en una jornada que sienta un precedente a nivel mundial en el ejercicio de la soberanía popular y la participación ciudadana, rechazaron la propuesta de un gobierno deslegitimado por la sociedad, de convocar a una Asamblea Constituyente con el propósito de consolidar una dictadura y mantenerse en el poder en contra de la voluntad de más del 80% de la población.

Son incontables las declaraciones y pronunciamientos de diferentes gobiernos, organismos internacionales y de diversos sectores internacionales, reconociendo la significación de la inédita jornada democrática de ese día, llamando a la racionalidad democrática y exigiendo al gobierno de Maduro que escuche la expresión del pueblo, retire su convocatoria y atienda al mandato de los ciudadanos.

Ante la actitud que las autoridades han asumido frente a estos llamados, tal vez sea el momento de que la comunidad internacional evalúe la urgente aplicación de sanciones políticas concretas al gobierno de Maduro por las violaciones de los derechos humanos y de la normativa internacional, y sean impuestas a individuos y empresas que colaboran con el régimen, particularmente en ilícitos internacionales como la corrupción en el manejo de los fondos públicos, el narcotráfico o el apoyo de grupos ilegales y terroristas, dejando claro que tales sanciones son en contra del gobierno y sus integrantes y en ningún caso del pueblo o la nación venezolana.

En este sentido, exhortamos al Mercosur a que retome el debate sobre su Cláusula Democrática en su próxima reunión del 20 y 21 de julio, toda vez que el Protocolo de Ushuaia contempla en su Artículo 6 un conjunto de sanciones de diversa intensidad que podrían aplicarse al gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, las consecuencias que la realización de una Asamblea Constituyente podría tener para la preservación de la república en Venezuela, así como para la seguridad de la región y la comunidad internacional en su conjunto, confirman la conveniencia de evaluar la eventual consideración del tema en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el formato conocido como la “Fórmula Arria”.

Hacemos un llamado a los gobiernos democráticos de la región y del mundo para que continúen presionando por una negociación que abra el camino hacia un gobierno de
transición y la convocatoria a elecciones libres, universales, directas y secretas.

Las sentencias 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, han generado diversas reacciones en la sociedad civil. Aunque a petición de Nicolás Maduro las sentencias fueron modificadas parcialmente, ciudadanos, partidos políticos y organizaciones internacionales exigen que cese lo que se reconoció como una «ruptura del orden constitucional», que se remuevan los magistrados y se convoquen elecciones. Sobre el tema y ante la coyuntura que vive el país, el Grupo Ávila, compuesto por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, se ha manifestado.

A continuación puede leer el comunicado oficial:

El Grupo Ávila reconoce y agradece la efectiva reacción de la comunidad internacional ante la ruptura del orden constitucional que se vive en Venezuela, consecuencia del progresivo, sistemático y deliberado proceso propiciado por el Presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para anular a la Asamblea Nacional. Este proceso, iniciado desde el momento mismo en que asumió la nueva

Asamblea Nacional, se ha materializado mediante la usurpación de sus funciones a través de más de 50 sentencias del órgano judicial, las cuales han anulado todas las leyes aprobadas por la nueva Asamblea y han llegado hasta la supresión de la inmunidad de los parlamentarios y la eliminación de la Asamblea a través de las sentencias números 155 y 156 del 28 y 29 de marzo, respectivamente, con lo que se generó una flagrante ruptura del orden constitucional, que la comunidad internacional ha reconocido claramente como una alteración del sistema democrático en Venezuela.

Con absoluto menosprecio a la comunidad internacional y sus instituciones, la sentencia 155 se presentó el mismo día en que una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, debatía el segundo informe del

Secretario General, quien al presentarlo al Consejo Permanente, solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana. Posteriormente, la sentencia 156, que en la práctica elimina a la Asamblea Nacional, fue presentada horas después de la culminación de la reunión del Consejo Permanente.

Ante la grave crisis de gobernabilidad democrática generada por las sentencias 155 y 156, la Fiscal General de la Republica se vio obligada a expresar su opinión de rechazo, lo que evidencia las contradicciones y divisiones que enfrenta el gobierno. No menos significativo ha sido el silencio de las fuerzas armadas. Para el Presidente, la solución se limitó a convocar al Consejo de Defensa Nacional, con el fin de “aclarar” las contradicciones, y superar lo que calificó como un “impasse” entre poderes, violentando de paso las atribuciones que corresponden a esa instancia, con el objetivo de involucrar al sector militar, lo cual mal disimula el papel impropio que éste está jugando en los asuntos del Estado.

La ruptura del ordenamiento constitucional generada por las sentencias antes mencionadas dictadas por la Sala Constitucional del TSJ, dieron lugar a la reacción inmediata y categórica de la comunidad internacional, con declaraciones contundentes de la gran mayoría de los gobiernos del hemisferio y de sus órganos legislativos, de numerosas organizaciones políticas, además de una diversidad de instituciones de la sociedad civil mundial. También se han manifestado duramente varios gobiernos fuera del hemisferio, como España, Francia, Alemania.

Frente al colapso democrático que vive Venezuela, la comunidad internacional sigue apostando a la posibilidad de retomar el cauce democrático, para lo cual ha urgido al gobierno a reconocer y respetar a la

Asamblea Nacional, observar los derechos políticos de los venezolanos, publicar prontamente un calendario electoral, liberar los presos políticos y superar la crisis humanitaria. En este contexto se inscribe la Declaración adoptada por los Cancilleres del Mercosur el pasado sábado 1 de abril en Buenos Aires, que además ofrece sus esfuerzos para contribuir a la solución negociada de la grave situación que vive nuestro país.

La comunidad internacional debe estar consciente de que en Venezuela no se ha vivido un impasse, sino una flagrante ruptura del orden constitucional, perpetrada por el órgano que debería velar por el cumplimiento de las normas jurídicas. Con las sentencias en cuestión, se ha producido una violación de la Constitución Nacional que debe ser sancionada. La sentencia que supuestamente rectificaría (157) el grave error, tampoco resuelve la situación, pues elimina apenas dos de las múltiples arbitrariedades cometidas por la sala constitucional.

Corresponde en consecuencia a la Fiscal General, en ejercicio de sus atribuciones como garante de la legalidad en el país, activar los procedimientos sancionatorios correspondientes contra los magistrados que han violado la Constitución de la República, lo que hasta ahora no se ha producido.

No obstante el permanente menosprecio del gobierno venezolano a los esfuerzos internacionales, ha sido en gran medida la presión mundial la que propició que el gobierno venezolano se viera obligado a realizar algunos cambios formales para tratar de revertir la ruptura constitucional, por lo que resulta fundamental que el acompañamiento de la comunidad internacional se mantenga de forma permanente, oportuna y contundente.

Agradecemos la resolución adoptada el pasado lunes 3 de abril por la mayoría de los países miembros de la OEA, en la cual se califica a estas sentencias como una violación del principio de la separación de poderes y una alteración del orden constitucional, y urge al gobierno a asegurar la plena restauración del orden democrático en Venezuela.

El Grupo Ávila, agrupación compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales; emitieron un comunicado sobre la controversia que se generó en el MERCOSUR al ser el turno de Venezuela de asumir la presidencia semestral.

«La credibilidad en el proyecto Mercosur también pasa por sincerar la participación de Venezuela en su seno», aseguró la agrupación y le solicitó a la Asamblea Nacional evaluar la situación de los compromisos asumidos en este organismo, su cumplimiento y efectos políticos, sociales y económicos. Igualmente solicitan al gobierno una «definición clara y terminante» respecto del papel de Venezuela en Mercosur y de cara a los cambios que están planteando los otros socios «para sacar al bloque de la situación de estancamiento presente».

A continuación el comunicado completo:

Los gobiernos populistas que predominaron en Mercosur durante los últimos 15 años han sido responsables de la ideologización y de su grave estancamiento como mecanismo de integración regional. Y esto lo demuestra la incapacidad de lograr sus objetivos fundacionales, así como el desfase entre las políticas económicas de sus estados miembros y las tendencias de la economía hemisférica e internacional.

Para relanzar el MERCOSUR se impone priorizar de nuevo en sus programas de trabajo los objetivos contemplados en su tratado constitutivo y, al mismo tiempo, adecuarse a las tendencias que prevalecen en el escenario mundial, de las cuales la región suramericana no puede aislarse sin graves perjuicios en su participación relativa en los flujos de comercio e inversión globales.

La credibilidad en el proyecto MERCOSUR también pasa por sincerar la participación de Venezuela en su seno, no solo en términos económicos sino también en materia de democracia y derechos humanos, principios éstos esenciales de este bloque comercial. En este contexto, Mercosur está en la obligación de evaluar la grave situación venezolana, a la luz de los compromisos establecidos en la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia.

La perspectiva política-ideológica del gobierno venezolano ha ido a contrapelo de las bases fundacionales de Mercosur. Tales incongruencias se expresan en su cuestionamiento de la economía de mercado y el libre comercio, en su desdén al no incorporar los cientos de normativas vigentes en tal régimen de integración y en apartarse de las negociaciones comerciales con terceros países, especialmente, la Unión Europea.

En esta compleja coyuntura, en un momento estratégico clave en el que deberían focalizarse los esfuerzos en impulsar las reformas estructurales  necesarias para  el bloque, y en el que la situación política y económica de Venezuela es extremadamente crítica, corresponde al gobierno venezolano asumir la presidencia semestral del MERCOSUR este mes de Julio, lo cual ha generado una controversia en el seno del bloque.

Ante esta coyuntura, el Grupo Ávila, consciente de lo crucial que es la integración internacional, hemisférica y regional en el mundo actual para cualquier país, hace un llamado a la Asamblea Nacional para que lleve a cabo el trabajo pendiente de evaluar, en consulta con todos los sectores relevantes de la vida nacional, la situación de los compromisos asumidos en MERCOSUR, su cumplimiento y efectos políticos, sociales y económicos, y formule las recomendaciones a que haya lugar, teniendo en cuenta una visión objetiva de la posición y aspiraciones futuras de Venezuela en el seno del MERCOSUR.

De igual manera, demanda del gobierno nacional una definición clara y terminante respecto del papel de Venezuela en Mercosur y de cara a los cambios que están planteando los otros socios para sacar al bloque de la situación de estancamiento presente y abrir negociaciones económico-comerciales con actores hemisféricos y extra-hemisféricos. Sólo así se podrán despejar las dudas sobre el compromiso principista que en el gobierno venezolano hay frente Mercosur.

El Grupo Ávila, agrupación integrada por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de las relaciones internacionales, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la crisis política y económica del país y analiza el decreto de Estado de Excepción emitido por el presidente Nicolás Maduro.

A continuación, reproducimos íntegro el comunicado: