Foto: Carlos Becerra / Anadolu Agency / Getty Images

 

La conspiración para enjuiciar a Maduro fue frustrada el mes pasado, y docenas de arrestos le siguieron

 

Por Ethan Bronner, Andrew Rosati y Fabiola Zerpa

Artículo original de Bloomberg Businessweek 

Traducido por Runrun.es

 

El complot, de nombre código “Operación Constitución”, involucraba a cantidades de capitanes, coroneles y generales, provenientes de todas los componentes de las Fuerzas Armadas venezolanas. El objetivo era directo y sísmico – capturar el Presidente, Nicolás Maduro, y llevarlo a juicio. Se suponía que los conspiradores, utilizando brazaletes azules marcados “OC”, asaltarían el Palacio Presidencial y la principal base militar, y detendrían la elección presidencial del 20 de mayo. Parte de la logística tuvo lugar en Bogotá, pero autoridades colombianas y estadounidenses, que supuestamente conocían del complot y miraron hacia otro lado, se negaron a proveer apoyo activo.

 

Después algo salió mal. A mediados de mayo, varias docenas de militares, incluyendo a una mujer, como también un par de civiles, fueron arrestados secretamente – algunos han sido acusados de traición – y encarcelados por el tribunal militar. Varios dicen que han sido torturados. Los conspiradores creen haber sido traicionados, posiblemente por un doble-agente. Esta reconstrucción del complot está basado en entrevistas con un coordinador que logró escapar del arresto, dos personas que atendieron sesiones de planificación, y abogados y familiares de los acusados. Todos hablaron en condición de anonimidad, temiendo por su seguridad. Bloomberg también observó un reporte de un tribunal militar que establece la versión del gobiernos de los eventos, que corrobora muchos de los detalles de los conspiradores.

 

Detalles del golpe fallido, probablemente la amenaza más grande a Maduro en sus cinco años de presidencia, no han sido reportados antes, aunque un blogger militar venezolano lo ha aludido. Una vez rica y relativamente democrática, la Venezuela socialista ha seguido un camino regresivo, y se ha vuelto en un petro-estado disfuncional y autoritario. El país es acosado por la hiperinflación y escasez severa de alimentos y medicina. Cientos de miles han huido a su vecina Colombia, que por décadas batalló guerrillas Marxistas apoyadas por Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, que también dirigió un golpe de estado fallido en 1992. Una década después, como Presidente de la República, él venció un golpe.

 

Algunos miembros de la milicia venezolana dicen que la única esperanza para retornar a la estabilidad es reemplazar a Maduro por la fuerza. Eso se mantiene improbable después del fracaso del golpe. El Presidente mantiene su influencia sobre todas las principales instituciones; nunca fue un militar, pero ha trabajado duro para ganar la lealtad del alto mando. Aunque se reelección en mayo ha sido ampliamente condenada como fraudulenta, reafirmó el sentimiento que está firmemente en el poder. Aún así, el intento a un golpe de estado indica que partes de las fuerzas armadas están descontentas – y Maduro se ha dado cuenta. En un desfile militar el 23 de Junio declaró, “¡Es hora de cerrar filas y hacerse fuerte en contra de la traición! Necesitamos una milicia unida leal al glorioso país de Venezuela y su legítimo comandante en jefe!».

 

El reporte del tribunal militar del complot, según los participantes, contiene una combinación entre realidad y ficción. Su afirmación principal no es negada: En mayo, oficiales de rango alto de todas los cuatro componentes de las fuerzas armadas intentaron llevar a cabo una insurrección. Aún así, aquellos entrevistados niegan los detalles más dramáticos, incluyendo que los gobiernos colombianos y estadounidenses proveyeron apoyo financiero. También niegan la existencia de una segunda conspiración, “Operación Armagedón”, que indicaba que asesinarían a Maduro en un desfile militar en Julio del 2017.

 

E.E.U.U tiene “ninguna intención para desestabilizar o derrocar al gobierno venezolano”, dijo un representante del Departamento de Estado, pero quiere “el retorno a la Venezuela estable, próspera y democrática”. En Texas, en febrero, el ex-Secretario de Estado de E.E.U.U, Rex Tillerson destacó que los militares en Latinoamérica tienden a involucrarse en tiempos de crisis. “Si la cocina se le calienta mucho [a Maduro], estoy seguro que tiene amigos en Cuba que le podrían dar una bonita hacienda en la playa,” dijo. Colombia y Venezuela ambos se negaron a dar algún comentario.

 

El fiscal militar afirmó que María Corina Machado, una de las líderes de la oposición, participó en el complot. Ella y participantes negaron esto, indicando que es ficción, en un intento para incriminarla y encarcelarla. “Este régimen está una vez más intentando incriminarme”, dijo Machado en una entrevista en Caracas. “No tengo conexión alguna a estas conspiraciones. Quieren silenciar mi voz, porque los he etiquetado como una narco-dictadura. Quiero ser clara: quiero a Nicolás Maduro fuero del poder inmediatamente. Pero quiero que sea expulsado vivo, para que se enfrente a la justicia que su régimen le ha negado a los venezolanos.” El gobierno y los conspiradores tienen razón para exagerar o minimizar lo ocurrido: Los conspiradores quieren apoyo extranjero y más oficiales que se unan al próximo intento y esperar proteger a aquellos que han sido capturados. El gobierno busca justificar una purga, que ya empezó, mientras que afirman estar en control.

 

Los participantes dicen que el golpe originalmente fue planificado para Abril del 2017, para detener a Maduro en su expansión de poder sobre la legislación de Venezuela, pero una rebelión militar no relacionada y mucho más pequeña que esta causó que los participantes abortaran la misión. La planificación continuó hasta 2018, con reuniones secretas en casas de áreas exclusivas de Caracas. En un punto, un participante cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela utilizando identificación falsa y un bigote de mentira.

 

Elementos de descontento entre las fuerzas armadas empezaron a aparecer alrededor de hace un año, cuando Oscar Pérez, un oficial de policía y piloto, agarró un helicóptero y lanzó granadas a edificios gubernamentales. Maduro culpó al Mayor General Miguel Rodríguez Torres, un ex-jefe de inteligencia que rompió con el gobierno en 2015. Posteriormente, Pérez fue asesinado en una incursión. En enero, empezaron los arrestos de tenientes de fuerzas especiales. En marzo, Rodríguez Torres y algunos comandantes de batallones blindados fueron arrestados por insurrección. Sigue detenido.

 

El grupo más grande de arrestos ocurrieron alrededor la reelección de Maduro. Participantes y sus abogados dicen que las autoridades detuvieron un ciudadano colombiano, el médico novio de la única mujer que participó en el atentado. Dicen que ha sido torturado, aunque no sabía nada del complot.

 

Maduro ha cultivado cuidadosamente su relación con la milicia. El año pasado, cuando más de un millón de personas se unieron a las protestas anti-gubernamentales, dependió de sus fuerzas de seguridad para sofocar los disturbios. Desde la muerte de Chávez en 2013, Maduro le ha dado gran parte de la economía a los militares, incluyendo altos cargos en la petrolera nacional y el control sobre la distribución de los alimentos. Ha ascendido a cientos de generales y almirantes, y oficiales militares (activos y retirados) tienen nueve de 34 puestos en el gabinete minsterial.

 

Sin embargo, una persona con conocimiento de las fuerzas armadas dice que las encuestas realizadas por el servicio de inteligencia encuentraron que el índice de aprobación de María Corina Machado entre los oficiales es especialmente alto. Esto podría explicar por qué el gobierno ha tratado de conectarla al complot. Rocío San Miguel, presidente de la organización Control Ciudadano, dice que Maduro también mantiene control a través del miedo, regularmente deteniendo o purgando otros oficiales y soldados.

 

“No creo en esta idea que Maduro está colgando de un hilo”, dice San Miguel. “Maduro ha desarrollado una política de estado de persecución y monitorear entre las fuerzas armadas. Es paranoico. El gobierno está creando una pared de fuego.”

 

 

En la última andanada de detenciones, Contrainteligencia Militar está metiendo en una misma conspiración a un grupo heterogéneo que va desde el gocho de los audios hasta el general Tomate

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

Y llegó la nueva conspiración militar contra Maduro. Tenía que suceder. Y si no existía, había que fabricarla. A juzgar por las detenciones e interrogatorios en masa que se adelantan en los cuarteles, la Contrainteligencia Militar huele que algo grande se cocina, pero todavía no tiene en sus manos todos los ingredientes.

Las detenciones comenzaron el jueves 17 de mayo, cuando ya estaba en desarrollo la fase electoral de la Operación República para la elección presidencial. Y continuaron durante todo el fin de semana. Hubo un primer grupo, conformado por siete efectivos de la Armada y dos de la Aviación, casi todos pertenecientes a unidades élite emplazadas, respectivamente, en Turiamo (Aragua) y Maracay (Aragua). Fueron trasladados a Caracas, interrogados en Boleíta y presentados entre el lunes 21 y el martes 22 de mayo en los tribunales de Fuerte Tiuna.

En esta primera camada destacan los capitanes de corbeta Luis Cunes (oficial técnico, paracaidista) y Carlos Macsotay Rauseo, jefe de uno de los regimientos de la Brigada de Comandos del Mar. Este oficial egresó de la Escuela Naval en 2001.

Simultáneamente fueron privados de libertad el comandante del Grupo 20 de Operaciones Especiales de la Aviación, con sede en la base Libertador de Maracay, teniente coronel Ruperto Molina, y el coronel Juan Pablo Saavedra, un especialista en derecho mercantil asimilado a la fuerza castrense.

La investigación parecía apuntar hacia una supuesta conspiración de efectivos de fuerzas especiales de por lo menos dos componentes armados emplazados en el centro del país, donde se encuentra precisamente el corazón de la FAN, por razones históricas y operativas.

Las cosas, sin embargo, comenzaron a enrarecerse con la detención de dos civiles, a quienes ligan a este supuesto complot. En San Antonio del Táchira los de la Dgcim se llevaron a Carlos Andrés Mora, el famoso Gocho de los audios transmitidos a través de whatsapp, y al traumatólogo de origen colombiano José Alberto Marulanda, durante un allanamiento a su residencia en El Hatillo.

La abogada del Foro Penal y defensora de ambos civiles, Maria Fernanda Torres, dijo que hasta el momento desconoce cuáles fueron los elementos evaluados para meter en el mismo saco a un médico ligado al ámbito universitario en Caracas y a un comerciante tachirense conocido por su actividad en las redes sociales. Indicó que el único documento al que ha tenido acceso desde que se constituyó en apoderada judicial es la notificación sobre las imputaciones por traición a la patria e instigación a la rebelión. Esta ha sido una práctica recurrente: en las primeras de cambio, el expediente de la investigación por la que resultan detenidos tanto civiles como militares es dosificado, de manera que no se puede tener una noción real sobre el alcance de las pesquisas ni la solidez de los delitos atribuidos.

 

Mezuca y el general Tomate

 

Las cifras sobre las detenciones practicadas durante los últimos días varían desde cuarenta personas hasta doscientas. Pero en el caso del último complot contra Maduro solo han sido presentados ante los juzgados en Fuerte Tiuna dieciocho militares y dos civiles.

El 22 de mayo la Dgcim protagonizó un controversial procedimiento en el municipio Sucre, que dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos personas heridas. Se investigaba una supuesta sustracción de fusiles. Uno de los sargentos, plaza del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Sucre), fue detenido luego de una persecución desde Mezuca, donde cumplía funciones. Se trata de Jorge Luis Morillo Fernández, quien supuestamente se resistió al arresto junto al también sargento Edgar Andrés García Florida.

Pero estos no fueron los mismos efectivos de tropa presentados por la supuesta conspiración de las fuerzas especiales (Alonso Ojeda, Blanco Rondón y Peña Quintana). El asunto se complica todavía más cuando se involucra a un general de división y uno de brigada de la Guardia Nacional. Son, respectivamente, Pedro Naranjo Suárez y Nelson José Morales Guitián. El primero fue comandante de la División Aérea de la GN, y desde octubre se desempeñaba como Director de Apoyo al Desarrollo Nacional de la referida fuerza. Morales, en cambio, se dio a conocer en 2017 por haberse negado a enviar tropas para reprimir a manifestantes en Carabobo. Desde entonces, fue removido del comando de zona y lo depositaron en la jefatura de Productos Agrícolas Tomate, Pimentón, Cebolla, Papa y Ají. Al titular de ese cargo se le conoce como el general Tomate. Naranjo y Morales, por lo tanto, eran una parte más de la creciente burocracia militar, y carecían de mando sobre tropas.

Como se ve, estos veinte detenidos forman un grupo heterogéneo en el que resulta muy complicado encontrar un hilo conductor. Esto hace pensar que las detenciones continuarán, especialmente en el seno de la institución militar.

Si la conspiración cuyo liderazgo fue atribuido en marzo al comandante del batallón Ayala Igbert Marín era protagonizada por un grupo de importantes jefes del Ejército, esta de mayo más bien parece un menestrón, donde todo cabe.

Una nota final: si tendemos la mirada hacia los complots contra Maduro, reales o ficticios, nos daremos cuenta que los primeros fueron encabezados por oficiales aislados o retirados, usualmente generales que no hacían otra cosa sino rumiar su descontento hacia el Gobierno. Eran, además, de la Guardia Nacional (golpe Fénix) y en menor medida de la Aviación (golpe Azul). Ahora, esto ha cambiado. Los últimos son de unidades operativas del Ejército y la Armada, con importante poder de fuego y movilidad. Fueron, además, oficiales formados plenamente durante el gobierno de Hugo Chávez. Algo que se sale de todo cálculo. Acaso sea por eso que ahora el presidente reelecto se empeña en que los militares le juren lealtad. Jurar lo obvio resulta, cuando menos, sospechoso.

 

Breves

 

*La reyerta en el retén del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, el miércoles 16 de mayo, tuvo más de una consecuencia. En primer lugar, comenzó un desalojo de la mayoría de los presos comunes, que se acumularon allí durante años en condiciones infrahumanas, de acuerdo con un informe presentado en 2017 por la organización Una Ventana para la Libertad. Para el momento de la redacción de estas líneas, se informó que en esos calabozos quedan aproximadamente 50 personas. En 2017, la población reclusa llegó a rondar los 340. En segundo lugar, se generaron condiciones que permitieron constatar otras irregularidades, más allá del evidente hacinamiento, como por ejemplo, la permanencia de cuatro menores de edad y de otras personas que seguían en poder de la policía política, a pesar de que los tribunales habían emitido órdenes de excarcelación, así como otras que estaban recluidas sin órdenes de aprehensión, es decir, en una privación ilegítima de su libertad. Una comisión designada por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público evaluó los casos de los detenidos que siguen en Helicoide, con la finalidad de otorgarles la libertad mediante un acto especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación ya había sido evaluada en 2017 por la presidenta de esa entidad, Delcy Rodríguez, pues entonces la idea era incorporar a un grupo de militares –tanto activos como retirados- que no se encuentran en el Helicoide. Todavía no está claro cuál será la figura jurídica a la que acudirá el régimen, ni si será aceptada por los beneficiarios, en virtud de lo que eso implicaría un reconocimiento tácito a un poder cuya legitimidad está cuestionada.

 

*Desde este espacio se ha advertido sobre el creciente involucramiento de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en actividades delictivas. Las últimas informaciones ya indican que el delito llegó hasta las barracas y los cuarteles de la propia institución, favorecido por una ausencia de controles que ya parece crónica. El 23 de mayo, por ejemplo, se detectó que tres funcionarios de la Brigada Motorizada introdujeron en el dormitorio policial a igual número de menores de edad, de 15, 16 y 17 años, con fines aparentemente sexuales. Una de ellas, incluso, era solicitada por haber desaparecido de su vivienda. Cuando el comisionado director de la brigada se percató de la situación, el grupo ya se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Otro caso: el sábado 26 de mayo, la Policía de Chacao recibió información sobre un asalto perpetrado en El Rosal por agentes uniformados de la PNB, que circulaban a las 4:30 am en una patrulla Land Cruiser con el rotulado de esa policía. A la víctima la despojaron de dos millones de bolívares, un teléfono celular e incluso le quitaron un par de zapatos deportivos. Tercer caso: el 28 de mayo, tres oficiales de esa policía fueron aprehendidos por el secuestro express de una mujer, a la que interceptaron en Santa Mónica. El rescate fue pagado mediante una transferencia bancaria a la cuenta de una mujer, aparentemente ligada a este grupo. Todos estos incidentes fueron reportados en un lapso de apenas cinco días, y solamente en el Área Metropolitana.

 

*El lunes 28 de mayo, una comisión de inteligencia antidrogas incautó en el terminal especializado en contenedores del puerto de La Guaira 100 panelas de cocaína (peso bruto 111 kgs) que iban a ser embarcados en carguero Panavera con destino en Kingston, Jamaica. Los militares bajo el mando del coronel Carlos Gómez detuvieron a los sargentos Carlos González Ramírez, supervisor de Operaciones del terminal, y a Dulio Herrera, encargado de colocar los precintos a los contenedores. También fueron privados de libertad los civiles José Armao Colomo, receptor de contenedores vacíos, y el conductor Juan Carlos Blanco, quien supuestamente manejó el vehículo en el que entró el contenedor con la droga. Durante la pesquisa, uno de los militares de guardia, el sargento Daniel Alberto Palladino, huyó del lugar. Fue detenido en el sector Marapapiache de Catia La Mar. Armao Colomo es empleado de la empresa Texeira Duarte, que opera el terminal desde 2017 gracias a un convenio con la estatal Bolivariana de Puertos.

 

Para comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.

 

En los días recientes se han anunciado detenciones, juicios, deserciones, persecuciones y torturas en el ámbito militar. Dicen que había una conspiración en marcha, detectada a tiempo, que condujo a una nueva razzia en contra de oficiales. Es obvio que no se produjo ningún alzamiento militar conocido y la rebelión fue aplastada, según los voceros del régimen. Ante esta afirmación propongo una hipótesis: la rebelión la hubo, pero de modo diferente, tal vez como una rebelión militar del siglo XXI.

Antes, una breve nota sobre el 4-F de 1992. Chávez y sus consocios iniciaron lo que su épica consignó como rebelión militar. No; no era un golpe según ellos, sino el vuelo de las buenas almas hacia el poder. Hubo centenas de muertos y heridos, y los militares leales derrotaron la jugada de los jóvenes oficiales. Sin embargo, aquel alzamiento fallido inició la demolición del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. El descontento tomó el rostro del oficial hablachento y audaz, y los “notables”, los partidos políticos –incluido el de gobierno–, la Corte Suprema y los medios de comunicación hicieron el resto. Lo que siguió es historia conocida.

Con este breve excurso quiero proponer que lo que ha ocurrido –¿sigue ocurriendo?– estos días en la Fuerza Armada es una rebelión que tal vez ha sido derrotada –como la del 4-F– pero cuyos efectos disolventes y críticos están en marcha sin que Maduro y Padrino López la puedan detener. No hubo alzamiento (por lo tanto, no hubo muertos como en el 92), pero hay una marea de persecución en la institución militar que la tiene en estado de implosión (como en el 92), y que anuncia una situación de implosión del propio régimen, al estallar, desde dentro, lo que por la vía de la represión se ha constituido en su casi única base de apoyo.

Sin un alzamiento y con centenas de oficiales perseguidos, la implosión militar parece estar en marcha y, por esa vía, la del propio régimen. El efecto político de un alzamiento derrotado es una onda expansiva sobre la estructura de un aparato de poder que perdió todo apoyo social doméstico y todo apoyo internacional político.

Las diferencias con el golpe de Chávez son obvias. Aquel fue un movimiento en contra de la Constitución y en contra de un presidente absolutamente legítimo, que desató una conspiración con la comparsa de los “notables”; el de hoy se muestra como un movimiento a favor de la democracia, cuyo retorno respalda ampliamente la comunidad internacional.

Sin embargo, ambos se desarrollan en la dinámica de la implosión: el régimen colapsa sobre sí mismo.

@carlosblancog

El Nacional

Esta semana en Bestiario Político conversaremos sobre los ruido de sables, conspiraciones militares, planes descubiertos, militares presos. ¿Hay una creciente crisis en las fuerzas armadas? ¿Hay cambios en las facciones militares que apoyan a la coalición gobernante de Nicolás Maduro? Todo esto y más en el volumen II del Bestiario Político. Y además complacimos peticiones: sin cortina y de menos duración.

 

Bestiario Político, el espacio que describe la política en América, mostrando un compendio de esas bestias que dirigen, controlan o buscan acceder al poder. Conversaciones profundas y a veces no tan serias entre: Nelson Eduardo Bocaranda, director de Runrun.es, Edgard Gutiérrez, Consultor Político y Director de Venebarometro y Oswaldo Ramírez, Director de ORC Consultores.

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Las recomendaciones de esta semana:

Gedgard: Los artículos de The Guardian y Business Insider sobre Cambridge Analytica

• Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach

 

@Randompiece: El especial de Runrun.es «Detrás de las sanciones»

 

@Oswram: «El Manual del Dictador» en Amazon – https://goo.gl/14eZDc

 

Un nuevo movimiento que supuestamente pretendía sacar a Maduro del poder fue detectado en la principal fuerza castrense del país. Oficiales que estaban al mando de unidades con alto poder de fuego ahora son llevados a los tribunales

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia –nuevamente- la delicada situación por la que atraviesa el Ejército. Luego de unos ejercicios Independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles que, hasta ese momento, ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego.

El oficial de mayor relevancia es el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprehendido el viernes aproximadamente a las 9 am, cuando acudió a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión lo llevaron a un calabozo en la Dgcim Boleita.

Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de libertad.

Otros compañeros de la misma camada de Marín están en la misma condición. Ejercían el comando de unidades militares en los Andes, el centro y oriente del país. En el grupo también figura el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas, quien fuera ayudante del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, un disidente del chavismo que fue inhabilitado recientemente para optar para la Presidencia.

Para el momento de la redacción de esta nota estaba pautada la presentación de Marín y otros oficiales ante los tribunales de control militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna. Hasta ahora, han involucrado a diecinueve. Les imputarán rebelión militar y traición a la patria, aunque la lista de delitos podría ser más larga. Curiosamente, en la fase previa a la audiencia de presentación el expediente no había llegado al Ministerio Público militar. Por ende, las actas con los detalles de la investigación solo eran del conocimiento de Contrainteligencia Militar, el Alto Mando y líderes del Gobierno. Son las cosas de la justicia de comando.

Este es el segundo movimiento de disidencia al Presidente detectado en filas del principal componente castrense en apenas un año. En 2017 también fue desmantelado a última hora un grupo de tenientes y primeros tenientes, en su mayoría de la promoción 2012 de la Academia Militar.

Cuando Maduro empezó su presidencia, los supuestos movimientos militares involucraban mayoritariamente a altos oficiales en posiciones administrativas, sin mando sobre tropas o ya retirados. Eran de la Aviación y la Guardia Nacional. Seis años después, cuando Maduro pretende reelegirse contra la voluntad de la mayoría del país y la comunidad internacional, en medio de la peor crisis económica e institucional de la que se tenga memoria en Venezuela, los calabozos de la Dgcim se llenan con oficiales superiores y subalternos del Ejército.

En Venezuela, el miedo impide a los oficiales hablar de manera abierta. Desde el exterior, el general (recientemente expulsado de la FAN) Antonio Rivero advierte que este último ha sido el movimiento más importante detectado en el seno de la Fuerza Armada.

“Cuando van sobre tenientes coroneles, van sobre niveles de comando muy importantes en la institución. Y, además, se trata del Ejército, que es la principal fuerza militar del país”, explicó.

 

Breves

 

*El ministerio de Relaciones Interiores ordenó a un grupo de técnicos la elaboración de un informe sobre el delito de secuestro durante los primeros dos meses de 2018. Hay un interés especial en continuar una campaña propagandística que intenta transmitir a las comunidades, en especial a las de Distrito Capital, que las calles han vuelto a ser seguras. Pero no hay modo. Hasta en los propios documentos internos surgen los datos indicativos de que todavía el problema persiste. Dos elementos preocupantes: en primer lugar, según se conoce extraoficialmente, continúa reafirmándose la tendencia a los secuestros de dos o más personas (padres e hijos, parejas, grupos familiares completos, etc), ya detectada durante 2017. Es por eso que los voceros del Gobierno se concentran en la divulgación del número de casos, y no en la del número de víctimas, que sigue siendo muy alto. Por otra parte, se detecta una dispersión en el accionar de las bandas. Ahora, la mayoría de los secuestros no ocurre en Chacao, Sucre o Baruta sino en municipios periféricos de Miranda. Los habitantes de Rio Chico lo padecen.

 

*Hasta Caracas ha llegado la información sobre un conflicto entre comisarios de la policía judicial. Por un lado, están los investigadores de la subdelegación Guanare, y por el otro una comisaria Bella Pacheco, en comisión de servicio para ejercer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Cicpc adelantaba una pesquisa sobre el hurto de lo que llaman “material estratégico”, perpetrado en un galpón de Construpatria ubicado en la avenida Bolívar de la referida ciudad. El botín fue de 105 rollos de cable número 12, lo que representa una considerable suma de dinero. El 22 de febrero, según documentación disponible, la comisaria informó a los agentes sobre la posible ubicación de los rollos hurtados, en dos ferreterías de la misma urbe. La información no fue del todo exacta, pues solo encontraron cinco rollos en el depósito de una de las empresas. Junto al cable, hallaron ventanas panorámicas y una puerta de seguridad como las que se utilizan en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El dueño del local explicó que esos materiales en realidad pertenecían a una cooperativa llamada Caballo Viejo, que participa en la construcción de las edificaciones de interés social. Allí comenzaron los problemas. Las inspecciones por parte de Cicpc cesaron. La policía estatal continuó revisando locales, pero de acuerdo con la información transmitida por el Ministerio Público a los pesquisas, estos procedimientos no contaban con notificación de flagrancia ni orden judicial.

 

*La Fuerza Armada inició un censo para determinar cuáles edificaciones y áreas específicas, tanto públicas como privadas, pueden ser utilizadas como “refugios para la población civil”. La orden correspondiente para hacer el levantamiento de información fue impartida a unidades ubicadas en estados fronterizos y de Los Llanos. Fuentes castrenses indicaron que los informes deben incluir los datos sobre el propietario de la estructura inspeccionada, sus dimensiones, la ubicación, el uso que se le puede dar y las reformas que serían requeridas con tal finalidad. Esto indica que no sólo servirían para albergar a personas en una situación de emergencia, sino también para guardar equipos, materiales e incluso sistemas de armas. El trabajo de campo se inició una vez finalizados los ejercicios Independencia 2018.

 

*Al momento de entregar estas notas es divulgado el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, en términos de tasas de homicidios, solo superada por la urbe mexicana Los Cabos. En ambos casos, el resultado es superior a 111 por cada 100.000 habitantes. Esto sucede mientras las autoridades venezolanas sostienen que el delito violento disminuyó durante 2017. La ONG mexicana sustenta su trabajo en reportes periodísticos, puesto que carece de acceso a los registros oficiales, al igual que sucede con los grupos de investigadores en Venezuela. De manera que la cifra es fijada sobre la base de ingresos de cadáveres en la morgue de Bello Monte. El impacto internacional de estas informaciones es enorme. Uno de los factores que comienza a ser evaluado en estos centros es la exactitud de las tasas calculadas sobre la base de proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no toman en cuenta la masiva migración desde Venezuela hacia otros países. Lo que sugiere la ONG mexicana es que la tasa real de homicidios en Caracas podría ser mucho más elevada, en vista de que la población de la ciudad sería menor que la proyectada.

Atendiendo una propuesta de Juan Carlos Alemán, la asamblea nacional constiuyente aprobó la disolución de la Alcaldía Metropolitana y tambien la del Alto Apure.

Alemán dijo que ambas alcaldias que convirtieron en centro de desestabilización para gobernabilidad del país.

Delcy Rodríguez, presidenta del organismo, afirmó que con el paso de los años la figura de la alcaldía metropolitana “perdió vigencia, solapó funciones, se apartó del camino y la orientación político-territorial y administrativa que se le había indicado en la ley”.

“La fraudulenta ANC en estos momentos está eliminando Alcaldía Metrolpolitana de Caracas y la del Alto Apure violando la Constitución, esto es lo equivalente a eliminar una Gobernación. Esto modifica la Constitución a su antojo sin consultarle al pueblo”, escribió el alcalde metropolitano, Ali Mansour Landaeta en su cuenta en twitter.

 

Nuestros trabajadores merecen respeto, no hemos podido cumplir con los compromisos correspondientes a pagos de aguinaldos y aumentos de salario y ahora eliminan la alcaldía. Esta acción es una clara VIOLACIÓN a la constitución.

— Alc. Metropolitana (@A_Metropolitana) 20 de diciembre de 2017

 

La fraudulenta ANC en estos momentos está eliminando la alcaldía metropolitana de Alto Apure y de Caracas violando la constitución , esto es lo equivalente a eliminar dos gobernaciones 1/3

#ANCFraudulenta

— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) 20 de diciembre de 2017

#URGENTE | ¡La eliminación de la Alcaldía Metropolitana es otro zarpazo a la democracia, sus instituciones legítimamente constituidas y a nuestra ya pisoteada Constitución! #20Dic pic.twitter.com/oc2rlJvwh4

— Helen Fernández (@justiciasocial) 20 de diciembre de 2017

Nuestro Alcalde @alimansourl se pronuncia sobre las recientes acciones ilegales tomadas por la fraudulenta ANC. https://t.co/mI5vqGVDjb

— Alc. Metropolitana (@A_Metropolitana) 20 de diciembre de 2017

El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, está preparando su dimisión mientras negocia para que su mujer, Grace, salga del país ante la intervención militar que alimenta los rumores sobre un posible golpe de Estado, informa hoy el canal de televisión sudafricano News24.

Según este medio, que avanza que mañana por la tarde se hará un anuncio al respecto, el Ejército mantiene bajo su custodia a la familia presidencial y a su guardia.

Los rumores sobre el paradero de Mugabe y su futuro se han disparado en las últimas horas después de que ayer por la tarde varios tanques fueran vistos en dirección a la capital del país, Harare.

Este movimiento de las fuerzas armadas se produjo tan solo un día después de que el jefe del Ejército, Constantine Chiwenga, advirtiera de que se tomarían “medidas correctivas” si continuaba la purga de veteranos en el partido de Mugabe, de 93 años y en el poder desde 1980.

Por ahora, algunos medios afirman que Mugabe y su familia se encuentran bajo arresto domiciliario, mientras que otras informaciones indican que habría huido del país.

Estas especulaciones contrastan con el silencio del principal periódico del régimen, que se ha limitado a destacar que el comunicado leído por un portavoz militar anoche en la televisión pública -controlada ahora por el Ejército- descarta una “toma militar” del Gobierno y asegura que Mugabe se encuentra “a salvo”.

Mientras tanto, el diario independiente NewsDay informó hoy de la detención de tres ministros que estarían detrás de la facción del partido gobernante que propugna la expulsión de veteranos de la guerra de independencia para allanar una eventual sustitución en el poder en favor de la primera dama, Grace Mugabe.

Asimismo, el presidente de las juventudes del partido de Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) y el número dos de los servicios de inteligencia (CIO) también han sido arrestados, mientras que otras informaciones aseguran que el director de la policía también podría haber sido detenido por los militares.

En el centro de la tensión se encuentra la destitución la semana pasada del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, que también se postulaba como sucesor de Mugabe, quien huyó a Sudáfrica, desde donde emitió un comunicado en el que sostenía: “Pronto controlaremos los resortes del poder en nuestro bello partido y país”.

Con un despliegue de funcionarios como no se veía hace mucho tiempo, el centro de Maracaibo se convirtió en zona de seguridad con la cinta amarilla incluida, que cercó toda la plaza Bolívar de Maracaibo.

En la sede del Consejo Legislativo del Zulia, los 12 diputados oficialistas instalaron el acto en el que juramentaron a Magdely Valbuena, presidenta del CLEZ, como gobernadora encargada del estado Zulia.

La decisión de declarar vacante el cargo de Gobernador del estado la tomaron en 15 minutos y el nombramiento de la gobernadora encargada se hizo en 24 horas.

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, no quiso subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y eso le costó que el Poder Ejecutivo decidiera no atender lo que dicta la Constitución del estado, que es que el ganador, una vez proclamado por el CNE, se juramentara ante los legisladores regionales.

Valbuena estará en el cargo como gobernadora encargada hasta una fecha de diciembre que está por definir el Consejo Nacional Electoral, en el que se decidirá sobre el futuro primer mandatario regional. En el puesto de la presidenta del CLEZ queda ahora el legislador Omer Muñoz.

“Vacante absoluta”, fue el título que le dieron a la situación en el estado, por lo que el constituyente zuliano Willy Casanova explicó que la negativa de Guanipa a juramentarse ante la ANC “obligó a la decisión de designar a la presidenta del CLEZ como gobernadora encargada” hasta que se hagan las nuevas elecciones.

“Es un escenario indeseado. Nosotros queríamos la juramentación como lo designa la ley y haber permitido que no se cumpliera habría sido el preludio al desconocimiento de las instituciones”.

Lo que grita la gente

“Fraude”, “golpe de Estado a los zulianos”, “respeten la voluntad de los electores”, es lo que reclaman los ciudadanos que se quejaron de la acción de juramentación que hubo en el CLEZ.

Luisa Marín, comerciante, dijo que “juegan con la voluntad del Zulia y de los zulianos. Ahora adónde iremos a reclamar nada, si este Gobierno hace lo que le da la gana. Yo hubiese querido que Guanipa se juramentara ante la ANC aunque fuera para que le entregaran la Gobernación y después veíamos qué hacíamos”.

Rafael Alemán, contador, también reclamó la juramentación y la califico de “golpe de Estado a los zulianos”. “Ahora quedamos peor, sin gobierno y sin gobernador. Entiendo que Guanipa quiso defender su posición, pero ahora quedamos peor. Creo que era mejor ir a ese fraude de Asambleay luego desquitarnos en el Zulia”.

“Lo hecho, hecho está y ya no se puede hacer más nada”, reclamó Silvia Caminos, una buhonera del centro de Maracaibo. “¿Qué le costaba a Guanipa ir y hacerle creer a Maduro que iba a apoyar a esos corruptos y luego venir y defender el estado? El único de la oposición. Yo estoy decepcionada. Conmigo no cuenten más nunca para votar, ni para nada”.

En rechazo

“Este gobierno está rompiendo el pacto federal y no se respeta la voluntad popular, el gobernador del estado Zulia no es que tiene que gustarles a los caraqueños, tiene que gustarles es a los zulianos. Esto es una afrenta”, reclamó Eliseo Fermín, diputado zuliano por el partido Un Nuevo Tiempo.

Lo mismo considera Gerardo Antúnez, legislador regional. “Declarar vacante del gobernador Juan Pablo Guanipa es otro golpe de Estado a la voluntad de los zulianos”. “Solo nos queda seguir en pie de lucha con el pueblo hasta conseguir ese cambio que todos anhelamos”.