Un nuevo movimiento que supuestamente pretendía sacar a Maduro del poder fue detectado en la principal fuerza castrense del país. Oficiales que estaban al mando de unidades con alto poder de fuego ahora son llevados a los tribunales
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia –nuevamente- la delicada situación por la que atraviesa el Ejército. Luego de unos ejercicios Independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles que, hasta ese momento, ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego.
El oficial de mayor relevancia es el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprehendido el viernes aproximadamente a las 9 am, cuando acudió a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión lo llevaron a un calabozo en la Dgcim Boleita.
Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de libertad.
Otros compañeros de la misma camada de Marín están en la misma condición. Ejercían el comando de unidades militares en los Andes, el centro y oriente del país. En el grupo también figura el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas, quien fuera ayudante del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, un disidente del chavismo que fue inhabilitado recientemente para optar para la Presidencia.
Para el momento de la redacción de esta nota estaba pautada la presentación de Marín y otros oficiales ante los tribunales de control militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna. Hasta ahora, han involucrado a diecinueve. Les imputarán rebelión militar y traición a la patria, aunque la lista de delitos podría ser más larga. Curiosamente, en la fase previa a la audiencia de presentación el expediente no había llegado al Ministerio Público militar. Por ende, las actas con los detalles de la investigación solo eran del conocimiento de Contrainteligencia Militar, el Alto Mando y líderes del Gobierno. Son las cosas de la justicia de comando.
Este es el segundo movimiento de disidencia al Presidente detectado en filas del principal componente castrense en apenas un año. En 2017 también fue desmantelado a última hora un grupo de tenientes y primeros tenientes, en su mayoría de la promoción 2012 de la Academia Militar.
Cuando Maduro empezó su presidencia, los supuestos movimientos militares involucraban mayoritariamente a altos oficiales en posiciones administrativas, sin mando sobre tropas o ya retirados. Eran de la Aviación y la Guardia Nacional. Seis años después, cuando Maduro pretende reelegirse contra la voluntad de la mayoría del país y la comunidad internacional, en medio de la peor crisis económica e institucional de la que se tenga memoria en Venezuela, los calabozos de la Dgcim se llenan con oficiales superiores y subalternos del Ejército.
En Venezuela, el miedo impide a los oficiales hablar de manera abierta. Desde el exterior, el general (recientemente expulsado de la FAN) Antonio Rivero advierte que este último ha sido el movimiento más importante detectado en el seno de la Fuerza Armada.
“Cuando van sobre tenientes coroneles, van sobre niveles de comando muy importantes en la institución. Y, además, se trata del Ejército, que es la principal fuerza militar del país”, explicó.
Breves
*El ministerio de Relaciones Interiores ordenó a un grupo de técnicos la elaboración de un informe sobre el delito de secuestro durante los primeros dos meses de 2018. Hay un interés especial en continuar una campaña propagandística que intenta transmitir a las comunidades, en especial a las de Distrito Capital, que las calles han vuelto a ser seguras. Pero no hay modo. Hasta en los propios documentos internos surgen los datos indicativos de que todavía el problema persiste. Dos elementos preocupantes: en primer lugar, según se conoce extraoficialmente, continúa reafirmándose la tendencia a los secuestros de dos o más personas (padres e hijos, parejas, grupos familiares completos, etc), ya detectada durante 2017. Es por eso que los voceros del Gobierno se concentran en la divulgación del número de casos, y no en la del número de víctimas, que sigue siendo muy alto. Por otra parte, se detecta una dispersión en el accionar de las bandas. Ahora, la mayoría de los secuestros no ocurre en Chacao, Sucre o Baruta sino en municipios periféricos de Miranda. Los habitantes de Rio Chico lo padecen.
*Hasta Caracas ha llegado la información sobre un conflicto entre comisarios de la policía judicial. Por un lado, están los investigadores de la subdelegación Guanare, y por el otro una comisaria Bella Pacheco, en comisión de servicio para ejercer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Cicpc adelantaba una pesquisa sobre el hurto de lo que llaman “material estratégico”, perpetrado en un galpón de Construpatria ubicado en la avenida Bolívar de la referida ciudad. El botín fue de 105 rollos de cable número 12, lo que representa una considerable suma de dinero. El 22 de febrero, según documentación disponible, la comisaria informó a los agentes sobre la posible ubicación de los rollos hurtados, en dos ferreterías de la misma urbe. La información no fue del todo exacta, pues solo encontraron cinco rollos en el depósito de una de las empresas. Junto al cable, hallaron ventanas panorámicas y una puerta de seguridad como las que se utilizan en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El dueño del local explicó que esos materiales en realidad pertenecían a una cooperativa llamada Caballo Viejo, que participa en la construcción de las edificaciones de interés social. Allí comenzaron los problemas. Las inspecciones por parte de Cicpc cesaron. La policía estatal continuó revisando locales, pero de acuerdo con la información transmitida por el Ministerio Público a los pesquisas, estos procedimientos no contaban con notificación de flagrancia ni orden judicial.
*La Fuerza Armada inició un censo para determinar cuáles edificaciones y áreas específicas, tanto públicas como privadas, pueden ser utilizadas como “refugios para la población civil”. La orden correspondiente para hacer el levantamiento de información fue impartida a unidades ubicadas en estados fronterizos y de Los Llanos. Fuentes castrenses indicaron que los informes deben incluir los datos sobre el propietario de la estructura inspeccionada, sus dimensiones, la ubicación, el uso que se le puede dar y las reformas que serían requeridas con tal finalidad. Esto indica que no sólo servirían para albergar a personas en una situación de emergencia, sino también para guardar equipos, materiales e incluso sistemas de armas. El trabajo de campo se inició una vez finalizados los ejercicios Independencia 2018.
*Al momento de entregar estas notas es divulgado el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, en términos de tasas de homicidios, solo superada por la urbe mexicana Los Cabos. En ambos casos, el resultado es superior a 111 por cada 100.000 habitantes. Esto sucede mientras las autoridades venezolanas sostienen que el delito violento disminuyó durante 2017. La ONG mexicana sustenta su trabajo en reportes periodísticos, puesto que carece de acceso a los registros oficiales, al igual que sucede con los grupos de investigadores en Venezuela. De manera que la cifra es fijada sobre la base de ingresos de cadáveres en la morgue de Bello Monte. El impacto internacional de estas informaciones es enorme. Uno de los factores que comienza a ser evaluado en estos centros es la exactitud de las tasas calculadas sobre la base de proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no toman en cuenta la masiva migración desde Venezuela hacia otros países. Lo que sugiere la ONG mexicana es que la tasa real de homicidios en Caracas podría ser mucho más elevada, en vista de que la población de la ciudad sería menor que la proyectada.
