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MP imputa a director de la cárcel de Los Llanos por la masacre
 Tarek William Saab informó que cinco militares están acusados de disparar contra los reclusos

 

El Ministerio Público (MP) imputó este miércoles 13 de mayo a Carlos Graterol, director del Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales ubicado en Guanare, estado Portuguesa, así como a cinco funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y cuatro reclusos por los sucesos del 1° de mayo en la cárcel de Guanare que dejaron como resultado la muerte de 47 reclusos y 67 personas heridas. 

A través de una rueda de prensa, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, detalló que Graterol fue imputado por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios.

Además de Graterol fueron imputados los funcionarios primer teniente Castro Malaguera, sargento primero Manuel Torres Parada, sargento mayor de tercera Rodríguez Escalona, sargento primero Almeida Gudiño y sargento primero Rodríguez García. Cada uno de ellos por disparar contra los reclusos.

Los efectivos serán imputados por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Estas declaraciones las ofreció en el fiscal, después de casi 12 días de lo sucedido en el centro penitenciario Cepella.

«Los custodios de la Guardia Nacional no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos», reconoció Saab, al tiempo que dijo que «pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos, disparos al aire pero no lo que ocurrió. Lamentablemente para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego recibiendo respuesta también por parte de internos armados», dijo el fiscal. 

 

Los GN que dispararon contra los reclusos de la cárcel de Cepella quedaron identificados como Alberto Castro Malagueta, primer teniente; Jesús Manuel Torres Parada, sargento primero; Yojangel Simón Rodríguez Escalona, sargento mayor de tercera, Jorge David Almeida Gudiño, sargento primero y Francisco José Rodríguez García, sargento primero. Los mismos serán presentados ante el tribunal competente y se les imputará por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Según Saab,  «Ese día los internos, obedeciendo órdenes de un líder negativo apodado «Olivo», emprendieron unas protestas por supuestos hechos irregulares durante la visita e, incluso, traspasaron la cerca perimetral del centro penitenciario, agrediendo al director del penal», dijo.

Sin embargo, el día de la masacre se pudo conocer que los detenidos dijeron a sus familiares que el motín comenzó ante la negativa de los custodios de dejar entrar comida suficiente al penal. Durante la cuarentena por la covid-19, las visitas a los centros penitenciarios también están suspendidas.

*Con información de TalCual y El Pitazo
Trabajadores de la Asamblea Nacional protestan exigiendo reivindicaciones laborales

Foto: Prensa AN

 

Este lunes, 18 de noviembre, un grupo de trabajadores de la Asamblea Nacional salió a las calles para protestar exigiendo el pago de sus salarios, aguinaldos y mejoras laborales.

Desde el Edificio José María Vargas, sede administrativa del Parlamento – en la esquina de Pajaritos en el centro de Caracas- los empleados se disponían a marchar hasta la sede del Ministerio de Finanzas, pero un contingente de la Guardia Nacional, impidió el paso trancando la avenida.

“Por más de dos años el Ministerio de Finanzas se ha quedado con el dinero de todos los trabajadores de la Asamblea Nacional. Prácticamente la caja de ahorro está quebrada”, reclamó uno de los trabajadores a las afueras del Parlamento.

Igualmente, Mireya Rivero aseguró que el HCM de los empleados de la AN está en 100 mil bolívares. “¿Qué nos alcanza con eso? Ni un remedio”, se lamentó.

Rivera agregó que las deudas de sus sueldos y beneficios laborales empezó desde que Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional.

También señaló que las condiciones del edificio han empeorado. “A los ascensores no les hacen mantenimiento, no hay aire acondicionado, no hay material de oficina”, criticó Rivero, quien tiene 24 años de servicio en la Asamblea Nacional.

 

Crímenes sin Castigo | Razones para desertar, por Javier Ignacio Mayorca
Las defecciones se han convertido en una práctica común en la Fuerza Armada. Cualquier motivo parece valedero. Al final, el régimen las aprovecha para quedarse con quienes considera “leales”

 

@javiermayorca

 

EL 6 DE MAYO, UNA COMISIÓN de la Guardia Nacional se presentó en uno de los edificios de Fuerte Tiuna utilizados como vivienda en guarnición para los oficiales subalternos. Los uniformados buscaban al capitán Jesús Ramos, quien comandaba una de las compañías del Destacamento de Seguridad Urbana de ese componente en el estado Vargas.

Ramos debía presentarse en su unidad el 2 de mayo, luego de disfrutar un permiso autorizado por la superioridad. Ante su ausencia, ordenaron la activación del llamado “plan de localización”. Esto implica que lo buscarán en su residencia y la de sus padres y parejas.

Debido al estado de crispación en la FAN, se sospechaba que este capitán podía estar incorporado a la causa de Juan Guaidó, quien el 30 de abril había respaldado un alzamiento en los alrededores de la base aérea La Carlota junto a numerosos efectivos militares, en su mayoría de la Guardia Nacional.

De acuerdo con fuentes castrenses, al profundizar en las pesquisas se determinó que el oficial pudo haber cruzado la frontera con Colombia. Fue allí donde se detectó por última vez la utilización de su número telefónico.

Era, con toda probabilidad, el caso de otro militar cobijado por Acnur en Cúcuta.

Ramos, hasta el momento de redactar esta columna, no ha colgado ningún video en YouTube, explicando las razones de su defección. La publicación de mensajes en las redes sociales es casi un patrón de conducta entre los oficiales y tropas que salen del país, y que según Migración Colombia ya sobrepasan el millar.

Este caso fue distinto. El 9 de mayo, Ramos se comunicó con sus superiores utilizando un número colombiano, como para despejar dudas de su paradero. Confirmó que se unió al alzamiento del 30 de abril, aunque curiosamente sin llamar a las tropas a su mando. Es decir, en términos estrictamente personales. Sostuvo que durante sus diez años largos de servicio conoció la corrupción y la ausencia de criterio y objetividad de la alta oficialidad de su componente. Algo que, según su punto de vista, contrastaría con el “sufrimiento” de la tropa.

El capitán no teme que lo llamen traidor. Prefiere ese calificativo a que lo vean como cómplice de una “pantomima”, y aseguró que al marcar distancia con respecto al régimen no será copartícipe de la “destrucción del país”.

El nombre de este capitán probablemente aparecerá en algún decreto presidencial, junto a docenas de oficiales y tropas degradados y expulsados de la Fuerza Armada. Así es como Maduro despacha en este momento la crisis cada vez más profunda en la institución castrense.

Luego del 30 de abril, el “goteo” de deserciones y pronunciamientos no ha cesado. Cualquier razón pareciera válida para huir de los cuarteles.

Mientras que Ramos argumentaba la separación anímica de lo que una vez fue su proyecto de vida, el mayor del Ejército José Gregorio Basante también hacía los preparativos para cruzar la frontera por Santa Elena de Uairén, rumbo a Brasil. Este oficial, quien hasta la semana pasada comandó el Escuadrón de Caballería Motorizada del Ejército 5102, ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la represión a los manifestantes indígenas, a partir del 23 de febrero. Pero lo que propulsó su defección no fue esto, sino la investigación sobre un presunto contrabando de diésel en un convoy que trasladaba blindados BTR-80, desde Puerto Cabello hasta la unidad comandada por él, el 30 de abril. Por este caso habían sido detenidas en flagrancia cuatro personas, entre ellas un coronel de la misma fuerza que Basante.

De un lado, entonces, están las razones morales y políticas. Del otro, motivos que parecieran netamente pragmáticos. Ramos y Basante aparecen como dos extremos opuestos, pero que convergen en el mismo resultado: romper filas.

Desde 2017, las deserciones empezaron a ser maquilladas con un eufemismo, que llaman “permanencia arbitraria fuera de la unidad militar”. La razón de fondo, según explicaron fuentes de la FAN, es que si todos los casos de deserción fuesen procesados como delitos, no se darían abasto. Son demasiados, y entonces prefieren procesarlos por vía administrativa.

En otros tiempos, la deserción de efectivos de tropa ocurría ocasionalmente. Buscar a quienes se ausentan ha sido una de las funciones de la Policía Militar, según lo indica el reglamento de Servicio en Guarnición. Ahora, como se ve, las deserciones abarcan no solo a sargentos sino también a oficiales jóvenes y a generales.

En las policías también están “desertando”. Esa es una de las razones por las que la PNB solo dispone realmente de poco más de la mitad de su nómina. En el caso de Cicpc, lo que molesta no es la ausencia del funcionario, sino que luego se distancie públicamente del régimen mediante un comunicado o un video. Por eso los jefes de algunas regiones en el centro del país pidieron a los subalternos que eviten las declaraciones públicas, y se limiten a solicitar la jubilación por los canales regulares.

Todo esto habla de un gran desencanto, que no conduce a un esfuerzo organizativo sino acciones netamente personales y aisladas. Al final, esta dinámica termina beneficiando al régimen, pues aprovecha para depurar sus filas y quedarse estrictamente con quienes considera “leales”.

 

Breves

 

El régimen avanza en estos días de relativa calma post 30-A, y toma medidas ante el inminente incremento de la conflictividad política y social. Comenzaron a ejecutarse dos decisiones: 1) se avanza en la constitución de las llamadas “cuadrillas de paz”, entidades en las que convergen efectivos de la Milicia Bolivariana y de la Guardia Nacional con colectivos armados, miembros de las UBCHs y empleados del programa Clap. Ya convocaron para las prácticas de estos grupos en unidades de la FAN; y 2) se ordenó a la Guardia Nacional iniciar los cursos de formación para facilitadores en materia de orden público en cada región policial. En el caso de la Policía Nacional, la orden es conformar escuadras de 200 efectivos en cada estado del país, con conocimiento de las técnicas para aplacar manifestaciones.

 

La súbita remoción del director de la Policía Nacional, general de división (GN) Carlos Pérez Ampueda, y de otros integrantes de la directiva de ese cuerpo está íntimamente ligada a la conducta de este oficial durante el alzamiento del 30 de abril y las manifestaciones del 1 de mayo. Fuentes de la institución indicaron que este general no transmitió debidamente la orden impartida por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en el sentido de no permitir aglomeraciones ni bloqueos en la autopista, en especial en los alrededores de Altamira. Esta omisión hizo que titular del MRI tuviese que saltar varios eslabones en la cadena de mando para mandar directamente al jefe de Orden Público, comisionado Valentín Hernández, una actuación inmediata contra los manifestantes. Los cambios que desde entonces han implantado en el principal cuerpo civil armado del país han causado estupor. Para la subdirección fue designado un teniente coronel de la Guardia Nacional, Rubén Santiago Servigna, quien venía de desempeñarse como Administrador del MRI; al jefe de Investigaciones Penales, el comisario general Cicpc Alirio Cermeño lo reemplazaron por un capitán de la Guardia Nacional; otro oficial del mismo grado estará al frente de la Dirección contra la Delincuencia Organizada. Esto se une al cambio ya anunciado en la jefatura de la Fuerza de Acciones Especiales, ahora ejercida por el comisario del Sebin José Miguel Domínguez, alias Miguelito, conocido por su estrecha relación con los colectivos armados.

Asesinaron a general de la Fuerza Aérea en emboscada en Tucupido de Aragua

Cuatro militares, entre ellos un general de brigada de la aviación, y dos policías de Aragua fueron asesinados la madrugada de este sábado 4 de mayo en la vía de Guacamaya, sector Tucupido, municipio Zamora del estado Aragua.

Según el boletín policial, los uniformados habrían acudido a verificar una situación irregular en la finca militar “Arenales“, ubicada en Magdaleno. Cuando iban hacia La Guacamaya, habrían sido emboscados por un  grupo armado.

En el enfrentamiento resultaron fallecidos el GB (AMB) Jackson Alexis Silva Zapata, director de la Escuela de Formación de Tropas Profesionales (Efotrop), de la Aviación Bolivariana de Venezuela, y tres funcionarios militares más  que  aún están por identificar.

Asimismo, murieron los funcionarios de la policía de Aragua, Bruno Benavides y Jesús Arraiz Jesús.

Los heridos fueron identificados como Mayor (AVB) Jaire Buitriago, Sup (PBA) Manuel Balsa, Oficial (PBA) Oswaldo  Señorelys, y otro ciudadano que está por identificar. Algunos de los heridos fueron recluidos en hospital de La Ovallera, mientras que otros fueron trasladados al hospital militar de Maracay. 

Aunque todavía el suceso está en plena investigación, se informó que los efectivos militares y policiales fueron atacados por  delincuentes de la zona con armas largas. Pidieron más apoyo y llega al sitio otra comisión que también fue emboscada. No se descarta que el hecho esté vinculado con la  delincuencia organizada y bandas armadas que existen en esa zona. Sin embargo, en el boletín policial señalan que  “hubo un atentado terrorista a los efectivos militares”.

Comisiones de las Faes, Cicpc, GN, y Sebin, ya se encuentran en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones y dar con el grupo armado que emboscó a los militares y policías. 

Crímenes sin Castigo: Sargentos en armas
El alzamiento de los sargentos de la Guardia Nacional, el lunes 21 de enero, es una señal más de la peligrosa descomposición de la Fuerza Armada Nacional

 

@javiermayorca

 

LA MADRUGADA DEL 21 DE ENERO OCURRIÓ un hecho inusitado en la historia militar de Venezuela: un grupo de por lo menos 27 sargentos de la Guardia Nacional, emplazados en unidades del Distrito Capital, se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Este hecho, se reitera, no tiene parangón. Ni siquiera los alzamientos frustrados de febrero y septiembre de 1992 se le pueden equiparar. En este caso, hubo dos aspectos fundamentales: 1) se trató de un movimiento ejecutado exclusivamente por efectivos de tropa, y 2) solamente participaron uniformados de la Guardia Nacional.

Lo ocurrido ese lunes, a partir de las 3 am, tomó por sorpresa al estamento castrense del país. En los días previos, aunque con mucha antelación, fueron emitidas algunas alertas ante la posibilidad de que factores externos a la FAN intentaran tomar por asalto alguna unidad desprotegida, especialmente en el interior del país. Pero no se esperaba que las irrupciones fuesen ejecutadas por gente de la propia institución, actuando además de forma independiente y en apariencia impulsiva.

El grupo liderado por el sargento mayor José Gregorio Bandres se adueñó de los parques de armas de despachos militares en Macarao y Petare. En este proceso, por lo tanto, logró cruzar toda la ciudad sin ninguna resistencia. Luego se hizo fuerte en la sede del Escuadrón Montado de la propia GN en Cotiza.

Desde allí, Bandres y su grupo emitieron por lo menos seis videos, que corrieron como pólvora a través de los sistemas de mensajería, y eventualmente tuvieron eco en la prensa independiente. Aun así, la gente veía estas acciones con escepticismo, lo que le restó apoyo popular al grupo militar en las primeras de cambio. Tuvo que salir la hermana del profesional de armas, Rosangel Bandres, en una declaración rebotada por la prensa internacional, a asegurar que lo ocurrido en Cotiza no era ningún “pote de humo”.

Según los primeros partes conocidos ese mismo día, Bandres formaba parte de la plantilla del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la GN en Macarao. Esta es la misma sede que se vio “tocada” por agentes de Contrainteligencia Militar durante las pesquisas sobre un supuesto complot en el que participaban efectivos de fuerzas especiales de tres componentes de la FAN, en mayo de 2018. De hecho, en Macarao fueron detenidos seis oficiales en aquella oportunidad.

Es posible, entonces, que estemos ante un capítulo más de un movimiento que se viene gestando al interior de la FAN desde hace meses, y que no ha crecido más debido a las detenciones y a la incomunicación entre las distintas fuerzas, lo que impide agrandar la magnitud de estas conspiraciones.

Una vez más, los llamados “planes de reacción” en las unidades militares tardaron tanto que el sargento Bandres y su grupo tuvieron tiempo suficiente para ir de un extremo a otro del valle caraqueño sin contratiempos. Su decisión de atrincherarse en el Escuadrón Montado de Cotiza e iniciar la emisión de videos no tiene otra explicación más allá del interés de visibilizar la fractura interna de la Fuerza Armada. En las negociaciones, otros efectivos de tropa alzados se quejaban por la falta de medicamentos y expresaban que ellos padecían los mismos males que el resto de la población venezolana.

Es claro que el sargento y sus 26 acompañantes no tenían la intención de hacer armas contra la jerarquía castrense que salió a negociar con ellos. El riesgo de bajas colaterales era muy alto en esa zona densamente poblada. Aun así, estaba latente la repetición de la solución aplicada por la FAES contra el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, hace apenas un año. De allí los reiterados llamados para que los pobladores de ese sector al norte de la ciudad salieran a manifestar en apoyo a los sublevados. Y lo hicieron, a pesar del riesgo que significaba expresar oposición al Gobierno en la antesala de uno de los colectivos más poderosos en la actualidad, el 5 de Marzo, que se adueñó de la antigua sede de la Policía Metropolitana.

A estas alturas, la Guardia Nacional es el componente que más presos tiene por razones políticas desde 2018. No solo los hubo en mayo, a propósito del complot de las unidades especiales, sino también en agosto con el caso de los drones en la avenida Bolívar. A estos dos episodios habrá que sumar otros 27 por la rebelión de los sargentos.

 

Breves

 

-¿Para qué ha servido la política de desarme aplicada por el Gobierno a partir de 2012? Esta iniciativa fue anunciada como una fórmula para disminuir la letalidad del delito. Para el momento en que fue lanzada por el extinto Hugo Chávez, se hablaba con preocupación de la alta frecuencia del uso de armas de fuego en homicidios, robos genéricos y robos de vehículos. La propaganda asegura que ha sido una política eficaz, puesto que según el ministro Reverol durante 2018 fueron destruidas más de 25000 armas. Sin embargo, este no es un indicador real sino un dato suelto, que se divulga para impresionar. Es necesario hacer una comparación entre la situación antes de iniciado el desarme, es decir, en 2011, y lo que ha sucedido después. Según el documento que dio origen a la Gran misión A Toda Vida Venezuela, en los años previos a la política de desarme eran usadas pistolas, revólveres, escopetas y afines en el 79% de los homicidios registrados en el país. En 2018, de acuerdo con datos conocidos extraoficialmente, fueron usadas armas de fuego en el 83,56% de los homicidios. Esto es 4,56 puntos porcentuales más que lo registrado hace siete años. Si se suma a esta cifra las muertes por “resistencia a la autoridad” –que también son homicidios-, el porcentaje de uso de armas de fuego sube a 88,6. Con estos datos, se puede evaluar si ha sido efectiva o no la política de desarme en Venezuela.

-La detención del diputado Juan Guaidó a manos de un grupo especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el domingo 13 de enero, revela hasta qué punto llega la disputa por los espacios de poder dentro del régimen. El presidente del Parlamento fue interceptado por tres vehículos sin rotulado policial y privado de libertad durante apenas una hora, lapso en el que los agentes encabezados por el comisario Hildemaro José Rodríguez (conocido en la policía política por la violencia de su proceder) lo trasladaron hasta la central de Plaza Venezuela con la aparente pretensión de encarcelarlo en La Tumba, tal y como hicieron con el ex ministro de la Defensa, Raúl Baduel. Pero esta orden no corrió por los canales regulares. En la policía política esto es habitual, tal y como lo han corroborado informes sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas presentados por organizaciones no gubernamentales ante la Corte Penal Internacional. Igual, hubiesen podido montar un expediente con posterioridad, basados en supuestos o datos de patriotas cooperantes, y avalados por un fiscal y un juez. El problema, en este caso, es que la orden no provino de Miraflores sino de la misma fracción radical del oficialismo que a finales de 2018 interceptó la caravana presidencial en el sector Boquerón. El comisario Rodríguez, además, aparece mencionado directamente en el expediente sobre la muerte del concejal Fernando Albán.  

MonitordeVíctimas | Denuncian que joven barbero fue víctima de sicariato tras pedir desalojo de su local
Richard Joel Pacheco Tejada no sabía lo que iba a provocar querer expandir su negocio, pues a los días de enviarle una citación de desalojo a su arrendatario, sus familiares denuncian que fue emboscado por cuatro hombres armados a las afueras de su barbería
ORDENÓ DESOCUPAR SU BARBERÍA A SU INQUILINO y una semana después apareció muerto de tres disparos en las inmediaciones de El Calvario, municipio Libertador. Richard Joel Pacheco Tejada, de 28 años, no sabía lo que iba a provocar el proyecto de expansión de su negocio, pues a los días de enviarle una citación de desalojo a su arrendatario fue emboscado por cuatro hombres armados en el bulevar Anauco de San Bernardino, según denunciaron sus familiares a El Pitazo.
Richard Joel, según cuenta su padre, quien pidió omitir su identidad, salió de su vivienda ubicada en el barrio 11 de Agosto, parroquia San José, Cotiza, el pasado 5 de noviembre a eso de las 2:00 pm. El hombre recibió una llamada de un desconocido quien le aseguró que desde las afueras de su local había un cable que hacía corto circuito y podía causar un incendio.
A su llegada, a eso de las 3:30 pm, cuatro hombres se estacionaron al frente de la barbería en dos motos. Narran que una vecina le dijo si los conocía, el joven afirmó que no. Minutos después los hombres ingresaron al comercio, le gritaron: “Tú mismo eres”, y se lo llevaron. Richard Joel terminó en una de las dos motos encapuchado con su propia camisa; de acuerdo a testigos los desconocidos vestían de negro y usaban pasamontañas.
Alrededor de las 5:00 pm, según cuentan los familiares, la madre del joven recibió una llamada. Eran funcionarios de la Delegación de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Propatria para comunicarle que Joel se encontraba muerto en las inmediaciones del Cuartel de la Montaña.
Tras recibir la información, la hermana de la víctima se dirigió a la zona junto a su esposo. No lo encontró. La familia siguió buscando hasta que fueron avisados por un padrino, que tiene conexiones con la policía, que estaba en El Calvario.
Allí, funcionarios de la Guardia Nacional les anunciaron que Richard Joel había sido trasladado al hospital de Coche, pues a eso de las 4:00 pm, tras escuchar varios disparos, lo localizaron con tres tiros en el pecho. Destacaron que estaba esposado, con signos de haber sido arrodillado, y su rostro estaba cubierto por su camisa.
La víctima, quien tenía un año de haberse graduado de TSU en ingeniería industrial en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial (IUTI), ejercía desde hacía tres el oficio de la barbería, y tras aprenderlo, sus familiares comentan que “aprovechó la oportunidad de comprar dos locales”. Desde principios de año, su rutina se centró en ir y venir de Colombia, y con la ganancia que da actualmente el cambio del peso colombiano al bolívar su interés se volcó en invertir lo ganado en crear una gran barbería unificando sus dos locales.
Para lograr su cometido, hace cinco meses le informó a su inquilino que lo desocupara. El hombre, quien reside en San Agustín, de acuerdo a lo que expresa el padre de la víctima, no vio con buenos ojos la noticia y lo amenazó. Ante la resistencia del ocupante del local, Richard Joel emitió una demanda ante el tribunal y el pasado 29 de octubre se la hizo llegar.
El hombre, luego de recibir el documento, lanzó improperios contra Richard Joel y su papá, quien sirvió de acompañante. Aseguró que era de San Agustín, y que tenía contactos en el barrio y en la cárcel, pues tenía un año de haber salido de pagar condena y actualmente se encuentra en régimen de presentación. Por este motivo, familiares de la víctima presumen que esta persona podría estar implicada en el homicidio del joven.
Este barbero es el número siete que es asesinado en la Gran Caracas de enero a noviembre de 2018, según la data recogida por Monitor de Víctimas. Además, deja dos niños en orfandad: uno de 10 y otro de tres años.
Un promedio de cinco horas tardan varguenses para poner gasolina
colagasolina
Alejandro Sojo llegó con su vehículo para abastecer gasolina en la estación de servicio El Puerto, ubicada en la avenida Soublette en Maiquetía en el estado Vargas.
No era un hecho inusual, pues siempre abastece en el mismo establecimiento antes de llevar a su hija al colegio. Pero en esta oportunidad, la cola de vehículo rodeaba la estación y hasta el mercado pesquero, conocido como El Mosquero.
La estación de servicio El Puerto era uno de los cinco establecimiento que expedía gasolina de 95.
“Tardé cinco horas. Carros recalentados y gente obstinada. No puede ser que lo único de lo que los venezolanos nos vanagloriamos, que es la gasolina barata, ya no se pueda comprar sin este calvario. La situación se repite en otras bombas. Unas cerradas y otras sin gasolina del octanaje que se necesita”, explicó Sojo.
Tras un recorrido realizado por El Pitazo en 12 de las estaciones de servicios ubicadas entre Caraballeda y Catia La Mar, tres permanecían cerradas por no tener combustible, ocho solo ofrecían combustible de 91 y de las cinco que despachan gasoil, solo dos estaban operativas.

“El despacho ha sido irregular. Eso es lo que pasa. No hemos recibido la cantidad de combustible para reponer lo vendido”, contó una empleada de una estación de servicio de la parroquia Carlos Soublette, que solicitó preservar su identidad.
La situación con el expendio de gasoil agravó la ausencia de unidades de transporte público, así como la disminución de autobuses en la ruta Caracas – La Guaira.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Vargas, Andrés Goncalves, explicó que funcionarios de la GN y Polivargas, custodian las estaciones de servicios, “para evitar el caos vial y desorden”.
Así mismo explicó que para este sábado se espera la llegada de ocho gandolas de gasolina de 91 octanos, así como de gasoil, que serán distribuidas entre siete estaciones de servicios.
¿Presos barriendo calles? por Carlos Nieto Palma

presos

Foto: La Patilla

 

En los últimos días, a pesar que la crisis del país aumenta y los problemas que vivimos los venezolanos, cada día nos tienen más agobiados, hemos visto que el Ministerio para el Servicio Penitenciario, en una nueva demostración de “creatividad” ha sacado a un grupo de presos de diversas cárceles del país a barrer las calles, de esta nueva actividad, muchos nos hemos dado cuenta, al verlos en las calles con sus nada discretos uniformes amarillo chillón y las cuadrillas de Guardias Nacionales con sus fusiles en mano custodiándolos.

Quiero comenzar diciendo que el trabajo fuera del establecimiento penitenciario de las personas privadas de libertad, está autorizado por el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal que establece que “El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados y penadas que hayan cumplido, por lo menos, la mitad de la pena impuesta”.

Igualmente, el mismo artículo nos dice que además de haber cumplido la mitad de la pena debe cumplir con estos requisitos: 1. Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena; 2. Que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en el grado de mínima seguridad por la junta de clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 3. Pronóstico de conducta favorable del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo evaluador designado por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado o penada no hubiese sido revocada por el Juez o Jueza de Ejecución con anterioridad; 5. Que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario y 6. Que haya culminado, curse estudios o trabaje efectivamente en los programas educativos y/o laborales que implemente el Ministerio con competencia en materia penitenciaria.

También establece esta norma que cuando el delito que haya dado lugar a la pena impuesta, se trate de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, las esta fórmula alterna de cumplimiento de pena que conocemos como trabajo fuera del establecimiento, solo procederá cuando se hubiere cumplido efectivamente las tres cuartas partes de la pena impuesta.

Nosotros suponemos que los reclusos que vemos barriendo calles con su particular uniforme amarillo cumplen con todos los requisitos antes señalados y que les han hecho todas las evaluaciones requeridas para salir en grupo a trabajar en las calles, por lo cual no representan ningún peligro a la comunidad.

Mi critica es la forma como los sacan y los someten al escarnio público al llevarlos a realizar el trabajo que realizan con el uniforme que los identifica como presidiarios y fuertemente custodiados por funcionarios de la Guardia Nacional.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos que ahora conocemos como Reglas Mandela, en su regla 19 establece: 1. Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá ropa apropiada para el clima y suficiente para mantenerse en buena salud. Dicha ropa no podrá ser en modo alguno degradante ni humillante; 2. Toda la ropa se mantendrá limpia y en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para cuidar la higiene; 3. En circunstancias excepcionales, cuando el recluso salga del establecimiento penitenciario para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o algún otro vestido que no llame la atención.

Evidentemente que la forma como sacan a estos privados de libertad a barrer las calles uniformados y con fuerte custodia militar va completamente en contra de la normativa internacional que rige la materia, independientemente del trabajo que salgan a realizar, deberían usar vestimentas normales o que al menos no llamen la atención, el preso cuando ya puede salir a trabajar fuera, no solo es que cumple los requisitos para hacerlo, sino que está en un proceso de adaptación para irse acostumbrando a la vida en libertad.

El presentarlos como un espectáculo callejero para nada ayuda a su futura reinserción, sino que se pierde la naturaleza del trabajo fuera del establecimiento para convertirlo en un vulgar circo, lo que le da a la actividad que realizan un carácter aflictivo, vejatorio, humillante a los presos, lo cual va en contra del respeto a sus derechos humanos.

Recuerdo que en los años 70 o 80, un Gobernador de Caracas, se le ocurrió sacar a las personas que estaban presas por la ley de vagos y maleantes, hoy afortunadamente derogada, con una braga anaranjada a barrer los alrededores de la plaza Bolívar, ocasionando en aquella época muchas críticas por ese triste espectáculo.

No sé si hoy en día el Ministerio Penitenciario trata de emular aquella época que ellos tanto critican y exhibir a los presos como su gran trofeo, o si lo que buscan es enseñarles a los ciudadanos, que esa es la gente que nos tiene preparada para atacarnos sino acatamos las decisiones de la dictadura venezolana.

 

@cnietopalma