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Hoy serán presentadas la periodista y las dos abogadas detenidas en la protesta de trabajadores mirandinos

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Este martes se les practicaron exámenes forenses y se le prácticó la reseña ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a la periodista y las dos abogadas de la Gobernación del estado Miranda que fueron detenidas el lunes durante una protesta que fue reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional (GN) en Los Teques.

Pasadas las seis de la tarde de este martes, aún no se había dado inicio a la audiencia en el tribunal de control que llevaría la causa, donde se les imputarían los delitos de alteración del orden público y obstrucción de la vía pública. De las cinco mujeres detenidas, continúan en el comando de la GN Oscaremys Bello, de profesión periodista, y las abogadas Rina Díaz y Lorena Delgado.

Las tres quedaron retenidas en el puesto comando de la GN en las adyacencias del Inof, en el Paso, Los Teques. También la GN retuvo tres motos de la Gobernación de Miranda. Lisset Luque y Jayka Carpio fueron dejadas en libertad la mañana de este martes por temas de salud.

La audiencia estaba pautada para las 10 am y no había comenzado al darse esa hora.

Represión también fue protagonista en el interior este #22Jul

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También en el interior del país la represión hizo de las suyas, en el estado Lara, el alcalde del municpio Iribarren, Alfredo Ramos, denunció que efectivos de la Guardia Nacional amedrentaron a manifestantes en la Plaza La Justicia de Barquisimeto y golpearon salvajemente a algunos.

También se conoció que el reportero gráfico del periódico La Prensa, Luis Díaz Key, fue agredido y posteriormente hospitalizado con un par de costillas rotos. Además le robaron su instrumento de trabajo y pertenencias personales.

El Ministerio Público designó al fiscal 21 de Lara para indagar en los sucesos que involucraron al fotógrafo.

Por su parte, el alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, denunció el allanamiento sin orden por parte de la GN en las residencias Las Palmeras.

Asimismo, el diputado Carlos Paparoni denunció fuerte represión en Santa Cruz de Mora (Mérida).

 

El poder de la no violencia, por Roberto Patiño

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La protesta y la manifestación que han signado los últimos ochenta días de la realidad nacional, son la expresión de descontento  y la exigencia de cambio y soluciones que reclama la inmensa mayoría del país. Lo que comenzó como un rechazo a la ruptura del hilo constitucional se ha transformado en una expresión mayoritaria de reclamo frente a la situación de crisis que el régimen propicia para su beneficio y el de la cúpula que lo lidera.

En la actualidad hay un reconocimiento generalizado de los venezolanos de que la permanencia del régimen y su modelo atenta directamente en contra de sus necesidades y el futuro del país. Y hoy en las calles se materializa ese reconocimiento.

La protesta ha sido reprimida con brutalidad por el gobierno, que ha buscado criminalizarla, asociando a los marchantes a complots y grupos desestabilizadores. Pero grandes sectores del país protestan en comunidades, urbanizaciones y localidades lo que ha forzado al régimen a criminalizar al mismísimo descontento. A criminalizar a la gente.

Hemos visto como grupos paramilitares y sobre todo la GN, hostigan a civiles en ataques y redadas a edificios y comunidades, al igual que un ejército invasor.  Lo sucedido el miércoles pasado en la urbanización Los Verdes, en El Paraíso, es una muestra de esto. ¿Son los residentes de Los Verdes miembros de una fuerza insurgente?  ¿Esos hombres y mujeres, jóvenes y niños, profesionales, trabajadores y estudiantes, pertenecen a una banda terrorista?  No. Son, como el resto de los venezolanos, víctimas de un grupo violento que, para permanecer en el poder, ha decidido someter a la población a sangre y fuego, aterrorizando, hiriendo e incluso matando.

Con la implantación de la constituyente, el régimen conduce al país a una confrontación violenta entre gobierno nacional y población civil, a una aberración moral e histórica sin precedentes. Al verse imposibilitados de ganar una elección, declaran la guerra al pueblo. Ahora los venezolanos nos enfrentamos  a un aparato represor y bélico, que ha causado la muerte de más de setenta  personas, hiriendo y deteniendo ilegalmente a más de un millar más, y que actúa con la mayor impunidad, apoyado por instituciones de un Estado secuestrado.  

Creemos que se abre una nueva etapa en la protesta en el que debemos rechazar las vías violentas frente al proceder criminal establecido por el gobierno y que tanto dolor y humillación está causado al país. Es muy profundo el daño a la convivencia y las heridas que en la sociedad está causando el uso de fuerzas policiales y militares para reprimir a la población, así como los actos violatorios de derechos humanos que cometen impunemente desde funcionarios públicos hasta grupos paramilitares. Y no puede negarse el reclamo que invade a muchos de enfrentar esta violencia con una similar, o aún mayor, para poder imponerse al gobierno.

Ante esto señalamos que, más allá de consideraciones éticas y morales fundamentales, los escenarios violentos solo tienen como consecuencias la continuidad de la dictadura, el desgaste de la protesta y la permanencia de la conflictividad. Están siendo implementados por el núcleo más radical del régimen que busca argumentos para establecer estados de emergencia y tener bases con las que llevar a cabo acciones como la de la constituyente para “recuperar la paz y la normalidad en el país”.  También busca fortalecer la narrativa de “defensa ante grupos terroristas y desestabilizadores”, que actualmente desarrolla y que estigmatiza desde manifestantes hasta amplios sectores de la población general. Recordemos los hechos sucedidos recientemente en Turquía, en las que revueltas violentas y armadas fueron aprovechadas por Erdogan para implantar un régimen autoritario.

Creemos que debemos actuar desde la no-violencia sin ingenuidades ni falsos optimismos, ya claros ante la brutalidad y estrategias bélicas usadas por el régimen, potenciando los aspectos fundamentales que dan fuerza a la protesta: la diversidad y contundente mayoría de toda una población que rechaza al gobierno y su modelo, el carácter nacional, espontáneo y continuo de la manifestación, y la exigencia general de soluciones inmediatas a los graves problemas de la crisis, impulsada por el madurismo.  

Las realidades de hostigamiento, desventaja y uso de fuerza armada por parte de un Estado opresor, que estamos enfrentando han sido experimentadas por distintas sociedades en el mundo y en ellas ha sido fundamental la aplicación de estrategias no violentas para sostener la lucha y obtener resultados exitosos. Desde el movimiento de derechos civiles en EUA hasta la lucha contra el Apartheid, la lucha no violenta permitió sumar sectores nacionales e internacionales al reclamo e implementar acciones que pudiesen contrarrestar la superioridad armada del orden opresor. Los ejemplos del movimiento Solidaridad contra la dictadura comunista en Polonia o del movimiento Otpor contra el régimen autoritario de Milosevic en Serbia, también nos muestran la efectividad de la lucha no armada, en el logro de condiciones que posibiliten no solo la salida de sistemas dictatoriales sino la gobernabilidad posterior y la implementación de medidas para la recuperación y rescate del país.

La estrategia de la no violencia nos permite captar a los sectores descontentos y traicionados frente al sectarismo y la división auspiciados por la dictadura. La ruta violenta hacia la constituyente en la que se ha enrumbado el núcleo radical del régimen, es una amenaza que los sectores democráticos y moderados dentro del chavismo y el gobierno, están reconociendo. Las actuaciones de la fiscal general, así como los pronunciamientos de magistrados del TSJ dan cuenta de ello. Incluso la renuncia al mando del Consejo de Defensa de la Nación del general Alexis López Ramírez, habla del desencuentro interno frente a la catástrofe dictatorial y llama la atención sobre las repercusiones de ese gesto no violento de un hombre formado para las armas. La lucha no violenta da argumentos, y crea las condiciones necesarias, para que sigan sucediendo y sean aprovechados este tipo de actuaciones.

La protesta va a seguir. Expresa el reclamo popular contra del régimen, y el rechazo a la tragedia de someterse a su modelo criminal.  Es nuestra voz, que ya no puede ser acallada. La no violencia es fundamental para que esa voz sea más fuerte, se reproduzca en todos los rincones del país y logre materializar los cambios que con tanto sacrificio, valor, y coraje está exigiendo.

 

@RobertoPatino

En dos semanas de protesta han sido detenidas 23 personas en Maturín

SORTEAR CAMINOS, ESTO ES LO QUE HAN TENIDO que hacer las madres y esposas de los reclusos en los centros de detención preventiva de Maturín, estado Monagas, para atender sus necesidades desde que comenzaron las protestas de la oposición hace más de 45 días para exigir la restitución del hilo constitucional, la destitución de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la liberación de los presos políticos y el rechazo a la convocatoria a la Asamblea Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro.

El cierre de la avenida Juncal por parte de los seguidores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el despliegue de funcionarios de la Policía del estado Monagas y de efectivos de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar y calles aledañas ha hecho que los transportistas se desvíen de su ruta habitual y el tráfico se congestione.

Por lo general las personas que se desplazan en transporte público deben atravesar la avenida Bolívar, la Bicentenario y luego pasar por la Bella Vista para llegar hasta la sede de Polimonagas, pero cuando se toma el centro los transportistas deben circular las calles transversales.

Entregar el almuerzo a las 11:00 AM no es posible cuando el centro es tomado a las 9:00 de la mañana y cerrado en su totalidad a las 10:00 AM. “Quien no sale de su casa a las 8:00 de la mañana está fregado porque después no hay acceso”, contó Ana Bermúdez, familiar de un privado de libertad en la Policía del estado Monagas, ubicada en la avenida Bella Vista, en la zona oeste de la ciudad, y para quienes viven en las zonas este, norte y sur de la ciudad deben pasar por el centro para llegar hasta este lugar.

La identidad de Ana es ficticia, porque pidió mantenerse en el anonimato en vista de que su esposo está detenido por homicidio.

El 19 de abril resultó para ella toda una odisea, pues Maturín amaneció congestionada con la toma de la ciudad en seis puntos. El desayuno no llegó a las 8:00 de la mañana y el almuerzo, como fue previsiva, lo llevó junto a la otra comida porque sabía lo de la toma. “Menos mal que lo hice así porque sino él no hubiese tenido qué almorzar”, mencionó.

Adentro, en las celdas, saben lo que ha ocurrido no solo en la capital de Monagas sino en el resto del país. Tienen conocimiento porque se las ingenian para tener celulares y es a través de la tecnología o de mensajes de texto que saben lo que ocurre. También sus familiares les informan sobre el acontecer diario.

La Policía del estado Monagas tiene una capacidad para albergar a 80 reclusos y para el primer trimestre de este 2017 estaban recluidas 400 persona, de ellas 10 mujeres y 390 hombres. El número de detenidos no ha aumentado desde que comenzaron las protestas en la entidad, el 4 de abril, sino por los procedimientos que sus funcionarios han efectuado además de otros organismos -como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Piar, en el norte del estado, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Guardia del Pueblo (GP)-, pues no tienen celdas para su reclusión.

En promedio, a los calabozos de Polimonagas entran al día cuatro detenidos de los que son acusados por sus víctimas o son arrestados en flagrancia. Desde el 4 de abril al 19 de mayo han ingresado 180 personas, de ellas dos mujeres. Con esta cifra, la cantidad de arrestados en este centro de detención preventiva asciende a 580.

Pese a que los familiares han indicado que hacen lo posible por entregarles los alimentos a los reclusos, existe otra realidad y es la de aquellos hombres que han sido trasladados desde otros estados y no tienen familiares que los alimente en la entidad. Fuentes policiales aseguran que, al menos, 10% de los 580 detenidos, es decir el equivalente a 58 detenidos; sufre por alimentación.

Este porcentaje de reclusos se alimenta de lo poco que pueden conseguir con el aporte de los demás compañeros.

La situación en cuanto a la cantidad de privados de libertad no ha sido igual en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde fueron trasladados los detenidos en la manifestación del pasado 19 de abril. Allí pasaron de tener 100 personas a 118 durante tres días, el tiempo necesario para que los detenidos fueran presentados ante un tribunal. Luego fueron liberados 17 y una persona quedó privada de libertad, pero en los calabozos de la Policía Municipal de Maturín. Sobre el Cicpc hay que destacar que no tiene calabozos y que los arrestados son recluidos en un pasillo.

Detenidos en protestas

En dos semanas de protestas continuas en Maturín fueron detenidas 23 personas, según cifras del capítulo Monagas del Foro Penal Venezolano. Cinco de ellas fueron apresadas durante Semana Santa por efectivos de la Guardia Nacional (GN) cuando tomaron la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Juncal.

Pero el restante, es decir 18, fueron arrestadas el pasado 19 de abril también por la GN. En principio, trasladados hasta la sede del Comando de Zona 51 y luego hasta el Cicpc.

El jueves 20 de abril fueron liberadas 11 personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años de edad cada uno, mientras que siete seguían detenidas para el viernes 21 de abril. El motivo: la jueza tenía mucho trabajo y no quiso atenderlos, denunció un familiar que prefirió el anonimato en vista de que su hijo no ha sido procesado.

La madre de un muchacho de 24 años de edad apresado el 19 de abril, que era la primera vez que salía a marchar, mencionó que lo procesaron por alteración del orden público. Contó que desde el momento de su detención, en la noche pudieron pasarle alimentos y que todos los detenidos en la manifestación permanecieron aislados del resto de los reclusos.

Sobre las siete personas que quedaron bajo régimen de presentación, el Foro Penal denunció irregularidades en las actas procesales. Explica que las actas fueron hechas por el Cicpc y no por el organismo que practicó el arresto que en ese caso fue la Guardia Nacional. Además, los detenidos no permanecieron en las sedes de los organismos actuantes, sino que fueron trasladados hasta la sede del Cicpc.

Seis de las siete personas quedaron con libertad condicional mientras que el profesor de la Universidad de Oriente (UDO), Yoel Bellorín, se encuentra privado de libertad y según afirmó el Foro Penal se trata de un preso político, pues Bellorín es dirigente de la MUD. El coordinador estadal de esa ONG, José Armando Sosa, sostuvo que Bellorín fue maltratado para coaccionarlo a declarar contra otros dirigentes políticos para inmiscuirlos en los hechos del 19 de abril.

“Se está tratando por medio de organismos de un Estado democrático de obtener, bajo coacción, declaraciones para afectar a adversarios políticos y eso no es llevar la vida de un país en paz”, declaró recientemente Sosa a El Pitazo.

Con información de Una Ventana a la Libertad 

 

Colectivos: Los mercenarios de la Revolución Bolivariana

CON PREOCUPACIÓN AFIRMAMOS QUE VENEZUELA vive hoy un escenario de violencia política que no tiene precedentes en nuestra historia reciente, ya sea por su duración o por la cantidad de víctimas mortales, heridos y pérdidas materiales que se han registrado en más de 50 días de protesta masiva en todo el territorio nacional. Impulsadas por los diputados opositores, estas acciones se iniciaron a principios del mes de abril con el fin exigir el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, en cuanto al respeto a la Asamblea Nacional, la ejecución de un calendario electoral, liberación a los presos políticos y la apertura de un canal humanitario que permita que lleguen al país alimentos y medicinas para paliar la escasez de estos insumos básicos en el país.

Hasta esta última semana de mayo, el Ministerio Público había registrado más de 55 muertos, más de 1.000 lesionados y 346 bienes afectados. Por su parte, Consecomercio estima más de 300 comercios afectados, pérdidas superiores a $50 millones de dólares, así como 10 mil puestos de empleo entre directos e indirectos en riesgo, como consecuencia de los saqueos registrados en diferentes entidades del país en casi dos meses de protestas.

Los actores: Por un lado, un numeroso sector de la población que se opone al gobierno nacional encabezado por diputados, líderes y militantes de partidos de oposición; sociedad civil (jóvenes, adultos, adultos mayores, religiosos, músicos, amas de casa, entre otros), que acuden a las marchas convocadas por la Unidad para protestar por la situación del país y exigir respeto a la Constitución.

Por el otro, Cuerpos de Seguridad del Estado (GN, PNB, Sebin) y algunos componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), con frecuencia apoyados en la acción de grupos civiles armados, denominados “colectivos”, como se ha registrado en numerosos vídeos y fotografías difundidas por las redes sociales y algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Para Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado: “Estos grupos de choque que actualmente están trabajando en crear caos en el marco de las protestas pacíficas de la oposición, son grupos mercenarios extraídos de alguna manera de los cuerpos de seguridad del estado o de algún colectivo o megabanda que son pagados para generar este tipo de violencia. Consideramos que entran en un esquema que se asemeja más al terrorismo mercenario que se han dado en algunos países de Europa y África, pagados por intereses que buscaban en esos contextos crear el mismo caos y ese tipo de violencia que actualmente se vive en el país”.

Con información del Observatorio de Delito Organizado

 

 

Lilian Tintori denunció que Leopoldo López está incomunicado

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Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana apostados a la entrada de la cárcel militar de Ramo Verde mantienen retenidas e incomunicadas a Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, esposa y madre del líder político y preso de consciencia, Leopoldo López, tras negarles la visita este viernes.

A gritos y retenida detrás del inusual operativo militar que mantiene acordonados los accesos a la cárcel militar de Ramo Verde, Tintori denunció que efectivos de la Guardia Nacional las mantienen incomunicadas, sin permitirle visitar a López ni retirarse del lugar; tampoco que le entreguen su teléfono celular para realizar una llamada.

Aseguró que continuarán esperando que se respete el derecho a la visita y pidió a los diputados presentes que se comunicaran con el defensor del pueblo, Tarek William Saab, para que le informaran tanto su situación, como la continuidad del asilamiento contra Leopoldo López.

“No me deja pasar a ver a Leopoldo. No me dicen por qué. Me dijeron que no puedo ver a Leopoldo. Estamos aquí en Ramo Verde desde temprano esperando que nos dejen pasar y nada, tenemos un mes sin saber de Leopoldo, porque tampoco han dejado pasar a sus abogados”, informó la activista de derechos humanos quien junto a su suegra lleva más de cinco horas retenida en el lugar.

Los diputados Gaby Arellano, Adriana Pichardo, Delsa Solórzano, Richard Blanco, Henry Ramos Allup, se encuentran al otro lado del piquete militar solidarios con los familiares de López. Para esta tarde han previsto una sesión de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional, la cual se realizará en el barrio de Ramo Verde, frente al piquete de la Guardia.

Como se recordará, para este viernes fue convocada una marcha hacia Ramo Verde para exigir la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. La protesta pacífica arrancó desde la redoma de Los Salias pasadas las 10 am, siendo obstaculizada en varios sectores de la carretera panamericana por seguidores del oficialismo. Sin embargo, esto no impidió que desde los diversos puntos de convocatoria los venezolanos lograran llegar a Ramo Verde para expresar su respaldo a la lucha de López.

Indígenas cambian ruta a Caracas por bloqueo de la GN y el Sebin

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Foto: Twitter

 

Funcionarios de la Guardia Nacional y del Servicio Bolivariano de Inteligencia bloquearon el paso a un grupo de personas, entre ellos indígenas, que desde el miércoles caminan de Puerto Ayacucho al estado Apure, como parte de su ruta para participar en la “Toma de Caracas”, el 1° de septiembre.

Los efectivos policiales les obstaculizaron el paso cuando iban a cruzar en chalana el río, desde el Burro (Bolívar) hasta Puerto Páez (Apure).

La diputada suplente por Amazonas, Mauligmer Baloa, informó que los funcionarios desviaron las chalanas y no permitieron que las 1.500 personas que acompañan a los diputados y al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, cruzaran el río para llegar a la meta de hoy, el estado Apure.

“No tenemos transporte, pero vamos a llegar a Caracas”, aseveró Baloa. A pesar de estar rodeados de militares y funcionarios del Sebin, se están dispersando para buscar otras rutas y llegar a Caracas caminando, en cola o “como sea”.

Los adultos mayores no seguirán la caminata porque dirigirse a Caracas por otra ruta del estado Bolívar es más lejos. Indígenas, mujeres y jóvenes se prepararon para continuar con La Toma de Caracas que empieza por Amazonas. “Pedimos a la comunidad que cuando vean a una persona con una camisa que diga Amazonas, le den la cola. Poco a poco llegaremos”, destacó Baloa.

 

 

Protestaron en Maturín por falta de comida

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Habitantes de distintas parroquias de la capital de Monagas, cerraron este jueves la Avenida Bicentenario en la ciudad para exigir la venta de comida, frente a un comercio asiático.

Las personas alegan que ya tienen más de 24 horas esperando por la llegada de productos de primera necesidad y el camión nada que aparece, por lo que decidieron trancar la calle para exigir resuelvan la falta de alimentos.

Un contingente de la Guardia Nacional (GN) se mantiene en el sitio al igual que comisiones de la policía del estado. El centro está cerrado por la manifestación.

 

Detienen a dirigente de VP Monagas durante protesta por comida

 

Manuel Núñez, dirigente juvenil de Voluntad Popular (VP) Monagas, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional (GN) durante la protesta por comida que se realizó frente a la gobernación, en la calle Monagas del centro de Maturín.

Las personas denuncian que el joven fue agredido por los funcionarios y que se lo llevaron a empujones hasta la patrulla, desde donde fue trasladado hasta el comando de la guardia. Otras cuatro persona fueron detenidas y una de la tercera edad herida en la cabeza.