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HRW denunció que en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por cuerpos policiales

Reiteraron además que en Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos

La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración.

HRW indicó en su reporte mundial del año 2021 que el gobierno venezolano también ha «encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes».

«La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos», aseguró Human Rights Watch.

Según el reporte mundial, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha identificado «patrones de violaciones y crímenes que eran parte de un ataque generalizado y sistemático», lo que lleva a calificarlos como crímenes de lesa humanidad.

Continúa la persecución de opositores políticos

Durante 2021, el gobierno de Maduro encarceló a opositores políticos y los inhabilitó para postularse a cargos públicos.

Según informa Foro Penal, hasta el 25 de octubre, había 254 presos políticos en Venezuela.

«Aunque algunos detenidos fueron liberados o trasladados de centros operados por servicios de inteligencia a cárceles comunes, sigue habiendo una “puerta giratoria” y nuevos críticos son sujetos a procesos penales arbitrarios», reiteró Human Rights Watch.

Una de las detenciones más comentadas fue la de Freddy Guevara, miembro del partido Voluntad Popular, el 12 de julio de 2021. El Estado alegó que Guevara, junto con pandillas, había participado en un tiroteo con policías en Caracas, en La Cota 905. Fue acusado de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.

Estuvo incomunicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hasta el 15 de agosto y fue liberado tras la primera ronda de negociaciones en México, bajo la condición de que se presentara ante la justicia cada 30 días.

En 2020, la Oficina de la ACNUDH informó sobre «presuntos casos de tortura y maltrato» que incluían golpizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo y estar esposado por períodos prolongados.

«De las 15.756 personas detenidas arbitrariamente desde 2014, 9.406 habían recibido libertad condicional a julio de 2021, pero seguían sujetas a procesos penales, y 872 habían sido enjuiciadas en tribunales militares, según Foro Penal», indicó el reporte mundial de HRW.

De acuerdo a Human Rights Watch, en junio de 2021, la Oficina de la ACNUDH informó que seguían ocurriendo torturas, maltratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Ejecuciones extrajudiciales y OLP

Human Rights Watch señaló que otra de las formas de violencia que se llevan a cabo en Venezuela son las ejecuciones extrajudiciales.

HRW aseguró que entre 2016 y 2019, funcionarios de cuerpos de seguridad asesinaron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. En junio de 2021, la ACNUDH informó que, a pesar de una leve disminución, las muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad continuaban.

«Muchas de estas muertes eran consistentes con patrones de ejecuciones extrajudiciales», señaló el reporte mundial de HRW.

De acuerdo a la organización, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de policía especializado, han «matado y torturado a residentes de zonas de bajos recursos, sembrando el miedo y ejerciendo control social sobre estos sectores».

Human Rights Watch recordó que anterior a esto, se llevaron a cabo las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), redadas llevadas a cabo por fuerzas militares y policiales en comunidades populares entre 2015 y 2017. 

«De ellas surgieron denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y desalojos forzados», afirmó la organización.

Grupos armados en estados fronterizos

La organización reiteró que en Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos.

HRW denunció que en Apure, estos grupos «usan métodos brutales para imponer toques de queda, prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio» y normas que regulan las actividades cotidianas.

«Estos actos casi siempre quedan impunes, y los residentes señalan que funcionarios de cuerpos de seguridad y autoridades locales a menudo actúan en connivencia con grupos armados», dijo la organización.

De acuerdo al informe de HRW, a partir de marzo de 2021, funcionarios de cuerpos policiales cometieron «abusos aberrantes contra residentes de Apure» durante un operativo contra una disidencia de las FARC conocida como Frente Décimo Martín Villa.

«El operativo resultó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles en tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados», indicó la organización.

Continúa la impunidad

HRW denunció que en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por cuerpos policiales con el conocimiento de las más altas autoridades del país.

La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU informó en septiembre de 2021 que las autoridades judiciales han sido cómplices de los abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales y no proteger a las víctimas de torturas.

«Los jueces permitieron que hubiera demoras procesales significativas e interfirieron con el derecho de las personas a elegir sus propios abogados», reiteró la Misión de la ONU.

El Ministerio Público informó que, entre agosto de 2017 y mayo de 2021, 716 funcionarios fueron acusados de delitos vinculados con violaciones de derechos humanos, 1064 fueron procesados, 540 detenidos y 153 condenados.

Según HRW, la Misión de Determinación de los Hechos señaló algunas discrepancias en las cifras proporcionadas por las autoridades venezolanas y concluyó que no había evidencia de que las autoridades estuvieran realizando investigaciones para determinar la responsabilidad por abusos en los niveles superiores de la cadena de mando.

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En la masacre de El Ripial fueron ejecutadas extrajudicialmente cinco personas en el estado Apure por parte de la FANB y FAES

@ValeriaPedicini

Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez y Julio César Jiménez. Los primeros cuatro eran parte de una misma familia. El quinto era panadero. Todo eso conjugado en pasado. 

El 25 de marzo de 2021 fueron asesinadas, presuntamente, por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras ser acusados de ser “guerrilleros”.

Las cinco ejecuciones extrajudiciales se perpetraron en la zona fronteriza de Apure. Las víctimas fueron llevadas con signos vitales al barrio 5 de julio de La Victoria. Pero aparecieron muertos en El Ripial. 

Según organizaciones defensoras de derechos humanos esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión. 

“Pareciera que se quiere reeditar la masacre de El Amparo, un hecho similar donde las Fuerzas Armadas asesinaron a civiles y luego pretendieron decir que eran guerrilleros», indicó Javier Tarazona de Fundaredes a una entrevista en TalCual en mayo de 2021. 

Además de la ejecución de las 5 personas, perpetrada por presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, se han procesado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos y allanamientos arbitrarios. 

Violaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad

Las organizaciones Fundaredes, Provea y Fundación El Amparo condenaron a dos meses de haber ocurrido la masacre que el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, no haya presentado avance de las investigaciones que dijo se iniciaron dos días después del suceso.

“A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure”, expresaron las organizaciones.

Al día siguiente de lo ocurrido, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab anunció que envió una comisión del Ministerio Público para investigar la masacre luego de que los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos realizaran la denuncia.

A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Tarek William Saab sigue en silencio, así como el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure. 

“Hasta el momento en los sucesos de Apure, el defensor del Pueblo guarda un silencio que estremece. Así lo hizo con la masacre de La Vega. ¿Callará nuevamente? Las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad”, indicó Marino Alvarado, coordinador de Provea. 

Ninguno de los presuntos responsables ha sido procesado.

Entre los señalamientos del defensor de derechos humanos, menciona que se debe abrir una investigación a la cadena de mando. “Debe investigarse a quienes accionaron el gatillo, quienes dirigieron y los altos mandos militares que coordinaban las operaciones”. 

“El lamentable silencio hasta ahora mantenido por quien dirige el Ministerio Público justifica aún más las investigaciones que adelanta la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en los últimos años. La no actuación del sistema de justicia en el país impone la necesaria actuación de las instancias y mecanismos internacionales”, afirmó Provea. 

Entre el 8 y 9 de enero de 2021 fueron asesinadas 14 personas, según registros del Monitor de Víctimas, en un operativo policial en la parroquia. Durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, expresó que los asesinatos siguen impunes

Caracas. En un año Miyanllela Fernández no ha olvidado ningún detalle del asesinato de su hijo mayor, Richard de Jesús Briceño Fernández. A las 9:00 a. m. del viernes 8 de enero de 2021, el joven recibió dos disparos, que ella escuchó mientras unos funcionarios la retenían dentro de su casa. 

“Lo arrodillaron frente a la casa de mi vecina y yo gritaba que no se arrodillara. Le supliqué a los funcionarios, les decía que él era sano y no quería que se muriera desangrado. Lo mataron en mi cara”.

Una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entró a la casa de Miyanllela, donde había dos menores de edad, entre ellas la hija de Richard, de un año y medio. Sacaron al joven, aunque él les explicó que trabajaba en una cauchera y no era delincuente. A las cuatro mujeres que estaban dentro de la casa las retuvieron los efectivos. 

Cuando Miyanllela volvió a ver a su hijo los funcionarios lo trasladaban al hospital Pérez Carreño. Y en la escena del suceso vio cómo ponían un arma y casquillos para simular que él se enfrentó a las autoridades. Al día siguiente confirmó que el cadáver de su hijo estaba en la morgue del centro asistencial. “Entré de nuevo a mi casa, lloré, grité, maldije, me volví loca. Luego salí a buscar a mi hijo al hospital. No me importaba que en todo el barrio hubiesen tiros por todos lados y pudiera recibir una bala perdida. Ya me habían quitado la vida, todo”.

Richard tenía 23 años. Su nombre figuró en la lista de personas asesinadas, e identificadas por sus familiares, en una masacre durante un operativo policial en La Vega, entre el 8 y 9 de enero de 2021. El Monitor de Víctimas confirmó la muerte de 14 personas, mientras que la organización Provea aseguró que se trató de 23 víctimas. 

El Manual de clasificación de delitos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros.

La incursión de comisiones mixtas en la comunidad se efectuó para capturar a miembros de grupos criminales que operaban en la zona. Crónica.Uno conoció, a través de testimonios anónimos de vecinos, que desde diciembre de 2020 presuntos miembros de la megabanda del Coqui estaban en la zona. 

La megabanda liderada por Carlos Luis Revette, apodado el Coqui, junto con Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón, conocido como el Vampi, operaba en la Cota 905, El Cementerio, El Valle y, según expertos en criminología, tenían aliados en los estados Miranda y Aragua.

En los meses posteriores a la muerte de Richard, Miyanllela se topó en varias ocasiones con el funcionario que, presuntamente, le disparó a su hijo y con otros dos efectivos que estaban en el lugar. Su nietas, de cinco y dos años, se ponen nerviosas cuando ven a hombres identificados con uniforme policial. 

Tiene rabia. Habla con indignación cuando se refiere al caso de su hijo mayor. “Si yo hubiese sabido que a mi hijo lo iban a matar, la primera que lo hubiese sacado de ahí hubiese sido yo. Si él fuese delincuente, no se quedaba en la casa esperando que llegaran ellos (las FAES) a matarlo”.

La madre esperó seis días para enterrar a Richard. Los trámites en la medicatura forense de Bello Monte se demoraron. Una comisión policial escoltó el cadáver del joven hasta el cementerio de El Junquito, donde Miyanllela consiguió una fosa prestada. No hubo oportunidad de velorio. 

“El cuerpo de mi hijo salió de la morgue al cementerio escoltado como si fuese el Chapo Guzmán”. 

Amnistía Internacional hizo una investigación a través de fuentes abiertas de la masacre en La Vega, entre el 6 y el 9 de enero de 2021, y concluyó que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. 

De acuerdo con Marino Alvarado, director de investigación de Provea, un año después ningún funcionario policial que participó en el operativo, o de la cadena de mando, es investigado por la masacre de La Vega. “Reina la impunidad”, dijo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales” de Provea. 

El párroco de la parroquia La Vega, padre Alfredo Infante, añadió que luego de que los vecinos protestaron por el derecho al agua potable y otros servicios públicos fueron objeto de operativos policiales que ocasionaron los enfrentamientos entre bandas y fuerzas del Estado.

“Se constató que muchas de las personas fueron ejecutadas y no estaban involucradas en la confrontación ni pertenecían a las bandas. Hasta el día de hoy la masacre se mantiene en total impunidad”.

Familiares de otras víctimas relataron que, presuntamente, los funcionarios entraron a sus viviendas y sacaron a los jóvenes, luego simularon enfrentamiento. En el operativo también se registraron algunos robos de pertenencias de las viviendas a las que ingresaban los uniformados.

En enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insistió al Estado venezolano en su recomendación de disolver las FAES e investigar las muertes que ocurrieron en La Vega, así como a sancionar a los responsables.

Meses de balaceras en La Vega desplazaron a vecinos

Posterior a la masacre de La Vega, las bandas continuaron con el control de la zona e inició una serie de balaceras en el sector, aproximadamente desde abril, que se incrementaron con el paso de los días e hicieron que los vecinos vivieran una pesadilla.

Testigos consultados por Crónica.Uno contaron que los presuntos delincuentes habían construido garitas en la zona montañosa del sector El Carmen, en La Vega, así como trincheras, desde donde disparaban hacia la parte baja cuando veían a algún funcionario acercarse. 

Los tiroteos cada vez fueron más frecuentes y los vecinos comenzaron a desplazarse a casa de familiares o amistades en otras zonas de Caracas, o fuera de la capital, por temor a que una bala perdida entrara a sus viviendas, como le sucedió previamente a varios habitantes.

El asesinato de Leonardo Polanco, apodado el Loco Leo, y líder de la banda homónima aliada de la megabanda de la Cota 905, que operaba en El Valle, desencadenó casi tres días de conflicto armado que paralizó al menos cinco parroquias de Caracas. Cifras oficiales indicaron que fallecieron 22 supuestos delincuentes en presuntos enfrentamientos, 12 de ellos estaban identificados.

Durante este conflicto armado de casi 72 horas, Crónica.Uno conoció de personas que se desplazaron de sectores de La Vega, la Cota 905, El Cementerio y Coche, pues los funcionarios habían tomado las comunidades y temían por la vida de los jóvenes de las familias. 

Jóvenes de zonas populares víctimas de ejecuciones extrajudiciales

El párroco Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, sostuvo que un indicador de las ejecuciones extrajudiciales es que la mayoría de las víctimas son jóvenes, masculinos y de sectores populares. “Esa combinación de joven, más masculino, más origen popular es igual a criminal hasta que no se pruebe lo contrario, sumado a la idea de que el criminal en este país no tiene derechos humanos y por tanto el joven de origen popular, considerado criminal o potencial criminal, es enemigo público y merece la muerte”, sostuvo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”.

Lupa por la Vida, un proyecto del Centro Gumilla y Provea, arrojó que en el año 2020 los operativos policiales fueron más letales que la pandemia de COVID-19. Según el monitoreo nacional de ejecuciones extrajudiciales del proyecto, la violencia institucional y militar provocó el asesinato de 7180 personas, desde enero 2015 hasta junio de 2021.

Un año después de la masacre de La Vega, y seis meses después de las balaceras que paralizaron cinco parroquias de Caracas, los habitantes temen que las bandas criminales regresen a tomar el control.

Un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está asesinando a mansalva su presente

@miconvive

Venezuela se ha caracterizado históricamente por la implementación de operativos policiales que buscan abordar la violencia y que progresivamente resultan en violaciones de derechos humanos.

La “Operación Vanguardia” en el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974); el “Plan Unión” en la presidencia de Luis Herrera Campíns (1981); el “Acto Seguridad 84” implementado en la gestión de Jaime Lusinchi (1984-1989) o la creación, en los años 90, de los grupos de la Policía Metropolitana, conocidos como “Pantanero” y “Fénix”. Todos fueron planes de seguridad donde, en teoría, se buscaba prevenir y disminuir la violencia. Pero existieron denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión a civiles, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza letal.

Durante esos años, según cifras del Ministerio Público y otras fuentes, hubo una tasa promedio de letalidad policial que se mantuvo por debajo de 4 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad por cada 100.000 habitantes.

Estas cifras se elevarían de formas alarmantes luego de 1999, con la elección presidencial de Hugo Chávez: luego de su toma de poder, el país empezaría un proceso de cambios estructurales a nivel institucional, político y socioeconómico. En el marco de la prevención y reducción de violencia, el foco del gobierno de Chávez fue, en los primeros años, brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables y limpiar a los cuerpos policiales de las creencias colectivas de represión y abuso que arrastraban de décadas pasadas, resultando en una limitación de funciones y capacidades de actuación de estos (Briceño León, 2007).

Letalidad policial como política de Estado

Esto resultó en un ascenso de los índices de impunidad y de violencia homicida en el país −en específico en los años 2005 y 2006−: mientras que para 1998 por cada 100 homicidios había 118 arrestos, entre 2006 y 2009 hubo 8 arrestos por cada 100 homicidios. Naturalmente, se pensaría que estas limitaciones resultarían en instituciones policiales menos violentas y más mesuradas en términos de fuerza letal. Paradójicamente, la realidad fue que para el año 2003 hubo un aumento significativo en las tasas de letalidad policial (9 homicidios de la policía por cada 100.000 habitantes) y que, si bien en años posteriores disminuirían, Venezuela empezó a figurar entre los países con mayores índices de violencia policial de la región.

Ante esto, la respuesta de las autoridades de justicia fue la creación, en 2006, de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL). Esta iniciativa buscaba proponer una reforma integral de la legislación en materia de seguridad y establecer la preservación y protección de la vida como objetivo fundamental. Sin embargo, ni los altos cargos de gobierno ni los cuerpos policiales adoptaron dichas recomendaciones, por lo que su implementación no tuvo el impacto esperado. 

En el año 2008, el expresidente Chávez −a través de leyes habilitantes− realizó un decreto con rango valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, marcando así el nacimiento del nuevo modelo policial basado en la reforma. Para ese año, PROVEA registraría un aumento de 146 % en el número de personas asesinadas por policías o militares con respecto al 2007.

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Posterior a la primera década del siglo XXI, caracterizada por el intento de reforma y los aumentos de las cifras de letalidad policial, en el año 2010 se implantaría un nuevo operativo policial con la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual iniciaría un proceso de encarcelamiento masivo, dejando como consecuencia un incremento significativo en la población carcelaria que pasaría entre los años 2009 y 2011 de 30.483 reclusos a más de 50.000; la mayoría de los casos siendo jóvenes de sectores vulnerables entre 18 y 29 años arrestados por crímenes menores como consumo o microtráfico de drogas.

La saña de las OLP

El año 2015 se caracterizaría por el inicio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuales eran operativos policiales compuestos por diferentes instituciones policiales que, en teoría, buscaban luchar contra el crimen y las guerrillas, pero en la práctica incursionaban en sectores populares y cometían violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza traducido en ejecuciones extrajudiciales y torturas.

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Las OLP se diferenciaron de otros operativos policiales antes implementados en términos de letalidad policial, superando a todos en cifras y extensión. Esta transformación de una política dedicada a encarcelar masivamente a una donde la letalidad policial aumentó de forma dramática está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder (Zubillaga y Hanson, 2018) 

Y llegan las FAES

Según investigaciones del Ministerio Público de aquel momento, las OLP dejaron un saldo de 505 homicidios entre julio del 2015 y marzo del 2017. Si bien las denuncias de múltiples organismos internacionales y ONG locales obligaron a la administración de Maduro a desmantelar las OLP, el gobierno mantuvo la misma dinámica de represión y coacción a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad denominado como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado en abril del 2016 y presentado en julio 2017 por el presidente Nicolás Maduro.

Según cifras de Monitor de Víctimas, desde al año 2017 −año de creación de las FAES− hasta el 2021 se han registrado un total de 1513 casos de letalidad policial en el Área Metropolitana de Caracas, lo que supone el 36 % del total de homicidios en esos 4 años. De estos, 708 corresponden al accionar de las FAES.

Este uso excesivo de la fuerza en operativos policiales es una práctica que se remonta a décadas pasadas de la historia del país. Sin embargo, las cifras actuales no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. El deterioro institucional, las limitaciones formativas y las políticas de intimidación han configurado un contexto donde parece que la violencia policial la única forma de contención para la delincuencia y la seguridad en el país, afectando directamente a los jóvenes de las zonas más populares de la ciudad, privándolos del progreso y libre desenvolvimiento, quitándoles las posibilidades y creando un contexto de miedo permanente en las comunidades.

El poder del miedo

La actual crisis de seguridad en el país, caracterizada por las múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, no es más que el reflejo de una política de seguridad ciudadana que busca sedimentar, a través del miedo y el silencio, el control del gobierno de forma prolongada.

Que los jóvenes sean las principales víctimas y los policías los principales victimarios establece un contexto donde los jóvenes de zonas populares crecen con el miedo de ser ejecutados de forma espontánea por la policía. Esto crea un sentimiento de desconfianza generalizado y promueve estrategias de resguardo, como emigrar a temprana edad sin estudios que los respalden o la inclusión en organizaciones criminales que les hagan frente.

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Está comprobado que las políticas de “mano dura” no previenen ni reducen la violencia de forma efectiva. Más bien sedimentan los ciclos de violencia, creando una narrativa colectiva de desconfianza en las instituciones de justicia del país. El abordaje de la violencia debe ser coherente, tomando en cuenta los factores estructurales que promueven el involucramiento de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, en actividades delictivas.

La falta de oportunidades, los pocos incentivos a estudiar y las limitaciones de ingreso que padece la gran mayoría de las familias venezolanas, son algunas de esas limitaciones; un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está condicionando negativamente su futuro y asesinando a mansalva su presente.

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La reestructuración ordenada en la Policía Nacional puede ser una oportunidad de oro para corregir más de diez años de vicios, pero hasta el momento no hay señales que justifiquen algún optimismo

@javiermayorca

El 11 de octubre, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez emitió una resolución mediante la cual se otorga un lapso de seis meses para finalizar la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana.

Para el mes pasado, el Ejecutivo ya debía haber entregado el nuevo organigrama del principal cuerpo de policía preventiva del país, tomando en cuenta que el proceso fue iniciado en abril por decreto presidencial, vigente hasta la segunda semana de octubre.

Una de las razones para explicar este retraso fue el cambio del titular en Relaciones Interiores y Justicia, en agosto. Es claro que el nuevo ministro, el almirante en jefe Remigio Ceballos, no estaba empapado sobre los detalles de un proceso que él debía conducir, toda vez que este funcionario encabeza la denominada “comisión reestructuradora”.

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Pero ese no es el problema de fondo. Lo que más preocupa es el control del principal cuerpo civil armado del país. Aunque su pie de fuerza ha disminuido considerablemente −como ha ocurrido en las demás agencias preventivas−, es probable que actualmente supere los 20 000 hombres.

Desde su fundación en 2009 este cuerpo fue colocado como ejemplo de lo que debía ser el “nuevo modelo policial”, con uniformados que privilegiaran las tácticas de prevención, prestando más atención a la resolución de problemas, en un trabajo de proximidad con las comunidades. Mientras tanto, la represión a los delincuentes quedaría bajo la responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Este cambio, que algunos podrían ver como cosmético, generó suspicacias entre los expertos de la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). Por ejemplo, el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón se preguntaba cuál sería el trato que los agentes de la PNB darían a esa mayoría de la población que no comulga con lo “bolivariano”.

Desde entonces, la PNB, y por efecto de imitación el resto de las policías preventivas, han sido sometidas a continuas deformas. Por ejemplo, un servicio que se supone de carácter civil ha sido comandado desde sus albores por generales activos de la Guardia Nacional. La Inspectoría interna también es conducida por un oficial de ese mismo componente militar, aunque en “reserva activa”.

Según el proyecto inicial, la condición civil y hasta cierto punto “neutral” de esta policía debía ser acompañada por ciertos simbolismos, que iban desde el atuendo hasta los lemas utilizados. Pero, de la noche a la mañana, el uniforme azul (inspirado por cierto en el de la Policía Nacional de Nicaragua) fue cambiado por uno semejante al de los grupos tácticos urbanos, y mientras tanto las minutas eran finalizadas con la frase: “Leales siempre, traidores nunca”, a la que también acuden en la Fuerza Armada.

Otra deformidad importante fue introducida en 2017, con la creación de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que en sus cuatro años de existencia acumuló más de doce mil muertes, y se constituyó en lo que el criminólogo y abogado Fermín Mármol García describió como “una policía dentro de la policía”, con funcionarios que no estaban sujetos a la cadena de mando institucional.

El gobierno de Maduro se convenció de que los FAES podrían afrontar el desafío planteado por las megabandas, y que en teatros de conflicto también podrían complementar a las unidades similares de la FANB. En este último aspecto, lo sucedido en marzo en La Victoria (Apure) fue debut y despedida al mismo tiempo, cuando estos agentes fueron señalados por una masacre que suscitó profundo rechazo popular.

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FAES se convirtió en un lastre tan pesado para el régimen, que no pudieron esperar a que la comisión de reestructuración entregara sus recomendaciones finales. En esto, la exigencia de la alta comisionada para los DD. HH. de la ONU, Michele Bachelet, jugó un rol fundamental. De un plumazo, ordenaron el desmantelamiento de las células que tenían dispersas en casi todo el país, y los funcionarios fueron reasignados a otras unidades. Ahora, se llama como era hace cuatro años: Uote.

También se ha desdibujado la especificidad de los servicios policiales, a través de las llamadas “habilitaciones”, según las cuales los cuerpos preventivos tienen permiso del MRI para incorporar direcciones de investigaciones penales en sus estructuras. Del otro lado, la policía judicial, que se supone debería enfocar sus escasos recursos en las investigaciones de los delitos, desarrolla labores de entidades preventivas, por ejemplo, cuando adelanta campañas para la orientación de los compradores que utilizan el Facebook Marketplace o para evitar el maltrato animal. Esta mezcla de funciones fue caracterizada por Mármol como un “bochinche institucional”.

Cabría preguntarse entonces por qué el Ejecutivo ordena una nueva estructura para la Policía Nacional, cuando lo que existe ya es el resultado de sus propias decisiones.

En un conversatorio sobre reformas policiales efectuado en octubre, el ex viceministro de Seguridad de Costa Rica, Max Loria, observó que los procesos de reforma policial carecen de sentido si no son el producto de discusiones abiertas con todos los sectores de la sociedad, lo cual solo es posible en una verdadera democracia.

Esto no quiere decir que otros tipos de regímenes estén impedidos de implantar cambios en sus aparatos de seguridad. De hecho, los llevan a cabo. En el caso de la PNB hay algunas pistas sobre lo que realmente se intenta lograr. El decreto publicado el 13 de abril establece que este proceso tiene como objetivo fundamental “la irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario”.

De continuar así, los cambios implantados a la PNB no serían muy notables con respecto a lo que ya existe. Las quejas de las comunidades hacia la actuación de los uniformados de este cuerpo son permanentes, y apuntan básicamente a la implicación en distintas formas de delito. La extorsión o matraqueo es lo más frecuente, pero también son conocidos casos de robos, secuestros y tráfico de drogas. A tal punto que la PNB ha perdido uno de sus activos más valiosos, como es la confianza de las comunidades.

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La última encuesta Latinobarómetro, divulgada en octubre, sintetiza esta situación: los venezolanos son los que han manifestado el menor nivel de confianza en sus cuerpos policiales, con solo 13 %. En otras palabras, el 87 % restante expresa algún grado de recelo hacia los uniformados. Desde luego, la PNB no es la única responsable de estos resultados, pero sí es uno de los más importantes, pues el propio régimen la erigió en el principal ejemplo de su modelo de policía. Por cierto, en ese trabajo de campo otros regímenes afines como los de Nicaragua y Bolivia también obtuvieron resultados por debajo de la media latinoamericana, que fue de 36 %. Lo de Nicaragua es notable, pues refleja un acelerado descreimiento hacia un modelo policial que alguna vez fue visto como expresión de cierta solidez institucional.

En abril del año entrante, la comisión reestructuradora de la PNB encabezada por el ministro de Relaciones Interiores entregará sus propuestas, y con toda seguridad se insertarán algunos cambios en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Según Mármol, un “signo positivo” sería que el Gobierno lance una amplia convocatoria a los sectores del país que investigan y analizan el quehacer policial. En su criterio, todavía hay tiempo para involucrar a académicos, expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Pero, hasta el momento, nada de eso ha ocurrido.

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Breves

√ Varias acciones ha emprendido el gobierno de Maduro con el propósito de lograr un “control de daños”, que en cierta forma desvirtúe los graves señalamientos vertidos en el expediente Venezuela I, instruido por la fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Las ampliaciones y refacciones adelantadas en varios centros para presos de conciencia, como por ejemplo Ramo Verde y Contrainteligencia Militar de Boleíta, son quizá las más evidentes. Pero no son las únicas. Se debe recordar que en mayo Maduro decretó el desalojo de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la propia Dgcim, y asignó la vigilancia de sus detenidos al ministerio para Servicio Penitenciario. Esta orden no fue cumplida en el plazo fijado de un mes, como suele suceder, por la propia inoperancia del Ejecutivo. Pero, según fuentes ligadas a la policía política, en octubre un representante del ministerio de prisiones se acercó al Helicoide para coordinar el nuevo régimen.

A pesar de todo, el Gobierno aún mantiene tras las rejas a numerosas personas por el simple hecho de que han disentido, protestado o militado en la oposición. Un ejemplo claro es el del periodista Roland Carreño. Y son cientos más. En el plano normativo, una reforma a la ley procesal penal incorporó varias disposiciones que, por lo menos en la letra, posibilitan a los numerosos exilados cursar desde la distancia sus denuncias sobre presuntas violaciones a derechos fundamentales. Otra reforma restringió el fuero militar, para que los juzgados castrenses no puedan enjuiciar a civiles. Y ahora también se plantea eliminar la posibilidad de que los cuerpos de inteligencia actúen como auxiliares de policía judicial. Todo esto forma parte de la reacción de los operadores del oficialismo ante una amenaza real y tangible, como es un proceso ante la CPI. Por ende, no es el producto de un acto sincero de contrición o arrepentimiento.

√ El lunes 8 de noviembre hubo intensos enfrentamientos durante una incursión de agentes de la policía judicial, con apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, en San Juan de las Galdonas, estado Sucre. En esa jornada fue reportada la muerte de Gilberto Malony Hernández, alias Malony, un individuo que figuraba en la lista de los “más buscados”… pero del estado Guárico. Este hombre de 37 años de edad dio sus primeros pasos en el mundo del delito como lugarteniente de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la megabanda conocida como Tren del Llano. Con la muerte de Tovar, en mayo de 2016, Malony se independizó. Ya entonces era solicitado por homicidio, robo y porte ilícito de armas.

En una economía deprimida como la de Venezuela, quien controle esas playas tendrá acceso a las ganancias por tráfico de drogas hacia el Caribe oriental, traslado de emigrantes y metales preciosos a Trinidad, y el contrabando de mercancías desde esa isla. Esa situación ha potenciado los peligros para la navegación, al punto en que la Organización Nacional de Salvamento (ONSA) advirtió que todas esas costas son de “alto riesgo”. Son aguas infestadas de piratas, que incluso han trasladado a tierra firme a pescadores trinitarios secuestrados mientras faenaban. En este contexto, la banda de Malony ni siquiera era la más temible.  Según informes de cuerpos de seguridad, hay en Sucre por lo menos ocho grandes organizaciones, plenamente identificadas. Son Los Sindicalistas, los grupos del Neno, Zacarías, Cane, Pilo, Puyín, Nandu y los llamados Piratas Bajos. Los que operan en el sur de la península ya pasaron de la extorsión al secuestro, con un caso verificado en octubre. La eliminación de Malony dejará el campo abierto para que la plaza sea tomada por otra organización.

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Wendy Benítez formaba parte de un grupo de 70 personas –en su mayoría mujeres– que se dedican a cambiar moneda extranjera en Táchira. Ella y sus compañeros son víctimas de extorsiones por funcionarios de cuerpos de seguridad y el 29 de octubre fue asesinada en un sospechoso robo, en el que la despojaron de 10 millones de pesos (más de US$3.000)

Monitor de Víctimas Táchira

Familiares de la joven cambista tachirense Wendy Mayerlin Benítez Sanguino, que fue asesinada la noche del 29 de octubre en San Cristóbal, responsabilizan del homicidio a funcionarios de las FAES y han salido a las calles de la ciudad a protestar y a exigir justicia.

Parientes de la víctima aseguran que uniformados de distintos cuerpos extorsionan diariamente a unos 70 cambistas que operan en la urbanización Juan Maldonado, en la parte posterior del Terminal de Pasajeros de San Cristóbal.

Aunque inicialmente el homicidio de Benítez Santiago se manejó como un robo, una serie de incidentes previos que involucran a funcionarios de cuerpos de seguridad hacen a los familiares de la víctima presumir que el crimen fue perpetrado por policías.

Las recientes declaraciones de Tatiana Benitez, hermana de la mujer, asoman la posibilidad de que el homicidio de la joven, que tenía 25 años de edad, fue perpetrado para no dejar testigos, ante la sospecha de que la víctima pudiera haber reconocido entre los hombres que la robaron a funcionarios policiales.

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Personas que presenciaron el ataque contaron que los criminales usaban chalecos antibalas.

Tatiana indicó que desde hace aproximadamente año y medio, cuando los cambistas se trasladaron a trabajar a la urbanización Juan Maldonado (antes lo hacían en el referido terminal), comenzaron a ser extorsionados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Las FAES fueron las primeras en llegar acá. Nos pidieron 5.000 pesos semanales (US$1,5 aproximadamente), como una ‘colaboración’, porque –según ellos- estábamos trabajando ilegalmente, pero muchas personas no podían pagar. Entonces hace como cuatro meses nos ‘arrastraron’, o sea, nos agarraron a todos y nos llevaron presos”, contó la mujer.

En esa oportunidad los cambistas fueron trasladados a la sede de las FAES en Paramillo, donde según Tatiana, a algunos de sus compañeros le quitaron el dinero que tenía, mientras que algunas de las mujeres pedían ser presentadas ante la Fiscalía. Finalmente todos fueron liberados, pero el acoso policial continuó.

Los funcionarios que actuaron en el procedimiento, aunque estaban encapuchados, vestían el uniforme de las FAES, indicaron testigos y se desplazaban “en camionetas de esas grandes, de las últimas, Runner”, aseguró.

Tatiana recuerda que ya había ocurrido algo similar en septiembre de 2020, cuando detuvieron a los cambistas ante la sospecha de que solo servían de pantalla para el microtráfico de drogas. Después de 20 días, fueron puestos en libertad, sin que les imputaran cargos. Además, les devolvieron tres millones de pesos colombianos, que les habían incautado.

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No solo las FAES extorsionan

De acuerdo con la versión de la hermana de la víctima, luego de esta última detención la presión y el asedio en contra del gremio cambista se incrementó, pues otras unidades de la PNB también comenzaron a extorsionarlos.

“Los mismos de Antidrogas, la DIP, la DIE y otros de la PNB hicieron los mismito. Nos agarraron, a algunos nos quitaban el dinero, a otros no. Si no les pagábamos nos decían: ‘los vamos a mandar a partir, los vamos a mandar a agarrar’. Siempre era una amenaza”, relató la mujer.

Según Tatiana, funcionarios de la Policía del estado Táchira (Politáchira) se sumaron a las extorsiones. La exigencia, aseguró, era de 1.000 pesos colombianos diarios, por persona.

Ataques previos

Previo al homicidio de Wendy, personas de su entorno –mujeres cambistas– comenzaron a ser objeto de agresiones más frontales físicas. Esto, de acuerdo con el testimonio de Tatiana.
Otra cambista habría sido interceptada, herida de un disparo en una pierna y golpeada en un ojo con la cacha de un arma de fuego, por dos sujetos motorizados que la despojaron de 6 millones de pesos, unos US$2.000.

Casi un mes antes del homicidio, había sido la misma Wendy la víctima de otro robo. En esa ocasión fue despojada de 10 millones de pesos (más de US$3.000) por parte de dos hombres que, en una camioneta Blazer. La interceptaron cuando iba con Tatiana y otra amiga, en una moto.

En esa oportunidad Wendy fue golpeada en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, relató su hermana.

En los tres eventos descritos, tanto las víctimas, como testigos, aseguraron que, la actitud, el porte y hasta el calzado de los victimarios, eran acordes con el de funcionarios policiales.

Todos estos hechos fueron denunciados. En el primer caso, ante las FAES, cuando aún no tenían sospechas de su supuesta autoría. Ante ese organismo, entregaron los restos del proyectil que le extrajeron de la pierna a la primera víctima, pero no hubo investigación.

Luego del primer ataque contra Wendy acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) e interpusieron la denuncia. Tatiana contó que en esa oportunidad la investigación pareció prosperar, pero que algunos funcionarios le insinuaron que efectivamente los victimarios podrían ser miembros de las FAES.

El homicidio de Wendy

Cerca de las 7:00 de la noche del viernes 29 de octubre, Wendy se desplazaba en una motocicleta junto a su compañera de habitación Angely Herrera, de 23 años. Ambas fueron interceptadas por dos hombres que también viajaban en moto, en la parroquia La Concordia, en San Cristóbal,

Apenas notaron el actuar sospechoso de los desconocidos, Herrera arrojó al interior de un abasto las llaves de la moto en la que se movilizaban.

Los delincuentes les ordenaron entregar sus pertenencias: carteras y teléfonos celulares. Ellas accedieron, pero antes de huir los hombres les dispararon a ambas.

A Wendy el proyectil le ingresó por el intercostal y le perforó un pulmón, lo que causó su muerte minutos después, en el Hospital Central de San Cristóbal.

Angely Herrera fue baleada en el abdomen. El proyectil le salió por la espalda, y se recupera del ataque.

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De acuerdo con los familiares de los fallecidos, cada una de las víctimas se encontraba en su respectiva vivienda cuando llegaron los uniformados

Jorge Luis Camacaro Rodríguez, de 31 años de edad, y Yoelvis Antonio Camacaro, de 22 años, murieron el mismo día, el pasado 10 de septiembre, ambos a manos de miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Esta es la información que ha trascendido hasta ahora con respecto a sus muertes.

Los fallecimientos ocurrieron en hechos ocurridos en sectores diferentes del municipio Iribarren, estado Lara. Sin embargo, los uniformados usaron el mismo patrón: los mataron dentro de sus respectivas casas. Así lo aseguraron allegados de los occiso, que denunciaron que se trató de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Tener un registro policial en Venezuela es una condena de muerte para las personas. A Jorge Luis quieren ponerlo como un azote de barrio y no es así”, sostuvo un familiar del occiso.

Camacaro Rodríguez murió el pasado viernes 10 de septiembre. Según relataron testigos, funcionarios de las FAES llegaron a su casa, ubicada en el sector Brisas de Carorita III, al norte de Barquisimeto. El hombre vivía con su esposa. Eran las 5:00 de la madrugada cuando las autoridades tumbaron la puerta y sin ninguna orden judicial irrumpieron en ese hogar. Se supo que sacaron a la esposa de la víctima y la dejaron a varios kilómetros.

Allegados a la familia contaron que fue en ese momento que ajusticiaron a Camacaro Rodríguez, cuyo cadáver presentó un disparo en el tórax y múltiples hematomas.

La versión policial lo señaló como un presunto azote y miembro de banda “Los Pocholos”, dedicada a la distribución de droga en Barquisimeto.

“Hace más de un año salió en libertad plena y actualmente estaba trabajando como barbero. Estaba haciendo sus cosas bien y se estaba portando bien”, comentó un pariente.

Familiares del occiso aseguran que antes de matarlo le tomaron una fotografía con un arma en las manos, que luego fue difundida en redes sociales.

Lo reconocieron 4 días después

Doce horas después de la muerte de Camacaro Rodríguez resultó muerto Yoelvis Antonio Camacaro, de 22 años de edad. El muchacho se encontraba en una vivienda ubicada en el sector Indio Manaure, al noreste de Barquisimeto, cuando llegaron los funcionarios de las FAES a quienes señalaron como responsables de su muerte.

Se supo que desde el viernes 10 de septiembre sus familiares no sabían nada de él, pero no fue sino hasta el martes 14 de ese mismo mes cuando lo reconocieron en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.

El cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición, debido a que las cavas para mantener los cadáveres en ese lugar no sirven.

Según la minuta policial, el joven presentaba registros policiales desde el año 2016 por el delito de hurto. El último data del año pasado.

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A la víctima la asesinaron dentro de su propia casa. A sus parientes los hicieron salir de la vivienda. Un familiar del occiso indicó que a su pariente lo torturaron

@franzambranor

A las 5:30 de la mañana del pasado viernes 20 de agosto una comisión mixta de las Fuerzas Armadas Especiales (Faes) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entró a la casa de Freddy José Noguera, de 31 años de edad, en el sector El Torre de Petare y lo mató. Así lo relató un familiar del occiso, que prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias por parte de los funcionarios.

Esta persona aseguró que los agentes ingresaron de madrugada a la vivienda, sacaron al resto de las personas que estaban en la residencia y a las 10:00 de mañana asesinaron a Noguera.

“Había niños de 3, 5, 6 y 13 años. No respetaron nada, nos insultaron y amenazaron. En principio dijeron que se lo iban a llevar detenido (a Noguera), pero después escuchamos gritos y detonaciones. Lo torturaron, le metieron un tiro en una pierna, luego en la otra pierna y finalmente en el tórax. Él les suplicaba que no lo mataran. Grabaron videos y estuvieron como hasta las 4:00 de la tarde. Le sembraron una pistola”, aseveró el pariente del hombre, que accedió a conversar con Monitor de Víctimas. De acuerdo con las autoridades, se trató de un enfrentamiento.

Familiar de la víctima

Este familiar de Noguera dijo que la víctima vendía condimentos al detal en la redoma de Petare y no tenía antecedentes penales. “Andaban buscando a alguien y como no lo consiguieron pagó él. No es justa esta situación en la que vivimos, a quién le vamos a reclamar por esta muerte, quién nos responde por este trauma. Los niños estuvieron sin comer e ir al baño todas esas horas y en este momento están atemorizados de estar en esa casa”, explicó uno de los testigos.

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