Tres municipios del Distrito Capital presentaron casos de muertes por balas pérdidas entre enero y junio de 2021: Libertador, Sucre y Baruta
12 de las víctimas fueron heridas en la cabeza y cinco de las víctimas eran mujeres
Tres parroquias que forman parte de los territorios controlados por la megabanda de “El Coqui” concentran 71,4 % de las muertes. Se trata de La Vega, El Paraíso y El Valle
@erickgncal
El lunes 24 de mayo, Diego Alejandro Infante decidió comenzar su rutina de ejercicio a las 12:00 del mediodía. Ya no tenía obligaciones pendientes en sus clases online de 5to año bachillerato, que usualmente lo llevaban a realizar su entrenamiento entrada la tarde.
Hasta su entrenador, quien abrió un gimnasio en la comunidad de Las Terrazas de la Vega debido a la pandemia del COVID-19, se sorprendió porque ese día había llegado más temprano de lo habitual.
Diego Alejandro no había ido a entrenar la semana anterior debido a que estaba terminando los últimos ajustes de su proyecto de grado, para optar por su título de bachiller. Como aquel lunes había una mañana soleada y tranquila, le pareció que era el momento de retomar su rutina.
Pero ese día, otro enfrentamiento entre las bandas delictivas que operan en la parte alta de La Vega y la policía acabó con sus planes. Diego Alejandro fue heridos por una bala perdida. No estaba en la línea de fuego, se podría decir que estaba a salvo en su comunidad de las Terrazas de la Vega, mientras hacía ejercicio. Sin embargo, una bala sin orden ni dirección dio directo en su cabeza.
El adolescente, de 16 años de edad, falleció cinco días después, en el hospital Pérez Carreño de La Yaguara, luego de presentar una lesión cráneo encefálica. Le indujeron un coma para que bajara la presión en su cerebro. Sin embargo, la madrugada del 29 de mayo de 2021 sufrió un paro respiratorio.
Las muertes por balas perdidas han acaparado los titulares de las páginas de los medios desde inicio del 2021. Monitor de Víctimas, a través de su registro diario, contabiliza 14 casos de muertes por balas perdidas entre el 1ro de enero y el 15 de junio de 2021, en los cinco municipios de Caracas.
Esta cifra es similar a la reportada durante todo 2020, cuando hubo 14 casos en 12 meses. Esto significa que en lo que va de 2021 se han producido en promedio dos muertes al mes por tiroteos ocurridos en zonas populares.
En el municipio Libertador de Caracas se reportaron 12 casos, seis de ellos en la parroquia La Vega, en el contexto de los enfrentamientos entre funcionarios policiales y miembros de bandas delictivas de la zona. Hubo un caso en el municipio Sucre y otro en Baruta.
12 víctimas fueron heridas en la cabeza. Ninguna sobrevivió más de una semana tras ser alcanzada por el proyectil. En su mayoría fallecieron en el sitio donde se encontraban cuando recibieron el impacto.
Las víctimas de la expansión territorial de “El Coqui”
Los enfrentamientos entre la policía, principalmente la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, y la megabanda delictiva de la Cota 905 han sido el principal generador de violencia en La Vega, El Paraíso, El Valle, El Cementerio y sus alrededores. 71,4 % de las víctimas de balas perdidas vivían en estas zonas.
El grupo armado conocido como la banda de “El Coqui” ha logrado expandir su control territorial a la parroquia La Vega, y eso ha venido afectando la calidad de vida de los habitantes de esa localidad. Los vecinos sufren directa o indirectamente de los tiroteos, casi a diario, en su zona.
Desde finales de 2020, luego de que la megabanda delictiva liderada Carlos Calderón, alias “Vampi”; Carlos Luis Revette, alias “El Coqui”; y Garbis Ochoa Ruiz, alias “Garbis”, decidiera tomar control de La Vega para ampliar su territorio delictivo, los tiroteos y enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios policiales se volvieron más frecuentes.
Una de estas balaceras, que ya son “comunes” para los habitantes de La Vega, no parecía motivo para que Diego, sus amigos y el instructor, suspendieran su rutina de entrenamiento. El sonido de las detonaciones provenía de un lugar alejado. Ninguno imaginó que los proyectiles alcanzaran a la comunidad, mucho menos a Diego, quien por un momento se sentó en un banco.
Cuando las detonaciones se escucharon más cerca. Todos salieron a esconderse y protegerse de las balas, pero Diego todavía estaba acostado en el banco inmóvil. Un amigo lo fue a buscar y, entre el ajetreo por el sonido de los proyectiles, se percató que el adolescente estaba herido en la cabeza.
Así se lo relataron al padre de Diego Alejandro, Juan Carlos Rivas, de 51 años de edad, un promotor de música llanera, residenciado en el estado Barinas, en el occidente del país.
“Recibí la llamada. Fue lo peor que me han dicho por teléfono. Me llamaron a las 1:00 pm, creo que fue su mamá o uno de mis hijos. Estaba en Barinas y no podía salir de allí al instante. Sin embargo, logre cuadrar un carro y gasolina. Para las 7:00 am del siguiente día, ya estaba con mi hijo. Pero él estaba luchando por su vida”, relató Rivas.
Diego estaba a meses de salir de 5to año de bachillerato. Como muchos jóvenes, tenía planes de emigrar del país, una vez culminara sus estudios universitarios. Su padre, Juan Carlos, lo describió como un adolescente cariñoso y amable. “Era buen estudiante, le gustaba hacer ejercicio; debido a la cuarentena, comenzó una rutina en su casa. Siempre hablamos, más que todo de música. A él le gustaba mucho la de cantantes de habla inglesa, en especial Michael Jackson, su canción favorita era Thriller”, explicó.
En un limbo judicial
La procedencia de la bala que impactó en la cabeza de Diego aún es un misterio. Según los familiares de la víctima, la fiscalía no ha iniciado el proceso de investigación, para identificar a los culpables del hecho.
“Tengo entendido que se abrió un expediente, pero no nos han contactado para ver cómo inició la investigación. No queremos que el caso quede impune”, sostuvo Rivas.
Para investigar casos de muertes por proyectiles, los inspectores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), deben hacer pruebas de balísticas, por lo que necesitan el proyectil que causó la herida y el arma de fuego que se detonó. “Este proceso puede llevar meses, debido a que existen muchas irregularidades en los casos donde las personas mueren por balas perdidas. En especial, si en dicho enfrentamiento actuaron funcionarios de la FAES”, señaló una fuente cercana al Ministerio Público.
Enfatizó que, una vez identificada el arma de fuego, es más fácil llegar al culpable. “Sin embargo, el siguiente problema es que si el culpable es parte de una de las megabandas de la zona, es muy difícil que los funcionarios de seguridad puedan hacer cumplir la orden de aprehensión”, explicó la fuente.
Un informe publicado en 2016 por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, por sus siglas en inglés), y citado en un artículo por el periodista Javier Ignacio Mayorca, concluye que en 2015 Venezuela fue el segundo país de la región con más muertes por balas perdidas, con 57 casos.
En esa oportunidad, el comisario Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios de la policía judicial, explicó que la expresión ‘bala perdida’ se refiere a “proyectiles que impactan contra un individuo que no estaba en la mira de quien accionó el arma… Los agentes determinan que una muerte se produjo por esta razón cuando el proyectil impacta en el cuerpo de la víctima con poca fuerza… Los niveles de impunidad en estos casos son más elevados que los habituales en el país, debido a la dificultad para establecer un nexo directo entre la persona que hace los disparos y quienes resultan afectados”.
Una lista de impunidad
El funeral de Diego se llevó a cabo una semana después de ser herido por la bala perdida. El sitio de encuentro fue en su comunidad, las Terrazas de la Vega. Lo acompañaron sus hermanos, sus amigos del liceo y sus vecinos, todos con pañuelos blancos, cantando y aplaudiendo mientras paseaban el ataúd.
“Fue un funeral bonito. Fue bien despedido por sus amigos del liceo y sus vecinos. Nosotros estábamos abatidos por toda esta situación. Diego era un ángel que aspiraba a muchas cosas buenas. Dios quiso llevárselo. Tal vez era su momento. Ningún padre debería despedirse de sus hijos antes de tiempo”, relató Rivas.
La familia de Diego siempre recordará sus ocurrencias y su alegría. Pero es evidente que, en su casa, en su grupo de graduación y en su gimnasio faltará una persona. Tal vez en su casa vuelvan a escuchar su canción favorita, Thriller, para recordarlo. Las lágrimas volverán, Diego no.
No existe un patrón exacto en los tiroteos en los barrios de La Vega, la Cota 905 y el Cementerio. Pueden comenzar a cualquier hora del día. Y pueden durar horas. Las víctimas de las balas perdidas en los enfrentamientos también son variadas: cualquiera puede ser blanco.
Según los datos de Monitor de Víctimas, de las 14 personas fallecidas por las balas perdidas, tres eran niños, niñas o adolescentes; dos pertenecen al grupo de adultos mayores de 55 años de edad y el resto tenían edades entre 20 y 41 años de edad. Cinco de las víctimas eran mujeres.
La primera víctima por balas perdidas registrada en 2021 fue Nelson Enrique Villalta Lima, de 41 años de edad, el 8 de enero de 2021 cuando quedó entre la línea de fuego durante un enfrentamiento entre delincuentes de la banda de El Coqui y funcionarios de las FAES.
Mientras Villalta intentaba resguardarse de la balacera, recibió un disparo desde la parte alta de La Vega. Era profesor de la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical), en el núcleo Chapellín, y también trabajaba en el hotel Altamira como vigilante. Falleció en el sitio.
Nelson Duarte, de 41 años, fue el segundo fallecido por bala perdida la tarde del 8 de enero, durante el enfrentamiento entre funcionarios de la FAES con delincuentes de la zona. Falleció en la parte alta de la Calle Zulia.
A las 7:00 pm del jueves 11 de febrero de 2021, Juan Jhon Martínez Corrales, de 41 años, fue asesinado durante un enfrentamiento entre bandas delictivas de la Zona 7 del Barrio José Félix Ribas, en Petare, municipio Sucre. La víctima era comerciante desde hacía 7 años, cuando llegaba a su casa, tras culminar sus labores, comenzó el tiroteo.
Uno de los proyectiles impactó al comerciante en la cabeza y le ocasionó la muerte en forma inmediata. Martínez Corrales era padre de dos hijos, uno de 2 años y otro de 18 años de edad.
Jeison Rafael Rivera Morales, de 28 años, falleció el 16 de febrero de 2021, en el barrio Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta, víctima de una bala perdida. El joven estaba en una fiesta callejera, cuando un grupo de delincuentes llegó disparando a los asistentes. Mientras corría, recibió un disparo en la cabeza. Falleció al instante.
El 19 de marzo de 2021, Edwin Méndez, de 17 años de edad, falleció a causa de una bala perdida, durante un tiroteo entre bandas rivales de El Valle. El adolescente regresaba de la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para averiguar qué cursos ofrecían.
Al llegar al barrio San Andrés comenzó el tiroteo. Una bala perdida del enfrentamiento le impactó en la cabeza. Falleció en el sitio. El adolecente era una nueva promesa del béisbol venezolano. Había ingresado al equipo de la Universidad Central de Venezuela. Sus sueños se apagaron por la violencia en el barrio.
Ese 19 de marzo, pero en otro intercambio de disparos, falleció Deisy Coromoto Rivas Castro, de 55 años, quien estaba en el balcón de su apartamento en el edificio City Park, de El Paraíso, cuando una bala perdida la hirió de muerte.
Brenda Vanessa Palacios González, de 38 años, falleció el 2 de abril de 2021, resultado de una herida en la cabeza, provocada por el impacto de una bala perdida. El hecho ocurrió el 28 de marzo en el barrio de San Agustín, sector el Morín, calle sexta, durante un enfrentamiento entre funcionarios policiales y delincuentes de la zona.
La víctima fue llevada de emergencia hasta el hospital Clínico Universitario, en donde fallecería, luego de que le practicaron una operación cráneo encefálica.
El 13 de abril de 2021, falleció la tercera adolescente por causa de una bala perdida. Jeanquelis Dubraska Parra Ponce, de 13 años de edad, fue alcanzada por un proyectil que le impactó en la cabeza, durante un intercambio de disparos entre delincuentes del barrio San Agustín.
Parra conversaba con unas amigas en la entrada de su casa, cuando inició el tiroteo. Falleció al instante de recibir el disparo. Sus familiares claman justicia y protección en los barrios.
El 24 de mayo de 2021, Blanca Violeta Orellano, de 64 años, falleció a causa de una bala perdida, durante el tiroteo entre funcionarios de las FAES y delincuentes de La Vega.
La víctima vivía en la calle El Rosario, recibió un disparo en el abdomen. Falleció dentro de su casa. Era comisionada jubilada de la PNB, adscrita al Servicio de Tránsito Terrestre, y madre de un funcionario del mismo cuerpo policial.
Ángelo Grendel, de 27 años, iba como copiloto en un camión que circulaba por la autopista Valle-Coche cuando fue alcanzado por una bala perdida en la cabeza. El hecho ocurrió el 30 de mayo.
Desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm del 14 de junio, un enfrentamiento se desarrolló en la parroquia La Vega, entre miembros de la megabanda de “El Coqui” y funcionarios de seguridad del Estado.
El tiroteo dejó 2 víctimas por balas perdidas: Guillermo José Gregorio Belisario, de 50 años de edad; y Yoraima Margarita Díaz Araujo, de 47 años de edad.
Gregorio Belisario falleció mientras ingresaba a un local comercial en la calle San Antonio, cercano a una cancha deportiva en La Vega; mientras que Díaz Araujo fue alcanzada por una bala perdida en las cercanías de la redoma de La India, entrada del sector.
El tiroteo inició en los 12 puntos de control de la Policía Nacional Bolivariana distribuidos en La Vega, que habían sido instalados el fin de semana pasado, para frenar el avance de la megabanda delictiva de “El Coqui”.
El lugar fue atacado por supuestos delincuentes de las bandas delictivas de la Cota 905, en respuesta al operativo iniciado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde según fuentes oficiales participaron 1.420 funcionarios del Estado entre oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE).
La toma de sectores de La Vega por parte de la megabanda de “El Coqui”, la intervención policial en el sector y las acciones del Estado para frenar la avanzada delictiva, han puesto en peligro la vida de sus ciudadanos. La única certeza, frente a la falta de información oficial es que en La Vega faltan seis personas.
