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#MonitordeVíctimas | Enfrentamiento entre presuntos delincuentes y funcionarios dejó cinco muertos en Turgua
Más de 60 funcionarios de PoliHatillo, PoliBaruta y del Cicpc se movilizaron a la zona rural para dar con la captura de integrantes de la banda Los Paez. Cinco presuntos delincuentes fueron asesinados y cuatro policías resultaron heridos

 

CINCO SUJETOS FUERON ASESINADOS la mañana de este 18 de enero, durante un enfrentamiento con funcionarios de la Policía de El Hatillo, PoliBaruta y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector Monterola, en la carretera nacional de Turgua, estado Miranda.

Los hombres, pertenecientes a la banda Los Páez, estaban presuntamente implicados en los delitos de robo, secuestro y homicidio, y según la versión de los funcionarios, estos llegaron a ellos gracias a las investigaciones realizadas tras el asesinato el pasado 12 de diciembre de Jefferson López, de 23 años, un oficial de Polibaruta que murió al recibir un tiro en el rostro, cuando junto con otros funcionarios acudió a verificar una presunta situación de rehenes en una vivienda cercana a la Universidad Simón Bolívar, entre Sartenejas y Hoyo de la Puerta.

El enfrentamiento entre presuntos delincuentes y cuerpos policiales dejó además cuatro funcionarios heridos: Richard Rondón (pierna derecha) Gabriel Vicuña, (intercostal); Freddy Rojas, comisionado de Polibaruta y Enmanuel Pérez, (axila izquierda).

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas llegaron al sitio pasadas las 11:00 para efectuar el reconocimiento de los cuerpos. Los efectivos heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Caracas.

Deficiente formación de policías fomenta incursión en la delincuencia

Sandra Guerrero

LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS POLICIALES en hechos delictivos es constante. En los primeros meses de 2017 fueron registradas más de 200 denuncias contra policías incursos en robos y homicidios, de acuerdo con un reporte del Observatorio Venezolano de Violencia que en el estudio más reciente en las regiones reportó que 19,5% de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante todo el año “tuvieron como autores a funcionarios policiales o militares”. Se presume que en 2018 la cifra aumentará.

El ciudadano se pregunta qué está pasando en los cuerpos policiales creados para velar por los bienes y la seguridad de la población, y se siente indefenso ante los atropellos de que son víctimas por parte de estos funcionarios.

“Tiemblo cuando veo a un policía; no sé que va a pasar conmigo en ese momento”, afirmó un obrero que reside en un barrio de Petare y que siente ese temor cuando regresa a su casa luego de su jornada de trabajo.

Para especialistas en el tema policial existe una severa falla de formación en los cuerpos policiales que debe ser atendida con urgencia.

Para el comisario general jubilado del Cicpc, Luis Rodríguez Vieira, existen fallas muy graves “de supervisión, control y registros efectivos sobre el personal, que propician que funcionarios presenten una conducta desviada de sus funciones como representante de la ley e investido de autoridad. Recordó que los aspirantes a ingresar a esa institución eran sometidos a exámenes extremadamente rigurosos y complejos, pero además eran verificados en el Sipol y la Onidex (Saime). En principio ingresaban como internos y no salían durante un mes, con el fin de que se adaptaran a las exigencias, normas y disciplina del instituto. Además, los instructores del Iupolc eran académicos, juristas, médicos, economistas, militares, policías de amplia trayectoria, profesionales sin distingo de color político.

“Hoy en día pareciera que la formación fuera para trabajar para el partido de gobierno de turno y no para el Estado, como corresponde legalmente y ordena la Constitución. El que no se identifique con el partido tampoco tiene oportunidad de dictar clases en el entrenamiento de los policías”, expresó Rodríguez Vieira quien, junto con el comisario general del Cicpc, Luis Fernández, fue uno de los fundadores de la PNB que comenzó a funcionar en diciembre de 2009 con 945 policías que provenían de la extinta Policía Metropolitana, 400 de estos con antecedentes penales y administrativos, a los que se les dio un curso de reentrenamiento de 3 meses. Al principio recibían entrenamiento en carpas de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ubicadas en la pista de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, pero luego, por orden del presidente Hugo Chávez, fue habilitado el antiguo Retén de Catia y la Zona 2 de la PM para albergar esa institución.

La formación de funcionarios de la PNB, que hoy suman más de 26.000 personas, dura un año y al culminarlo salen a trabajar. Estudiantes de esa institución que abandonaron las aulas y que prefirieron no identificarse indicaron que en clase los profesores hablan de revolución, mencionan a Fidel Castro, al Che Guevara y otros líderes de izquierda.

Impactos en el Cicpc

Un funcionario de la policía judicial afirmó que hace aproximadamente 5 años enviaron a esa institución a 1.000 egresados de la UNES para que formaran parte del grupo de detectives del Cicpc y fueron sometidos a pruebas internas para medir sus conocimientos en materia criminalística e investigación. “La gran mayoría demostró que no estaba preparada para ejercer esas funciones y por ese motivo fueron devueltos a esa universidad”.

La comisario general y jubilada del Cicpc Odalys Caldera afirma que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad no puede asumir la formación del policía de investigación dedicada al trabajo científico para la aclaratoria de hechos delictivos. “La falla en la formación de los policías está en la selección y formación de los aspirantes a ingresar en los organismos de seguridad, tanto de prevención como de investigación”, señaló.

Recordó que en el pasado para ingresar a la Escuela Nacional de Policía Judicial, que años después se convirtió en el Instituto Universitario de Policía Científica, un aspirante era objeto de una rigurosa selección que establecía examen físico, psicológico, cultura general. Una comisión del antiguo Cuerpo Técnico de Policía Judicial se encargaba de visitar el hogar de cada postulante para conocer el círculo familiar, pero todo no quedaba allí porque también esa comisión buscaba información entre los vecinos para determinar el comportamiento de quien quería ser policía de investigación. Nada de eso ocurre ahora.

“Tiene que prevalecer la disciplina y hay que sensibilizar a ese futuro policía que va a trabajar por la ciudadanía”, afirmó. Para la fundadora de la División contra la Violencia, la Mujer y la Familia del Cicpc, “nunca, en ningún momento, deben politizarse las policías; no pueden caer en adoctrinamiento. Un funcionario nunca debe negociar con el delincuente que debe ser procesado y que los entes correspondientes se encarguen de recuperarlo para la sociedad”, expresó.

“La peor tragedia es cuando los encargados de garantizar nuestra vida y seguridad están implicados en delitos”, aseguró. Con la inauguración del Centro Integral de Capacitación Raúl Ramírez que formará a los nuevos funcionarios del Cicpc renacen las esperanzas de contar con personal calificado, pues los encargados del entrenamiento son jubilados del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

Recomendaciones incumplidas

En el estudio realizado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial en 2006 se especificaba que no existían criterios claros sobre el reclutamiento y selección del personal policial. El análisis realizado por ese organismo indicaba que había una deficiente formación de los agentes policiales como uno de los factores asociados al débil funcionamiento y bajo rendimiento de los cuerpos de seguridad. La encuesta abarcó también a los funcionarios en ejercicio que en aproximadamente 39.9% estuvieron de acuerdo con el resultado de esa consulta.

La misión de la Conarepol era hacer un diagnóstico general de la situación de los cuerpos policiales en el ámbito nacional, regional y municipal, para luego hacer las recomendaciones necesarias que al parecer no se han cumplido.

En menos de dos meses, delincuentes dejaron vacía sede del CNP en Nueva Esparta

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El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Nueva Esparta denunció que en menos de cuatro días los delincuentes han incursionado dos veces en su sede. En esta ocasión cargaron con la puerta principal, ventanas de aluminio y, para colmo, hasta la tubería de aguas blancas, además de los múltiples destrozos que ocasionaron a las instalaciones.

Como han sido reiterativas estas prácticas delictivas, los periodistas, la comunidad y trabajadores se muestran indignados, porque suman más de 14 de estos hechos, en lo que va del presente año.

Carmen Ofelia Díaz, directiva del CNP-NE, al llegar a la sede gremial pudo constatar los destrozos causados y al respecto señaló: “Esta vez fue con ensañamiento, dan ganas de llorar al observar cómo la delincuencia desatada no da tregua. En menos de cuatro días, han logrado meterse dos veces a la sede gremial ubicada en el Paseo Nicasio Meneses de Porlamar”.

Explicó que la primera incursión de noviembre de 2016 fue el viernes 25: los malhechores cargaron con la puerta principal y las ventanas del auditorio, luego de violentar la reja y el techo que recién fue refaccionado por la Alcaldía de Mariño

El herrero se acercó para reparar los daños, pero no logró realizar su trabajo porque la casa de los periodistas no cuenta con puntos de electricidad desde que en la penúltima acción delictiva se llevaron el cableado y tablero. Se solicitó el apoyo a Corpoelec, pero por la Fitven alegaron que era imposible acercarse a la zona para atender la falta de electricidad, “que una vez concluyera el evento turístico atenderían el caso del CNP”.

Pero como los maleantes no tienen peros o excusas, ni programación turística, de nuevo se metieron en la institución y, como no tenían objetos de valor que llevarse, se dedicaron a destruir y regar los libros de la biblioteca Luis Rojas Vásquez, adscrita al Iasbtiene, ente de la Gobernación del estado Nueva Esparta, que al parecer le importa poco estas reiteradas visitas delictivas porque días antes los amigos de lo ajeno se llevaron los armarios de la biblioteca.

Carmen Díaz, entre indignación y malestar, lamentó esta situación: “por más denuncias que se cumplan ante las instituciones policiales, no hay forma que los detenidos paguen por sus fechorías y, al dejarlos en libertad, regresan a la sede del CNP para cometer sus trastadas”.

Díaz hizo un llamado a los organismos de seguridad a Corpoelec, Gobernación de Nueva Esparta y alcaldes que actúen en lo respecta a sus competencias para que la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Nueva Esparta no siga siendo blanco de la delincuencia.

Mientras que a los agremiados del CNP NE los exhortó a participar en la próxima asamblea el 7 de diciembre, en la que definirán lineamientos que permitan trabajar unidos por la institución.

OLP mata a pran minero

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Mientras el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hacía un llamado desde Ciudad Bolívar en el que expresaba: “queremos hacer una reflexión sobre el tema del sicariato político que sigue avanzando”, un operativo de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) se desarrollaba la tarde de este lunes en El Callao al sur del estado Bolívar. Allí, más concretamente en el sector El Perú, la banda de Toto emboscó a los funcionarios.

Durante varios minutos se desarrolló una confrontación entre los efectivos y los delincuentes, que culminó con dos sujetos muertos. Para la sorpresa de muchos, uno de ellos era, justamente, el líder de la banda: Toto.

Los castrenses llegaron al hospital Dr. Juan Germán Roscio con un individuo, y todos se preguntaban en dónde estaba Toto. En medio de la balacera, el malhechor, que tiene el control de varias minas, resultó herido pero huyó hacia una zona boscosa, donde murió. Hasta la noche del lunes no habían encontrado su cadáver. De acuerdo con fuentes consultadas, Ángelo, segundo al mando, tomó el control del grupo hamponil.

El otro fallecido no portaba documentos de identidad pero según fuentes policiales era apodado el Gocho, o el Gochito. En el sitio fueron recolectadas una pistola 9 milímetros y una granada fragmentaria.por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

 

Primer operativo

El sábado pasado paso algo similar. Los castrenses estaban por el sector El Perú cuando avistaron a varios malhechores armados. Tras una persecución y enfrentamiento, cuatro hombres fueron abatidos.
Uno de los abatidos era Edison de Jesús Ramírez Acosta, de 22 años. Su familia aseguró que la víctima no pertenecía a ninguna banda criminal. “Desde hace varios años trabajaba como minero en la zona”, aseguraron. Fuentes policiales presumen que eran integrantes de la banda de Toto. Funcionarios de la Policía científica recabaron en la escena un subfusil UZI, una escopeta y dos pistolas.

Por su parte, habitantes de El Callao afirman sentir desconfianza ante la presencia de los funcionarios ya que según ellos no solo matan a delincuentes sino también a personas inocentes e ingresan a las minas para robarlos.

 

Vea la nota completa en Correo del Caroní 

Cada día es detenido un policía o un militar en Venezuela por cometer delitos
Junio fue el mes en que más uniformados quedaron tras las rejas. La Guardia Nacional Bolivariana aparece como la institución con más funcionarios involucrados en ilícitos

 

@javiermayorca

EL 11 DE JUNIO EN LA MADRUGADA, un grupo de aproximadamente 15 personas armadas ingresó a un estacionamiento de la Intercomunal de Coche. Luego de someter al personal de guardia tomaron un manojo de llaves y se apoderaron de seis vehículos, la mayoría de ellos camionetas.

Tras dos semanas de investigaciones, los agentes de la División contra el Robo de Vehículos de la policía judicial apresaron a cinco supuestos integrantes de esta organización, quienes para ese momento adelantaban negociaciones con los dueños legítimos de los autos sustraídos del aparcadero.

Todos eran oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, que se desempeñaban en la custodia de las instalaciones del ferrocarril que cubre la ruta entre La Rinconada y los Valles del Tuy.

En otro caso, el 30 de junio, agentes de investigaciones de Homicidios de Cicpc apresaron a cuatro funcionarios de la policía municipal de Calabozo, estado Guárico, porque supuestamente formaron parte del complot que desembocó en el asesinato del ex legislador regional Ramón Henrique Barreto (Psuv) y de su esposa Digni Díaz, el 25 de junio en la vía entre Calabozo y El Sombrero.

Cada día son más frecuentes las noticias que involucran a funcionarios de cuerpos policiales y militares en crímenes de distinta naturaleza. Hasta las instituciones que se suponen más elitescas y sujetas a controles internos, como la Dirección de Contrainteligencia Militar del ministerio de la Defensa, tienen a efectivos que son descubiertos in fraganti en actividades al margen de la ley. Por ejemplo, los agentes de ese despacho Sammy Zapata y Nelson Linares fueron apresados cuando supuestamente intentaban aprovechar las festividades del 5 de julio para cobrar extorsión a un comerciante. Según la información policial ambos eran escoltas de la diputada Tania Díaz.

Todos los detenidos por estos casos son puestos a las órdenes del Ministerio Público. Una revisión de los partes divulgados por esa institución, así como las minutas policiales y reportes de la prensa independiente indican que durante los primeros seis meses de este año fueron detenidos por lo menos 330 funcionarios de cuerpos de seguridad, civiles o militares.

En otras palabras, todas las semanas quedan tras las rejas por lo menos 13 agentes. Casi dos por día. Este es un cálculo conservador, toda vez que muchos procedimientos no son divulgados por la Fiscalía o los medios periodísticos.

“En la situación de crecimiento general de la criminalidad que vive el país, creo que también se han incrementado los delitos cometidos por policías”, afirmó el comisario jubilado (Cicpc) y ex jefe de la Oficina de Control de las Actuaciones Policiales de la Policía Nacional Luis Rodríguez Vieira.

Los cuerpos policiales, indicó el ex funcionario, parecieran no poseer la capacidad para supervisar adecuadamente la actividad de sus propios uniformados, especialmente los que se encuentran en la parte baja de la jerarquía y llevan a cabo en trabajo diario en las calles.

Añadió que tampoco se están aplicando los filtros necesarios para impedir que ingresen a la institución personas proclives a infringir las normas.

Un hecho reciente confirma esta advertencia. El 1 de julio fueron detenidos en Valencia dos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) cuando conducían un auto Kia Rio 2009 blanco robado, placas AG203 DK, propiedad de un hombre de 52 años de edad que poco antes fue abandonado en la vía. Estos aspirantes a policías llevaban un revólver de fabricación argentina con los seriales limados.

Pareciera que la profesión policial es codiciada también por sujetos que sienten que el uniforme les dará un permiso para delinquir. Durante 2015, en tres oportunidades la oficina de admisión de la Unes detectó a jóvenes que introdujeron documentos falsos o forjados para iniciar estudios policiales. Los casos fueron instruidos por la División contra la Delincuencia Organizada de Cicpc.

polichacao

Civiles y militares

Las detenciones de funcionarios de seguridad se han hecho más frecuentes en la medida en que avanza el año. En enero fueron reportadas 37, mientras que en junio hubo por lo menos 79, más del doble que las del primer mes.

La Guardia Nacional Bolivariana figura como la institución más comprometida en ilícitos, a pesar de que su excomandante general, el mayor general Néstor Reverol, asegura que la ha depurado. Hasta ahora se conoce de la aprehensión de 89 militares de este componente. Luego está la Policía Nacional Bolivariana, de la que se ha reportado la detención de 66 oficiales. El problema de control pareciera mucho mayor en la PNB que en la GNB, si se toma en cuenta que el cuerpo civil tiene menos del 40% del pie de fuerza que posee el componente castrense.

Luego aparecen las policías regionales (58) y las municipales (57), Cicpc (39) y el Ejército (17).

En términos generales, las detenciones de funcionarios se produjeron mayoritariamente como consecuencia de homicidios (88). Esto indica serios problemas en cuanto al uso de la fuerza legítima. Pero la lista llega a otros 21 ilícitos. Los más reiterados son la extorsión (82 detenidos), el tráfico de drogas (30), el hurto (27) y el robo genérico (20). Como aspecto curioso, el contrabando no aparece en la lista. En cambio, hubo ocho detenciones por concusión, un delito cercano a la extorsión.

Para el director de la fundación Aulas Abiertas, Roberto Rodríguez, dedicada a la formación de agentes y vecinos en materia de seguridad, esta sería una consecuencia de la necesidad de sacar a las calles la mayor cantidad de policías y guardias en el menor tiempo posible.

“Con la masificación se están cometiendo errores en las fases de reclutamiento y selección. Además, ya no hay un seguimiento fiel a los oficiales, una vez que se han graduado”, afirmó.

En el caso de la Guardia Nacional Bolivariana se produjo durante estos seis meses una mezcla de delitos comunes y militares. Por una parte, los uniformados se vieron involucrados en homicidios, robos, hurtos, extorsiones y tráfico de drogas, y por la otra también fueron apresados por sacar armamento de unidades castrenses para intentar venderlo a bandas del centro del país. Esta averiguación ocasionó la detención de cuatro sargentos emplazados en Apure.

Controles cosméticos

Desde que se produjo la reforma policial en 2010 fueron instaurados mecanismos de control interno (anteriormente ejecutados a través de las inspectorías) en combinación con los comités ciudadanos de control policial, conformados por personas que residen en los lugares donde estos cuerpos tienen jurisdicción, y que supuestamente son electas por voto directo. Usualmente son miembros de consejos comunales llamados a ejercer los controles externos.

Según el Ministerio de Relaciones Interiores, durante los últimos seis años se han desarrollado en promedio 2331 averiguaciones anuales contra cuerpos policiales o procedimientos en particular. Los documentos de memoria y cuenta no ofrecen el mismo nivel de detalle en todas las ediciones. En 2015, por ejemplo, se iniciaron 3023 expedientes. Debido a tales investigaciones se decidió la destitución de 557 agentes y de 46 directivos de cuerpos de seguridad.

Según Rodríguez Vieira, estos procedimientos no siempre finalizan con el enjuiciamiento del agente o la intervención del cuerpo policial. En el primer caso, por ejemplo, la gran mayoría se resuelve con el mandato de asistir a cursos que ataquen deficiencias de formación.

“La ley buscó que el régimen fuese menos punitivo. Pero hay que contar con la asistencia de la Unes para que las medidas de asistencia obligatoria a cursos académicos se apliquen, y no siempre hay el personal ni la infraestructura disponibles”, recordó.

Por otra parte, las medidas de destitución no siempre son efectivas, pues no existe una base de datos compartida entre todos los cuerpos policiales y el Ministerio de Relaciones Interiores, que permita excluir del sistema a los agentes que fueron objeto de medidas administrativas o penales.

Según el diputado Juan Miguel Matheus, esta es una de las deficiencias que se intenta atacar con la reforma a la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. El nuevo texto legal ya fue aprobado en primera discusión.

Gobierno usa redes sociales para buscar a delincuentes solicitados

POR PRIMERA VEZ EL GOBIERNO, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, hace pública una lista de delincuentes buscados y decidió hacerlo con Twitter. La cuenta, @OLPSolicitados, hizo su primer RT el 6 de abril y cuenta con 6.000 seguidores.

El ministro de Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, y el director del Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico,  alentaron a seguir la cuenta y hacer las denuncias por esta nueva vía.

 

Delincuentes de alta peligrosidad están ausentes en la búsqueda

En cada foto tuiteada, más de 50 imágenes en poco más de una semana, está el rostro del solicitado y datos como: el nombre o apodo, cédula de identidad, delitos en el cual está presuntamente incurso y zona del país donde opera.

Si bien la cuenta no hace ninguna enumeración o listado, Runrun.es obtuvo la lista de los 40 más buscados por el CICPC actualizada hasta finales del año 2014 y solo coincide un nombre: José Antonio Tóvar Colina, alias “El Picure”. Tóvar es solicitado por “múltiples delitos” y opera, explica su ficha, en los estados Guárico, Miranda, Carabobo y Aragua. Interpol está tras su pista desde octubre de 2015 y, pese a el Estado han realizado procedimientos para dar con su captura, el delincuente sigue prófugo.

En la lista no están delincuentes como a Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”,  líder de la megabanda que opera desde la Cota 905 y objetivo de la primera Operación Liberación del Pueblo (OLP), en Julio de 2015. Desde esa fecha, que se desplegaron en la zona cuerpos de seguridad en el sector popular, el delincuente está prófugo.

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Tampoco, a la fecha de la nota, fue incluido  Juvenal Antonio Bravo, alias “El Juvenal”, controla una megabanda de aproximadamente 60 personas en el interior del país y también está solicitado por Interpol.

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Bernal: Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de Caracas

EL EXDIPUTADO FREDDY BERNAL se refirió vía Twitter a la actividad de las bandas criminales en el país y a la violencia que han generado, de la que han sido víctimas tanto funcionarios policiales como civiles.

“¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir? ¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de Caracas”, tuiteó Bernal, poco después de conocerse el asesinato del jefe de la brigada motorizada de Policaracas, Larry Morillo.

Lea también: Asesinaron en El Cementerio a jefe de la brigada motorizada de Policaracas

Bernal considera necesario que la fuerza y la autoridad del Estado haga frente a “la ola criminal que no discrimina entre civiles, policías o postura política”.

“O ejercemos el peso de la autoridad legítima del Estado o el mismo se diluye ante la violencia criminal desatada en Venezuela”, agregó.

Además, el exdiputado pidió cero tolerancia al paramilitarismo y las bandas criminales que operan en el país.

Urosa Savino: Las calles deben estar en manos de los ciudadanos, no de los delincuentes

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El Arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, mostró su preocupación por los índices delictivos que se viven en el país.

“Tenemos que pedir a Dios para que cese la violencia en Venezuela. Las calles deben estar en manos de los ciudadanos, no en manos de delincuentes. El Gobierno tiene la obligación moral de proteger la integridad de los venezolanos”, expresó en la misa ofrecida en honor al Nazareno de San Pablo, desde la Basílica de Santa Teresa.

La homilía ofrecida estuvo dirigida a los problemas sociales. “No nos debemos dejar llevar por tentación de la violencia, debemos buscar siempre el encuentro y la paz. No podemos caer en linchamiento. Hay que exigir la protección a la vida, si bien es cierto hay impunidad no podemos convertirnos en asesinos, dijo.

También dijo que el embarazo precoz es una de la cosas que se deben erradicar de la sociedad venezolana: “Debemos rechazar el relajo afectivo sexual que daña a las muchachitas”.

A su vez, indicó que hay que fortalecer la fe. “Debemos fortalecer nuestra práctica religiosa, fortalecer nuestra fe. Hemos descuidados la práctica religiosa, tenemos que fortalecer nuestra fe de la fiesta de la Eucaristía que Jesús nos entrega su cuerpo”, manifestó.

Urosa Savino dijo que la delincuencia ha afectado las actividades de la iglesia católica. “La gente es muy inteligente y si ve peligro no sale en la madrugada. La iglesia está siendo afectada por muchas actividades que ya no se pueden realizar por la delincuencia, por eso el Gobierno debe tomar las medidas”, señaló.

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