El Sol de Margarita, autor en Runrun

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Al menos 1.410 reclusos han sido liberados desde el inicio de la cuarentena
La mayoría de los beneficios otorgados se confirmaron en los estados Carabobo, Miranda, Guárico, Falcón y Portuguesa

La llegada del Coronavirus a Venezuela no solo encendió las alarmas de las autoridades sino también de los más de seis mil privados de libertad en el país y sus familiares, debido al hacinamiento y a la falta de alimentos que hay en las cárceles y en los centros de detención preventiva, lo que convierte a la población penitenciaria en una de las más vulnerables ante esta enfermedad.

Desde el inicio de la cuarentena se han tomado medidas para resguardar a la población carcelaria: suspensión de las visitas, desinfección de los calabozos, en algunos centros del país han realizado pruebas de despistaje, pero aún así siguen sin estar seguros y con la atención médica y de alimentación necesaria.

A inicio de abril la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, otorgó 1.373 libertades a presos mediante la figura del Régimen de Confianza Tutelado (RCT), contemplado en los artículos 161 y 164 del Código Orgánico Penitenciario.

El RCT establece que a los privados ya condenados, que cumplen con el tiempo para optar a algunas de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena y no les haya sido otorgada por los tribunales, el Ministerio de Servicio Penitenciario autorizará su libertad.

Otras 36 libertades han sido dadas a través de tribunales, para un total de 1.410 beneficios otorgados en los últimos 3 meses, según información recabada por los investigadores de Una Ventana A La Libertad (UVL), organización dirigida por Carlos Nieto Palma.

La mayoría de los casos de libertades otorgadas se confirmaron en los estados Carabobo, Miranda, Guárico, Falcón y Portuguesa, de acuerdo con el subregistro que han confirmado los investigadores de UVL. Mientras que en otros estados del país, siguen exigiendo que se reanuden las actividades en los tribunales o que Valera, también tome en cuenta sus casos, denuncias que han sido presentadas desde Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, entre otros.

Los familiares han manifestado su rechazo, pues argumentan que la ministra de Servicio Penitenciario ha revisado expedientes de la población reclusa que estaban archivados, solo por la llegada del Covid-19. Otra situación que no es nueva ya que desde hace muchos años se ha puntualizado el retardo procesal que existe en los casos de los privados de libertad.

Cronología de libertades otorgadas confirmadas por UVL

2 de abril: 32 libertades otorgadas a través de Tribunal a privados de libertad de las sedes del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Cristóbal, La Fría, La Grita, Rubio y Ureña.

3 de abril: 161 medidas de libertad de presos recluidos en la cárcel de Yare, en Valles del Tuy, estado Miranda.

4 de abril: 122 boletas de excarcelación a recluidos en el Internado Judicial Rodeo II y Rodeo III en Guatire.

7 de abril: 4 reclusos de la Policía del Municipio El Hatillo (Polihatillo),recibieron boleta de libertad por orden del Tribunal.

22 y 23 de abril: 22 reclusos-18 hombres y 4 mujeres-del Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, y el anexo femenino ubicado en la parroquia Tocuyito, estado Carabobo. La medida fue dada en un plan Cayapa.

23 de abril: 382 privados de libertad del Complejo Penitenciario Carabobo, ubicado en la parroquia Tocuyito, recibieron un régimen de confianza.

16 de mayo: 179 libertades bajo régimen de confianza otorgada a reclusos del Centro Penitenciario de Los Llanos, Cepello, ubicado en el estado Portuguesa.

17 de mayo: 18 libertades tuteladas a 15 hombres y 3 mujeres de la Comandancia General del Cuerpo de Policía del estado Portuguesa. La medida fue firmada en el Centro Agroproductivo 26 de Marzo.

23 de mayo: A 150 privados de libertad del Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en la parroquia Tocuyito, estado Carabobo, les otorgaron el Régimen de Confianza Tutelado.

5 de junio: 160 internos de la Comunidad Penitenciaria de Coro, recibieron el Régimen de Confianza Tutelado.

6 de junio: 180 privados de libertad fueron excarcelados del Centro para Procesados 26 de Julio en el estado Guárico.

Tasa de hacinamiento en centros de detención preventiva aumentó a 314%

CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR EN LA DEFENSA y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, Una Ventana a la Libertad (UVL), presentó el informe Anual 2018 sobre la situación de los derechos humanos de los y las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela, en medio de la situación de emergencia humanitaria compleja que vive el país.

El documento da cuenta de la labor de monitoreo del cumplimiento o violación de varios derechos humanos seleccionados como fundamentales, para personas privadas de libertad en 174 CDP – 88% de tipo civil y 12% de tipo militar-, ubicados en la Gran Caracas y los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia. El informe deja constancia de las múltiples y agravadas situaciones que se constituyen en violación de derechos humanos no sólo de las 16.719 personas detenidas, sino de sus familiares y allegados, por extensión.

Combinando información de tipo cuantitativa y cualitativa, el balance del 2018 presentado por UVL abarca cuatro dimensiones: Infraestructura y demografía; Institucional; DD.HH. a la vida, libertad e integridad personal de las personas detenidas en los CDP; DD.HH. a la salud, alimentación e higiene de las personas detenidas en los CDP.

Dimensión infraestructura y demografía

Para el momento del trabajo de campo se contabilizaron en los centros monitoreados por UVL 16.719 personas detenidas con una capacidad instalada para unas 5.332 personas, lo cual indicauna tasa de hacinamiento promedio de 314%. Si se compara la tasa de hacinamiento promedio, a nivel nacional, calculada por Una Ventana a la Libertad en el informe correspondiente al I semestre de 2018, respecto a este informe anual 2018, se aprecia un incremento de 271% a 314%, 43 puntos más. Los estados que presentan las mayores tasas de hacinamientos en sus CDP son Falcón con un 853%, Anzoátegui con un 661% y Zulia con el 484%.

La precaria infraestructura que hoy está sirviendo de asiento a los 174 CDP monitoreados durante el año 2018, que albergan un 92% de hombres y un 8% de mujeres, la dibujan los siguientes datos: El 49% no cuenta con servicio de agua potable; el 33% no cuenta con servicio de recolección de basura; el 100% no cuenta con área y servicio médico; el 98% no cuenta con comedor; el 33% no cuenta con baños, duchas, iluminación; el 100% no cuenta con servicio de lavandería; el 95% no cuenta con áreas recreativas/deportivas; el 77% no cuenta con áreas de visita; el 73% no cuenta con áreas para mujeres detenidas; el 99% no cuenta con áreas especiales para la población LGBTIQ; el 100% carece de consideraciones en caso de alguna discapacidad; el 99% no cuenta con áreas especiales para adolescentes.

El equipo de investigación de UVL logró detectar a 425 personas detenidas de nacionalidad extranjera. Sobre el estatus legal de todos los detenidos, el estudio indica que es complejo obtener la data pues las autoridades se manejan con mucha reserva al respecto. Los investigadores pudieron conocer 1132 casos de personas ya sentenciadas, 7% del total de detenidos para el momento del trabajo de campo, que no habían sido trasladas a centros penitenciarios y unos 7730 procesados (46%). Del resto no fue posible confirmar información.

No ha habido inversiones ni ejecución de una política pública avocada ni a mejorar las condiciones de reclusión en estos calabozos, ni a crear centros para procesados judiciales. De hecho, podemos señalar que ocurrieron 70 fugas durante este año, de las cuales se evadieron 470 detenidos, posteriormente, pudieron ser recapturados 105 evadidos, es decir, apenas el 22%.

Dimensión institucional

En la mayoría de los CDP monitoreados, las normas de funcionamiento oficial dependen del cuerpo de seguridad que lo rige: policías municipales, estadales o nacional, Cicpc, GNB, Sebin, Dgcim. No existe ningún reglamento preestablecido o por escrito en ningún comando o sede policial.

“Las principales normas que actualmente están en funcionamiento y hacen cumplir las autoridades, siempre en tensión con los reclusos, son las aplicadas a las visitas de los familiares de los detenidos en lo relativo a quiénes pueden entrar, en cuáles horarios, durante cuánto tiempo, en cuál lugar, qué atuendo les es permitido llevar, así como, pases y requisas para el ingreso de insumos como alimentos, agua, medicinas, vestido, productos de higiene, enseres para dormir, etc…

En esta dimensión quedó claro que los oficiales abandonan su trabajo de calle, de investigación o patrullaje para cuidar detenidos en los abarrotados calabozos de los CDP y lo hacen sin haber recibido mínima formación, entrenamiento o talleres previos para el manejo o cuidado de un reo. El Ministerio para el Servicio Penitenciario desconociendo sus atribuciones en la materia hace visitas esporádicas, no para evaluar o apoyar a los funcionarios policiales, si no para escoger al recluso que se llevará a los penales “con régimen”, indica el documento.

En la dimensión DDHH a la vida, libertad e integridad personal

En total se registraron 305 muertes, muchas de las cuales pudieron ser evitadas si no existiesen índices tan altos de hacinamiento y unos niveles de violencia, que no han sido controlados. Además del registro de los 105 fallecidos en motines como la primera causa de muerte violenta en los CDP, aparecen otras causas de muerte violenta como las riñas entre reclusos -30 fallecidos-, las muertes producidas por intento de fuga -10 fallecidos-, las muertes por enfrentamiento durante la recaptura – 20 fallecidos-, además de dos muertes por suicidio y cuatro por causas desconocidas.

La tuberculosis es la responsable del 38% de las muertes en los CDP monitoreados por UVL y es consecuencia directa del hacinamiento en el cual se encuentran los reclusos. De las 117 muertes a causa de esta enfermedad, el 71% se produjo en el segundo semestre del año, siendo los estados Zulia y Lara los que registraron la mayor tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad

En el 32% de los CDP monitoreados, los familiares de los reclusos, reportaron el uso de medidas disciplinarias que incluyen suspensión de las visitas, suspensión de la entrada de alimentos, golpes, palizas, sometimiento por “pranes” con autorización de los custodios y torturas.

En la dimensión DDHH a la salud, alimentación e higiene

Quedó claro el Estado venezolano vulnera el derecho a la alimentación de los detenidos, al no suministrarles alimentos. De ninguna manera se ofrece de manera oportuna, ni servicios ni atención médica a las personas recluidas en los CDP. Casi siempre se actúa cuando ya la situación es límite.

Las familias de los reclusos están siendo severamente castigadas en los hechos, prácticamente penadas, pues ante el derrumbamiento institucional, deben asumir unas cargas que les exceden, intentando suplir fallas estructurales y que se aprecian en esfuerzos como los de llevar hasta el agua potable, para diversos usos, a sus familiares privados de libertad.

A modo de reflexión

Este informe anual 2018 se enmarca en una historia de fracasos acumulados en la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela, agravada por la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país que afecta con mayor voracidad a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los privados de libertad. Urge invertir en el área y diseñar, ejecutar y supervisar, a nivel nacional, acciones dirigidas a descongestionar los CDP, las cuales respondan a principios de protección a los derechos humanos contemplados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Apoyarse en la cooperación y asistencia técnica que sea necesaria al respecto.

Una Ventana a la Libertad invita al debate en este tema proponiendo algunas reflexiones propositivas, dirigidas a las autoridades con competencia en materia carcelaria y a la sociedad en general, como una contribución desde la sociedad civil organizada comprometida con la defensa, vigencia y revitalización de la democracia y el estado de Derecho en Venezuela.

 

Orpanac realiza campaña por una administración pública transparente

CON DECENAS DE VOLUNTARIOS inició la campaña de calle de la Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (Orpanac), que tiene como propósito tomar varios puntos de la geografía regional para incentivar en las comunidades la denuncia y motivarlos a la participación en las políticas públicas.

Desde el jueves 9 de agosto y hasta el 6 de septiembre, en puntos estratégicos, se instalará el centro de información. La campaña está identificada con pancartas con el logo azul y amarillo de la organización, informó Juan Carlos Torcat, director general de Orpanac. “Queremos afianzar el vínculo que desde hace 10 años tenemos con la comunidad y recordarles que como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir transparencia en la administración pública”.

Los transeúntes se encuentran con mensajes como “¿El transporte funciona?”; “Pasan los años pero… ¿quién repara los huecos?”; “¿Está cansado de hacer cola?” o “¿Cuánto es el presupuesto para la vialidad?”. Estos “son hechos que deberían ser extraordinarios, pero que ahora forman parte de la cotidianidad. Le decimos a las personas que no podemos acostumbrarnos, que la denuncia funciona”, dijo Torcat en nota de prensa.

El inicio de la campaña tuvo buena acogida por los transeúntes de la avenida 4 de Mayo, en las inmediaciones del centro comercial Jumbo, quienes manifestaron su apoyo a la organización, que acaba de cumplir 10 años de gestión.­ “Esto es muy bueno que ocurra porque la gente está como adormecida”, comentó José Malavé, quien se sumó de forma espontánea a la concentración.

Sundde impone rebajas de hasta 80% en comercios de Margarita

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Funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, sorprendieron a los comerciantes de las avenidas 4 de Mayo, Santiago Mariño, así como de los bulevares y demás áreas del casco comercial de Porlamar, al imponerles la medida de tener que bajar los precios entre un 20 y 80% de los que tienen fijados actualmente.

El vicealmirante Alfredo Pulido Pinto comandante de la Zona de Defensa Integral de Nueva Esparta (Zodine), confirmó que efectivos castrenses se han sumado a las acciones que buscan facilitar el acceso a bienes de gran demanda para esta época del año, como parte de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

Los establecimientos visitados por los representantes del Sundde, fueron principalmente aquellos dedicados a la venta de ropas, calzados y juguetes, que son los más buscados por los consumidores para esta época del año.

Pulido Pinto indicó que por los momentos, solamente se han centrado en las zonas del Puerto Libre de Porlamar, pero no descartó que las acciones se extiendan en las próximas horas a los centros comerciales de Margarita, incluidos los de Juan Griego.

Detalló que durante las inspecciones, los funcionarios reportaron delitos como especulación, remarcaje y ausencia de precios, e inmediatamente se les obligó a realizar el respectivo ajuste al margen de ganancias, que de acuerdo a la Ley no puede ser mayor del 30%.

A la quiebra

Algunos comerciantes expresaron su desacuerdo con la medida, pero se sometieron a la misma para evitar sanciones pecuniarias por parte del Sundde como ente contralor, o de prisión por parte de los organismos jurisdiccionales por desacatar la decisión que consideraron arbitraria.

Otros dueños de establecimientos comerciales de las mencionadas zonas, lamentaron tener que ceñirse a normas no establecidas en el ordenamiento legal venezolano, al tiempo que advirtieron que ese tipo de acciones los llevará irremediablemente a la quiebra y por ende, al cierre definitivo de los locales, dejando cientos de trabajadores sin el sustento.

Algunos ya vislumbran clausurar definitivamente sus negocios, ya que reducir los precios los conduce inexorablemente a la quiebra, por las enormes pérdidas que eso les acarreará.

Consecuencias

En el caso de la tienda Go Sport C.A, que vende zapatos deportivos, ubicada en el boulevard Guevara de Porlamar, el ajuste fue de un 50% sobre el precio que marcaba el calzado. Uno de los encargados del establecimiento manifestó que estaban vendiendo sin ganar “un centavo” y con pérdida total; además informó que mostraron todas sus facturas, pero aún así “los obligaron a bajar los precios”.

En otro local, La Premura, donde las personas pugnaban por entrar, se presenciaron empujones y peleas, según comentó uno de los vendedores, quien indicó que habían registrado hurtos de algunos calzados, toda vez que descubrieron varios zapatos viejos, en las cajas, pues se llevaban puestos los nuevos.

Inspecciones

Un funcionario de La Superintendencia de Precios Justos (Sundde) dijo extraoficialmente que en el operativo participaban 36 fiscales y que al inspeccionar varios establecimientos habían detectado muchas irregularidades en los precios, además de no contar con la facturación completa, dijo que por tal motivo se guiaban por los informes de las anteriores inspecciones realizadas, puesto que en algunos locales comerciales tenían mercancía de vieja data, con precios bastante elevados.

Seguridad

El operativo estuvo resguardado todo el tiempo por efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana, que tuvieron que emplearse a fondo luchando para mantener en calma a los numerosos usuarios que deseaban adquirir los productos rebajados, además de garantizar la seguridad de los funcionarios de la Sundde.

De parte y parte

Se intentó conocer la posición de las autoridades de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción de la entidad sobre tales acciones, pero el presidente de ese gremio, Teodoro Bellorín, fue muy parco limitándose a expresar que “lo importante es respetar las leyes de parte y parte”. El presidente regional de Fedecámaras Nueva Esparta, Andrés Rodríguez Ghersi, prefirió no fijar posición, por considerar que corresponde al gremio comercial que preside Bellorín.

En menos de dos meses, delincuentes dejaron vacía sede del CNP en Nueva Esparta

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El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Nueva Esparta denunció que en menos de cuatro días los delincuentes han incursionado dos veces en su sede. En esta ocasión cargaron con la puerta principal, ventanas de aluminio y, para colmo, hasta la tubería de aguas blancas, además de los múltiples destrozos que ocasionaron a las instalaciones.

Como han sido reiterativas estas prácticas delictivas, los periodistas, la comunidad y trabajadores se muestran indignados, porque suman más de 14 de estos hechos, en lo que va del presente año.

Carmen Ofelia Díaz, directiva del CNP-NE, al llegar a la sede gremial pudo constatar los destrozos causados y al respecto señaló: “Esta vez fue con ensañamiento, dan ganas de llorar al observar cómo la delincuencia desatada no da tregua. En menos de cuatro días, han logrado meterse dos veces a la sede gremial ubicada en el Paseo Nicasio Meneses de Porlamar”.

Explicó que la primera incursión de noviembre de 2016 fue el viernes 25: los malhechores cargaron con la puerta principal y las ventanas del auditorio, luego de violentar la reja y el techo que recién fue refaccionado por la Alcaldía de Mariño

El herrero se acercó para reparar los daños, pero no logró realizar su trabajo porque la casa de los periodistas no cuenta con puntos de electricidad desde que en la penúltima acción delictiva se llevaron el cableado y tablero. Se solicitó el apoyo a Corpoelec, pero por la Fitven alegaron que era imposible acercarse a la zona para atender la falta de electricidad, “que una vez concluyera el evento turístico atenderían el caso del CNP”.

Pero como los maleantes no tienen peros o excusas, ni programación turística, de nuevo se metieron en la institución y, como no tenían objetos de valor que llevarse, se dedicaron a destruir y regar los libros de la biblioteca Luis Rojas Vásquez, adscrita al Iasbtiene, ente de la Gobernación del estado Nueva Esparta, que al parecer le importa poco estas reiteradas visitas delictivas porque días antes los amigos de lo ajeno se llevaron los armarios de la biblioteca.

Carmen Díaz, entre indignación y malestar, lamentó esta situación: “por más denuncias que se cumplan ante las instituciones policiales, no hay forma que los detenidos paguen por sus fechorías y, al dejarlos en libertad, regresan a la sede del CNP para cometer sus trastadas”.

Díaz hizo un llamado a los organismos de seguridad a Corpoelec, Gobernación de Nueva Esparta y alcaldes que actúen en lo respecta a sus competencias para que la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Nueva Esparta no siga siendo blanco de la delincuencia.

Mientras que a los agremiados del CNP NE los exhortó a participar en la próxima asamblea el 7 de diciembre, en la que definirán lineamientos que permitan trabajar unidos por la institución.

Vuelos en picada: aerolíneas cierran otro trimestre en rojo

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Recientemente el director de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representación del Turismo, Julio Arnaldes, confirmó que en Venezuela desde el 2014, se ha registrado una caída en la venta de boletos aéreos que alcanza el 75%. Enfatizó que para el cierre del tercer trimestre de este año, en comparación con el 2015, se reporta una caída del 40% en la venta de boletería.

Incluso, algunas agencias internacionales, aseguran que este escenario es consecuencia de la deuda que mantiene el Estado venezolano con las compañías aéreas internacionales y locales.

Refirió que a lo interno, un vuelo doméstico de 30 ó 40 minutos ronda los 16 dólares, mientras que en cualquier parte de la región no baja de 150 dólares, costos que han sido calificados de “ridículos” por parte del propio Arnaldes.

Igualmente aseguró que las empresas que continúan operando han generado estrategias para no perder su plaza en “un mercado sumamente interesante”, entre ellas, la reducción de sus frecuencias y la sustitución de su flota por unidades más pequeñas. Especificó que aerolíneas como Laser y Aserca han abierto rutas hacia islas del Caribe como Curazao y Aruba y a otros países como República Dominicana, Panamá y Ecuador, cuyo precio es calculado en bolívares.

Subrayó que en definitiva, esas opciones representan prácticamente la única materia prima del negocio de las agencias de viajes y turismo que, por ser empresas nacionales, no pueden facturar en una moneda diferente al bolívar.

SoldeMargarita.com Sep 03, 2016 | Actualizado hace 4 años
Investigan incidentes en Villa Rosa

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De acuerdo con la información difundida por el diario El Sol de Margarita a través de su portal web, hasta este sábado 3 a mediodía no se había confirmado ninguna detención por los hechos ocurridos anoche en Villa Rosa, en las afueras de Porlamar.

El medio regional hizo un recorrido matutino por el sector y constató presencia de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin).

Lea el reporte completo de El Sol de Margarita:

La población de Villa Rosa en el municipio García se mantiene a la expectativa luego de los incidentes de la noche de este viernes donde estuvieron involucrados el presidente de la República Nicolás Maduro y varios funcionarios que lo acompañaban, luego de la entrega de unas obras de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

Son varias las versiones que circulan sobre los hechos. Testigos relatan que el mandatario nacional se bajó de la camioneta donde se desplazaba al ver a un grupo de personas que tocaban cacerolas a su paso. Luego de los insultos se produjo un forcejeo entre los ocupantes del vehículo, donde también se encontraba el gobernador Carlos Mata Figueroa y los vecinos que tocaban cacerolas.

El defensor de derechos humanos, Luis Tarbay, dijo que tienen información recogida en el sector de que algunos vecinos fueron agredidos, pero hasta el sábado a mediodía no había confirmación de personas detenidas. Sólo la presencia de funcionarios del Sebin y de otros cuerpos de seguridad por la zona.

También circuló la versión, de acuerdo con la publicación de un mensaje de su hijo, que se desconoce el paradero del abogado Braulio Jattar quien salió de su residencia a las 8:56 a.m. para dirigirse a su programa radial.

 

 

 

Intercambian sardinas por mangos en el estado Nueva Esparta

Sardinas

 

Una gran calada de sardinas llegó a playa Valdés, municipio Mariño. Al menos seis toneladas de las llamadas “bluyín” fueron capturadas por pescadores de la zona en aguas de playa Guacuco para comercializar con los caveros, vender y hacer trueques con el pueblo.

Cinco peñeros de esta comunidad salieron a las seis de la mañana con rumbo a aguas cercanas a playa Guacuco en busca de especies más grandes, pero Luis Cedeño “Chivo”, patrón de Marina, aseguró que esta vez como lo hicieron el jueves cuando calaron 10 toneladas, consiguieron más “bluyín”.

“Chivo” relató que ya llevan cuatro días en esos parajes buscando el sustento para sus familias y las de su comunidad. Este pescador recordó que la sardina estuvo desaparecida de las costas de Nueva Esparta por varios años y ahora está entrando nuevamente para alegría de los insulares.

Cedeño mencionó que la sardina es la más buscada por la gente porque es la más económica. Mientras algunos compradores que esperaban su “tobo de sardinas”, explicaban entre risas que las “bluyín son las mejores porque pegan con todo”.

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