Junio fue el mes en que más uniformados quedaron tras las rejas. La Guardia Nacional Bolivariana aparece como la institución con más funcionarios involucrados en ilícitos

@javiermayorca

EL 11 DE JUNIO EN LA MADRUGADA, un grupo de aproximadamente 15 personas armadas ingresó a un estacionamiento de la Intercomunal de Coche. Luego de someter al personal de guardia tomaron un manojo de llaves y se apoderaron de seis vehículos, la mayoría de ellos camionetas.

Tras dos semanas de investigaciones, los agentes de la División contra el Robo de Vehículos de la policía judicial apresaron a cinco supuestos integrantes de esta organización, quienes para ese momento adelantaban negociaciones con los dueños legítimos de los autos sustraídos del aparcadero.

Todos eran oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, que se desempeñaban en la custodia de las instalaciones del ferrocarril que cubre la ruta entre La Rinconada y los Valles del Tuy.

En otro caso, el 30 de junio, agentes de investigaciones de Homicidios de Cicpc apresaron a cuatro funcionarios de la policía municipal de Calabozo, estado Guárico, porque supuestamente formaron parte del complot que desembocó en el asesinato del ex legislador regional Ramón Henrique Barreto (Psuv) y de su esposa Digni Díaz, el 25 de junio en la vía entre Calabozo y El Sombrero.

Cada día son más frecuentes las noticias que involucran a funcionarios de cuerpos policiales y militares en crímenes de distinta naturaleza. Hasta las instituciones que se suponen más elitescas y sujetas a controles internos, como la Dirección de Contrainteligencia Militar del ministerio de la Defensa, tienen a efectivos que son descubiertos in fraganti en actividades al margen de la ley. Por ejemplo, los agentes de ese despacho Sammy Zapata y Nelson Linares fueron apresados cuando supuestamente intentaban aprovechar las festividades del 5 de julio para cobrar extorsión a un comerciante. Según la información policial ambos eran escoltas de la diputada Tania Díaz.

Todos los detenidos por estos casos son puestos a las órdenes del Ministerio Público. Una revisión de los partes divulgados por esa institución, así como las minutas policiales y reportes de la prensa independiente indican que durante los primeros seis meses de este año fueron detenidos por lo menos 330 funcionarios de cuerpos de seguridad, civiles o militares.

En otras palabras, todas las semanas quedan tras las rejas por lo menos 13 agentes. Casi dos por día. Este es un cálculo conservador, toda vez que muchos procedimientos no son divulgados por la Fiscalía o los medios periodísticos.

“En la situación de crecimiento general de la criminalidad que vive el país, creo que también se han incrementado los delitos cometidos por policías”, afirmó el comisario jubilado (Cicpc) y ex jefe de la Oficina de Control de las Actuaciones Policiales de la Policía Nacional Luis Rodríguez Vieira.

Los cuerpos policiales, indicó el ex funcionario, parecieran no poseer la capacidad para supervisar adecuadamente la actividad de sus propios uniformados, especialmente los que se encuentran en la parte baja de la jerarquía y llevan a cabo en trabajo diario en las calles.

Añadió que tampoco se están aplicando los filtros necesarios para impedir que ingresen a la institución personas proclives a infringir las normas.

Un hecho reciente confirma esta advertencia. El 1 de julio fueron detenidos en Valencia dos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) cuando conducían un auto Kia Rio 2009 blanco robado, placas AG203 DK, propiedad de un hombre de 52 años de edad que poco antes fue abandonado en la vía. Estos aspirantes a policías llevaban un revólver de fabricación argentina con los seriales limados.

Pareciera que la profesión policial es codiciada también por sujetos que sienten que el uniforme les dará un permiso para delinquir. Durante 2015, en tres oportunidades la oficina de admisión de la Unes detectó a jóvenes que introdujeron documentos falsos o forjados para iniciar estudios policiales. Los casos fueron instruidos por la División contra la Delincuencia Organizada de Cicpc.

Civiles y militares

Las detenciones de funcionarios de seguridad se han hecho más frecuentes en la medida en que avanza el año. En enero fueron reportadas 37, mientras que en junio hubo por lo menos 79, más del doble que las del primer mes.

La Guardia Nacional Bolivariana figura como la institución más comprometida en ilícitos, a pesar de que su excomandante general, el mayor general Néstor Reverol, asegura que la ha depurado. Hasta ahora se conoce de la aprehensión de 89 militares de este componente. Luego está la Policía Nacional Bolivariana, de la que se ha reportado la detención de 66 oficiales. El problema de control pareciera mucho mayor en la PNB que en la GNB, si se toma en cuenta que el cuerpo civil tiene menos del 40% del pie de fuerza que posee el componente castrense.

Luego aparecen las policías regionales (58) y las municipales (57), Cicpc (39) y el Ejército (17).

En términos generales, las detenciones de funcionarios se produjeron mayoritariamente como consecuencia de homicidios (88). Esto indica serios problemas en cuanto al uso de la fuerza legítima. Pero la lista llega a otros 21 ilícitos. Los más reiterados son la extorsión (82 detenidos), el tráfico de drogas (30), el hurto (27) y el robo genérico (20). Como aspecto curioso, el contrabando no aparece en la lista. En cambio, hubo ocho detenciones por concusión, un delito cercano a la extorsión.

Para el director de la fundación Aulas Abiertas, Roberto Rodríguez, dedicada a la formación de agentes y vecinos en materia de seguridad, esta sería una consecuencia de la necesidad de sacar a las calles la mayor cantidad de policías y guardias en el menor tiempo posible.

“Con la masificación se están cometiendo errores en las fases de reclutamiento y selección. Además, ya no hay un seguimiento fiel a los oficiales, una vez que se han graduado”, afirmó.

En el caso de la Guardia Nacional Bolivariana se produjo durante estos seis meses una mezcla de delitos comunes y militares. Por una parte, los uniformados se vieron involucrados en homicidios, robos, hurtos, extorsiones y tráfico de drogas, y por la otra también fueron apresados por sacar armamento de unidades castrenses para intentar venderlo a bandas del centro del país. Esta averiguación ocasionó la detención de cuatro sargentos emplazados en Apure.

Controles cosméticos

Desde que se produjo la reforma policial en 2010 fueron instaurados mecanismos de control interno (anteriormente ejecutados a través de las inspectorías) en combinación con los comités ciudadanos de control policial, conformados por personas que residen en los lugares donde estos cuerpos tienen jurisdicción, y que supuestamente son electas por voto directo. Usualmente son miembros de consejos comunales llamados a ejercer los controles externos.

Según el Ministerio de Relaciones Interiores, durante los últimos seis años se han desarrollado en promedio 2331 averiguaciones anuales contra cuerpos policiales o procedimientos en particular. Los documentos de memoria y cuenta no ofrecen el mismo nivel de detalle en todas las ediciones. En 2015, por ejemplo, se iniciaron 3023 expedientes. Debido a tales investigaciones se decidió la destitución de 557 agentes y de 46 directivos de cuerpos de seguridad.

Según Rodríguez Vieira, estos procedimientos no siempre finalizan con el enjuiciamiento del agente o la intervención del cuerpo policial. En el primer caso, por ejemplo, la gran mayoría se resuelve con el mandato de asistir a cursos que ataquen deficiencias de formación.

“La ley buscó que el régimen fuese menos punitivo. Pero hay que contar con la asistencia de la Unes para que las medidas de asistencia obligatoria a cursos académicos se apliquen, y no siempre hay el personal ni la infraestructura disponibles”, recordó.

Por otra parte, las medidas de destitución no siempre son efectivas, pues no existe una base de datos compartida entre todos los cuerpos policiales y el Ministerio de Relaciones Interiores, que permita excluir del sistema a los agentes que fueron objeto de medidas administrativas o penales.

Según el diputado Juan Miguel Matheus, esta es una de las deficiencias que se intenta atacar con la reforma a la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. El nuevo texto legal ya fue aprobado en primera discusión.