cocaína archivos - Runrun

cocaína

Crímenes sin Castigo | Chichí en las sombras, por Javier Ignacio Mayorca
Manuel Rodríguez fue fundamental en la primera operación por la que detuvieron a Chichí Smith, en 1994. Aquí posa con la droga incautada. El 4 de febrero de 1996, fue ultimado por sicarios en Puerto Cabello.
El decomiso de más de cinco toneladas de cocaína por las fuerzas navales de Colombia y Aruba desató varios procesos que, aun en la Venezuela actual, han finalizado las carreras de dos jefes policiales y han puesto a correr a uno de los traficantes de drogas de mayor historia en el país.

@javiermayorca 

El hallazgo de drogas más grande en la historia de Aruba comenzó a gestarse el domingo 23 de febrero, a eso de las 5 p. m., cuando el carguero Aressa zarpó del puerto Guaranao, en el estado Falcón.

La embarcación con bandera camerunesa era vigilada en su trayecto por las fuerzas militares de Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos. Los primeros en aproximarse fueron los de la Armada colombiana, cuyos efectivos ordenaron el traslado de la nave hasta la isla neerlandesa. El viaje, que se suponía iba a finalizar en el puerto griego de Tesalónica, solo duró 34 horas.

Luego de una breve búsqueda en el interior, los policías encontraron un compartimiento en el que habían escondido un alijo de poco más de cinco toneladas de cocaína, repartidas en 200 bultos de 25 kilos cada uno.

Del barco descendieron once tripulantes de origen montenegrino, quienes fueron recluidos en celdas de la Policía de San Nicolás, informó el portal 24ora.

Todo esto sucedió cuarenta días antes del anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump en cuanto al despliegue en el mar Caribe y el Pacífico Oriental de una fuerza aeronaval, con el declarado propósito de parar el traslado de estupefacientes desde Venezuela hacia ese y otros países.

A partir de ese momento, ocurrieron en el país una serie de episodios que guardarían relación con este hallazgo. El 15 de abril, la unidad regional antidrogas de la GN en Caracas detuvo a Raúl del Gallego, Orlando Silva y Jesús Blanco Goitía, en atención a un dato anónimo que los vinculaba con una organización de traficantes de drogas que opera en Carabobo y Falcón. Según la minuta de este procedimiento, del Gallego y Silva tenían credenciales de la policía judicial. Además, en el vehículo donde iban -una camioneta Fortuner- por la avenida Este 6 encontraron una pistola Glock 17 con un viejo troquel del cuerpo de investigaciones en Carabobo.

Al conocerse estas detenciones, circularon por las redes sociales fotos en las que aparecían Silva y el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, en actitud relajada mientras compartían en reuniones sociales. El jefe policial reconoció la veracidad de estas gráficas en una declaración grabada en la azotea de la sede policial, e indicó que las credenciales incautadas por la GN fueron otorgadas por primera vez hace más de veinte años. Este dato trae implícito que las referidas acreditaciones tuvieron que ser sometidas a varios procesos de renovación durante la era Chávez-Maduro.

Para el momento en que Rico divulgó este mensaje, el 23 de abril, ya estaban en curso las destituciones del secretario de Seguridad de Carabobo y jefe de la Delegación de Cicpc en ese estado, José Gregorio Domínguez, y el jefe de la subdelegación Valencia, José Aldana.

Batida a medias

Simultáneamente, corrían otros procesos. El 17 de abril, es decir, dos días después de las detenciones de los funcionarios en Caracas, la Guardia Nacional inició una serie de allanamientos en varias localidades de los estados Falcón y Carabobo.

Al principio, no estaba claro qué perseguían los militares. Pero, luego de cuatro días, ya se entendía perfectamente que intentaban desmontar parte de la estructura encabezada por un hombre cuya historia en el tráfico de drogas se remontaba hasta la última década del siglo pasado. Se trata de Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith (otros le dicen Chiche).

Lo que estaba implícito es que solo alguien con dominio del territorio y de las rutas pudo haber introducido semejante cantidad de drogas en el Aressa, y en un puerto que se supone es controlado por la GN y la Armada. Era una operación compleja, que requería de grandes seguridades en el muelle donde el alijo sería manipulado. Tómese como referencia que, para sacar la droga del buque, las autoridades arubanas tardaron más de medio día. Los sacos ocuparon las cabinas de dos camiones para transporte de tropas.

Chichí Smith era un sobreviviente. En octubre de 1994 fue detenido con motivo de la incautación de 150 kilos de cocaína en un camión que circulaba por el distribuidor Los Samanes, al sur de Valencia. En este episodio, el tamaño del alijo no era lo más importante, sino las conexiones que revelaba.

El expediente de la operación Trueno, como se llamó a este procedimiento policial, intentaba desmantelar una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas que operaba en el país para ese momento. Chichí Smith era ya entonces un nuevo objeto de disputa entre la DEA y la Guardia Nacional.

Un informe de la GN, elaborado en julio de 1993, revelaba que en el grupo de Emilio Martínez también participaban Ángel Alberto Martínez (hermano de Chichí), Frank Prince, Luis Rincón, León Cachito y otros.

Lo más interesante es que la organización no estaba casada con ningún cartel colombiano. Ya podían operar con la gente de Cali (hay otro expediente sobre eso) como con los Guajiros. Y además extendían sus acciones desde Zulia hasta Sucre.

“Estas estructuras de transporte marítimo y terrestre son autónomas entre sí, permitiéndoles laborar para cualquiera de los carteles colombianos”, indica el documento consignado en el expediente judicial.

El éxito de la investigación dependió en buena medida de la capacidad de convencimiento de un informante confidencial de origen español, Manuel Antonio Rodríguez Lamuño. Le decían el Mocho, pues le faltaba una falange en la mano derecha. Este hombre decía ser capaz de infiltrarse en los grupos que operaban tanto en Cúcuta como en Maicao.

El 4 de febrero de 1996 Rodríguez fue ultimado por sicarios cuando caminaba desde su vivienda hasta un teléfono público, en Puerto Cabello.

Chichí Smith permaneció en el internado judicial de Tocuyito hasta 2005. Tras las rejas, vio cómo cambiaba el sistema penal venezolano, y también el Gobierno. Al salir, le tocó adaptarse a la nueva realidad política. Las historias sobre encerronas en Carirubana y grandes fiestas en Valencia indican que su reinserción fue exitosa.

En los últimos quince años, el nombre de Martínez ha sido mencionado con frecuencia en juicios por tráfico de drogas, pero también por otros delitos, como el de contrabando de combustible. En una oportunidad, los militares detectaron que supuestamente mantenía una red de embarcaciones que hacían el traslado de gasolina a las islas del Caribe, donde era vendida a precios internacionales. Para obtener el combustible, las lanchas no debían llegar a la orilla: podían surtirse por una manguera instalada en una plataforma flotante.

Al tiempo que desarrollaba estas nuevas actividades, Martínez creó una fundación que le permitió proyectar beneficios en las comunidades, y ganarse el aprecio de su entorno social. Una fórmula que también siguió el líder de otro grupo que operaba en ese estado, Simón Álvarez.

La fundación de Chichí, llamada Carmen Martínez, organizaba jornadas deportivas y culturales, así como también la entrega de alimentos y materiales para la construcción de viviendas. La sede de esta entidad en Carirubana fue allanada por efectivos de la Guardia Nacional. Una acción que fue rechazada por los pobladores. Para aplacar los ánimos, fue necesario enviar unidades de orden público mientras sacaban las computadoras y analizaban la documentación.

Chichí Smith no está formalmente preso. Pero ya el Gobierno hizo control de daños, puesto que tiene bajo su custodia a una sobrina, señalada de ser representante de la referida fundación. Tocará al jefe, entonces, un nuevo período de silencio.

Breves

* Entre los días 22 y 23 de abril, una comisión del ministerio para Servicio Penitenciario ordenó la liberación de un importante grupo de detenidos en el centro de detención Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito. Según la organización Una Ventana a la Libertad, que trabaja la materia carcelaria, salieron a la calle 382 reclusos, que ya purgaban condena no solo por delitos considerados menos graves, como el hurto o las lesiones leves, sino también por robos. Esta medida ocasionó cierto revuelo en cuerpos policiales de la región, cuyos funcionarios veían a los grupos de presos caminando por la autopista en dirección norte, vistiendo todavía las bragas amarillas que ha implantado el despacho de María Iris Varela para la población penitenciaria. Desde que se verificó la llegada de la COVID-19 a Venezuela, este ministerio ha otorgado por lo menos 896 libertades bajo una figura conocida como régimen de confianza tutelada, que entró en vigencia en diciembre de 2015 tras la aprobación del Código Orgánico Penitenciario. De acuerdo con el artículo 161 del texto, se trata de una reubicación del penado, ya sea en una “unidad de producción o en un área especial del recinto penitenciario”. Por vía excepcional, los procesados también pueden ser objeto de estas medidas cuando tengan de forma ininterrumpida un tiempo de reclusión superior al necesario para optar por el régimen de destacamento de trabajo, que es la mitad del tiempo de prisión estipulado para el delito atribuido a esa persona. Pero, según las normas legales, en ningún caso se permitiría que los reclusos salgan “por la libre”, como ha sucedido. Hay, desde luego, una presión sobre el llamado “órgano rector” de la materia carcelaria, ante la posibilidad de que ocurran infecciones masivas entre los reclusos, para lo cual no hay capacidad de atención médica. Tómese en cuenta, por ejemplo, que durante el primer trimestre de 2020 murieron tras las rejas once personas afectadas por tuberculosis.

* El 21 de abril fue reportado a través de las redes sociales un supuesto “alzamiento” de oficiales subalternos de la Guardia Nacional -casi todos con el grado de capitán- en los Altos Mirandinos. El término tiene amplia acepción, pero generalmente da a entender el resultado de una acción armada contra el jefe del Estado. En realidad, se trataba de otra cosa. Según el representante de la asociación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (Veppex), teniente retirado José Colina, la idea de los capitanes era tomar el puesto de ese componente en Puerta Morocha, carretera Panamericana, y utilizar las armas que estuviesen allí para luego liberar a los presos del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde. El plan fue contrarrestado por la Dgcim debido aparentemente a la delación de un oficial. A partir de entonces, se han producido traslados compulsivos hacia la central de la Dgcim en Boleíta Norte de profesionales de varias fuerzas que estaban recluidos en ese lugar. Entre ellos están los coroneles Pedro Zambrano, Rommel Acevedo y Ervin Gragirena Echezuría, este último del Ejército. También los mayores Adrián de Gouveia y Abraham Suárez, los capitanes Reny Olivares y Jesús María Alarcón; el sargento Edison Morillo Mujica y el civil Roberto Bracho. Esta es una lista incompleta, basada en información de abogados y familiares. Además, algunos de estos traslados ocurrieron en días previos a la acción fallida, lo que hace suponer que la Dgcim estaba advertida sobre este plan con bastante tiempo de antelación. Se debe recordar que el miércoles 15 de abril ocurrió una requisa intempestiva en las celdas de esta cárcel militar. Ahora, familiares y abogados han manifestado su preocupación, pues el endurecimiento de las condiciones de reclusión, en parte debido a la cuarentena por la COVID-19, hace presumir que empeorará la salud del coronel Zambrano, quien quedó afectado de por vida como consecuencia de los golpes recibidos durante los interrogatorios.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Incautaron en Puerto Rico 533 kilogramos de cocaína proveniente de Venezuela

LA POLICÍA DE PUERTO RICO INCAUTÓ 533 kilogramos de cocaína proveniente de Venezuela en una embarcación en alta mar, a la que tuvieron que perseguir los agentes antidrogas, reportaron autoridades y medios del país.

La incautación fue realizada a 3 millas náuticas del sector Inches en Patillas a las 2:22 de la madrugada del lunes 17. El cargamento, de acuerdo a la policía, está potencialmente valorado en 13 millones de dólares.

La directora del negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Puerto Rico, Teniente Coronel Felicita Coreano Rivera, informó que por el cargamento de 21 bultos de aparente cocaína fueron arrestadas dos personas, reseñó Primera Hora.

“Estoy seguro que hoy evitamos que usted, o un familiar querido comenzara una adicción, utilizara la misma o muriera de una sobredosis de droga”, expresó el jefe de la DEA en la Isla, Apolonio Collazo, cuerpo que también participó en la investigación y captura.

De hecho, la DEA en sus redes sociales informó que la droga provenía de Venezuela y que se trataba de 533 kilogramos de cocaína, lo que describieron como “cantidad significativa”.

Crímenes sin Castigo: Venezuela, ruta segura

 

El último informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional

 

@javiermayorca

 

En febrero, la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a esta actividad.

Las fichas elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.

Actualmente, el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales- está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar algunos.

Sin embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción mundial estimada de cocaína va en aumento. Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.

 

Estimados de áreas cultivadas de coca (izq.) y producción mundial de cocaína (der.)

Fuente: ONU

 

A partir de 2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido en aumento. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto incrementa el riesgo de operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de la cocaína.

El último estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas. Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube a 41%.

En 2017, según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.

Una de las preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.

Por otra parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

En consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y seguros- de la cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:

 

Principales rutas de la cocaína

Fuente: ONU

 

Tres de las rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa. Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.

Lo más importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.

La ausencia de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior, en los países de destino.

Al respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego, a cambio de los pagos correspondientes. Pero en un punto del camino, aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos (FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers como Makled.

 

Breves

 

El 16 de abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A partir de ahora, las visitas a los detenidos -civiles y militares- en instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas así como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y soldados detenidos por delitos comunes.

 

* La razón de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas) generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la GN serán detenidos en 2018.

 

* La Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones, y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos” implantado por el ministerio de Maria Iris Varela.

 

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un lapso no menor de quince días, contados a partir de momento en que se verifica la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puer

 

El fiscal designado por la anc, Tarek William Saab, informó que la noche de este jueves se desmanteló una red de narcotráfico que operaba desde el estado Anzoátegui hacia el Caribe.

Precisó que se incautaron 230 kilos de marihuana y 455 kilos de cocaína, ambos con un valor alrededor de 9 millones de dólares.

Aseveró que también se incautaron dos fusiles de guerra y una granada, por ello hay seis personas detenidas.

 

 

 

 

 

 

Los médicos escondieron los dediles, pero uno quedó en el quirófano y lo encontró el personal de limpieza

Dos médicos que se habían apropiado de 26 dediles de cocaína que habían sido extraídos a un paciente, fueron detenidos por el Cuerpo de de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los médicos detenidos fueron identificados por el Ministerio Público como Maricarmen Futrille de 33 años y Jonathan Coronel Rangel, también de 33, quienes pretendieron quedarse con 26 dediles de cocaína que habían sido extraídos de un paciente el pasado 28 de febrero de este año en el Hospital “Israel Ranuarez Balza”, en San Juan de Los Morros, estado Guárico.

Los hechos se iniciaron el referido día cuando Freddy Alfonso González de 42 años se presentó al área de emergencias del Hospital Central de Villa de Cura, estado Aragua, con dolores en el abdomen y Coronel Rangel lo remitió al centro asistencial ubicado en San Juan de los Morros, donde fue intervenido quirúrgicamente por Futrille, quien no informó sobre al extracción de la droga a sus superiores ni a las autoridades.

Al día siguiente, el personal de mantenimiento encargado de la higiene del quirófano encontró uno de los dediles envuelto en una servilleta, y notificaron sobre el hallazgo a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes detuvieron al paciente y a su compañera, Yoicy Bustamante (48).

Ambos fueron presentados ante el Tribunal 4º de Control de Guárico, instancia en la que la fiscal 16º de esa jurisdicción los imputó por la presunta comisión de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.

Luego, la investigación del Ministerio Público continuó hasta que se determinó que Futrillé había ocultado el resto de los dediles y, a través de las experticias telefónicas, también se develó la comunicación que mantuvo en todo momento Coronel Rangel con el paciente.

Ante esta situación, tras una orden de captura solicitada por el Ministerio Público, ambos galenos fueron aprehendidos en sus respectivos centros asistenciales el pasado 2 de abril, y fueron presentados ante el citado tribunal.

La fiscal del caso imputó a los médicos por ser presuntos cooperadores inmediatos en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.

Tanto los dos galenos como el paciente y su acompañante quedaron recluidos en el anexo 26 de Julio de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros.

 

Hallan 389 kilos de cocaína en la Embajada de Rusia en Argentina

cocaina

 

La embajada de Rusia en Argentina ocultaba 389 kilos de cocaína en 16 maletas, un “tesoro narco” valuado en 50 millones de euros. Fue el propio embajador ruso en Buenos Aires, Viktor Koronelli, quien en diciembre de 2016 dio aviso a las autoridades locales, alertado por la presencia durante meses de unos bultos sospechosos en el colegio de la sede diplomática. Cuando la policía argentina abrió las maletas encontró la droga. Fue el inicio de una investigación que duró más de un año y que tuvo ribetes cinematográficos. La cocaína se cambió por harina, se colocaron rastreadores satelitales al cargamento y las fuerzas de seguridad de los dos países esperaron con paciencia a que los narcotraficantes cayeran en la trampa. En diciembre el cargamento llegó finalmente a Moscú por correo diplomático y se detuvo a tres personas. Otros dos cayeron este jueves en Buenos Aires y falta la captura de un misterioso “Señor K”, prófugo en Alemania.

Luego, fue necesario armarse de paciencia. El juez Julián Ercolini, a cargo de la investigación, ordenó escuchas telefónicas que permitieron poco a poco descubrir la red narco, hoy detenida. Mantener en secreto la operación fue lo más difícil. “Había mucha gente involucrada y por canales distintos, porque fue una operación coordinada entre dos Estados”, dijo la fuente de la investigación. “Para traducir las conversaciones telefónicas en ruso, por ejemplo, debieron encontrar a un traductor “por fuera de la comunidad rusa en Argentina, para que mantenga el secreto”, agregó.

Los investigadores descubrieron así que el “señor K” tenía cómo cómplices al tesorero de la embajada, Ali Abyanov, y a dos rusos nacionalizados argentinos: Alexander Chikalo e Iván Bliznouk, este último subinspector de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. La operación, por lo que han logrado reconstruir hasta ahora en el juzgado, consistía en ingresar la droga a Argentina, presumiblemente desde Colombia, e introducirla como correo diplomático en la sede de la embajada rusa. Mientras Abyanov ponía a disposición sus beneficios diplomáticos, el policía hacía de nexo entre las partes, por su dominio de idiomas y sus trabajos de seguridad en el edificio. Abyanov, el tesorero, fue enviado a Moscú en julio de 2016, y dejó las maletas en la embajada. La banda intentó tres veces enviarlas a Rusia, sin saber que tanto Buenos Aires como Moscú estaban al tanto de la operación.

El primer intento fue en un avión privado, pero el juez pidió al embajador ruso que pusiera una excusa para evitarlo. El temor era que por tratarse de un vuelo no comercial se perdiese el rastro. La segunda vez fue el policía argentino quien intentó trasladar las valijas en un viaje de instrucción de policías de Buenos Aires a Moscú. Se decidió que llevar el cargamento junto con un contingente de policías sería un problema en Moscú. La operación se realizó finalmente en noviembre, con el tercer intento de los narcotraficantes.

“Vinieron a buscar las valijas, las metieron en una camioneta y aprovecharon una mudanza donde se llevaban un montón de cosas del tesorero de la embajada que se había vuelto a Rusia”, dijo la fuente de la investigación. Cuando las maletas llegaron a Moscú la policía rusa detuvo a tres personas que intentaron retirarlas, entre ellas el propio Abyanov. Esta madrugada, la gendarmería detuvo en aeropuerto internacional de Ezeiza al policía ruso- argentino, que llegó junto con su esposa desde Roma, y a su cómplice local, quien fue a buscarlo. Fin de la película.

Detienen a venezolanos durante decomiso de 1.500 paquetes de droga en Dominicana

drogadominicana_20118

 

Foto: @kathernandez

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana informó este martes, 2 de enero de 2018, el decomiso de más de 1.500 paquetes de droga, presuntamente, cocaína, durante una operación que contó con la colaboración de Estados Unidos y Holanda y en el que fueron detenidas 12 personas de varias nacionalidades, entre ellos, venezolanos.

La operación fue realizada el pasado domingo 31 de diciembre, según dio a conocer en una rueda de prensa la agencia antidrogas.

Las autoridades dominicanas, junto a países aliados, daban seguimiento a un buque “con alto perfil sospechoso” – que supuestamente trasladaba alimentos – que fue interceptado por unidades navales de Holanda y Estados Unidos en aguas internacionales y escoltado por miembros de la Armada Dominicana al Puerto de Sans Souci en Santo Domingo.

En el operativo fueron detenidas 12 personas, que formaban parte de la tripulación, entre los que figuran colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, hondureños y dominicanos. Todavía no se han revelado ni las identidades de los apresados ni la bandera del barco.

“Los implicados en este caso, están siendo entregados al Ministerio Publico para ser sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas”, apuntó la DNCD en un comunicado leído en la rueda de prensa.

Más información en La Patilla.

Sentencia de 18 años ubica a sobrinos Flores en ranking de capos más peligrosos

InSight Crime

LA CONDENA DE 18 AÑOS DE PRISIÓN a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela no es complaciente y en lugar de ser representativo de la justicia pudiera ser una respuesta política del gobierno de Estados Unidos a la conducta “antidemocrática” de Nicolás Maduro.

El juez Paul Crotty, de la Corte Federal de Manhattan, anunció su decisión de condenar a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos del Presidente Nicolás Maduro, a 18 años de cárcel después de más de un año de espera y luego de descartar la condena de 30 años solicitada por la Fiscalía de Nueva York.

La decisión, que en Venezuela fue considerada benévola, se basó en que no había ninguna prueba de que los acusados hubieran distribuido drogas en Estados Unidos, según explicó el juez.

“En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas… La justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad… la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”, publicó Runrun.es.

Los “narcosobrinos” fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015, por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) cuando intentaban concretar una negociación para llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables del delito de conspiración para introducir droga a territorio estadounidense. Durante la investigación, la Fiscalía de Nueva York presentó documentos judiciales que vinculaban a los sobrinos del presidente Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues planeaban recibir cocaína de este grupo.

Declaraciones de testigos y documentos de la Fiscalía también relacionan a los “narcosobrinos” con traficantes de drogas en Honduras. Además durante la investigación se descubrieron evidencias que vinculaban a Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores con bandas criminales y otros delitos en Venezuela. Se trata de los homicidios de dos hombres pertenecientes a las mafias carcelarias (pranes) y a megabandas (organizaciones dedicadas al secuestro, la extorsión y el microtráfico de drogas).

Durante el caso de los “narcosobrinos” también surgieron algunas grabaciones y otros elementos difundidos por algunos medios internacionales que mostraban la presunta complicidad de funcionarios del gobierno de Venezuela con el tráfico de drogas.  Se refirieron al control del Cartel de Los Soles, supuestamente liderado por el expresidente del congreso Diosdado Cabello, sobre el tráfico de drogas desde Venezuela, y también y los presuntos nexos del vicepresidente Tareck El Aissami en actividades criminales. Sin embargo, no hubo mayores investigaciones sobre estas revelaciones.

Análisis InSight Crime

La página especializada Insight Crime analizó la condena a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores y aunque pudiera parecer compasiva -luego de demostrarse su relación con grupos de crimen organizado, el uso ventajoso de su poder político familiar para facilitar el tráfico de drogas y la intención de introducir drogas en Estados Unidos- en realidad la sentencia de 18 años de prisión es muy similar a las condenas recientes de poderosos criminales de la región, que han sido juzgados en Estados Unidos.

Los hermanos Luis Alonso y Miguel Valle Valle de Honduras, señalados de introducir mensualmente 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fueron condenados a 23 años de prisión. Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, recibió 24 años de pena, luego de declararse culpable de conspirar para introducir grandes cantidades de droga a ese país. También Marlon Francesco Monroy, conocido como “El Fantasma”, fue sentenciado en 2017 a 21 años y nueve meses de prisión en EEUU.

Otros dos poderosos capos colombianos también recibieron sentencias que fueron consideradas reducidas en comparación con los crímenes que habían cometido. Una Corte de Nueva York sentenció a nueve años de prisión a Luis Enrique Calle Serna, uno de los líderes de Los Rastrojos, quien llegó a ser uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia. Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), considerada una de las más grandes organizaciones de narcotraficantes del mundo, fue condenado a solo 15 años y 10 meses de prisión por una Corte del Distrito de Columbia. Luego de una negociación con las autoridades de Estados Unidos, su responsabilidad en matanzas y violaciones de derechos humanos en su país no fue considerada en su sentencia.

Todas estas condenas tienen en común que los acusados se declararon culpables, se entregaron a las autoridades o negociaron acuerdos para suministrar información al gobierno de Estados Unidos. Al parecer los “narcosobrinos” no se ofrecieron como colaboradores, ni negociaron sus sentencias a cambio de suministrar información, así que su condena de 18 años podría ser un reflejo de eso.

Por otra parte, la condena a los “narcosobrinos” puede ser otra respuesta del gobierno de Donald Trump a las acciones “antidemocráticas” que han venido denunciado por parte del presidente de Nicolás Maduro. En varias oportunidades se llegó a plantear que desde Estados Unidos intentaron utilizar esta sentencia como una carta para negociar la salida del presidente Maduro del poder y obligarlo a flexibilizar algunas medidas, como el encarcelamiento de líderes políticos de oposición.

La decisión del juez Crotty, que había sido postergada en al menos tres oportunidades, se conoció el 14 de diciembre, cuatro días después de que el partido del presidente Maduro arrasara en las elecciones municipales, al ganar 308 de las 335 alcaldías que estaban en disputa. Se trata de la tercera victoria electoral consecutiva del mandatario en 2017, luego de triunfar en la Asamblea Nacional Constituyente y en las elecciones de gobernadores, todas obtenidas bajo la sospecha del fraude y en medio de un ambiente de protestas ciudadanas por falta de comida, medicamentos y una creciente inflación.

La ironía no se limita a la Casa Blanca. Después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro sancionó a Maduro y a una docena de funcionarios del Estado venezolano por violación de derechos humanos y conductas que atentaban contra la democracia. Además calificó a Nicolás Maduro de “dictador”. Sin embargo, estas medidas no parecen haber afectado al régimen del sucesor de Hugo Chávez, quien en los últimos cinco meses se ha fortalecido en el poder y ha radicalizado su modelo.

La condena de 18 años de prisión sobre los sobrinos de su esposa tampoco generó ninguna preocupación en el mandatario de Venezuela. Días antes del anuncio de sentencia, previsto para el 14 de diciembre, Maduro mantuvo su conducta retadora. El mandatario, ahora fortalecido políticamente, amenazó a la oposición con no permitirles participar en las elecciones presidenciales de 2018 si no exigían al gobierno de Estados Unidos que retire las sanciones en su contra.

Ningún funcionario del gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre la sentencia, tampoco los medios de comunicación oficiales han difundido la información.