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CIDH presentó ante la Corte IDH caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
La CIDH  presentó ante la Corte IDH el caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Los hechos ocurrieron en el marco de un operativo de seguridad en el estado Aragua, en el 2017. 4 hermanos fueron asesinados a manos del CICPC. Los funcionarios declararon que fue en un enfrentamiento, pero su madre asegura que no tenían antecedentes
Foto: Cortesía: @CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sometió el 29 de marzo de 2023 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 14.177 de la República Bolivariana de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Israel Benjamín, Martín Daniel, Leonel David y Leonardo José Manaure Flores, así como por la falta de investigación de los hechos.

Según la información proporcionada, en 2017, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ingresaron a la residencia de los hermanos Israel Benjamín, de 16 años, Martín Daniel, de 17 años, Leonel David, de 19 años, y Leonardo José, de 24 años, quienes fueron ejecutados en el lugar.

Los funcionarios declararon a medios de prensa que las muertes se habían producido por un enfrentamiento policial y que los hermanos serían delincuentes. La madre, Ana María Flores Quintero, afirmó que sus hijos no poseían antecedentes criminales, y que tres de ellos eran estudiantes y el otro trabajaba en albañilería.

Los hechos ocurrieron, denuncia la CIDH, en un «contexto de ejecuciones extrajudiciales de operativos de seguridad en Venezuela, en el estado Aragua»,  que según refieren, se caracterizan por actuaciones irregulares, allanamientos ilegales y enfrentamientos en los que personas, principalmente jóvenes de bajos recursos, terminan ejecutadas bajo la hipótesis de ser criminales, «sin respuesta judicial efectiva y en situación general de impunidad».

El Estado es responsable

La Comisión (CIDH) determinó que el Estado venezolano es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los cuatro hermanos y que  no  cumplió con su obligación «de realizar una investigación con debida diligencia, de oficio, rápida, objetiva y dentro de un plazo razonable». 

De igual forma, y por el hecho de que Israel Benjamín Manaure Flores y Martín Daniel Manaure Flores tenían 16 y 17 años cuando fueron ejecutados,  la Comisión observó que el Estado incumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su interés superior.

En consecuencia, considera que el Estado debe ejecutar las siguientes medidas de reparación:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo tanto el aspecto material como moral.

2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Ana María Flores Quintero, de ser su voluntad.

3. Continuar con la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

4. Adoptar las medidas de no repetición de hechos similares: i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza y prohibición de ejecuciones extrajudiciales; ii) medidas para investigar con la debida diligencia, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de las fuerzas policiales, con protocolos de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.

Provea saluda la acción 

Provea saludó la iniciativa de la CIDH por el logro de justicia «ante los miles de casos» de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en ene Venezuela.

“La perseverancia de las víctimas es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad”, emitió Provea.

 

Para el 2022, se reportaron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país, según Amnistía Internacional.

 

CIDH condena las inhabilitaciones a políticos y las detenciones a sindicalistas en Venezuela
Reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra hasta 20 sindicalistas como presos políticos entre 2022 y 2023

Con información de EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes, 14 de julio, las inhabilitaciones a la participación política de los candidatos a las primarias del 22 de octubre, en las que se elegirá al aspirante que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024, y de aquellas personas que protestan para exigir derechos en Venezuela.

«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», expresó la comisión en un comunicado difundido por la Organización de Estados Americanos (OEA). El documento reitera el rechazo del ente multilateral a las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

 

La CIDH reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».

Detenciones a sindicalistas

La comisión «registró, con especial preocupación, la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales», los cuales se sumaron a los «más de 20» trabajadores detenidos «en circunstancias parecidas» en lo que va de año.

Afirmó que las inhabilitaciones y las detenciones «resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico», por lo que consideró urgente que el Estado «adopte un compromiso genuino con la democracia (…) levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política».

La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria agradeció este jueves el respaldo recibido por el Parlamento Europeo, quien condenó, en una resolución, la decisión «arbitraria e inconstitucional» de inhabilitar a políticos críticos al gabinete madurista.

La Asamblea Nacional, de mayoría madurista, rechazó las denuncias de los entes multilaterales a través de un acuerdo aprobado por unanimidad durante la sesión del jueves.

 

Machado denuncia hechos de violencia en actividad política en Catia La Mar
«Lo que acabábamos de vivir aquí en Catia La Mar es la demostración de lo que está pasando en toda Venezuela. El régimen, que se sabe minoría, recurre a la violencia, y los ciudadanos, que sabemos que somos la inmensa mayoría, tenemos la fuerza. Unos poquitos violentos, superados por una gran mayoría», expresó

 

La dirigente María Corina Machado, que lidera las encuestas para las primarias del 22 de octubre, denunció este 14 de julio actos de violencia por parte de un grupo de personas durante una actividad política en el estado La Guaira.

En un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de su partido, Vente Venezuela, Machado responsabilizó, mediante una grabación desde el interior de un vehículo, al gobierno de Nicolás Maduro de estos actos violentos.

«Lo que acabábamos de vivir aquí en Catia La Mar es la demostración de lo que está pasando en toda Venezuela. El régimen, que se sabe minoría, recurre a la violencia, y los ciudadanos, que sabemos que somos la inmensa mayoría, tenemos la fuerza. Unos poquitos violentos, superados por una gran mayoría», expresó.

Asimismo, aseguró, en el momento en el que circulaba por una vía en la que había varios agentes de seguridad que la saludaban a su paso, que funcionarios policiales ayudaron e hicieron «valer el respeto a los ciudadanos».

«Qué emoción, qué emoción. Esto está cambiando de una manera impresionante», agregó Machado, a quien, según vídeos publicados por medios, varias personas intentaron agredir.

CIDH condena «restricciones al derecho a la participación política» de opositores

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las «restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación» de los candidatos a las primarias y de aquellas personas que «protestan para exigir derechos» en Venezuela.

«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», dijo la comisión, según un comunicado difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que rechaza las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

La CIDH reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».

Con información de EFE

Fundaredes denuncia ante CIDH vulneraciones a DD.HH. de Javier Tarazona
La ONG aseguró que el Estado venezolano no ha cumplido ninguna de medidas solicitadas por la CIDH en el caso

La ONG Fundaredes denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) las vulneraciones de las que, aseguró, ha sido víctima su director, Javier Tarazona, en prisión desde hace 613 días, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, informó este martes la organización.

En un comunicado de prensa, la ONG indicó que, durante su participación en el 186 periodo de sesiones de audiencia pública de la CIDH, denunció que Tarazona «ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes posteriores a su detención».

La denuncia ante la CIDH tuvo lugar en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La Comisión otorgó una medida cautelar en favor de Tarazona el 30 de octubre de 2022. Los representantes de la ONG venezolana aluden a que el activista por los Derechos Humanos no tiene garantías judiciales y sanitarias

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, denunció Fundaredes.

«Por el riesgo en el que se desenvolvía el director de Fundaredes, Javier Tarazona, y por el contexto de riesgo en el país, la CIDH consideró otorgarle la medida cautelar, sin embargo esta fue omitida por el Estado, ya que continuaron los amedrentamientos y hostigamientos contra su persona, seguidos de su detención», puntualizó la directora encargada de Fundaredes, Clara Ramírez.

Tarazona sin atención médica

La ONG recordó que su director debe recibir atención médica, pues padece de «hipertensión arterial, arritmia cardíaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente, fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular, soriasis, blefaroespasmos, fisuras rectales y alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol».

En este sentido, aseguró que el «Estado venezolano no ha cumplido» ninguna de medidas solicitadas por la CIDH en el caso de Tarazona, por lo que instó a que se respeten los derechos de este activista «detenido de forma arbitraria».

«En cuanto al proceso penal donde se le imputan los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, se informó a la CIDH que se está llevando a cabo la audiencia de juicio oral y público de Javier Tarazona, así como de Rafael Tarazona y Omar de Dios García, la cual fue interrumpida en octubre de 2022, reiniciando desde cero en diciembre», se lee en la nota de prensa. 

El pasado 22 de febrero, Fundaredes pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk —quien visitó Caracas a finales de enero— que califique como arbitraria la detención de Tarazona.

Garantizar la libertad de asociación

El 6 de marzo, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al gobierno de Nicolás Maduro a «garantizar la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil».

A través de un comunicado, la CIDH y la RELE expresaron su preocupación por el avance del proyecto de ley que «limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela». 

De acuerdo con los organismos internacionales, este proyecto de ley «otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, en su criterio, de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República».

Mientras tanto, los organismos multilaterales consideran necesario que los «cuenten con organismos competentes para su registro sin limitar arbitraria y desproporcionadamente dicha libertad».

*Con información de EFE

Corte Interamericana de DDHH evaluará el caso de una mala praxis médica sin garantías judiciales en Venezuela
La demanda remite a la falta de investigación y protección de la víctima ante una mala praxis médica realizada en el año 1998
La Corte también evaluará en el mes de marzo el caso de Beatriz contra el El Salvador por los derechos a la interrupción del embarazo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que iniciará el 21 de marzo mes el proceso de juicio y audiencias sobre el caso de Balbina Rodríguez Pacheco contra el Estado venezolano, relacionado a una mala praxis en un hospital privado del país

El ente intergubernamental reiteró que los representantes legales de Balbina Rodríguez Pacheco, médica cirujana venezolana de 31 años de edad, acusa al Estado por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, a la integridad personal y a la salud a raíz de que la mujer fuera sometida a una cesárea. También se alude a la violación a la Convención de Belém do Pará sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres en América.

Antecedentes del caso ante la CIDH

El médico que atendió a Rodríguez en 1998 advirtió la presencia de un embarazo de alto riesgo debido a cesáreas anteriores y encontró, mediante una ecografía, que tenía placenta previa.

En virtud de ello se decidió, con el acuerdo de la víctima, realizar una cesárea electiva el 13 de agosto de de ese año. Durante la cesárea Balbina tuvo una hemorragia causada por un problema con la placenta.

Según el testimonio de la demandante, ella solicitó al cirujano que le practicara una histerectomía, pero éste se negó por considerar que el sangrado aparentemente había cedido.

Cuatro horas después, Rodríguez presentó signos de sangramiento genital severo con descenso de la hemoglobina, por lo cual se procedió a realizar una histerectomía sub total.

Su condición empeoró y tuvo que ser sometida a tres operaciones más que le generaron secuelas graves, según señala el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que presentó su caso ante la Corte Interamericana en 2021.

Fallas al debido proceso

El 18 de enero de 1999 Balbina Rodríguez Pacheco presentó una denuncia penal ante la delegación del estado Lara del Cuerpo Técnico de Policía Judicial por mala praxis médica, luego de varias intervenciones quirúrgicas que le dejaron secuelas que afectaron su salud general y reproductiva.

Sin embargo, su causa fue finalmente sobreseída (o suspendida) por prescripción mediante sentencia del 20 de marzo de 2012 del Juzgado Vigésimo Segundo del Área Metropolitana de Caracas. Otras denuncias presentadas por la víctima no fueron resueltas por las respectivas autoridades.

La CIDH concluyó que la ausencia de investigación de una denuncia de mala praxis médica que generó perjuicios graves y determinantes en el disfrute del derecho a la salud de Balbina implica no sólo una violación a las garantías procesales y protección judicial, sino también una violación a los derechos a la integridad personal y a la salud.

Ecuador y El Salvador ante la Corte

La Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluará el 20 de marzo el caso del militar Julio Viteri Ungaretti contra Ecuador, el cual se refiere a las presuntas represalias donde el demandado fue víctima después de denunciar actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.

La demanda acusa a Ecuador de violación al derecho a la libertad de expresión, al de protección judicial y al de la libertad personal, así como al derecho de circulación y residencia, y el derecho a la integridad psíquica y moral.

Del mismo modo, el ente intergubernamental atenderá este mes el caso de «Beatriz contra El Salvador», que refiere a las violaciones de los derechos reproductivos y al derecho humano para la salud de una joven de 22 años quién murió por las complicaciones de su embarazo y la prohibición del país ante el aborto. 

Según la demanda interpuesta contra el Estado, Beatriz había sido diagnosticada con Lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo con alta probabilidad de muerte  para la madre. También se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina.

Ante la prohibición de aborto terapéutico en la legislación de El Salvador, la defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar la vida de la mujer.

La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró «no ha lugar» la demanda, ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.

El 3 de junio de 2013 Beatriz comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció cinco horas después, detalla la demanda.

Según la demanda interpuesta contra el Estado salvadoreño, «presuntamente impidió que Beatriz tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal; así como de inviabilidad del feto con la vida extrauterina», explicó la Corte.

Con información de EFE y El Pitazo

El Mañanero de hoy #24Feb: Las 8 noticias que debes saber

La iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) advirtió que el sur de Venezuela está «gravemente expuesto» al mercurio por la minería ilegal que tiene lugar en la zona, en la que se encuentran Bolívar y Amazonas. Los efectos del mercurio han causado el fallecimiento de indígenas y mineros, aunque no detalló cuántos y en qué período.

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Estado venezolano ha incumplido con medidas cautelares que solicitó la CIDH para tres presos

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Primera escuela drag en Venezuela nació en Mérida

“Suben los precios y los maestros se mueren de hambre”: Docentes hicieron cadena humana frente a Inspectoría del Trabajo

«Estamos convocando a un paro nacional de 48 horas a partir del martes 28 de febrero. Convocamos a todos los trabajadores de Venezuela para exigir nuestros derechos económicos», dijo Adrian Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios (Fenasoes)

CIDH: Cuba, Venezuela y Nicaragua suman casi 1.500 presos políticos
Cuba es el país del continente con más presos políticos, con 1.034. Le siguen Venezuela, con 247 y Nicaragua, con 192 privados de libertad por razones políticas
La CIDH tildó de autoritarios a los gobiernos de estos tres países

 

Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran 2022 con casi 1.500 personas encarceladas por motivos políticos entre los tres países, denunció este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH calificó en un comunicado de «autoritarios» a los Gobiernos de estos tres países y los acusó de instrumentalizar el poder judicial para la perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas.

«La independencia y la autonomía del poder judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho», reivindicó la comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

En total en los tres países, la comisión reportó 1.467 detenidos por motivos políticos, contando civiles y militares. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022.

La sigue Venezuela, con 247 presos políticos a octubre de este año y Nicaragua, con un total de 195 detenidos.

Las personas privadas de la libertad bajo estos Gobiernos, además, son tratadas de manera distinta al resto de la población carcelaria, subrayó la CIDH, «lo que ha provocado un grave deterioro de salud» en varias de ellas.

Existe poca información oficial sobre la situación de los detenidos, ya que están aislados y les resulta difícil mantener un contacto regular con sus familias y en algunos casos son sometidos a torturas y tratos crueles, denunció la CIDH.

Las mujeres detenidas se enfrentan además a violencia por su género, al igual que «malos tratos como método de castigo, represión y humillación», subrayó la comisión.

15.777 detenciones políticas desde 2014.

El pasado 22 de diciembre, el Foro Penal dijo que de los 274 presos políticos en Venezuela, 261 son hombres y 13 son mujeres. Además, 123 son civiles y 151 militares

Adicionalmente, la organización señaló que 120 presos políticos han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.

Foro Penal añadió que desde 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas. Además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.

Foro Penal indicó que en Venezuela hay 274 presos políticos

Con información de EFE

CIDH preocupada por “expulsiones sumarias” de migrantes venezolanos en EEUU
Las dimensiones continentales de la crisis humanitaria en Venezuela, necesita de medidas coordinadas e inclusivas por parte de los Estados Miembros de la OEA, según la CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la aplicación de medidas restrictivas y expulsiones sumarias de migrantes venezolanos que intentan ingresar a Estados Unidos.

«La CIDH expresa profunda preocupación por las afectaciones del enfoque restrictivo para generar un ambiente de movilidad humana seguro y condiciones de identificación y reconocimiento de las necesidades de protección y de los derechos humanos de esta población», indicó la organización mediante un comunicado.

La CIDH también destacó que las dimensiones continentales de la crisis humanitaria en Venezuela necesita de medidas coordinadas e inclusivas por parte de los Estados Miembros de la OEA para responder de manera integrada a tales demandas de protección.

Pese a que la CIDH alabó el programa para que 24.000 venezolanos sean elegibles para emigrar a Estados Unidos, advirtió que la imposición de condiciones puede representar un riesgo de vulneraciones a los derechos de estas personas y que la cantidad de cupos disponibles es limitada.

«Urge al Estado garantizar que los mecanismos de protección sean ofrecidos de manera proporcional al movimiento a gran escala de personas venezolanas y ampliar el alcance de las medidas de acceso a los territorios y mecanismos de protección», indicó la misiva.

 López Obrador: Política de EEUU “está dando resultados”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves, 3 de noviembre, que «está dando resultados» la nueva política de Estados Unidos que incluye más de 20.000 visas humanitarias para migrantes de Venezuela, pero la deportación inmediata de quienes lleguen por tierra.

«Sí hay una actitud de parte del Gobierno de Estados Unidos distinta, eso de que se está permitiendo que haya un flujo ordenado de venezolanos que quieren estar en Estados Unidos y está dando resultados», aseguró el mandatario en rueda de prensa.

López Obrador aseguró que se «está notando» en México el resultado de la nueva política. «Ya hay un número importante que han obtenido o están por obtener sus visas temporales o sus permisos, que eso es lo que nosotros planteamos», sostuvo.

El mandatario mexicano insistió en que Washington debe realizar «un plan de desarrollo para toda América» para aprovechar «su fuerza de trabajo, que es la mitad de lo que se necesita para crecer».