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Observatorio de derechos humanos de la ULA expone casos de violencia ante la Cidh en Ecuador
Entre 2012 y 2019 se han cometido 9.960 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela de acuerdo a Cofavic

 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) participa este martes 12 de noviembre en una audiencia pública concedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en el marco del 174° período de sesiones que se desarrolla en Quito, Ecuador, entre el 8 y el 14 de este mes.

El ODH-ULA presentará ante los relatores de la CIDH los casos de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la represión estatal en Venezuela y que esta organización ha documentado.

“Para nosotros es muy importante haber logrado un espacio en tan importante actividad para poder exponer las reiteradas violaciones a los derechos humanos que ha cometido y continúa cometiendo el Estado venezolano”, afirmó Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA.

La audiencia, titulada “Tortura, ejecución extrajudicial y graves violaciones de derechos humanos en la represión estatal en Venezuela”, tendrá lugar a las 10:15 de la mañana (hora de Ecuador) y en ella también participarán las organizaciones no gubernamentales Foro Penal, Un Mundo sin Mordaza y Defiende Venezuela.

Previamente la organización Una Ventana a la Libertad (UVL) presentará la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, en una audiencia concedida exclusivamente a esta ONG.

9.960 ejecuciones extrajudiciales en siete años

De acuerdo con cifras publicadas por la ONG Cofavic, entre los años 2012 y 2019 se han cometido 9.960 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

El ODH-ULA señaló en sus informes que este tipo de crímenes han sido perpetrados por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, violando los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“Tan solo este año, tres personas han sido asesinadas por funcionarios de la fuerza pública en Mérida. German Cohen, Wuilderman Paredes y una mujer agricultora, cuyos familiares pidieron reservar su nombre por temor a represalias, fueron asesinados a manos de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o de otra fuerza de orden público”, puntualizó en nota de prensa el ODH-ULA.

Dicho Observatorio de DDHH denuncia que en ninguno de los casos referidos ha habido justicia plena y que los procesos judiciales en curso por los mismos han estado plagados de retrasos e irregularidades.

En todos los casos documentados para esta audiencia por el ODH-ULA, el Estado venezolano ha negado verdad, justicia y reparación a las víctimas, incentivando la impunidad y la repetición de estas violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», precisa la organización.

Disparos a los ojos: práctica de represión

El ODH-ULA ha determinado que disparar al rostro de las personas que manifiestan es una práctica reiterada en contextos de represión ejercida por parte de funcionarios policiales o militares.

Durante las protestas sociales ocurridas en 2017, este Observatorio registró 22 personas heridas en los ojos en el estado Mérida. “Las víctimas perdieron uno o ambos ojos como consecuencia de los disparos de perdigones propinados por funcionarios policiales o militares”, indica el ODH-ULA en un informe.

En la audiencia ante la CIDH el ODH-ULA también presentará casos de personas heridas de gravedad en otras partes del cuerpo por parte de funcionarios de la fuerza pública en el marco de acciones represivas, así como casos de personas privadas de libertad como forma de castigo por manifestar.

Uno de los casos en Mérida es el de Erickvaldo Márquez, estudiante de la ULA, quien fue detenido en su casa el 13 de septiembre de 2017 y luego acusado como autor del asesinato de un funcionario de la gobernación del estado, ocurrido el 24 de abril de ese año en el marco de las protestas sociales registradas en la ciudad.

“Márquez permanece privado de libertad, sin que haya ninguna prueba en su contra, y las audiencias de juicio han sido diferidas sin ninguna justificación en cuatro oportunidades. Por si fuera poco, el joven ha escrito a su madre sobre las torturas que ha recibido en prisión”, señala el ODH-ULA.

Todas las audiencias que tienen lugar en el 174° período de sesiones de la CIDH podrán ser seguidas en vivo a través del sitio web www.oas.org/es/cidh.

CIDH comienza investigación sobre la muerte del concejal Fernando Albán

Foto: AP

Según la CIDH, el régimen de Maduro tiene hasta enero del año 2020 para aportar información sobre este caso

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos comenzó una investigación sobre la muerte del concejal de Caracas por Primero Justicia, Fernando Albán, quien murió en octubre del 2018 en la sede del Sebin de Plaza Venezuela.

En un documento, la CIDH exigió al régimen de Nicolás Maduro que dé información y respuesta a la denuncia formulada por los familiares de Albán ante el organismo, la cual fue interpuesta en el mes de abril de este año.

El régimen oficialista tendrá hasta el 17 de enero del próximo año 2020 para aportar información sobre el caso del concejal.

Albán, quien militaba en el partido opositor Primero Justicia, falleció en octubre de 2018 bajo custodia del Sebin.

Las autoridades indicaron que el concejal murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede del Sebin en Caracas. Sin embargo, la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

CIDH creó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena informó este jueves sobre la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela.

“La CIDH reitera su compromiso con la protección y promoción prioritaria de los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, anunciamos la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela”, afirmó. 

Durante la celebración del 173 periodo de sesiones de esta institución, Arosemena afirmó que la institución mantiene un compromiso con el país y afirmó que la creación del ente sirve para dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones ante la posible violación de los derechos humanos y pondrá especial atención a crímenes de lesa humanidad y de responsabilidades individuales.

La CIDH explicó en su página web que este tipo de mecanismos sirven para “seguir la implementación de sus recomendaciones realizadas ante situaciones específicas como una práctica novedosa en el contexto del derecho internacional de los derechos humano”.

Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que mañana se realizará la votación para aprobar finalmente la creación de este nuevo órgano de investigación.

Louza alertó sobre la situación de los diputados perseguidos por el régimen de Maduro. En total son 86 parlamentarios los que han sido víctimas de violación a los derechos humanos.

“Ni siquiera el presidente Juan Guaidó está exento de ser encarcelado en cualquier momento”, destacó la directora Acceso a la Justicia.

 

 

*Con información de El Nacional 

Iván Duque pide a la CIDH que lidere investigación en contra de Maduro

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, pidió este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie para que no se caiga en la impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra donde ha habido procesos de paz.

Durante la inauguración del 62 período de sesiones extraordinarias de la CorteIDH en Barranquilla, Duque le pidió al presidente de dicho organismo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor asumir el liderazgo para llevar ante la justicia los crímenes que considera que se están cometiendo en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

«Pido una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes diariamente en Venezuela impunemente», dijo.

“El llamado respetuoso es que ante los reportes que se conocen, el adelantado por la propia Organización de Estados Americanos (OEA) en cabeza del secretario general y el más reciente adelantado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet debería servir para que la CorteIDH pueda transmitir su preocupación a la CPI”, dijo Duque. 

 

CIDH amplió medidas para proteger a pacientes del J. M. de los Ríos

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS Humanos otorgó una ampliación de las medidas cautelares establecidas para 13 servicios del Hospital J. M. de los Ríos.

Los 13 servicios incluidos en la medida cautelar son: cardiología, hematología, neumonología, medicina II y III, anatomía patológica, lactancia, neurocirugía, pediatría integral, nutrición, medicina de adolescentes, neurología pediátrica, consulta externa y triaje.

«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los representantes, la comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas beneficiarias se encontrarían en una situación de riesgo», señaló el documento.

La comisión solicitó al Estado venezolano que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños, niñas y adolescentes pacientes en los 13 servicios identificados del Hospital José Manuel de los Ríos».

En las medidas cautelares, la Corte IDH emitió cuatro recomendaciones al Estado venezolano en cuanto a la crisis hospitalaria: adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños, niñas y adolescentes pacientes en los trece servicios del hospital,  así como a asegurar que las condiciones de salubridad y seguridad en la que se encuentran los niños del hospital sean las adecuadas y conforme a los estándares internacionales aplicables.

«La Comisión también solicita a Venezuela se tenga a bien informar, en un plazo de 20 días contados a partir de la fecha de la presente resolución de ampliación, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica», indicó el documento.

Entre las denuncias consideradas por la CIDH se encuentra la reaparición de epidemias erradicadas décadas atrás, las muertes por casos de difteria y sarampión, y los fallecimientos por deficiencias renales.

 

 

*Con información de EU

Denuncian suspensión de visitas en Ramo Verde a varios presos políticos

LOS FAMILIARES DE VARIOS PRESOS POLÍTICOS detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, fueron notificados el pasado viernes, 16 de agosto, de la suspensión de visitas a varios de los detenidos. Así lo confirmaron dos videos publicados por la ONG Foro Penal, en los que parientes contaron que les impidieron ver a los suyos.

De acuerdo con el director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, estos reclusos están incomunicados en el Anexo B de la cárcel. A través de los familiares se supo que al menos dos de los afectados, el teniente Luis Alejandro Mogollón y el sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, tienen medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de Mogollón, quien padece de Linfoma de Hodgkin (un tipo de cárcer), la CIDH ordenó al Estado venezolano el pasado 7 de marzo que protegiera el derecho a la vida, integridad personal y salud del militar detenido y que posibilitara su tratamiento médico conforme a los estándares internacionales aplicables. 

“Necesito saber qué está pasando, porque mi hijo tiene una condición de salud muy delicada. Si ustedes recuerdan, mi hijo sufre de Linfoma de Hodgkin, tiene convulsiones. El Estado no se ha hecho cargo de su salud y no ha sido medicado ni nada”, denunció la madre de Mogollón, quien agregó que el teniente tenía fracturas craneales laterales que no habían sido tratadas.

Las medidas cautelares sobre Bandres Figueroa fueron dictadas el 28 de febrero de este año y contemplaron, además de la protección de sus derechos humanos, la adopción de condiciones de detención apegadas a normas internacionales.

“Yo exijo una fe de vida, quiero saber que Bandres está bien, que está en Ramo Verde y no le ha sucedido nada malo”, pidió la esposa del sargento detenido, Andrea Hernández.

CIDH urge a investigar la

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CIDH) urgió este miércoles al Estado de Venezuela a investigar los “probables actos de tortura” a los que fue sometido el militar Rafael Acosta Arévalo antes de morir.

En un comunicado, la CIDH expresó “alarma” y “preocupación” por el fallecimiento de Acosta Arévalo “por probables actos de tortura” e instó “a las autoridades a investigar los hechos, juzgar y sancionar a los responsables”.

“La CIDH condena la tortura y espera el compromiso de todos los Estados para combatirla”, manifestó la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, según recoge la nota.

El Gobierno venezolano confirmó el sábado pasado la muerte de Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y que fue señalado por participar supuestamente en una conspiración para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana han sido detenidos por su supuesta responsabilidad en esa muerte.

Según su defensa y portavoces de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar.

Al respecto, con base en la información que ha recibido, la CIDH apunta que el militar “estaba en silla de ruedas, tenía las uñas ensangrentadas, no podía hablar y solo asentía cuando le preguntaban si había sido torturado en la DGCIM”.

El pasado 22 de mayo, la Comisión ya expresó preocupación por el “recrudecimiento” de las condiciones de detención en la DGCIM y dijo que había recibido información “alarmante” sobre supuestas torturas, así como tratos inhumanos, crueles y degradantes.

En su nota, la CIDH reiteró que el Estado venezolano tiene el deber de investigar “de oficio y con la debida diligencia” todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.

Y señaló que esas “investigaciones no solo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión”.

LA CIDH, con sede en Washington, es un organismo técnico que se encarga de la promoción de los derechos humanos en el continente americano y depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Maduro no reconoce las competencias de la CIDH por su vinculación con la OEA, órgano del que se retiró en abril.

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 20.06.2019: ALTO: Ya Michelle hablará
ALTO
YA MICHELLE HABLARÁ:
 

La dos veces presidenta de Chile Michelle Bachelet está en Caracas. Por su alojamiento en el Hotel Eurobuilding, en la urbanización Chuao, dicho establecimiento fue tomado por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro haciéndolo parecer como un alojamiento en plena zona de guerra en Siria o Irak. Ella ha buscado recibir a sus convidados venezolanos a informarle de la realidad que vivimos en las oficinas de la ONU o en otros lugares preseleccionados para evitar la injerencia de los agentes de seguridad del régimen o de otros funcionarios de maduro y así poder escuchar sin tapujos las quejas e informes que le presenten.

La decisión de mover algunos encuentros del Eurobuilding obedece a la certeza que se tiene de haberle colocado micrófonos u otros artilugios para escuchar sus diálogos. El régimen ha querido rodearla para intimidar a sus interlocutores. Por eso descubrimos que Areaza, el canciller, le asignó a un chileno que es su asistente en el ministerio para que fuera “asistente de la Alta Comisionada”. Igualmente le asignaron al viceministro de Exteriores ante Organismos Multilaterales, Felix Plasencia, y a una asistente del canciller que es la “comisaría política” en el MPPRE, para que la acompañen en sus periplos.

En lo que se ha llamado un “golpe afectivo” trajeron desde México a la médico Maria Urbaneja, exministra de Salud de Chávez y embajadora en ese país debido a su amistad con la expresidenta Bachelet para que la acompañara y le transmitiera en las pocas horas que estaría en Venezuela “todo lo bueno que Maduro ha hecho por los derechos humanos de los venezolanos”.  Tomo de la página de la ONG Acceso a la Justicia punto ORG la mejor explicación de esta visita oficial que no es  alegre invitación de Nicolás Maduro como él mismo nos la quiere vender a traves de la malintencionada propaganda oficial. Increíble que se dejen ver la oreja con tanto desparpajo. Hoy jueves tras la reunión en cancillería con funcionarios rojos fue Ricardo Menéndez -uno de los “socios” del trío con Jorge Arreaza y Manuel Fernández- quien repetía al salir de la reunión con la Alta Comisionada Bachelet que ella era invitada del presidente Maduro. Mas aún cuando anoche al subir del aeropuerto de Maiquetía con el canciller Jorge Arreaza y el rojito y parcializado Larry Daniel Devoe Márquez, encargado del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la llevaron a la Casa Amarilla para darle un concierto con una agrupación juvenil de integrantes del Sistema Nacional de Orquestas mientras el perenne mentiroso canciller repetía el agradecimiento a ella por haber aceptado la invitación de nuestro presidente Maduro. Falsa y desmentida por los hechos ya explicados.

Que el gobierno de Nicolás Maduro use como excusa las diversas sanciones internacionales de las que han sido objeto sus altos funcionarios e integrantes de otros poderes públicos por violaciones de derechos humanos, para justificar su ineficiencia, en este caso ante la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos,  no es nuevo. Partiendo de ello, lo primero que debemos decir es que la visita de la señora Bachelet no es política ni tiene como finalidad la legitimación del régimen de Nicolás Maduro, y por lo mismo no puede ser celebrada por este como un reconocimiento o no de su condición de gobernante democrático. El mandato de la alta comisionada es muy claro: velar por la protección de los derechos humanos, denunciar su violación y pedir su respeto. De ahí que tomar su presencia en Venezuela como un espaldarazo a Maduro o un respaldo a su Gobierno no sólo es equivocado, sino que implica no comprender que para hacer efectivo su mandato la Oficina de la Alta Comisionada debe tratar con todo tipo de régimen, pues precisamente donde más se le necesita es en aquellos sitios en los que, como Venezuela, existen graves violaciones de derechos humanos y no hay garantías democráticas. 

En el caso de nuestro país, además, ese mandato general viene reforzado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 26 de septiembre de 2018, aprobada por holgada mayoría (23 votos a favor y 7 en contra), que declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela con cientos de miles de víctimas, y como consecuencia de ello le ordenó a la alta comisionada mantener informado al Consejo sobre la situación del país y presentarle un informe para este año. Asimismo, exhortó al gobierno venezolano a poner fin a tan catastrófica situación. En razón de ese mandato particular la señora Bachelet, mediante el equipo técnico de su oficina, ha estado recopilando y organizando información.

Esto trajo como consecuencia la venida al país, en marzo de este año, de una comisión de expertos del despacho de la alta comisionada, que llegó en medio del primer apagón nacional y visitó centros penitenciarios y hospitalarios, además de reunirse con víctimas de violaciones de derechos humanos y con las organizaciones no gubernamentales que los han documentado, teniendo así un contacto de primera mano de la realidad nacional, haciendo inútiles los esfuerzos gubernamentales por mostrar un respeto por los derechos que este régimen nunca ha tenido. En esa oportunidad el contacto con víctimas y con la sociedad civil organizada se hizo sin presencia de representantes gubernamentales  que intimidaran o impidieran la libre expresión de quienes querían exponer sus casos. Este sólo hecho, el que pudiera escucharse a las víctimas, es en sí mismo un triunfo, sobre todo cuando se toma en cuenta que en Venezuela los órganos públicos tienen como política la indiferencia y la negligencia en la atención a los casos de violaciones de derechos humanos; el sentirse finalmente escuchados con atención por parte de unos funcionarios de Naciones Unidas les permitió al menos expresar no sólo sus casos, sino la frustración que lamentablemente les ha venido acompañando ante un Estado cuya estructura y organización favorece la impunidad.

La primera consecuencia de esta visita ocurrió pocos días después de iniciada, cuando Michelle Bachelet denunció en una intervención ante el Consejo, entre otras cosas, las 205 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES en el año 2018, y las 39 verificadas hasta el mes de enero de este año, poniendo en evidencia un patrón generalizado de violación de derechos humanos por parte de ese órgano gubernamental que, de acuerdo con lo dicho, en lugar de disminuir este año, se ha venido agudizando. Aunque se haya dicho que su visita es muy corta y que no le va a dar tiempo para conocer el alcance de la tragedia venezolana hay que recordar el trabajo que los miembros del despacho de la Alta Comisionada han realizado antes, durante y después de su visita a principios de este año. En ese contexto, la visita de Michelle Bachelet es la culminación de un ciclo de investigación, no la investigación en sí misma, sobre el caso venezolano, que además no se va a agotar, pues su mandato de protección de los derechos humanos seguirá vigente mientras persista su violación sistemática y generalizada.

También debemos hacer referencia a quienes señalan que este tipo de eventos son sólo protocolares y que al final si se hace una denuncia el Gobierno la ignorará y continuará en su política de violación de derechos humanos como si nada. A tal señalamiento debemos responder que, si bien la Oficina de la Alta comisionada no tiene medios de coacción para hacer cumplir sus requerimientos a los Estados, el que los denuncie públicamente y los dé a conocer al resto de la colectividad internacional es un ladrillo más en el muro de repudio que en el mundo existe sobre el régimen político venezolano. Adicionalmente, hemos de señalar que la misión de la alta comisionada respecto de Venezuela no se va a agotar con su visita al país, sino que continuará con la presentación de un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 5 de julio, donde esperamos haya un reflejo fiel de la atroz situación venezolana. Y para quienes creen que los informes de Michelle Bachelet van a terminar en el olvido de alguna gaveta gubernamental, les recordamos que uno de los informes sobre Venezuela por parte del anterior Comisionado, Zeid Raad Al Hussein,  acompañó la remisión que seis estados realizaron del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional, por lo que mal puede decirse que tales documentos son simple papel mojado.Ese mismo Comisionado denunció como ilegítima la elección de Maduro como presidente en 2018.

Hasta el momento la Alta Comisionada ha sido coherente con la misión encomendada. Este párrafo del portal que mencionamos define muy bien la actualidad:Cuando la Alta Comisionada de los órganos de protección de los derechos humanos viene a Venezuela, mal puede interpretarse como un espaldarazo o una legitimación al régimen, pues en realidad se hace en ejecución del mandato de protección de derechos humanos. Por ello, en la trágica situación venezolana, el simple hecho de que ocurra esa visita no es un triunfo del régimen sino de todas las víctimas que ha ignorado y, en consecuencia,  una luz de esperanza en las tinieblas que actualmente nos rodean, pues cada vez que se oye la voz de alguien a quien han violado sus derechos, se acerca un poco más la justicia.

Un llamado de atención a todos pues ya los miembros del equipo técnico de trabajo de la Alta Comisionada estuvieron desde el pasado 11 de marzo de visita en Venezuela, saliendo de allí un completo informe sobre la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, agravada con el colapso del sistema eléctrico y de otros servicios como el suministro de agua.

Esa visita se dio en el contexto de un ambiente de represión por parte del régimen de Maduro, que en su empeño por imponer su versión ajena a la realidad se dió a la tarea de “maquillar” las principales áreas de los centros hospitalarios y dotarlos, no sabemos si de forma temporal, de medicinas e insumos para hacer ver que no estamos en crisis o que no es tan grave. Incluso se le ordenó a los colectivos (grupos irregulares que pueden estar armados) para que agredieran a médicos, pacientes y periodistas que intentaron acercarse al equipo de la ONU, como ocurrió durante una visita al Hospital Central de Barquisimeto. El simple hecho de que Maduro haya tenido que recurrir a los colectivos para impedir que quienes padecen más duramente la crisis humanitaria se acerquen a la misión de ONU muestra la verdadera y despiadada cara de un régimen para el que las muertes ocasionadas son secundarias si con ello se mantiene en el poder.

Sin embargo, con independencia o no de la visita de Bachelet, lo cierto es que los esfuerzos del llamado “régimen usurpador” por enmascarar la dura realidad han trascendido y, con ello, la certeza de que la crisis humanitaria es responsabilidad de quien la quiere ocultar. El olor a pintura recién puesta en los hospitales en marzo pasado no ocultó el hedor de nuestras miserias, como bien dice el informe de la ONG acceso a la justicia.org.

La pediatra Bachelet ha logrado que dos informes de su oficina referentes a esa visita hayan sido contundentes contra el régimen corrupto e inmisericorde que gobierna Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encontrará con el presidente Nicolás Maduro, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, representantes de organizaciones de la sociedad civil y “víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos”, según informó la ONU.

Tiene previsto también reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo, tres joyas ilegítimas del régimen represor y violador de los Derechos Humanos. Regimen al que gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, considera un gobierno ilegítimo.

La comisionada ha recibido críticas en el pasado por no pronunciarse contra Maduro y algunos, especialmente en círculos opositores, le reprochan no denunciar con claridad la situación del país en materia de derechos humanos. Aunque en febrero condenó los episodios violentos vividos en febrero en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia, cuando fuerzas afines al presidente Nicolás Maduro bloquearon el intento de ingreso de la ayuda humanitaria organizado por la oposición. Resumiendo, dos informes presentados bajo su mandato y levantados por el mismo equipo de la ONU bajo su predecesor  han sido muy duros contra el gobierno de Maduro al presentar la terrible realidad venezolana. Tenemos quince días para conocer su visión de Venezuela, su gobierno y los derechos humanos de los venezolanos en el informe a presentar en Ginebra.