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CIDH y OEA se pronuncian contra detención de gendarme argentino en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela el pasado 8 de diciembre. Al mismo tiempo, la Organización de Estados Americanos repudió el arresto.

La CIDH consideró que Gallo “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable” dentro del país.

Por esa razón, la CIDH pidió a Venezuela que adopte medidas para que se proteja la vida e integridad del gendarme argentino. En este sentido, el Estado debe precisar si Gallo ya fue presentado ante un tribunal así como las razones por las que no ha sido liberado. Igualmente, debe permitir que se comunique con su familia, representantes legales y autoridades de su país.

La Comisión también comprometió a Venezuela a que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

El pronunciamiento de la CIDH ocurre un día después de que Argentina enviara el caso de Gallo a la Corte Penal Internacional (CPI) y que voceros del chavismo enviaran a corresponsales internacionales fotos y videos del gendarme argentino en su lugar de arresto.

Fiscalía vinculó a gendarme argentino con supuestas acciones terroristas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Nahuel Agustín…

¿Qué pasó con el gendarme argentino?

Gallo, quien es cabo primero de la Gendarmería Nacional en Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela, cuando iba a ingresar al país para visitar a su pareja e hijo. Llevaba sus documentos en regla, así como un pasaje de ida y vuelta.

En el punto de control migratorio, las autoridades venezolanas lo apartaron para entrevistarlo, le quitaron el teléfono y lo dejaron incomunicado. Horas después, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se lo llevaron del lugar.

Desde entonces, aunque se confirmó que Gallo fue arrestado, se desconoce el lugar donde permanece, así como el motivo por el cual está tras las rejas.

“Conforme lo revelan las declaraciones de altas autoridades de Venezuela, no se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre Nahuel Gallo y el país del que es nacional, además, la Comisión observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario”, indica la nota de prensa de la CIDH.

“El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, concluye.

Lo que dijo la OEA

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado que “repudia y condena” la detención arbitraria de Gallo.

Para la OEA, el caso del gendarme argentino “constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

“La incomunicación y la negación de asistencia consular y legal representan una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”, sostiene el documento, en el cual se exige a Venezuela que cumpla con los tratados internacionales, garantice la vida y seguridad física de Gallo, así como su asistencia legal, contacto con su familia y su liberación.

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La CIDH consideró que Gallo “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable” dentro del país.

Por esa razón, la CIDH pidió a Venezuela que adopte medidas para que se proteja la vida e integridad del gendarme argentino. En este sentido, el Estado debe precisar si Gallo ya fue presentado ante un tribunal así como las razones por las que no ha sido liberado. Igualmente, debe permitir que se comunique con su familia, representantes legales y autoridades de su país.

La Comisión también comprometió a Venezuela a que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

El pronunciamiento de la CIDH ocurre un día después de que Argentina enviara el caso de Gallo a la Corte Penal Internacional (CPI) y que voceros del chavismo enviaran a corresponsales internacionales fotos y videos del gendarme argentino en su lugar de arresto.

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En el punto de control migratorio, las autoridades venezolanas lo apartaron para entrevistarlo, le quitaron el teléfono y lo dejaron incomunicado. Horas después, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se lo llevaron del lugar.

Desde entonces, aunque se confirmó que Gallo fue arrestado, se desconoce el lugar donde permanece, así como el motivo por el cual está tras las rejas.

“Conforme lo revelan las declaraciones de altas autoridades de Venezuela, no se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre Nahuel Gallo y el país del que es nacional, además, la Comisión observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario”, indica la nota de prensa de la CIDH.

“El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, concluye.

Lo que dijo la OEA

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado que “repudia y condena” la detención arbitraria de Gallo.

Para la OEA, el caso del gendarme argentino “constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

“La incomunicación y la negación de asistencia consular y legal representan una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”, sostiene el documento, en el cual se exige a Venezuela que cumpla con los tratados internacionales, garantice la vida y seguridad física de Gallo, así como su asistencia legal, contacto con su familia y su liberación.

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