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Podcast | Tres en uno: Secuestro del tío de Guaidó, protagonismo de la milicia, construcciones sin aprobación en las Mercedes

En la tercera semana del mes de febrero tres grandes reportajes destacaron por la alianza entre los portales RunRun.es, TalCual y El Pitazo. 

“Todo lo que debes saber sobre el secuestro de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó”, es el trabajo que realizó la periodista Andrea González por RunRun.es. En este, González explica que al presidente encargado de Venezuela no salió ileso en su regreso al país luego de una gira internacional. Además de recibir golpes y empujones de simpatizantes del chavismo, al presidente de la Asamblea Nacional le pusieron preso a otro miembro de su entorno. El tío de Guaidó fue detenido a su llegada a Venezuela el 11 de febrero y estuvo un día desaparecido. Posteriormente fue recluido en la sede del Dgcim en Boleíta y culpado por el propio Diosdado Cabello de transportar material explosivo. 

Por TalCual resaltó el reportaje que realizó la periodista Sofía Nederr en el que explica que “Maduro insiste en dar mayor protagonismo a la milicia como primer ejercicio de 2020. Nederr afirma que durante los días 15 y 16 de febrero se llevaron a cabo los primeros ejercicios militares de este año y en dichas maniobras se le dio especial protagonismo a la milicia, que recientemente fue declarada componente especial castrense por la ANC a través de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional, que de acuerdo a fuentes militares, el adiestramiento para los ejercicios se basó en los conflictos de Vietnam, Granada, Panamá y Libia. 

Por El Pitazo destacó el trabajo que realizó la periodista Grisha Vera, titulado Oposición y chavismo favorecen construcciones en Las Mercedes sin aprobación de los vecinos”.  En su investigación Vera expone que tres veces en ocho años ha cambiado la ordenanza de zonificación de Las Mercedes y que, de acuerdo con los vecinos de las Mercedes, la aprobación del instrumento jurídico no contó con la participación ciudadana y viola al menos 16 artículos de cuatro leyes. Lo que dichas reformas amplían la posibilidad de inversión para los empresarios, pero no toman en cuenta el bien común según expusieron arquitectos consultados.

 

ENTREVISTA | Desde chigüire hasta 1000 dólares: las “cuotas” que pagan en las alcabalas fronterizas
El dirigente político del estado Apure, Juan Francisco García Escalona, denuncia los atropellos que sufren los venezolanos que viven y cruzan la zona limítrofe, y afirma que los grandes contrabandistas son los civiles y militares conectados con el régimen chavista

 

@pppenaloza

 

Juan Francisco García Escalona cuenta lo que ve y padece. Antiguo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado Apure en el periodo 2010-2015, describe el caos que sacude la zona limítrofe venezolana, terreno tomado por la violencia y la corrupción.

“La situación en la frontera es de terror”, alerta García Escalona, quien rompió con el chavismo y actualmente es el coordinador de organización del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI).

¿Cómo evalúa la situación de la frontera?

Puedo afirmar que no hay una política de atención integral para los pobladores de la frontera, ni una política de desarrollo del territorio venezolano. Imagínate vivir en una zona sin hospital, sin un módulo de asistencia social, sin agua potable, sin energía eléctrica por meses. Muchos de los pueblos de la frontera sobreviven por los países vecinos. Te daré un ejemplo: la comunidad de Puerto Páez, parroquia Codazzi del estado Apure, la más pobre de Venezuela según las estadísticas que conocemos, debe estar conformada por alrededor de 2 mil personas. Esos venezolanos se ven obligados a buscar atención en Puerto Carreño, departamento colombiano del Vichada, cruzando los ríos Apure y Orinoco, a unos 30 minutos, mientras el Estado venezolano ni siquiera los visita.

¿Qué oportunidades tienen los residentes de la frontera para enfrentar la crisis?

Los habitantes de los pueblos de la frontera, sean de Apure, Amazonas, Bolívar, Táchira, Zulia o Falcón, tienen mucho tiempo abandonados y puede decirse que experimentan una especie de desconexión importante con respecto al resto del país. Para sobrevivir, conseguir atención integral a sus familias, vacunas, educación y alimentación, dependen totalmente del país vecino, llámese Brasil, Colombia o las islas Aruba y Curazao. Los habitantes de la frontera no saben cómo calcular el precio de un refresco en bolívares, sus monedas de transacción habitual son pesos, reales, dólares y, en menor frecuencia, el euro. Viven de lo que llevan de Venezuela y venden en Colombia: carne, pollo, pescado, queso, leche y, por su puesto, gasolina. Luego, traen productos que escasean en Venezuela para vender aquí y así se mantienen, en un negocio que ahora ya no solo es llevado a cabo por los pobladores de la frontera, sino que también se ha convertido en una fuente de ingreso para innumerables personas de la región central del país.

¿Las medidas ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro han servido para controlar el contrabando de combustible en la frontera?

Ninguna medida del régimen ha funcionado, por el contrario, han empeorado la situación. Todos los controles implementados han ocasionada el aumento del contrabando, con una gran diferencia: hoy el mayor contrabandista es el propio Estado, representado en gobernadores, alcaldes y militares del Ejército, la Guardia Nacional y la Armada. El contrabando sin duda es un mal terrible, que afecta la economía. Los organismos de seguridad arremeten contra el venezolano de a pie, que desde diferentes lugares del país se traslada en buses y llega a la frontera a vender y a comprar cualquier cosa. Sin ánimos de justificar, debe señalarse que el gran problema no es la pimpina de gasolina, sino los camiones llenos de tambores de 200 litros y las cisternas de gasolina que se llevan los militares y los políticos del PSUV.

Constantemente se señala que distintos grupos irregulares actúan en la frontera con Colombia. ¿Cuáles son los grupos más influyentes en este momento y a qué actividades se dedican?

Son kilómetros de frontera con Colombia, un territorio extenso y desguarnecido, y esta debilidad ha sido aprovechada por estos grupos irregulares que se han arraigado profundamente, lo que significa un peligro para todo el pueblo venezolano. Las denuncias que recibimos de los pobladores señalan a las guerrillas colombianas FARC y ELN por hechos como narcotráfico, secuestro, extorsión y contrabando de alimentos, pescado, ganado en pie, oro, diamantes, bauxita, coltán y combustible. Recientemente hemos recibido denuncias de trata de blancas, menores de edad, por 100 dólares.

El llamado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, dice que él garantiza una frontera de paz, donde no pasará “el enemigo”. ¿Bernal está cumpliendo su palabra?

Lo de Bernal es realmente inaudito. Primero, no se protege ni él mismo, menos tiene cómo proteger a ninguna población en específico. Es realmente deplorable que el Estado tenga que impulsar y estimular a delincuentes para crear sensaciones de apoyo al régimen, esto es una muestra del Estado criminal que se ha instaurado en Venezuela. Ojalá el General de la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) asuma realmente su condición y trace las líneas correctas para la seguridad y defensa integral de la nación, y no se deje tutelar por quien organiza y promueve bandas y colectivos. El régimen impulsa y trata de hacer ver que los enemigos son las demás naciones, pero el país tiene claro que el enemigo del pueblo es un proyecto político inviable, que destrozó la economía y toda la estructura del Estado.

¿Cómo evalúa el desempeño de la Guardia Nacional y los otros cuerpos de seguridad del Estado responsables de resguardar la frontera venezolana?

La población tiene profundo temor de los organismos de seguridad, siendo el más desacreditado la Guardia Nacional. La situación en la frontera es de terror, los efectivos de la Guardia Nacional roban a la población que se dedica al comercio, los bajan de los buses durante horas y en todos los puntos de control les quitan desde jabones, papel sanitario, arroz y pasta hasta dinero, exigiendo pesos o dólares. Igual ocurre con el combustible. Hay mafias enteras de civiles y militares que trafican con combustibles, que van desde vehículos con pimpinas y dobles tanques, hasta el paso de cisternas. No hay un solo punto de control de la Guardia Nacional que no tenga que cancelar una ‘cuota’ al comandante. Hay puntos donde los guardias deben recoger al comandante ‘cuotas’ desde 500 hasta 1000 dólares por semana. También pagan ‘cuotas’ en queso, chigüires, carne de res y cerdo. Esta realidad nos ha desbordado, dejándonos el resultado de un cuerpo de seguridad altamente corrupto, sin ningún tipo de compromisos con el país.

¿Qué medidas deben ejecutarse en corto plazo para fortalecer la seguridad en la frontera y mejorar la calidad de vida de sus residentes?

La frontera, al igual que todo el país, requiere de medidas profundas de asistencia social que el régimen de Maduro no puede brindar. Sin complejos debemos abordar estos temas fronterizos en conjunto con los países vecinos porque todos estamos afectados en materia de seguridad, asistencia social y comercio. En algún momento se deben establecer zonas especiales para el comercio, especialmente con Colombia, sin que esto represente una actividad ilícita. Al contrario, debe brindarse privilegios para el desarrollo de los pueblos de la frontera. Nuestro territorio debe desarrollarse según sus potencialidades, para que genere empleos y así mejorar la calidad de vida de los pobladores. Los organismos de seguridad deben tener salarios dignos, al igual que todos los trabajadores del país. A un efectivo de la Guardia Nacional le es muy fácil delinquir, cuando tiene un salario de 500 mil bolívares y por un tambor de gasolina de 200 litros le pagan 200 dólares en la frontera.

Hace unos días me pidieron ayuda para conseguir albúmina para un bebé de 3 años que sufre de un síndrome nefrótico congénito. Estaba en fase aguda y necesitaba el remedio a como diera lugar. Se encontraba tan hinchado que ya ni siquiera podía abrir los ojos. Luego de ponerlo en Twitter –en estos casos uno ve el verdadero poder de las redes sociales- me di a la tarea de llamar a un par de personas que pensé podrían ayudar a conseguirla.

La primera fue una enfermera a quien conocí en Maracay hace años y ahora trabaja en un hospital público de Caracas. Ella me respondió que la albúmina era prácticamente imposible de conseguir, a menos que fuera a una farmacia donde las traen del exterior y cuestan $70 cada frasco. El bebé necesitaba seis: reunir $420 le tomaría diez años y medio a cualquier persona que gane sueldo mínimo y eso sin comprar nada más. ¿Quién de escasos recursos puede pagarlo? ¡Nadie!

Luego me comuniqué con un empleado del Hospital de Niños, sitio de reclusión del bebé, quien me dijo que, si llegaran a tener albúmina, la entregarían directamente al médico tratante en el momento de administrársela al paciente, porque la experiencia ha sido que, si se las dan a los padres, éstos en vez de usarlas, las revenden. En el mejor de los casos, piden más de las que necesitan para luego revenderlas ¿Qué clase de progenitor deja de darle un remedio a un hijo para revenderlo? ¿Qué hay más importante en la vida que la salud de un hijo? ¡Quienes tenemos hijos deberíamos estar dispuestos a dar la vida por ellos!

Y quienes piden más remedios de lo que necesitan para ingresar en el mundo del bachaquerismo medicinal, ¿a quién le están robando, si no es a personas como ellos, que no tienen cómo acceder a los medicamentos de altos precios?

Lo peor del chavismo no es lo que está a la vista, sino lo que no se ve: eso que ha vuelto a tantos cínicos ante el sufrimiento. Lo que ha llevado a demasiados hasta límites desconocidos de indiferencia. Lo que ha transformado a muchos en unos seres primitivos sobreviviendo a dentelladas. Lo que ha convertido a un pueblo tradicionalmente generoso en una bandada de buitres egoístas. Por fortuna y por contraste, también ha sacado lo mejor de tantos, como quienes hicieron todo para que el bebé se salvara. A todos ellos, millones de gracias.

@cjaimesb

Estimado lector, en caso de no lo haya hecho, es momento de aceptarlo: nuevamente se ha subestimado la habilidad del chavismo para mantenerse en el poder. Esto es lo único que le interesa a la elite gobernante, aquello a lo que consagra absolutamente todos sus esfuerzos, lo cual indica en parte por qué Venezuela hoy es un desastre total. Entretanto, la oposición ha optado acertadamente por una estrategia que combina presiones interna y externa. Pero no ha logrado ser constante con la primera y se ha conseguido con obstáculos inesperados en la segunda, que es en la que me voy a enfocar.

La presión externa consiste fundamentalmente en sanciones internacionales impuestas por los gobiernos que favorecen la causa democrática venezolana, contra los cabecillas del régimen y sus fuentes de ingresos. La mayoría proviene de Estados Unidos, que es precisamente el que tiene mayor capacidad para presionar por esta vía, considerando el tamaño de sus mercados y sistema financiero, cuyo acceso las sanciones restringen. Empero, las sanciones no han sido tan efectivas como pudieran ser, debido, en primer lugar, a la falta de multilateralidad (otros gobiernos aliados de la oposición venezolana no han adoptado medidas similares) y, en segundo lugar, a la interferencia de un tercero severamente nocivo: Rusia.

Los politólogos Steven Levitsky y Lukan Way, en un maravilloso ensayo de investigación publicado en 2006, sostienen que la capacidad de una potencia para presionar a un Estado más débil en dirección hacia la democratización se ve coartada si otra potencia interviene a favor del régimen autoritario presionado. Eso es exactamente lo que Rusia ha estado haciendo, erigiéndose así en la máxima protectora del chavismo y cooperando con este para eludir las sanciones norteamericanas o minimizar sus efectos. Por ejemplo, manteniendo el flujo de exportaciones petroleras pese a que Pdvsa está penalizada por Washington. No digo que sea la única razón, pero estoy convencido de que es una de las principales por las que el régimen venezolano está a punto de cumplir un año resistiendo sanciones. Si bien la alianza entre el Kremlin y Miraflores no es cosa nueva y desde un principio cabía esperar que Vladimir Putin le echaría una mano a su beneficiario caribeño, a principios del año pasado la creencia generalizada (incluyendo la mía, lo admito), era que no llegaría tan lejos.

Hasta EE.UU., en boca del enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliott Abrams, reconoció en declaraciones recientes que subestimaron la participación rusa en el tablero venezolano.

Ahora bien, cabe preguntarse por qué Rusia ha insistido tanto en respaldar al chavismo y mantener un pie en Venezuela. Después de todo, el trópico suramericano está bastante lejos de su zona de influencia en Europa Oriental y Asia Central. Hay diferentes explicaciones para esta conducta desde el punto de vista de distintas teorías de relaciones internacionales. Personalmente, me inclino por aplicar al caso venezolano los postulados de Kimberly Marten, politóloga e internacionalista, con especialidad en Rusia. Según Marten, la política exterior de los Estados en buena medida está determinada por la forma en que se ejerce el poder dentro de ellos mismos. En Rusia, dicho ejercicio del poder históricamente ha estado caracterizado por redes de clientelismo, mediante las cuales los gobernantes, para asegurar su estabilidad, actúan como patrones, protegiendo, a menudo de manera no transparente, los intereses de un conjunto de privilegiados que fungen de clientes. Estos a su vez reproducen el esquema con sus propias redes de clientelismo.

Es un fenómeno de orden político y económico que se remonta a los zares, perseveró durante la era soviética y sigue manifestándose hoy.

Putin, como parte de sus ambiciones por hacer de Rusia una potencia mundial, ha replicado el esquema en diversos puntos del globo, con regímenes clientes, casi todos ellos autoritarios. Un buen patrón es aquel que genera confianza demostrando que intercede a favor de sus clientes cuando ellos se sientan amenazados. Si no lo hiciera, los clientes no tendrían razones para confiar en el patrón. Eso no solo impediría a Rusia captar clientes nuevos allende sus fronteras, sino que además socavaría la confianza de los clientes de Putin dentro de la propia Rusia, lo cual pondría en entredicho su estabilidad.

De cara a unos Estados Unidos que ya no están tan dispuestos a hacer de “policía del mundo”, Rusia ha aumentado su influencia global y ha captado nuevos clientes, sobre todo en el Medio Oriente y el África Subsahariana. El régimen chavista, por desgracia, se ha vuelto uno de esos clientes. Tal vez Putin no tomó la iniciativa en este caso. Es probable que haya sido el chavismo quien, anticipando su aislamiento del mundo democrático, haya comenzado la aproximación.

Como sea, hoy figuran en la lista de protegidos de Moscú. Y, por las razones expuestas en el párrafo anterior, Putin puede llegar bastante lejos en la defensa de sus protegidos.

Veamos a Siria, el cliente ruso más prominente. La relación clientelar no es nueva. Se remonta a los años 60 del siglo pasado, cuando el “baatismo”, una suerte de panarabismo moderadamente socialista, llegó al poder en Damasco. Su antipatía hacia Occidente, sobre todo Estados Unidos, hacía de esta ideología una aliada natural de la Unión Soviética. La cooperación incrementó sobre todo luego del golpe de Estado de Hafez Al Assad en 1970. Ventas de armas, entrenamiento de soldados sirios en la URSS, el establecimiento de una base naval soviética en el Mediterráneo árabe (heredada por Rusia y aún ocupada), etc. Literalmente, el vínculo ya era cosa de familia cuando Assad murió en el año 2000 y lo sucedió su hijo, Bashar, el actual sátrapa de Damasco.

Cuando se desató aquella reacción en cadena que pasó a la historia como la Primara Árabe y tocó las puertas de Damasco, parecía que Bashar Al Assad sería el siguiente eslabón en romperse, luego de la caída de los déspotas de Túnez, Egipto y Libia. Pero ahí sigue el hombre, casi una década después. En vez de una revolución fugaz, Siria se sumió en una guerra civil que está entre los conflictos más cruentos y destructivos en lo que va de sigo XXI. Para 2015, el régimen de Assad controlaba más o menos un tercio del territorio sirio. El resto estaba en manos de la oposición armada y del grupo terrorista Estado Islámico.  Sin embargo, en septiembre de ese año, Rusia, que hasta entonces se había limitado a apoyar a su cliente con asesorías políticas y bélicas, comenzó a intervenir directa y militarmente en la guerra civil, despachando un número limitado de tropas de tierra y, sobre todo, bombardeando desde el aire posiciones castrenses (y civiles) en zonas controladas por los rebeldes. También han hecho de las suyas en Siria los paramilitares del llamado Grupo Wagner (empresa de mercenarios cercana a Putin y a las Fuerzas Armadas rusas).

A partir de 2017, las fuerzas leales a Assad comenzaron a recuperar buena parte del territorio perdido. Hoy, controlan aproximadamente dos tercios del país. Si bien ello obedece a diversos factores, incluyendo la pérdida para el Estado Islámico de todo el territorio en sus manos gracias a la ofensiva de Estados Unidos y sus aliados, la intervención rusa fue un factor crucial cambiando la suerte de la dictadura en Damasco. No hay que ser un Napoleón para saber que las guerras suponen gastos millonarios para quienes las emprenden. Además, reportes extraoficiales indican que cientos de rusos (entre soldados formales y paramilitares) han muerto en Siria.

Pero, a pesar de estos costos, Siria es hoy una suerte de protectorado militar del Kremlin. Todo indica que Assad, el cliente satisfecho, no tendrá por lo pronto el mismo destino de otros tiranos en el Medio Oriente.

Mi propósito con este relato es demostrar que, cuando se lo propone, el Kremlin es capaz tomar medidas extremas para proteger a un cliente. No pretendo de ninguna manera asegurar que exista la misma disposición para proteger al chavismo. Como sea, entre los retos de la oposición venezolana y sus aliados internacionales en 2020 está lidiar con el patrón de Miraflores.

 

@AAAD25

Las 5 irregularidades del 5 de enero
Luis Parra se autoproclamó como el presidente de la Asamblea Nacional con el apoyo del chavismo
Distintos artículos del Reglamento de Interior y de Debates fueron violados en un acto que no llegó a ser sesión oficial

@saracosco

 

A la 1:30 de la tarde del 5 de enero, VTV transmitió escenas en las que el diputado Franklyn Duarte levantaba la mano y Luis Parra hacía el ademán de juramentarlo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Como no tenían micrófono, usaron un megáfono.

Un grupo de diputados disidentes de la oposición y el Psuv en pleno, consideró esa escena como una votación, en la que Luis Parra se autoproclamó como presidente del Legislativo, aunque no hay lista que compruebe los votos y solo Rusia reconoció este proceso, mientras que los países de la Organización de Estados Americanos, El Parlamento Europeo, el Grupo de Contacto, Marruecos, Bolivia, Uruguay, expresaron su apoyo al presidente Juan Guaidó. . 

Estas son las irregularidades por las que el 5 de enero la única junta directiva que se juramentó fue la de Juan Guaidó en la sede del diario El Nacional. 

1- El artículo 11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, establece que los diputados se constituirán en Comisión bajo la dirección del presidente de la Junta Directiva en funciones. En este caso el presidente Juan Guaidó, funge como director de debates.

El presidente Guaidó no estuvo en el Hemiciclo porque los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana le impidieron el paso y nunca pudo ingresar al Palacio Federal Legislativo. Mientras tanto, el  chavismo y parte de la oposición que apoya a Luis Parra, aseguraron que siguieron el protocolo al elegir al diputado de mayor edad para ser director del debate, en este caso el diputado Héctor Agüero (Psuv-Carabobo).

El primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa, publicó el acta de esa reunión y allí se explicó que al no encontrarse Guaidó le pidieron a Edgar Zambrano – como primer vicepresidente de la AN- ser el director del debate, al igual que a Stalin González – como segundo vicepresidente- pero los dos se negaron. 

Por eso, argumentaron, recurrieron a aplicar lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de nombrar al parlamentario de mayor.

Pero eso solo se aplica cuando se inicia un nuevo periodo constitucional, es decir, después de unas elecciones parlamentarias. 

2- Además, en el artículo 8 del Reglamento se indica que las postulaciones se deben presentar en plancha y se debe votar para cada uno de los cargos: presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. 

Este paso no se dio, como tampoco la argumentación y ratificación de la postulación por parte de un diputado. 

Posteriormente los diputados no presentaron el acta, la lista de asistencia o de votación para comprobar cuántos parlamentarios estuvieron  presentes en la reunión. Al principio el diputado Luis Parra señaló que la lista la tenía Héctor Agüero, luego que la estaban elaborando y finalmente indicó que la votación fue a “mano alzada con mayoría evidente”.

En cambio el diputado José Brito aseguró que no se publicaban esos datos por seguridad y porque algunos parlamentarios y sus familiares fueron amenazados. 

3- En la supuesta votación de Luis Parra como presidente del Parlamento, el chavismo alzó su mano, pero hay dirigentes que perdieron su investidura al aceptar cargos dentro del Ejecutivo, como es el caso de Francisco Torrealba, quien en 2017 asumió el ministerio del Trabajo. 

El artículo 191 de la Constitución expresa claramente que los diputados “no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”. 

4- Para poder iniciar la sesión se necesita verificar el quórum, el cual se hace a través de la firma de una lista de asistencia. Hay casos como el de Américo de Grazia (Causa R-Bolívar) en el que aparece una firma en su casilla, aunque se encuentra en Colombia.

Otro caso es el de la diputada Tania Díaz (Psuv-Distrito Capital) que estuvo en el Palacio Federal Legislativo, apoyó a Luis Parra – como se ve en un video que publicó en su cuenta de Instagram – aunque no firmó esa lista de asistencia. Es decir, que con exactitud no se sabe cuántos diputados estuvieron presentes en esa reunión.

5- La PNB le impidió a los diputados de Amazonas el ingreso al Palacio Federal Legislativo. Los parlamentarios denunciaron que los funcionarios tenían una lista con los nombres de aquellos diputados que no podían entrar por estar “inhabilitados”.

Semanas después de las elecciones parlamentarias de 2015, el chavismo denunció un supuesto fraude electoral en esa entidad. El Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la votación en Amazonas, pero luego de 4 años la Sala Electoral no ha tomado una decisión al respecto, manteniendo en un limbo a los parlamentarios y sus electores.

En 2019 la Asamblea Nacional se concentró en un cambio de gobierno
El Parlamento navegó entre las aguas del Legislativo y del Ejecutivo al mando de Juan Guaidó
El TSJ se dedicó a allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados sin seguir el precepto constitucional

@saracosco

El 29 de octubre durante un debate sobre la renovación del Poder Electoral, el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, propuso a la Cámara declararse en sesión permanente para que el chavismo consultara con el Psuv su participación en la Comisión Preliminar.

Aunque los diputados del “Bloque de la Patria” dicen desconocer a Guaidó, volvieron una semana después con una lista de nombres para incorporarse a la Comisión, que tiene la tarea de iniciar el proceso de nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde 2015, pasó de ser un poder en “desacato” – por un supuesto fraude electoral en el estado Amazonas denunciado por el chavismo – al protagonista de un intento de transición. Tanto así que, luego de una ausencia de dos años y cinco meses, los parlamentarios del Psuv regresaron al Parlamento.

El “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” se convirtió en el lema de la Asamblea Nacional durante el año 2019. Con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, el 23 de enero en una manifestación en Caracas, la transición política fue el foco de la Asamblea Nacional.

Este proceso se apalancó en el Poder Legislativo a través de un Estatuto – aprobado por los diputados opositores – que lleva como eje principal la interpretación del artículo 233 de la Constitución. 

Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo. Así el presidente encargado con el aval de la Asamblea Nacional hizo distintos nombramientos. 36 representantes diplomáticos y Juntas Directivas Ad Hoc en filiales petroleras y petroquímicas venezolanas como Citgo y Pequiven.

Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo.

 

Además Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, logró el reconocimiento de 60 países, entre ellos Estados Unidos, desde donde se han impuesto más sanciones a instituciones que maneja el gobierno de Nicolás Maduro como el Banco Central de Venezuela, Pdvsa y también a funcionarios como los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) o los directores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Las sanciones más fuertes se dieron a principios de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva congelando todos los bienes e intereses del gobierno de Maduro en ese país. 

En ese momento el presidente Guaidó explicó que las sanciones solo afectarían al régimen de Maduro y a todos aquellos que hicieran negocios con ellos. Agregó que el sector privado no se vería afectado. “La orden ejecutiva aclara expresamente que los temas de alimentos, salud y humanitarios no están limitados”, aseguró en ese momento.

Aunque el objetivo con estas sanciones es presionar a Maduro para que deje el poder, esa meta no se alcanzó durante el año y Venezuela terminó con dos presidentes al mando, sumado a los dos Poderes Judiciales y Legislativos con la Asamblea Nacional y la Constituyente.

Año de persecución

Desde 2016 – cuando asumió la oposición como mayoría – la Asamblea Nacional se ha visto afectada en su labor por las constantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anulando cada una de sus decisiones.

Este año no fue distinto, aunque el TSJ junto a la ANC se encargaron de anular a los diputados de la oposición. Sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 200 de la Constitución, donde se indica que es el Parlamento el que decide sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria.

Hasta ahora son 36 los diputados que se encuentran en esta situación, optando por pasar a la clandestinidad, salir del país o refugiarse en embajadas en Caracas. Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos. La Causa R lo calificó como un destierro.

Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos.

 

Incluso el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó fue víctima de una de estas sentencias de allanamiento, aunque siguió con su doble labor durante el año. Pero uno de sus miembros más cercanos, Roberto Marrero, jefe de Despacho de la AN, fue detenido por funcionarios del Sebin la madrugada del 21 de marzo. Hasta el momento no ha recibido sentencia y la próxima audiencia de juicio será el 8 de enero.

Caso similar al del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) quien se encuentra detenido desde agosto del año pasado – acusado de formar parte del atentado con drones contra Maduro. Tampoco ha recibido sentencia porque sus audiencias de juicio son constantemente diferidas. 

El regreso del chavismo

Mientras a los diputados opositores se les allanaba la inmunidad, el chavismo decidió regresar a la Asamblea Nacional, de la cual se ausentaron por dos años y cinco meses. 

Esta decisión de volver se dio después de anunciar un proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios de la oposición, entre ellos Cambiemos y Avanzada Progresista que cuentan con representación dentro del Parlamento.

Sin embargo continuaron con el argumento de que la AN se encuentra en desacato y que deben cumplir una sentencia del TSJ – regresar a la Junta Directiva de 2016 – para salir de este modelo y poder regresar a la “legalidad”.

Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.

Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.

 

Aún con el supuesto desacato, los chavistas propusieron modificaciones en el orden del día, votaron a favor de un proyecto de acuerdo sobre la participación de los diputados en el Parlasur y también dicen estar de acuerdo en aprobar la Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del sector Eléctrico.

Renovar al CNE

Como lo ha repetido el presidente Guaidó y los diputados opositores a lo largo del año, el objetivo final es lograr elecciones “libres”. Esto pasa por renovar a la directiva del Consejo Nacional Electoral, una prerrogativa de la Asamblea Nacional, según el artículo 296 de la Constitución.

Con el regreso del chavismo al Parlamento y bajo negociaciones, las dos bancadas conformaron una Comisión Preliminar para iniciar este proceso. Aunque la oposición aseguró que es para tener elecciones presidenciales, el chavismo mantiene la postura de que solo corresponden los comicios legislativos el próximo año.

“Venezuela no volverá al sistema financiero mundial si no hay una elección presidencial. Mientras Maduro esté en Miraflores las sanciones van a seguir”, declaró a los medios el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González.

Aunque la Comisión Preliminar se instaló el 13 de noviembre, con la conformación de una subcomisión para hacer el cronograma y así hacer la convocatoria de la sociedad civil, para que se una al Comité de Postulaciones, hasta la fecha no ha avanzado. 

 Leyes a la espera

Ciertamente durante el año 2019 la función legislativa de la Asamblea Nacional fue dejada a un lado. 

Solo se sancionaron tres leyes enfocadas en lograr el objetivo del “cese de la usurpación” con el Estatuto que rige la Transición a la Democracia; la Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y Militares y la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público y Sectores Sociales que participen en el Restablecimiento de la Democracia.

Otras legislaciones como la de Protección al Salario y la Reforma de Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fueron diferidas, esta última en al menos dos oportunidades. 

Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería. 

Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería. 

 

Esta Comisión, presidida por Elías Matta (UNT-Zulia), tiene ya en su “archivero” tres proyectos de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; Ley de Minas y la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. Además también trabajó en la elaboración de la Ley Orgánica del Sector Eléctrico.

En esta misma área la Comisión de Energía junto a la Comisión de Administración y Servicios tendrá la labor de estudiar el proyecto de Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

Este proyecto, que busca un préstamo de 350 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para reducir los apagones en los estados más afectados, no tiene el visto bueno de todos los diputados opositores. 

Primero Justicia y Voluntad Popular no están convencidos de aprobar la ley, pues explicaron que el crédito sería solicitado y manejado por el régimen de Maduro. Aunque la Ley estaba prevista para su primera discusión a mediados de noviembre, fue diferida y ahora es tarea pendiente para 2020, como también lo sigue siendo el “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Monseñor Mario Moronta: Con totalitarismo y militarismo no existe paz
El religioso considera que la única vía para salir de la crisis es un cambio en la dirección del país

 

La verdadera crisis en Venezuela es de tipo moral y humano. Así lo refirió en entrevista con La Prensa de Lara monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), al señalar que el país está sumergido en una emergencia humanitaria a la que el oficialismo y la oposición no han sabido dar respuestas. El también Obispo de San Cristóbal considera que la única vía para ver mejoras es con un cambio en la dirección del país, pues asegura que con totalitarismo y militarismo no hay camino hacia la paz.

La Iglesia se ha manifestado por un cambio en el país, ¿Cómo puede darse con un gobierno que tiene control de las instituciones y una oposición que está fragmentada?

Los mensajes de la Iglesia han sido claros en este sentido: no se puede dar un cambio con este sistema de gobierno. Es necesario un reconocimiento de que se necesita un cambio en la dirección del país. Con totalitarismo y militarismo no se puede construir la paz ciudadana. Es necesario que se dé el cambio en el sistema de gobierno y este termine de escuchar el clamor de la gente.

¿Cree que el gobierno de Maduro sigue escondiendo la crisis al otorgar bonos como el petroaguinaldo?

No hay peor ciego que quien no quiere ver. Decir que no hay crisis es querer tapar el sol con un dedo. No es con dádivas como se va a salir de la crisis ni se va a fortalecer la dignidad del ser humano tan golpeada. Considero que los bonos y las dádivas son para tranquilizar a la gente; pero en el fondo no alcanza para nada.

¿Se aprovecha el chavismo del caos generalizado en Venezuela?

Toda la dirigencia del país se aprovecha de lo que está pasando. Son pocos los que de verdad piensan en la gente y en su dignidad.

¿Ante la emergencia humanitaria cree que la oposición ha estado a la altura de la situación?

La oposición ha hecho su trabajo. Pero no termina de mostrar dos cosas importantes: la unidad interna (y no la búsqueda de puros intereses y conveniencias) y su cercanía a la gente. Hay un serio divorcio de la oposición con el pueblo. A este no hay que buscarlo sólo para las marchas y para las elecciones.

Sigue leyendo esta entrevista de Ágatha Reyes en La Prensa (Lara)

Diputado Eustoquio Contreras propone una Junta Directiva de la AN consensuada entre chavismo y oposición
El próximo 5 de enero se designará una nueva Junta Directiva en el Parlamento
El presidente Juan Guaidó repetiría en el cargo luego del apoyo de un grupo de partidos minoritarios

Foto: Diario El Luchador

El diputado de la Asamblea Nacional, Eustoquio Contreras (Bloque Socialista-Guárico) propuso que la próxima Junta Directiva – que se elegirá el 5 de enero – salga de un consenso entre chavistas y opositores.

“A mí me parece que lo coherente es que los actores políticos, el bloque de la patria y el de la oposición, le regale al país una directiva consensuada. Hay que llegar a un acuerdo desde el reconocimiento”, expresó desde los jardines del Palacio Federal Legislativo.

Lo ideal, según el parlamentario que hasta 2017 acompañó al chavismo, es que las dos partes se sientes y negocien la estructura de la nueva Junta Directiva.

Igualmente Contreras reveló que se reunió con el presidente Nicolás Maduro el miércoles pasado y que también sostuvo dos encuentros con el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“No es cierto que en el estado de ánimo de estos dos líderes esté borrado el camino de un entendimiento. Lo que hay es mucha perturbación política”, agregó.

El diputado expresó preocupación por el aumento de la violencia política a finales de este año. “El país vivió una profundización de la crisis moral, social y política”. 

Según el acuerdo firmado por los partidos políticos pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática – en 2015 – la presidencia de la Junta Directiva para el año 2020 le corresponde a los partidos minoritarios.

Sin embargo un grupo de estas organizaciones dio su apoyo a la continuada de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional. 

Todavía se espera conocer la decisión de Cambiemos y la Fracción 16 de Julio, conformadas luego de la firma de este acuerdo político.