Este domingo, 15 de enero, Día del Maestro, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) dirigió un mensaje a todos los educadores en su día.
A través de su cuenta en Twitter, la Comisión Episcopal emitió un comunicado para manifestar su preocupación ante el “menosprecio y la desvalorización de la actividad educativa.
«Nos preocupa mucho el nivel educativo deficiente fruto de tantas causas, entre otras, la migración y la burocratización que ha sufrido esta actividad tan noble”, se lee en el comunicado.
La institución religiosa reconoció el trabajo que desempeñan los trabajadores del sector de la educación.
“Vaya a ustedes nuestro reconocimiento y estímulo: el trabajo que desempeñan, muchas veces con gran esfuerzo, es un fundamento sólido de la ciudadanía y una preparación para la apertura a Dios y al prójimo. Son ustedes un testimonio vivo del ′servicio’”.
Una vez más los felicitamos, y cuenten con nuestro aliento y oración. Recordemos siempre que “Educar es un acto de esperanza”, confiemos a la Madre de Dios los esfuerzos de los maestros y de todos los actores de la educación, concluye el comunicado.
Este miércoles, 6 de julio, la Iglesia Católica en Venezuela reabrió su investigación sobre un sacerdote que fue condenado por abusar sexualmente de un niño, pero luego fue devuelto al ministerio.
En conferencia de prensa, el obispo Mario del Valle Moronta Rodríguez, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), declaró a los medios de comunicación que Luis Alberto Mosquera, sacerdote del estado Lara de 63 años, había sido suspendido del ministerio mientras se reabría la investigación.
“No puedo decirle la fecha exacta porque no soy el obispo de Barquisimeto, pero ha sido suspendido”, dijo Moronta.
El anunció de Mario Moronta se produce ocho días después de que el medio The Washington Post informara sobre el caso de Mosquera, a quien condenaron en 2006 por abusar de un niño de 6 años a siete años de prisión.
Pero en 2008 fue liberado y la iglesia le permitió reanudar su trabajo como sacerdote.
Según reseña TWP, Mosquera fue uno de los 10 curas relacionados con denuncias de abuso sexual infantil .
En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, The Post descubrió que los sacerdotes condenados fueron liberados antes de tiempo de sus sentencias o no cumplieron ningún tiempo en prisión.
Y, al menos a tres de los sacerdotes, se les permitió regresar al ministerio.
En las declaraciones, Moronta no precisó si la iglesia estaba investigando nuevas acusaciones o revisando el incidente anterior de Mosquera.
Sin embargo, el propio cura confirmó a The Post que su suspensión se produjo el pasado 29 de junio, ocho días después de la publicación del reportaje del medio.
“Debido a las publicaciones del diario estadounidense The Washington Post, y a las presiones de varias ONG y activistas de derechos humanos, el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, según el delito establecido por el Código de Derecho Canónico y en bien de la Iglesia, ha decidido suspender mis licencias eclesiásticas”, comentó Mosquera en un mensaje que también compartió con los feligreses de Lara.
“Declaro mi disposición a someterme con obediencia, silencio y humildad al proceso y reafirmo mi adhesión al credo de la Iglesia Católica aún en esta circunstancia adversa”, dijo a los feligreses. “Os invito a perseverar en la misma fe”.
“No ha habido ninguna denuncia y, sin embargo, me vuelven a someter al desprecio público”, dijo Mosquera a The Post. “Pero sigo estando tranquilo, sereno y paciente”.
La CEV fijo posición este miércoles sobre las denuncias de pederastia contra sacerdotes venezolanos y admitió que curas y otros miembros de la Iglesia católica en el país han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables».
La CEV recalcó que decidieron mantener en confidencialidad estos datos «por respeto y protección de las víctimas» y porque el episcopado elabora «un estudio bastante serio al respecto».
Moronta criticó que no se investigue a otros entes «no solamente religiosos, sino también profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor».
«No estoy justificando nada, sencillamente asumimos nuestra responsabilidad, pero hay otros lugares y otros sitios y otros ámbitos profesionales donde también se han dado estos casos y nadie dice nada», recalcó.
La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) fijó posición este miércoles sobre las denuncias de pederastia contra sacerdotes venezolanos.
La CEV admitió que curas y otros miembros de la Iglesia católica en el país han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», pero sin precisar el detalle de los casos.
Por el contrario, recalcaron que decidieron mantener en confidencialidad estos datos «por respeto y protección de las víctimas» y porque el episcopado elabora «un estudio bastante serio al respecto».
La organización condenó los abusos sexuales en un comunicado firmado por obispos y arzobispos y que se leyó este 6 de julio en rueda de prensa.
«Los abusos sexuales, sin excepción, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de la víctimas», destaca el texto.
El monseñor Mario Moronta fue quien leyó ante periodistas el comunicado en el que se especifica que la Iglesia ha recibido en las diócesis las denuncias de pederastia.
Pero no se especificó el número de casos, ni el período de tiempo en el que se conocieron, o los lugares en que ocurrieron.
La CEV asegura que se abrieron investigaciones y procesos sobre estas denuncias «según la legislación eclesial», que implicaron sanciones a sacerdotes y a otros miembros de la Iglesia.
Además, el religioso afirmó que la CEV «ha pedido perdón y acompañado, del modo más integral y pastoral, a las víctimas».
Moronta también criticó que no se investigue a otros entes «no solamente religiosos, sino también profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor».
«No estoy justificando nada, sencillamente asumimos nuestra responsabilidad, pero hay otros lugares y otros sitios y otros ámbitos profesionales donde también se han dado estos casos y nadie dice nada», recalcó.
El monseñor fue enfático al señalar que la «responsabilidad de cada caso no es de la Conferencia Episcopal, sino de cada obispo».
Por otra parte, sostuvo que la CEV «ni se ha opuesto ni se opone a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos».
«Por el contrario, respeta sus decisiones y ha prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes y otros miembros de la iglesia», reza el texto.
Asimismo, indicó que conformaron una comisión de prevención, conformada por obispos, presbíteros, religiosos y fieles laicos expertos en la materia y que ta,mbién establecieron «mecanismos para recibir las denuncias de presuntos abusos».
De igual forma, la CEV reiteró el compromiso de «promover la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, así como de protegerlos y ofrecerles ambientes seguros para su desarrollo integral».
Moronta dijo que la Iglesia Católica reabrió la investigación contra un sacerdote a quien condenaron por abusar sexualmente de un niño en Lara.
Este fue uno de los casos que reseñó The Washington Post en una amplia investigación sobre este tema.
El cura se llama Luis Alberto Mosquera, a quien condenaron a más de siete años de prisión en 2006 por abuso de un niño. Pero se constató que regresó a su iglesia en Lara y que seguía en actividades propias de su ministerio, incluso, rodeado de niños.
La periodista que hizo la investigación, Ana Vannesa Herrero, preguntó sobre el tema al monseñor y este le respondió:
«A lo largo de este año ha sido suspendido, a él se le dio y se le realizó todo el proceso judicial y quedó libre por haber cumplido con todas las normas»
Pero el vicepresidente de la CEV no tenía claro en qué fecha se produjo la suspensión: “No puedo decirle la fecha exacta porque no soy el obispo de Barquisimeto, pero ha sido suspendido”, recalcó Moronta.
También, al religioso lo interrogaron sobre un sacerdote en Coro, que se declaró culpable de acoso y abuso a niña de 14 años y quien se comprobó, seguía activo en su iglesia en la ciudad.
«Desde hace varios meses a ese caso concretamente se le está haciendo un proceso administrativo y penal, de acuerdo con las normas de la Iglesia», respondió Moronta.
Respecto a estos procedimientos, dijo que cada diócesis «es autónoma» y que la CEV no está facultada para tomar decisiones contra sacerdotes contra quienes pesen denuncias de pederastia.
Aclaró que es la Santa Sede la que debe emprender dichos procesos.
Con información de EFE
El pasado lunes, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) le exigió al gobierno de Nicolás Maduro que se respete el trabajo de los defensores de los derechos humanos en el territorio nacional.
La Comisión también exigió información fidedigna y oportuna de las condiciones de salud y jurídicas de Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García, activistas de la ONG Fundaredes. Además, pidieron que se les otorguen medidas humanitarias por razones de salud.
«Los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos garantizan el debido proceso de las personas detenidas. En particular, el deber de informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. De igual forma, se debe asegurar una defensa adecuada que permita que las personas acusadas tengan contacto regular con su representante legal y se involucren en la preparación de sus respectivas audiencias», expresó la instancia eclesiástica a través de un comunicado.
La Comisión de Justicia y Paz de la CEV indicó que los familiares de los activista aseguran que estos se encuentran en condiciones inadecuadas de detención.
«Hemos recibido información de que los activistas de Fundaredes se han contagiado de COVID-19; han sido trasladados a un centro de atención médica, que los familiares desconocen con exactitud y se les ha negado información sobre su estado de salud», se lee en el texto.
El pasado mes de julio, los tres activistas de Fundaredes fueron detenidos y acusados por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek Willian Saab, de recibir instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden.
Fundaredes fue la única organización que informó la situación del conflicto armado que se produjo entre las Fuerzas Armadas y los disidentes de las FARC en el estado Apure, y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
Antes de su detención, Javier Tarazona había informado que estaba siendo objeto de «persecución».
*Lea el comunicado completo AQUÍ
Si hay algo que puede caracterizar al pueblo venezolano es su solidaridad. Una virtud que va más allá de las buenas palabras y los mejores deseos; un modo de ser que se manifiesta con hechos concretos. El venezolano, en medio de la dramática situación económica y social que vive, es capaz de organizarse y trabajar para la solución de problemas concretos en sus comunidades. Tiene una disposición para ayudar al que menos tiene y responde cada vez que se le convoca para apoyar a quienes viven situaciones trágicas.
Somos un pueblo solidario con un temple forjado en medio de las dificultades. Esta certeza quedó confirmada con las recientes inundaciones en el estado Mérida, cuando la organización popular, la sociedad civil, la iglesia, las Organizaciones No Gubernamentales y la ciudadanía se movilizaron para apoyar a una población que fue sometida a un arrebato de la naturaleza, de dolorosas consecuencias.
Sin embargo, esta disposición y capacidad de ejercer la solidaridad se enfrenta a obstáculos muy difíciles de superar si el régimen, a través de sus organismos de seguridad, se empeña en sabotear el esfuerzo de la sociedad civil. El reciente escándalo suscitado por el video donde se observa a funcionarios de los cuerpos de seguridad entorpeciendo el trabajo de quienes movilizan la ayuda humanitaria hacia la población de Tovar, es una clara advertencia de una realidad que existe en el país y que vienen denunciando los activistas de los derechos humanos desde hace mucho tiempo y todo el país. A saber, la vocación del régimen de controlar y a veces malversar la ayuda humanitaria.
"Obispo Auxiliar de Mérida" monseñor Luis Enrique Rojas
Es tendencia porque denunció que funcionarios de la GNB intentaron llevarse la ayuda humanitaria que llegó a la iglesia del municipio Tovar.pic.twitter.com/mJtUqINk8H
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 30, 2021
Aunque el episodio pudo resolverse por la presión mediática, el aplomo de la Conferencia Episcopal, la firmeza de los profesionales de Cáritas y el apoyo de la sociedad civil, estos hechos nos recuerdan los obstáculos que día a día viven los activistas de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas y las comunidades organizadas que trabajan para servir al otro.
La ayuda humanitaria debe poder llegar a su destino. Se debe permitir a las ONG trabajar en el terreno con plenas libertades y garantías. Debe permitírseles a los medios informar sobre lo que está pasando. El desastre natural, agravado por la destrucción previa de los más elementales servicios públicos, nos convoca a todos y el esfuerzo debe ser respetado.
La precariedad de la situación económica y social en Venezuela nos hace especialmente vulnerables en situaciones de tragedias naturales. Lo que ocurrió en Mérida es una advertencia que nos debe mantener en alerta en todo el país. Debemos estar atentos a los riesgos que hay en las comunidades y seguir apuntalando las formas de organización de base, uno de los mejores recursos que tenemos para hacer frente ante estas amenazas.
¡No más alcabalas!
*Fundador de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive | rpatino.com / www.robertopatino.com | En Instagram: robertopatinog
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La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) emitió un comunicado este 30 de agosto en el que fijó posición sobre los obstáculos a la llegada de ayuda humanitaria a Mérida para auxiliar a los afectados por las lluvias e inundaciones.
En concreto, la CEV lamentó y reprobó la «actitud de algunas autoridades civiles, así como de la Guardia Nacional Bolivariana» y denunció que «han impedido el acceso de gran parte de la ayuda enviada desde diversas partes del país».
La CEV les instó, en nombre de las comunidades afectadas, a «cambiar su actitud y colocarse al servicio de las instituciones que sí están colaborando», para que los envíos de ayudas lleguen pronto a su destino.
En ese sentido, pidió dar prioridad al tránsito de carga de insumos, a movilizar contingentes para abrir los caminos y otras acciones en bien de la población afectada.
«Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, regionales y militares para que actúen no por intereses particulares. Deben recordar que están al servicio de todos los
venezolanos y no de una parcialidad política», añaden.
Por otra parte, la CEV agradeció la respuesta de solidaridad tanto de la Iglesia Católica, como de otras denominaciones religiosas e instituciones civiles.
«Gracias a la respuesta inmediata de tantas personas de buena voluntad, se ha podido brindar ayuda en diversas especies, desde medicinas y alimentos hasta ropa y
otros insumos necesarios. La caridad no tiene límites, ni pone condiciones para practicarla como poco discrimina los destinatarios de las obras de misericordia», expresan.
Asimismo, reiteraron su apoyo al arzobispo de Mérida, cardenal Baltazar Porras, a su obispo auxiliar, monseñor Luis Enrique Rojas, al presbiterio arquidiocesano y a todos los fieles de la entidad.
El pasado 27 de agosto, el obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la CEV, monseñor Mario Moronta, había condenado la actitud de los oficiales de la Guardia Nacional en un comunicado.
Moronta calificó como «vergonzoso» lo que estaba ocurriendo y consideró que la conducta de los guardias era un reflejo «de una situación que se ha hecho costumbre en todas las alcabalas y puntos de control en cada rincón del país y en todas sus carreteras».
Reiteradas han sido las denuncias contra funcionarios militares y autoridades civiles por obstaculizar la llegada de ayuda a los merideños.
El fin de semana del 28 y 29 de agosto, se viralizó en redes sociales un video en el que el obispo de Mérida, Luis Enrique Rojas, confrontó a un grupo de uniformados de la GNB.
«Quieren quitarle la ayuda a la gente y eso no puede ser», se le escucha gritar en tono indignado al sacerdote.
"Obispo Auxiliar de Mérida" monseñor Luis Enrique Rojas
Es tendencia porque denunció que funcionarios de la GNB intentaron llevarse la ayuda humanitaria que llegó a la iglesia del municipio Tovar.pic.twitter.com/mJtUqINk8H
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 30, 2021
El Pitazo reseñó que el pasado 27 de agosto, el paso por la alcabala de la Hacienda La Victoria, en la vía que conduce a Santa Cruz de Mora y Tovar, estuvo suspendido.
Los funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército ubicados en el destacamento número 222 obstaculizaron el paso «por órdenes» superiores. Solo permitían que cruzaran los funcionarios del régimen.
Relataron que una camioneta con funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que transportaba vacunas contra la toxoide y la influenza tuvo que esperar por casi una hora a que los militares les permitieran pasar.
Y solo pudieron transitar porque comentaron al teniente de la alcabala que las vacunas podían dañarse al perder la cadena de frío.
También, la exdiputada Carmen María Sivoli denunció que el «protector» del estado Mérida, Jehyson Guzmán, negó la entrada de ayuda humanitaria donada por los ciudadanos, empresa privada y organizaciones.
#GNB y acólitos del Régimen de @NicolasMaduro @JEHYSONGUZMAN niegan la entrada de la #AyudaHumanitaria.
Los Merideños les respondemos con demostración de Capacidad, abriendo vías para volver a conectar los #PueblosDelSur y no morir de mengua
A ver quién es más capaz? pic.twitter.com/BKp6yMNbXP
— Carmen Maria Sivoli (@Sivolicarmenm) August 29, 2021
#29Ago | Funcionarios de la GNB impidieron el paso de la ayuda a los afectados por lluvias en Tovar. Ante esto el Obispo de Mérida Luis Enrique Rojas, enfrentó a los uniformados para exigir respeto al pueblo y que la ayuda llegara a los damnificados.
Vía: @leoperiodista pic.twitter.com/MH4Mm7v9vD
— La Prensa del Táchira (@LaPrensaTachira) August 29, 2021
Este miércoles, 28 de abril, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se dirigió a los venezolanos, en vísperas de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, a celebrarse el viernes 30 de abril, con el fin de destacar el evento que tendrá lugar en la iglesia del Colegio La Salle.
“Seremos testigos de un acontecimiento que marcará la vida de todos los ciudadanos y creyentes del país, pues uno de nosotros, con olor a pueblo y con el perfume del amor de Dios, será elevado a la gloria de los altares”, se lee en un comunicado.
En la declaración, los obispos expresan que la beatificación llega en un momento particular en Venezuela y el mundo: la pandemia del COVID-19, unida a la profunda crisis que atraviesa el país. “Este acontecimiento es una luz de esperanza para todos nosotros”, señalaron.
“Pedimos a Dios la gracia de un nuevo milagro para la canonización de José Gregorio y que sea el primer santo venezolano”, señalan en el texto. Invitaron a seguir su ejemplo “como testigo del Resucitado”.
En su mensaje, agradecen al Papa Francisco por la aprobación de la beatificación y a cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, por su disponibilidad al querer presidir la ceremonia, lamentando que, dadas las circunstancias de la pandemia, no pueda acudir.
Con información de El Pitazo
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) informó a través de un comunicado que desde la llegada del Covid-19 al país, en marzo de 2020, hasta abril de 2021, ha contabilizado 201 contagiados y 24 fallecidos, entre los 2.002 sacerdotes presentes en Venezuela.
La cifra de los contagiados representa el 10% del total del clero venezolano, mientras que los fallecidos a causa del virus retratan el 11,9% de los contagiados, y el 1,2% del total de presbíteros en el país.
La CEV instó a la ciudadanía a prevenir los contagios de la COVID-19. Resaltó que quienes ofrecen su servicio a la Iglesia no están exentos de sufrir la exposición al coronavirus, pues aún con las restricciones en las iglesias y las medidas de bioseguridad, los sacerdotes no han ignorado su misión como “médicos del alma”.
Al respecto, de las circunstancias del clero en el país ante la pandemia, monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas y Secretario General de la CEV, expresó que “la vida de la Iglesia no se detiene”, refiriéndose a que la misión continúa y la atención espiritual y social ha procurado continuar, tomando en consideración las medidas respectivas, especialmente la distancia, la desinfección y el uso de tapabocas.
Afirmó que en los tiempos actuales “no estamos para llenar templos, sino para acompañar”.
#CEVNoticias Clero venezolano: Estadísticas de contagiados y fallecidos por Covid-19 https://t.co/NOg3FcQ8QN pic.twitter.com/ndTAfnxKzy
— Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) April 16, 2021
