La Comisión de Justicia y Paz indicó que los familiares de los activista aseguran que se encuentran en condiciones inadecuadas de detención
El pasado lunes, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) le exigió al gobierno de Nicolás Maduro que se respete el trabajo de los defensores de los derechos humanos en el territorio nacional.
La Comisión también exigió información fidedigna y oportuna de las condiciones de salud y jurídicas de Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García, activistas de la ONG Fundaredes. Además, pidieron que se les otorguen medidas humanitarias por razones de salud.
«Los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos garantizan el debido proceso de las personas detenidas. En particular, el deber de informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. De igual forma, se debe asegurar una defensa adecuada que permita que las personas acusadas tengan contacto regular con su representante legal y se involucren en la preparación de sus respectivas audiencias», expresó la instancia eclesiástica a través de un comunicado.
Malas condiciones
La Comisión de Justicia y Paz de la CEV indicó que los familiares de los activista aseguran que estos se encuentran en condiciones inadecuadas de detención.
«Hemos recibido información de que los activistas de Fundaredes se han contagiado de COVID-19; han sido trasladados a un centro de atención médica, que los familiares desconocen con exactitud y se les ha negado información sobre su estado de salud», se lee en el texto.
El pasado mes de julio, los tres activistas de Fundaredes fueron detenidos y acusados por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek Willian Saab, de recibir instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden.
Fundaredes fue la única organización que informó la situación del conflicto armado que se produjo entre las Fuerzas Armadas y los disidentes de las FARC en el estado Apure, y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
Antes de su detención, Javier Tarazona había informado que estaba siendo objeto de «persecución».
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