EL PASADO 6 DE SEPTIEMBRE, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dio a conocer que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó adelantar para este año la realización del censo nacional, que corresponde hacer en 2021, con una primera fase de levantamiento de información inmobiliaria, que será seguida en 2020 con el empadronamiento familiar.
En esa oportunidad, el titular de la Planificación indicó que el censo generará una “cédula inmobiliaria”, que contendrá datos estadísticos y geográficos y «permitirá agilizar la tramitación y pago de servicios”.
Además de la novedad de ese levantamiento de información inmobiliaria, en tiempos donde muchos venezolanos se han trasladado a otros países en busca de mejores oportunidades y dejado a familiares o incluso amigos al cuidado de sus inmuebles, el anuncio hecho por Menéndez generó alarma: entre los empadronadores del censo estarán miembros de la Milicia Bolivariana, representantes de lo que el chavismo llama el “poder popular” y también habrá gente que forma parte del movimiento Somos Venezuela, aunque a quien corresponde ejercer esas labores es a funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y jóvenes voluntarios.
Partidista
Tales factores cargaron de un componente político extra al censo y generó reacciones en ONG y diversos sectores de la comunidad. La asociación MiCondominio.com, particularmente, refirió que el censo nacional representa “la mayor movilización civil que hay” y por ello cuestionó la participación de la Milicia Bolivariana, y además señaló que el Movimiento Somos Venezuela es una agrupación alineada con Nicolás Maduro y ha participado en eventos electorales en apoyo al mandatario.
“Esto es un hecho sin precedentes, tienen que dar una explicación. Un censo nacional debe ser llevado adelante por un órgano facultado por la legislación para que garantice objetividad y que los datos recabados no sean utilizados con fines partidistas, electorales y gubernamentales”, expresó entonces Elías Santana.
Este tema fue objeto de debate en la Asamblea Nacional, que en su sesión correspondiente al martes 1º de septiembre aprobó un acuerdo de rechazo al censo inmobiliario, en el que se establece exigir el cese inmediato del proceso, respeto al derecho fundamental a la propiedad privada y designar una comisión especial que investigue a los funcionarios que violen el derecho a la propiedad.
Durante el debate, el diputado Elio Serrano (PSUV), insistió en que el censo constituye una herramienta que se utiliza para la planificación de políticas públicas. “Una vez más se convierte una iniciativa del gobierno revolucionario en un fantasma”, expresó Serrano, quien añadió que se va a abrir una cédula para que cada propietario de un inmueble pueda tener acceso a créditos habitacionales.
Sigue leyendo este trabajo de José Luis Carrillo en TalCual
