Caracazo

Desde los tiempos de Hugo Chávez, febrero fue considerado como un mes de revolucionarios. El Caracazo, una intentona golpista, la juramentación de Chávez como presidente y los natalicios de Zamora y Sucre forman parte del Febrero Rebelde oficialista

Para el chavismo, el segundo mes del año es de celebraciones, tanto así que es considerado como Febrero Rebelde. Esto fue una iniciativa de Hugo Chávez con base en una serie de sucesos históricos que ocurrieron en febrero.

A propósito de conmemorarse 31 años de uno de los hechos más resaltantes de la historia contemporánea de Venezuela ocurrido en febrero, El Pitazo te presenta las claves del mes rebelde oficialista.

El Caracazo. El 27 de febrero de 1989 se produjo una explosión social que tuvo su origen en la ciudad de Guarenas, cuando la población de la localidad salió a protestar en contra del aumento del pasaje, luego que el día anterior se había incrementado el costo de la gasolina. Todo esto como parte de una serie de medidas económicas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

En los alrededores del sector conocido como Menca de Leoni, los manifestantes quemaron autobuses, cerraron calles, formaron barricadas y luego vinieron los saqueos. Estas protestas se replicaron en casi todo el país.

A pesar que «El Caracazo» fue un movimiento social donde ni los partidos políticos ni militares disidentes tuvieron algún tipo de participación, el chavismo decidió apropiarse de un hecho tan resaltante en nuestra historia al punto de que en febrero de 2007 decretaron el cambio de nombre de la urbanización Menca de Leoní en Guarenas a 27 de Febrero. Una medida que generó el rechazo de los habitantes del sector popular donde se presentaron los primeros hechos de la implosión social de 1989.

Intento de Golpe de Estado de 1992. El 4 de febrero de 1992, el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, junto con Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta, ejecutaron un intento de Golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez.

Entre las causas mencionadas por los militares para atentar contra la investidura presidencial se encontraban: el descontento de los rangos bajo y medio de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares, las políticas neoliberales implementadas en el país y la gestión política y económica de Carlos Andrés Pérez, estas dos últimas fueron parte del motivo también de El Caracazo.

Este intento de golpe de Estado no consiguió sus objetivos, los militares sublevados fueron enviados a prisión, pero dos de ellos, luego de conseguir su libertad, se dedicarían a la política: Francisco Arias Cárdenas y Hugo Chávez Frías.

Primera presidencia de Chávez. El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez Frías se juramentó por primera vez como presidente de Venezuela. En un acto llevado a cabo en el Palacio Federal Legislativo, donde juró delante de Dios y de la patria sobre “una moribunda Constitución” que iba a impulsar las transformaciones democráticas necesarias para obtener una Carta Magna “adecuada a los nuevos tiempos”.

Natalicio de Ezequiel Zamora: Cada 1° de febrero se celebra el nacimiento de uno de los líderes militares de la Guerra Federal, Ezequiel Zamora, quien propugnaba la reforma agraria a favor de las clases campesinas.

Natalicio del mariscal Antonio José Sucre: Cada 3 de febrero se celebra el nacimiento de uno de los protagonistas de la independencia latinoamericana, el Gran Mariscal de Ayacucho, quien destacó por su participación en numerosas victorias en los campos de batalla.

De un Febrero Rebelde ostentoso a una discreta celebración

En los tiempos de Hugo Chávez y gracias a la bonanza petrolera, las celebraciones del Febrero Rebelde eran ostentosas: desfiles y cierres de avenidas marcaban la agenda.

En 2015, Nicolás Maduro se refirió a febrero como un mes histórico, rebelde y revolucionario en un intento de rememorar las celebraciones de su antecesor; sin embargo, en los últimos años los festejos han decaído hasta llegar a un discreto feriado municipal, este jueves 27, para conmemorar un estallido social en el que el chavismo no fue protagonista.

Fuente: El Pitazo

Este 27 de febrero se cumplen 31 años del Caracazo, este mismo día la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aportará nueva información sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Venezuela

El 27 de febrero se cumplen 31 años del Caracazo, y la conmemoración de la insurrección popular que fue repelida por el gobierno y produjo una cifra de muertos nunca aclarada llega en medio de señalamientos y denuncias hacia el gobierno sobre sistemáticas violaciones de derechos humanos, y en puertas de una nueva actualización del informe que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela.

Se trata de la más sonda serie de disturbios que se produjeron en diferentes partes del país el 27 de febrero de 1989, luego que la ciudadanía se lanzara a las calles para condenar el llamado «paquetazo» aplicado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, por considerar que daba un zarpazo a su estabilidad económica.

Cifras del gobierno señalan que en los hechos violentos 276 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de represión. No obstante, la teoría de muchos es que esas cifras están maquilladas, que el números de asesinados es mucho más alto y que la arremetida contra la ciudadanía no solo se suscitó el 27 sino también los días 28 de febrero y 1 de marzo, tiempo que duró el toque de queda.

La represión indiscriminada por los organismos de seguridad afectó en su mayoría a zonas populares de la ciudad capital, con énfasis en El Valle, Antímano y Petare.

Cualquier parecido con la actualidad…

El mismo día que se conmemora un nuevo aniversario de los fatídicos sucesos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aportará nueva información sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Venezuela.

En presentaciones pasadas, la representante de la ONU ha explicado que en el informe han logrado recopilar pruebas de ataques por parte del Estado contra opositores y defensores de derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.

Bachelet ha denunciado que en Venezuela la oposición al régimen de Nicolás Maduro, los activistas de derechos humanos y los periodistas “son con frecuencia blanco de discursos que les tildan de ‘traidores’ y ‘agentes desestabilizadores”. Asimismo, señaló que al Gobierno le falta voluntad para dar solución a la crisis que vive el país.

Vuelta atrás

Las medidas macroeconómicas que aplicaría Pérez en el año 1989 tendrían como objetivo reparar la economía y rebajar la deuda externa, que para el momento ascendía a los 32 millones de dólares y aunque reconoció lo complicado que era lograr el cometido también aseveró que no había «otro remedio si queremos bienestar para toda la colectividad».

31 años después, Venezuela se encuentra sumida en una hiperinflación que azota el bolsillo de los sectores más desasistidos. Así como también, padeciendo el colapso de los servicios públicos como el agua, la luz, el gas y el transporte, producto de la desinversión y la dejadez del Gobierno.

En 2019, cuando se cumplían tres décadas del caracazo, la directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega, señaló que los venezolanos siguen sometidos a las más atroces violaciones de los derechos humanos. A su juicio, la ciudadanía vive un caracazo diariamente, debido a la escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos, así como a la crisis política y social que vive el país.

En declaraciones al Diario 2001, la fundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavioc), Liliana Ortega, dijo que este ha sido uno de los “casos en América Latina que mayor cantidad de tiempo ha tardado en tener el gesto humanitario de identificar los restos de las víctimas, encontrarlas en fosas clandestinas ubicadas en el Cementerio General del Sur, y entregarlas a sus familiares”.

A más de tres décadas, decenas de cuerpos siguen sin aparecer y los señalamientos de que en el país se violan los derechos humanos siguen siendo objeto de debate.

ESTE AÑO FINALIZADO EN NUEVE HA DEBIDO SER DE ESPECIAL significación celebratoria para el chavismo, puesto que los eventos conmemorados en fechas prominentes de su calendario litúrgico cumplen varias décadas. Específicamente, la primera toma de juramentación del “mesías” cumplió dos, mientras que los hechos traumáticos que sacudieron la capital venezolana de forma no vista desde el sismo de 1967, cumplieron tres. Empero, las festividades de rigor fueron bastante alicaídas, por decir lo menos, lo cual no evitó el despliegue propagandístico en medios controlados por la elite gobernante y redes sociales (cortesía de bots en este caso). Y así, a primera hora de la mañana nos encontramos con la fea y falaz etiqueta de Twitter #27FebRebeliónAntiimperialista. Parte de los intentos por tergiversar la historia con mitos instrumentales que justifiquen la estadía eterna de la autoproclamada revolución bolivariana en el poder.

El 27 de febrero hubo un estallido de descontento social que se salió de control y devino en conductas delictivas. No hay justificación para el saqueo. Punto. Tampoco la hay para la respuesta desmedida y brutal de las autoridades, cuya trágica consecuencia todos conocemos. Fueron en verdad unas jornadas terribles, un parteluz en la historia que anunció el fin de una era caracterizada por una estabilidad atípica en las repúblicas suramericanas, así como el inicio de tiempos turbulentos que desde entonces no han cesado. Muchos no podían creer las dantescas escenas que desfilaban ante sus ojos. Los planes de mis progenitores, novios entonces, de bajar a la playa con amigos para celebrar el cumpleaños de mi padre fueron cancelados en un zarpazo de autoridad maternal (es decir, de mi abuela) en atención a “las cosas raras que estaban pasando en la calle”. Hijos de la democracia puntofijista, su primera reacción fue de protesta resignada. Solo cuando vieron en el televisor los robos masivos se dieron cuenta de que algo verdaderamente grave estaba pasando.

Sin embargo, las cosas como son. No hubo escenas propias de Teherán en 1979, con gritos de consignas contra Estados Unidos y la quema de la bandera de barras y estrellas. La furia desatada ni siquiera se dirigió hacia el núcleo del poder político nacional, ni contra sospechosos habituales en las narraciones de la extrema izquierda, como las asociaciones patronales. En otras palabras, los gritos iracundos no fueron dirigidos hacia la embajada norteamericana, ni Miraflores ni la sede de Fedecámaras. La trinidad satánica (marxismo-leninismo dixit) de los representantes de Washington, los lacayos políticos criollos del Tío Sam y los capitalistas explotadores locales no fueron el blanco de la supuesta “rebelión antiimperialista”. Más bien, los afectados fueron en su mayoría los propietarios y trabajadores de comercios pequeños asaltados por las turbas. Aunque la pérdida de propiedad y empleos no pueda equipararse con la de vidas (“no matarás” está antes de “no robarás” en el Decálogo por una razón que hoy persiste en la moral secular), aquellos mercaderes también fueron víctimas del Caracazo.

La leyenda de aquellos días que se pretende imponer desde el poder sostiene que una cábala de malvados tecnócratas arrodillados ante esa meretriz babilónica que es el FMI aplicó un “paquetazo” de herejía neoliberal, lo cual produjo el iracundo rechazo del pueblo humilde, el despertar de su conciencia de clase. Esta burda manipulación omite mucho contexto. Es cierto que el aumento en el precio de la gasolina y el resultante alza en el costo del pasaje urbano de autobús fue la chispa que encendió la pradera, por tomar prestada la expresión de Mao. Sin embargo, las chispas no producen explosiones si no hay pólvora acumulada alrededor. En este caso, la pólvora fue la inconformidad acumulada ante la situación económica y social del país a lo largo de buena parte de los años 80, no durante los pocos días transcurridos entre la “coronación” de Carlos Andrés Pérez y el pandemónium del 27 y el 28 de febrero.

Como en la mayoría de los otros países latinoamericanos, si no es que todos, la década de los 80 fue bastante desfavorable económicamente en Venezuela. La caída de los precios del crudo y otros problemas pasaron factura al populismo petrolero. Todos quienes lo vivieron recuerdan al “Búfalo” Díaz Bruzual, la devaluación y la imposición de los primeros controles de cambio. También Recadi y sus escándalos, el chivo expiatorio Ho Fuk Wing y Tomás Henríquez enfrentando la corrupción cambiaria en el filme de Olegario Barrera “Operación Billete”. Otro tipo de regulaciones, el que mantuvo los precios de bienes y servicios represados, no ocupa tanto espacio en la memoria colectiva. Estos controles no eran ninguna novedad para Venezuela en aquel entonces. Desde los años 40 han sido la reacción más frecuente de la clase política al flagelo inflacionario. “Los comerciantes avaros son culpables”.

Pero las regulaciones no cumplieron su cometido. Por el contrario, la década de los 80 incluye varios años de inflación récord en Venezuela. En cambio, sí produjeron escasez de bienes controlados (aunque ni cercana a la actual). Mientras, el ascenso social de las dos décadas anteriores se revirtió, con aumento progresivo de la pobreza. Este fue el caldo de cultivo de las pasiones que encendieron el Caracazo. Las satanizadas medidas “neoliberales” implementadas por el gobierno de Pérez eran necesarias para ponerle fin. Desafortunadamente, no se supo entonces compensar su impacto con algún tipo de ayuda social que aliviara el golpe al ya aporreado bolsillo del venezolano común.  Tampoco hubo una explicación eficaz sobre los errores pasados y la urgencia de las reformas. En cambio, el “paquetazo neoliberal” de 1996 no produjo otra “rebelión antiimperialista”, quizá en parte por la forma en que el ministro a cargo, Teodoro Petkoff, puso en práctica sus dotes de comunicador.

Los gobiernos chavistas llevaron a extremos sobrecogedores el mismo ambiente precursor del Caracazo. Los controles de precios devastaron el aparato productivo nacional, llevando a una escasez calamitosa. La hiperinflación hace que los incrementos de precios en los 80 luzcan ínfimos. La pobreza se ha vuelto tan intolerable que ha impulsado el mayor éxodo en la historia suramericana. Desde hace varios años Venezuela está sumida en una anomia caracterizada por el brote de protestas contra la pésima calidad de vida y que a menudo degeneran en disturbios y saqueos. Sin embargo, incluso cuando estos episodios son pacíficos, la respuesta de las autoridades frecuentemente es la represión dura, sobre todo cuando las manifestaciones adquieren un carácter político y exigen un cambio en la conducción del país. El testimonio de los habitantes de los barrios de Caracas sobre las arremetidas policiales antes, durante y después del 23 de enero pasado es espeluznante. El reclamo contra la miseria y a favor de un cambio gubernamental (algo que, insisto, no hubo en el Caracazo) es tratado como el más horrendo de los delitos. Todo esto mientras el aparato de propaganda celebra la “rebeldía heroica del pueblo”… En febrero de 1989, claro está.

Como nota de cierre me permito recordar que los hechos trágicos del Caracazo siguen en esencia impunes. Tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano, ya con Hugo Chávez al frente, aceptó su responsabilidad. Pero nadie ha sido condenado por una corte venezolana, como tiene que recordarnos el Comité de Familiares de las Víctimas aniversario tras aniversario. Solo queda la retórica como intento de suplantar una realidad desterrada por “contrarrevolucionaria”.

@AAAD25

EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA A 2,75 BOLÍVARES la de alto octanaje el día anterior, fue el detonante. El programa de medidas macroeconómicas llamado el paquetazo, anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez 11 días antes, desató el 27 de febrero de 1989 la masacre de civiles que hoy, 30 años más tarde, sigue mostrando la más cruel morosidad del Estado: Aún no se determina el número real de asesinados ni la identidad de muchos de ellos ni a los responsables.

La lista oficial de muertos es aún de 276 fallecidos aunque los hechos apuntaron a más de 1.500, ocurridos en buena parte durante los días 28 de febrero y 1 de marzo en pleno toque de queda. Los disparos indiscriminados se enseñaron contra zonas populares residenciales como El Valle, Antímano y Petare.

«Este es uno de los casos en América Latina que mayor cantidad de tiempo ha tardado en tener el gesto humanitario de identificar los restos de víctimas encontrados en fosas clandestinas y entregarla a sus familiares”, afirma la abogada Liliana Ortega, fundadora de la Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo.

Lo sabe Maritza Romero Castro, hermana de Fidel Orlando, un obrero de la construcción de 24 años de edad, quien recibió un tiro de FAL en el estómago cuando se encontraba cerca de su casa, en Baruta, el 27 de febrero en la tarde. A pesar de que fue llevado por familiares al hospital Pérez de León y luego a la morgue de Bello Monte, tres días después, para la autopsia de rigor, su cuerpo fue lanzado a La Peste y sus restos siguen sin aparecer.

“Cuando llegamos a la morgue mi otro hermano entró y vio tres pilas de cadáveres; pudo identificar a Fidel y lo colocó en la mesa de autopsia para que se la hicieran y poder llevarlo a la funeraria que ya habíamos pagado. El funcionario nos dijo que lo enviarían allá en la noche, pero el cadáver nunca llegó. Cuando regresamos a la medicatura en la mañana siguiente para ver qué había pasado, el médico nos dijo que se lo habían llevado al Cementerio del Sur. Y vimos que no éramos los únicos que reclamábamos”, relata Romero, una de las fundadoras de Cofavic.

30 años de angustia 

Transcurridos 30 años, ella sigue exigiendo la justicia interna que no consiguió. Durante un año, la hermana de Fidel junto a otros familiares de víctimas del Caracazo durmió en La Peste para vigilar que no movieran los restos humanos. “Mi mamá que entonces tenía 87 años de edad se encadenó en Miraflores. “Sacaron 68 cadáveres pero solo identificaron 3;  mi hermano quedó en el nicho».

Lo único que, según dice, lograron en ese entonces fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2002, que ordenó la indemnización de más de 120 familiares de víctimas que correspondían a 44 casos; pero no la recuperación del cuerpo de Fidel “y allí siguen”.

En 2016, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, junto con una comisión multidisciplinaria, exhumó los restos que quedaban en La Peste. “Fue una parodia que además se hizo a espaldas de los familiares, de Cofavic. Los cadáveres se los llevaron, no fueron identificados y se perdieron. Hoy día no sabemos dónde están”, asegura Romero, quien recuerda que la fiscal María Cristina Vispo, líder del equipo del Ministerio Público asignado, la conminaba a “dejar del dolor de una vez” y a hacerse la prueba de ADN. “Le dije que no hasta que no llegaran los peritos internacionales”.

Tampoco en 30 años ha tenido acceso al expediente que reposa en el tribunal 13 de juicio, el cual no ha iniciado el enjuiciamiento de los acusados Ítalo del Valle Alliegro, exministro de la Defensa; Luis Fuentes Serra, ex segundo comandante de la PM; Virgilio Ávila Vivas, exgobernador de Caracas (fallecido); y Freddy  Maya Cardona, ex jefe del comando regional No. 5  de la GN

«En el caso del Caracazo no ha habido un solo tribunal venezolano que haya dictado sentencia definitiva sobre los hechos», señala Ortega, quien sostiene que el suceso no pasa. «Tiene vigencia por las demandas sociales y por la crisis de derechos humanos que aún existe. También sigue pendiente la modificación de toda la normativa interna que permitió que ocurrieran los hechos del Caracazo: desde el plan Ávila hasta el uso desproporcionado de la fuerza pública, indica Ortega. «La violencia policial y militar excesiva la vimos en el 2014, en el 2017 y ahora en 2019, por lo que este tema sigue siendo de preocupación en la agenda de DDHH”.

«Me siento defraudada, hoy no sabemos dónde llevar una flor», dijo la hermana de Fidel quien junto a otros parientes acudirán a la misa en la Iglesia Candelaria, a las 10:00 am, que cada año se realiza para orar por todas las víctimas.

Violencia sin parangón

Ninguna de las protestas  con fallecidos y heridos que dejó la represión policial en 2014 y 2017  tiene similitud alguna con el Caracazo, afirma la defensora de derechos humanos Liliana Ortega.  “No son comparables y son muchísimas las razones”.  Las enumera:

1.- La primera y la más destacable es los crímenes ocurrieron en momentos distintos. La violencia del 27F fue durante la suspensión de garantías constitucionales, y las otras no.

2.- Ese día la mayoría de las muertes se dieron cuando las protestas estaban cesando, es decir, después de los saqueos, y no durante las manifestaciones como las posteriores.

3.- Gran parte de los disparos de balas de fusiles automáticos livianos, por parte de militares y policías durante el Caracazo, fueron indiscriminados contra zonas  de residencia como El Valle, Antímano, Petare.

4.- Los crímenes ocurrieron no solo el 27F sino también los días 28F y 1 de marzo.

5.- En el Caracazo no  se observó pérdida de credibilidad en las instituciones del sistema de justicia, como ahora.

6.- La mayoría de familiares de las victimas del 27F fueron funcionarios públicos que formularon sus denuncias ante la Fiscalía e inclusive las hicieron públicas, sin ocultar sus rostros ni nombres,  a través de los medios de comunicación. “Los niveles actuales de hostigamiento no se vieron en aquellos días”.

7.- La impunidad y la opacidad de la información sobre la violencia se han agudizado en los últimos años.

En cuanto al significado de fechas históricas nacionales se refiere, pareciera que febrero no sale muy bien parado entre sus otros 11 hermanos. Claro, está la celebración de la Batalla de La Victoria con sus loas al coraje juvenil. Pero también están en la memoria la devaluación del bolívar y la imposición de un control de cambio nefasto, un tanque intentado tomar por asalto el Palacio de Miraflores y una oleada de disturbios y saqueos que conmocionó a Caracas como pocos eventos antes lo lograron. Así como el artículo de la semana pasado estuvo dedicado a los 35 años del primero de estos tres eventos, hoy será abordado el último.

El llamado Caracazo está cerca de cumplir tres décadas. De todos los hechos que anunciaron el fin de una etapa en el accidentado devenir cronológico criollo, este ha de haber sido el más traumático. Tan es así que desde aquellas jornadas fatídicas, en Venezuela cada vez que el descontento se extiende entre las masas pululan las especulaciones sobre la posibilidad de que una vez más “bajen los cerros”.

Es por ello que el fantasma del Caracazo hoy es empleado, por un lado, por ciudadanos opositores para cuestionar el entorno actual, en el sentido de que no se entiende cómo ante un escenario infinitamente más adverso que el de 1989 no se produce un estallido social igual o peor. Por el otro, voceros del oficialismo lo usan de forma inversa para dar a entender que es imposible que las condiciones de vida de los pobres actualmente sean más desfavorables.

¿Qué pasa entonces? ¿En verdad Venezuela no está tan mal como hace 29 años? El esfuerzo necesario para responder esta pregunta es de hecho mínimo. Claro que el país está anonadantemente peor. Servicios básicos como luz y agua, aunque a menudo deficientes en barrios urbanos y zonas rurales, no estaban entonces en el foso; la criminalidad iba en aumento, pero no había una violencia delictiva que bañara en sangre las calles de la nación impunemente todos los días y nos colocara entre los rincones del planeta más peligrosos; las personas no morían por enfermedades relativamente sencillas de tratar, puesto que los hospitales funcionaban y estaban dotados de los insumos que hoy brillan por su ausencia; los venezolanos no huían desesperados a tierras donde ni siquiera tenían un techo asegurado, sino que, al contrario, desde Colombia nos llegaban oleadas masivas de inmigrantes que buscaban refugiarse de la pobreza y de la violencia perpetrada por guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

Pero dado que el detonante de los disturbios de febrero tardío fue específicamente un aumento en el pasaje de autobús, dentro de un marco mucho más general de rechazo al incremento de precios, enfoquémonos en los contrastes económicos. Ciertamente, los productos de primera necesidad se habían vuelto de difícil acceso para una creciente población que llevaba años empobreciéndose poco a poco. Sin embargo, a diferencia de ahora, con mucho esfuerzo era posible adquirirlos, ya que los bienes sí estaban en el anaquel. Y ello sin depender de importaciones, ya que el aparato productivo nacional no estaba completamente asfixiado, a pesar de que había controles de precios y se acababa de salir de seis años de regulaciones cambiarias (el alcance y profundidad de estos mecanismos eran mucho menores que los de hoy). Las cifras son elocuentes: antes del Caracazo, Venezuela tuvo cuatro años seguidos de crecimiento del producto interno bruto, el cual tanto en 1986 como en 1988 estuvo en torno a un nada despreciable 6%. En cambio, 2017 fue un cuarto año consecutivos de contracción económica y es casi seguro que el presente será el quinto. Esto nunca antes había ocurrido desde que existen registros al respecto. Para colmo, por misterios de la ciencia revolucionaria, aunque el Gobierno insiste en que vivimos mucho mejor que antes, el Banco Central de Venezuela no cumple con su deber de informar al país sobre el desempeño económico con datos que corroborarían las proclamas de Miraflores. Lo que se sabe es gracias a estimaciones hechas por entes privados o internacionales.

En cuanto a las variaciones de los precios, una vez más los números esclarecen mucho. 1989 fue el segundo peor año de toda la mal llamada “cuarta república” en cuanto a inflación. El indicador subió a un tétrico 81%. Sin duda, se debe tener en cuenta el efecto del levantamiento de un control de cambio que duró un sexenio y de varias regulaciones de precios de muy vieja data. También hay que considerar que, como el Caracazo fue en febrero, conviene revisar la inflación del año anterior para entender de qué escenario venía la gente cuando se desató el caos. En 1987 el incremento generalizado de precios ya estaba en un muy preocupante 40%, y la de 1988 fue solo un poco menor. Sin embargo, todos estos guarismos se quedan en pañales frente al monstruo hiperinflacionario que hoy se desayuna los sueldos de la ciudadanía. De nuevo mediante cálculos ajenos al silencioso BCV se sabe que este esperpento fue de más de 2.000% el año pasado, y quien sabe cuántos dígitos se sumarán en 2018. De hecho, la inflación de los últimos meses ha estado en torno al mismo nivel alcanzado a lo largo de todo 1989.

Zanjada la cuestión sobre en qué momento estaban los venezolanos pasando más roncha, queda la pregunta sobre por qué los eventos de hace 29 años no se repiten. Hay una falla de origen en la mera interrogante. Las sociedades son fenómenos mucho más complejos que una forma aritmética. Es una equivocación suponer que habrá el mismo resultado si se conjugan en un determinado momento los mismos factores que en otro, por demás distante, generaron cierto evento. En otras palabras, aquello de que la historia se repite, como dijo Hegel y luego Marx comentó con añadiduras dramáticas suyas, no es del todo cierto.

En segundo lugar, suponer que en Venezuela no ha habido ningún estallido social recientemente es no tener ni la más remota idea de dónde se está parado. Solo en el primer mes de este año hubo 714 protestas en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De estas, 287 (40,2%) fueron para exigir alimentos. En el mismo mes del año pasado en cambio hubo 96. A esto se añade el perturbador dato de 141 saqueos, que se dieron en 19 de las 24 entidades federales. Ese mismo indicador en enero de 2017 fue de 19 robos masivos. A diferencia del Caracazo, que fue un fenómeno restringido a la capital y sus alrededores, estos disturbios se han dado casi todos en las diferentes regiones. No me parece algo digno de celebrar, pero los eventos fuera de Caracas siempre llaman menos la atención nacional e internacional que sus equivalentes dentro de ella.

Espero que con estas líneas se entienda un poco más la necesidad de hacer consideraciones sobre contextos y en la medida de lo posible tener datos a la mano a la hora de hacer comparaciones entre el Caracazo y lo que sucede en la actualidad. Así debe ser en cualquier intento por tender puentes entre una época y otra. A manera de cierre me permito señalar que el rey romano Numa Pompilio llamó al segundo mes del calendario latino februarius en atención a la Februa, un ritual realizado con el propósito de purgar la urbe de malos espíritus. Sirvan este y otros ejercicios para purgar de manipulaciones y símiles espurios a nuestro recuerdo de hechos acaecidos en febrero… Y en todo el año.

@AAAD25 

COFAVIC es la expresión genuina de la voz de las víctimas desde una perspectiva independiente. Nace a partir del encuentro de un grupo de mujeres que, unidas en el dolor, coincidieron en tribunales, en la morgue y en los hospitales y que al compartir sus historias se dieron cuenta que las mismas no eran únicas ni aisladas.

Ya unidas y organizadas sumaron voces para buscar en colectivo, justicia y el establecimiento de la verdad de lo ocurrido durante los sucesos de febrero y marzo de 1989. Años después, esas mismas mujeres han acompañado a las víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en hechos ilustrativos como los de noviembre de 1992, los deslaves de Vargas de 1999 y las protestas de 2014 y 2017, entre otros.

Ese, precisamente, es el legado del Caracazo. Se trata de un hecho que no pertenece sólo al pasado, sino que se ha mantenido en el presente y compromete seriamente nuestro futuro, si no cambian las razones de origen y la impunidad que ha prevalecido de manera interesada y sostenida.

De allí que mujeres como Hilda Páez, Yris Medina, Aura Liscano, Maritza Romero, Matilde Castillo, todas víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, repitan e insistan en que hay una verdad distinta a la verdad oficial que se ha querido promover y matizar de acuerdo con quienes detenten el poder.

Hilda Páez recuerda que, hasta el día de hoy, 29 años después, nadie ha sido condenado por el asesinato de su hijo, Richard Páez. “Yo lucho para que sucesos como los del Caracazo jamás se repitan en el país”.

Yris Medina sabe que Wolfang Quintana, su esposo, no se merecía la muerte que tuvo, “teníamos planes, sueños, y todo eso lo derrumbó una bala de FAL. Pero tengo esperanzas. Si no las tuviera no estaría aquí. 29 años después yo sigo pidiendo justicia”.

Aura Liscano aún se pregunta por qué su hermano José Miguel Liscano se desapareció ni quién lo mató. “El Estado reconoció su responsabilidad en los hechos del 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989, pero aún falta que cumpla la parte más importante para nosotros. Queremos justicia para nuestros seres queridos”.

Maritza Romero también espera recuperar los restos de su hermano, Fidel Romero, para que su familia lo pueda enterrar. “Desde ese momento hasta hoy, 29 años después, trabajo activamente en la promoción de los derechos humanos en Venezuela”.

Matilde Castillo, sobreviviente del Caracazo pide, 29 años después, que el Estado recuerde cada uno de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana, sobre todo aquellos referidos al uso de la fuerza pública.

Luego de 29 años de la masacre del Caracazo, COFAVIC tiene el deber de recordar que nadie ha sido condenado por esos hechos de manera definitiva. Las víctimas no han tenido acceso al expediente porque se alega que no son parte del proceso, mecanismo utilizado para invisibilizarlas y confiscar sus historias, fortaleciendo así la verdad oficial que se ajusta a los intereses del Poder. Aún no se ha dado la apertura de juicio oral y público. Ocurren decenas de diferimientos en su mayoría por solicitudes de los imputados y solo se utiliza la existencia de este proceso para promoverla el día 27 de febrero de cada año con carácter proselitista.

Las causas estructurales y coyunturales que dieron origen al Caracazo, como la desatención de los gobernantes frente a las graves carencias del pueblo, la frustración, la rabia de la gente, el desabastecimiento y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, entre otras causas, lamentablemente no se han superado, ni siquiera permanecen igual, sino que están peor que hace 29 años.

El no acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el Caracazo que, entre otras cosas, estableció que Venezuela debía adecuar sus planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales y no usar las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

En la actualidad, no solo se ha desatendido esto, sino que se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos como lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En el caso del Caracazo, después de 29 años, ni siquiera se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar a los familiares de las víctimas los restos debidamente identificados para que cierren su proceso de duelo y retomen su proyecto de vida, medida de reparación contemplada en la resolución de la histórica sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y en 2002.

Para todas las víctimas es fundamental el establecimiento de la verdad de lo ocurrido y la aplicación de justicia. Estos elementos son imprescindibles para la reconstrucción de la memoria histórica, para prevenir violaciones de derechos humanos y para evitar que se repitan los crímenes cometidos.

La impunidad tiene una función política, la cual en el caso del Caracazo ha sido emblemática porque envía el mensaje de que los agresores nunca van a ser procesados, enjuiciados, castigados, ni en casos del pasado, ni del presente. Los presuntos responsables se mantienen protegidos por el Poder como un mecanismo que promueve el miedo colectivo, inmoviliza e impulsa la desesperanza, anula al otro y rompe el tejido social.

COFAVIC es la expresión genuina de la voz de las víctimas desde una perspectiva independiente. Nace a partir del encuentro de un grupo de mujeres que, unidas en el dolor, coincidieron en tribunales, en la morgue y en los hospitales y que al compartir sus historias se dieron cuenta que las mismas no eran únicas ni aisladas. Ya unidas y organizadas sumaron voces para buscar en colectivo, justicia y el establecimiento de la verdad de lo ocurrido. Estas son las mismas mujeres que han acompañado a las víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en hechos ilustrativos como los de noviembre de 1992, los deslaves de Vargas de 1999 y las protestas de 2014 y 2017, entre otros. Esa lucha del Caracazo no pertenece sólo al pasado, sino que se ha mantenido en el presente y compromete seriamente nuestro futuro, si no cambian las razones de origen y la impunidad que ha prevalecido de manera interesada y sostenida. Ellas han dicho al país que hay una verdad distinta a la verdad oficial que se ha querido promover y matizar de acuerdo con quienes detenten el poder.

Luego de 29 años de la masacre del Caracazo nadie ha sido condenado por esos hechos de manera definitiva. Las víctimas no han tenido acceso al expediente porque se alega que no son parte del proceso, mecanismo utilizado para invisibilizarlas y confiscar sus historias, fortaleciendo así la verdad oficial que se ajusta a los intereses del Poder. Luego de 29 años del Caracazo, en la investigación más resaltada por el Estado, aun no se ha dado la apertura de juicio oral y público. Ocurren decenas de diferimientos en su mayoría por solicitudes de los imputados y solo se utiliza la existencia de este proceso para promoverla el día 27 de febrero de cada año con carácter proselitista. Trabas y obstáculos año tras año lo único que demuestran es que no hay voluntad política para esclarecer los hechos del Caracazo, como tampoco la hay para determinar responsabilidades en centenares de ejecuciones extrajudiciales y torturas que han ocurrido tiempo después.

Las causas estructurales y coyunturales que dieron origen al Caracazo, como la desatención de los gobernantes frente a las graves carencias del pueblo, la frustración, la rabia de la gente, el desabastecimiento y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, entre otras causas, lamentablemente no se han superado, ni siquiera permanecen igual, sino que están peor que hace 29 años.

El no acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el Caracazo, que entre otras cosas estableció que Venezuela debía adecuar sus planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales y no usar las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En la actualidad, no solo se ha desatendido esto, sino que se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos como lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En el caso del Caracazo, después de 29 años, ni siquiera se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar a los familiares de las víctimas los restos debidamente identificados para que cierren su proceso de duelo y retomen su proyecto de vida. Varias mujeres han fallecido en la espera de que el Estado concretara esta legítima petición y sin embargo aún no se han aplicado métodos confiables que permitan dar satisfacción a esta solicitud genuina de las víctimas, la cual es parte de la resolución de la histórica sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y en 2002.

Para todas las víctimas es fundamental el establecimiento de la verdad de lo ocurrido y la aplicación de justicia. Estos elementos son imprescindibles para la reconstrucción de la memoria histórica, para prevenir violaciones de derechos humanos y para evitar que se repitan los crímenes cometidos. La impunidad es el caldo de cultivo de un sistema autoritario que da sostenibilidad a formas, patrones y estructuras que le hacen permanecer y fortalecerse.

Luego del Caracazo, el país ha tenido la oportunidad de analizar en profundidad los hechos que dieron origen a esos graves acontecimientos y lo conducente era ampliar la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos, por ello no es aceptable, que hoy en día, 29 años después, la represión y las víctimas vayan en ascenso, al igual que la violencia.

La impunidad institucionalizada e interesada desde el Poder se mantiene frente a graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, masacres, las desapariciones forzadas de personas y las torturas.

El legado de los familiares del Caracazo lo resume la frase pronunciada por el padre Pedro Trigo s.j en una homilía durante un aniversario conmemorativo del 27 de febrero: “No dejemos que la violencia tenga la última palabra”. Las víctimas tienen el derecho y el deber, así como la sociedad en su conjunto, de no permitir que la violencia pronuncie la última palabra.  Para COFAVIC, la fuerza que desempeñan las víctimas debe ser desde un papel articulado, independiente, fuera de ideología política y de la polarización.  Desde el dolor y el afecto las víctimas deben promover la reconciliación, pero siempre pasando por la justicia y la verdad, los cuales son dos valores fundamentales que no pueden ser negociados, ni embargables y que son indispensables no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad.

Como sociedad estamos obligados a tomar las lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir con nuestras acciones u omisiones a la escalada de violencia política y a la profundización del deterioro de las condiciones mínimas para una vida digna que ya han causado estragos en nuestra población. A 29 años del Caracazo nuestras fuerzas de seguridad deben tener muy presente aquellos hechos donde sus actuaciones dejaron centenares de hogares rotos. Las instituciones quedaron impactadas negativamente por décadas en nuestra memoria colectiva. Por más difíciles que sean las circunstancias actuales, los derechos humanos no deben transarse.

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado venezolano a:

1. Investigar de manera independiente y conclusiva las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Caracazo. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, que irrefutablemente demuestra que luego de 29 años, no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega, entre otros sectores humildes, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.

1. Identificar bajo métodos confiables e independientes los restos hallados en las fosas clandestinas de La Peste del Cementerio General del Sur y entregárselos a sus familiares. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de nueve años, no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en las fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Siete años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.

1. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.

1. Publicar una lista oficial definitiva de personas asesinadas, desaparecidas y heridas, relativas a los sucesos del Caracazo, como parte del establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de la ejecución de garantías de no repetición de estos hechos, el Estado está obligado a hacer públicos los nombres de las víctimas del Caracazo y no hay motivos para seguir ocultando esto.

1. Instamos al Poder Ejecutivo a derogar la Resolución 008610 que autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas. Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establecen, los artículos 68 y 332 de nuestra Constitución.

1. Tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole

1. Cesar la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas.