¿Cuál ha sido el impacto del despliegue policial y militar en un contexto de inmovilización social? Las cifras sugieren que el experimento de la cuarentena va más allá de la mera contención a la COVID-19
Lo que está pasando en Venezuela desde el mes de febrero será algo digno de estudio durante los meses y años por venir. Uno podría pensar que se trata de un gran experimento, aún por finalizar.
Esto comenzó el tercer fin de semana del segundo mes del año, con la ejecución de los ejercicios cívico-militares Escudo Bolivariano. Esa actividad apenas duraría dos días. Una vez más hubo la oportunidad de apreciar las pintorescas movilizaciones de milicianos, y los posicionamientos ostensivos de francotiradores, colectivos armados, sistemas de defensa antiaérea en los alrededores de los aeropuertos y tanques de guerra en las entradas a las grandes ciudades.
El último día de los ejercicios, Maduro anunció que se llevarían a cabo de manera sorpresiva. Pero las minutas de las policías ligadas al oficialismo y los documentos de la FANB indicaban que en realidad Escudo Bolivariano se prolongaría, de manera continua y por tiempo indefinido.
El viernes 13 de marzo, Maduro anunció su decreto de alarma nacional. Era un estado de excepción sobre otro que ya venía arrastrándose con motivo de la “emergencia económica”. Dos de las tres modalidades de estados de excepción previstas en la Constitución. Solo falta la conmoción.
En la primera quincena de marzo no había ningún caso de COVID-19 admitido por los voceros del Ejecutivo. Esta simple evidencia es uno de los elementos que fundamenta la sospecha de reconocidos epidemiólogos como el doctor Julio Castro, en cuanto a que la declaratoria del estado de alarma fue adelantada por motivos que no tenían que ver estrictamente con la preservación de la salubridad pública.
En el desarrollo del estado de alarma, los colectivos armados han participado activamente en labores de control social y político en las parroquias 23 de Enero y Catia. En oportunidades, han bloqueado la circulación de amplias zonas del municipio Libertador. El 21 de marzo en la tarde dieron una demostración de que iban en serio, y mataron a tres personas que jugaban dominó en plena calle El Porvenir de El Observatorio. Lo hicieron previa advertencia, con la certeza además de que todo quedaría impune, como ha sido hasta ahora.
En este experimento, las cifras conocidas extraoficialmente indican que los homicidios han tenido altas y bajas, incluidos aquellos perpetrados por agentes de cuerpos uniformados. Si se hicieran cortes de diez días, se podrían ver resultados insólitos. En cinco de los nueve períodos que se obtuvieron entre el 1 de enero y el último día de marzo las muertes a manos de policías y militares han rebasado a las que fueron producto de otros actores.
En general, durante el mes de marzo se pudo apreciar una tendencia a la baja en cuanto a todas las muertes. Y es lógico. Tal y como lo explicó el criminólogo Keymer Ávila, al estar menos personas en las calles la tendencia será a la reducción de los delitos violentos que generalmente se cometen en ellas. En esta lista figuran los homicidios, cuyo escenario es la vía pública en aproximadamente el 75 % de los casos.
En el período que comenzó el 11 de febrero y terminó el 10 de marzo, es decir, a partir del despliegue militar y policial, los homicidios cometidos por cuerpos uniformados fueron más numerosos que los perpetrados por criminales, civiles en riña o personas afectadas por ira pasional.
Todo esto, se reitera, en un contexto en el que la criminalidad general tiende a la baja, debido al posicionamiento de los cuerpos de seguridad, e igualmente como producto de la cuarentena misma.
El comportamiento de los homicidios también está influido por factores locales. En marzo, los casos por resistencia a la autoridad en el eje Distrito Capital/estado Miranda sumaron 21, mientras que los homicidios por otras razones fueron 53. En cambio, en ese mismo lapso, hubo 40 fallecidos a manos de policías y militares en el estado Zulia, y 29 por los demás victimarios.
Según Ávila, incluso aquellas muertes que no han sido catalogadas como “resistencia a la autoridad” pudieron ser producto de la acción de cuerpos del Estado, a través de las llamadas “ejecuciones extrajudiciales”, o también responsabilidad de grupos que cuentan con el favor oficial, como sucedió en el 23 de Enero.
“Es como si no estuviesen en cuarentena. La violencia institucional letal no obedece a la lógica de los enfrentamientos”, advirtió.
¿Qué sucederá durante la extensión de la cuarentena? El Gobierno se ha percatado de que la inmovilización social le conviene. Por una parte, ralentiza la evolución de la pandemia por el Covid-19, al tiempo que mitiga el impacto por la creciente escasez de combustibles. Por la otra, impide que los factores políticos que lo adversan ganen terreno. Toda esta situación, incluso, ha dejado en un segundo plano el debate sobre los preparativos para las elecciones parlamentarias.
En las últimas dos semanas, sin embargo, se ha comenzado a evaluar la posibilidad de una revuelta popular al estilo caracazo. Algunos indicios parecieran sugerir que la situación social se ha deteriorado hasta niveles extremos. Desde que comenzó este experimento, han ocurrido saqueos en varias partes del país. El Gobierno ha tomado nota de siete casos, en Zulia, Monagas, Anzoátegui y Bolívar. Pero estos son solo algunos con “pérdida total” de mercancías. Otros en Aragua y Sucre han sido conatos, en los que solo se produjeron pérdidas parciales debido a la llegada de algún cuerpo de seguridad, y no fueron incluidos en las estadísticas. Este es un factor de riesgo adicional que deben afrontar hoy día las distribuidoras de alimentos.
Hay en la actualidad diferencias fundamentales con respecto a lo ocurrido en febrero de 1989. Entonces, la respuesta policial fue tardía, en parte debido a un conflicto que mantenía en huelga a la Policía Metropolitana. Además, había medios de comunicación independientes, con amplias audiencias, y combustible para moverse. Hoy en día, policías y militares están en las calles casi en forma permanente, la disponibilidad del combustible es casi nula para los demás sectores de la sociedad (la FAN sí tiene) y los medios independientes fueron arrimados a rincones de la web.
Visto así, el panorama actual es distinto al de aquella época. Uno de los propósitos específicos de este experimento inacabado, entonces, sería impedir todo cambio aún si -como indican las encuestas- el descontento hacia los gobernantes actuales es igual o mayor que el que originó la movilización social hace 31 años.
Breves
* Diversas reacciones ha suscitado el hundimiento de la patrullera de la Armada GC23 Naiguatá, como consecuencia de una colisión contra el crucero de bandera portuguesa Resolute, en la madrugada del 30 de marzo al norte de La Tortuga. El excomandante general de la Armada, vicealmirante retirado Jesús Briceño García, exhortó a la Inspectoría de ese componente a emitir cuanto antes un veredicto sobre los factores que se conjugaron a para que la nave quedara en el fondo del mar. Rechazó a los que han emitido afirmaciones sin conocer el medio naval, pero admitió la posibilidad de que se cometieran errores en el procedimiento de “visita y registro”, un “cruce de proa indebido”, y fallas en los sistemas para el control de averías. Otro que ha emitido criterio en foros grupales ha sido el contralmirante retirado Daniel Comisso Urdaneta, para quien este siniestro es motivo de gran dolor, y el producto de “imperdonables faltas de cumplimiento en las previsiones, precauciones y normas de seguridad a la navegación”, cuyo primer responsable sería el comandante de la embarcación. El Ejecutivo, a través del INEA, designó una junta de investigación encabezada por el capitán de navío Máximo Bernardo González Álvarez, e integrada por otras nueve personas. Sin embargo, es claro que en el contexto actual este grupo carecerá de la independencia debida. Según el experto en cuestiones de búsqueda y salvamento, Enrique Martín, lo más sano sería que las partes involucradas en este suceso (Venezuela y Portugal) soliciten a la Organización Marítima Internacional (OMI) que actúe como intermediaria e incluso presida una junta ad hoc, en la que también participen delegados de las Antillas Neerlandesas. Sería una decisión análoga a la aplicada con motivo del derribamiento de los aviones de Hermanos al Rescate (febrero 1996), por la Fuerza Aérea de Cuba. En ese caso, la junta de investigación fue presidida por representantes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), e integrada por delegados de las partes involucradas (Cuba y EE. UU.).
* El mayor general retirado Hugo Carvajal, exdirector de Contrainteligencia Militar, avanza en un proceso de entendimiento con las autoridades estadounidenses, a propósito de las acusaciones en su contra por presunto tráfico de drogas. La traba, indican fuentes policiales españolas, tiene que ver con el destino de ciertos activos que el oficial tendría en Europa y Estados Unidos, a través de terceras personas. Alias el Pollo estaría aún en suelo europeo, luego de su inexplicable evasión de la vivienda donde permanecía arrestado, mientras se decidía su extradición a EE. UU. Hasta ahora, el único puesto a derecho en este caso es el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, excomandante de la 41 brigada blindada y de la guarnición del Zulia. Este oficial es representado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York por el abogado Adam Kaufmann.
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