El período previo a la campaña electoral debería ser un tiempo de preparación para los actores políticos, pero algunos participantes de la contienda electoral prefieren hacer caso omiso del reglamento y asumir responsabilidades que no les competen
Valentina Gil
A pesar de que solo faltan cinco días para el inicio de las campañas electorales, los candidatos ya están haciendo esfuerzos para promover sus ofertas. Tanto el Ejecutivo como los gobernadores y alcaldes que aspiran a la reelección han utilizado recursos del Estado para ello, pero no están solos. También los aspirantes sin cargos públicos han incurrido en actividades como inaugurar obras públicas, recuperar espacios, asistir a reuniones con líderes de gremios, entre otras estrategias para ganar la simpatía de los electores.
Tanto el Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) como el Artículo 204 del Reglamento establecen que: “No se permitirá la propaganda electoral que se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el CNE».
Sin embargo, Henri Falcón, candidato a gobernador por Avanzada Progresista, decidió hacer una “campaña distinta” en Lara. Ha entregado canchas, transformadores y postes en diversas comunidades de la región.
Su compañero de la Alianza Democrática, Javier Bertucci reparte colchones y comida en los sectores vulnerables de Carabobo, región en la que espera conseguir la gobernación.
Igualmente, Ángel Marcano, candidato del Psuv en Bolívar, regala herramientas y recibe el apoyo público de instituciones como el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa).
“El CNE no ha hecho absolutamente nada para llamar la atención de esos candidatos. Cualquier ciudadano puede hacer la denuncia, en atención a lo que establece nuestra Constitución, pero el CNE también debería actuar”, afirmó Nelida Sánchez, coordinadora nacional de contraloría de Súmate, al Guachimán Electoral.
Extralimitación de funciones
Adelantar campaña no es la única falta, pues los candidatos tampoco están legalmente autorizados para llevar a cabo este tipo de actividades. Según lo establecido en los artículos 159, 160 y 166 de la Constitución, es competencia de las gobernaciones y alcaldías administrar los recursos y planificar y coordinar las políticas públicas regionales.
Aquellos que simplemente aspiran a un cargo del Poder Público no tienen jurisdicción para entregar obras en las regiones, como es el caso de Freddy Bernal (Táchira), Jehyson Guzmán (Mérida) y Dante Rivas (Nueva Esparta).
Estos candidatos rojos se dedican a rehabilitar espacios públicos y hacer entrega de materiales en colegios, hospitales y demás. Por otro lado, al ser “protectores” de sus respectivos estados, usurpan la función de recibir y administrar de forma directa los fondos del Gobierno regional, ya que se trata de una figura que no aparece reflejada en la Constitución ni en ninguna de las normas legales que regulan la estructura político-territorial del país.
El deber ser
Los casos mencionados no son aislados. Súmate denunció que hubo actividades de campaña electoral adelantada en el simulacro electoral del 10 de octubre. El Psuv incurrió en esta actividad en el 80,2% de los 246 centros observados, mientras que la oposición adelantó campaña en el 29,9% de la muestra.
El lapso previo a la campaña electoral es meramente preparatorio. En vez de hacer promoción de su oferta electoral, las organizaciones con fines políticos deberían integrar el comando de campaña o definir la estrategia y las propuestas electorales, entre otras actividades.
No obstante, el politólogo Jesús Castellanos destaca que dichas tareas deben ser privadas. “En caso de que no fuera así, sería como lo que hace Nicolás Maduro por el Psuv. Al hacer estos procesos públicos, está promocionando la oferta electoral del partido”.
