La muerte del comisario Eduardo Henríquez confirma que la principal vía al oriente del país sigue bajo el influjo de los grupos criminales que germinaron con el programa “zonas de paz”

@javiermayorca

En la vía hacia el oriente del país hay 760 hombres en armas.

Esta cifra surge de la sumatoria del número de integrantes de las megabandas que hacen vida entre Caucagua y Machurucuto. No incluye a los grupos de Anzoátegui y Sucre.

A partir de marzo de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han levantado información sobre estas agrupaciones al margen de la ley. Desde el ministerio de Relaciones Interiores les ordenaron llamarlas con el acrónimo GEDO, o “grupos estructurados de delincuencia organizada”.

Pero esta denominación ha perdido valor, pues la propaganda oficial llama GEDO a cualquier alianza de tres o más sujetos que sean detectados en una conducta ilegal. Entonces, podemos encontrar GEDOs de estafadores, gente que hurta metales para revenderlos o que se pone de acuerdo para “ceder” sus puestos en las colas hacia las estaciones de servicio, a cambio de algunos dólares.

Los grupos que actualmente dominan la carretera a oriente ya no son los del viejo Capracio. Estos surgieron en la segunda década del siglo. Y se consolidaron a partir de 2013, cuando el entonces viceministro de Política Interior José Vicente Rangel Avalos comenzó con su programa “zonas de paz”.

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A pesar de la enorme opacidad con la que se llevó a cabo esta iniciativa, gracias a un informe de la Guardia Nacional se determinó que solo en Barlovento había 26 territorios a los que no podían entrar los agentes de cuerpos policiales o militares. Eran como pequeños caguanes, en los que además el Ejecutivo intentaba ganar indulgencias mediante la aplicación de planes de “consolidación” de las organizaciones civiles, mediante el otorgamiento de créditos o el financiamiento a programas que terminaron por beneficiar a las estructuras más sólidas de estos lugares, que eran precisamente las bandas criminales.

El grupo que mató al jefe de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al encargado de Investigaciones de esa dependencia, inspector jefe José Amador (ahora comisario tras el ascenso post mortem) era conocido desde mucho antes de que se llevaran a cabo las llamadas OLP. Le llamaban la banda de Las Delicias, un poblado que está entre San José de Barlovento y la Troncal 9. Antes era un lugar olvidado, pero con la extensión de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho mucha gente comenzó a transitar por allí, así como por otra vía local que lleva a El Guapo. Ambas son carreteras estrechas, sin iluminación ni rayado, con curvas pronunciadas, fallas de bordes y mucha maleza alrededor. Así que los asaltos a vehículos particulares y de carga son cosa relativamente sencilla.

De allí, la banda de Esteban Eduardo Quintana, alias Eduardo Delicias, pasó a la extorsión, en especial a los pequeños comerciantes y productores de cacao. La extorsión tiene un propósito económico, pero se sustenta en el miedo. Esto lo sabe muy bien la gente de Cumbo, un pueblo a dos kilómetros de Las Delicias. Y cuando alguien intenta romper ese muro, termina descuartizado e incinerado en la vía pública. Así sucedió con dos activistas sociales en mayo de este año, que coordinaban la entrega de bolsas Clap. En esos días, a pesar del escándalo, no hubo una reacción efectiva de los cuerpos de seguridad.

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Según estimados de la PNB y de Cicpc, la banda de Las Delicias tiene aproximadamente 200 integrantes. Pero no es la más grande. En el municipio Acevedo hay otra llamada Los 300, y como en la película estos sujetos estarían dispuestos a luchar con fiereza. Luego de la muerte de su líder, conocido como Miguel, en mayo de 2020, el grupo se recompuso y continúa activo.

Otra megabanda opera desde Panaquire. Su líder está plenamente identificado (Yorbin Alexander Machado Raposo, Perrote) y cuenta con unos 150 hombres, aunque su poder de fuego y capacidad de movimiento no es igual al de la organización de Las Delicias.

Desde los cuerpos de seguridad también mencionan a dos bandas, que tienen sus centros de operaciones en Tapipa y El Clavo. La primera, encabezada por los medio hermanos Rolando Machado y Félix Rivero, tiene aproximadamente ochenta integrantes. Y la otra es liderada por alias Menchito.

Todos estos grupos, como se refirió, tienen por lo menos una década de existencia. Como el resto de la población, han sido afectados por acciones policiales puntuales, la cuarentena y el decaimiento económico general. Ahora, tratan de recuperarse. Por esta razón, desde el segundo trimestre se observa una agudización de la inseguridad en la principal vía hacia el oriente del país. La población se entera de estas cosas cuando ocurre algún hecho notorio, como el homicidio de militares que van como pasajeros en camiones objeto de asalto. O la muerte del comisario Henríquez.

Por ejemplo, los camiones de las grandes distribuidoras de comestibles solo se aventuran a Barlovento luego de las 7 a. m., y sus conductores tienen órdenes de no permanecer allí después de las 5 p. m. De ser posible, además, acudirán en caravanas. Todo esto implica importantes costos, y además deja abierta la posibilidad de que algunas zonas queden sin abastecimiento.

Algunas empresas petroleras cuyas centrales están en Caracas han ordenado a sus empleados y ejecutivos no transitar por esa carretera cuando deban ir a los campos de la Faja. Han tenido que establecer “puentes aéreos”, lo que desde luego incrementa los gastos, y transmite al exterior una fuerte percepción de riesgo asociado a la criminalidad.

A propósito de la muerte del comisario Henríquez, el MRI ordenó la ejecución de la operación Barlovento. Una reacción tardía y con un objetivo difícil de conseguir, por lo menos en el corto plazo. No se trata de la Cota 905 o La Vega. Son cinco municipios poco urbanizados, que abarcan 432 kilómetros cuadrados.

Hace cinco años, en octubre de 2016, el ministerio de la Defensa ordenó el emplazamiento de contingentes de la Guardia Nacional y del Ejército en esas mismas zonas. Se llamó operación Orión. Algunas tropas fueron enviadas desde Caracas, otras desde lugares remotos como el estado Sucre. Ante la presión por dar algún resultado, mataron a doce individuos a los que asociaban con las bandas referidas en este trabajo, y ocultaron los cadáveres en una fosa común. Los militares tuvieron que retirarse en medio del rechazo generalizado de la población.

Uno supone que Cicpc tiene mayores recursos de inteligencia para lograr el objetivo a un costo menor. Pero el riesgo de una acción similar a la de Orión está latente, en la medida en que pasan los días y no dan con Eduardo Delicias.

Breves

√ El equipo de defensores de Alex Saab ha intentado en los últimos días dos recursos, con el claro propósito de prolongar la permanencia del extraditable colombiano en Cabo Verde. Según las declaraciones divulgadas por el jefe del equipo legal de Saab, José Manuel Pinto, el primero pretendía la nulidad de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional del archipiélago el 7 de septiembre, que desechó las objeciones formuladas por estos litigantes en torno a la legalidad del visto bueno a la extradición. En segundo término, los defensores exigieron una “revisión” de la decisión tomada por la justicia caboverdiana, a la luz del desenlace de una pesquisa de la fiscalía suiza, sobre un supuesto lavado de dinero con fondos provenientes del programa para la construcción de viviendas del gobierno de Nicolás Maduro.

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Según el abogado Pinto, un “monto sustancial” de los fondos enviados a la banca helvética “fue recibido de empresas ligadas al mismo programa de viviendas venezolano que está en el centro de la acusación en Miami contra Alex Saab, del 25 de julio de 2019, y sirvió de base al pedido de extradición hecho por EE. UU. a Cabo Verde”. Afirmó que los suizos no encontraron delito alguno asociado al manejo de los referidos fondos, por lo que Saab correría el riesgo de “doble juzgamiento” si es llevado a Estados Unidos para ser procesado por los mismos hechos. El primer recurso de los defensores fue rechazado casi de inmediato. Sobre el segundo, la justicia de Cabo Verde no se había pronunciado al momento de la redacción de esta nota. Sin embargo, esta seguidilla de maniobras hace pensar que Pinto y su equipo ven inminente el traslado de Saab a Estados Unidos.

√ En los nueve meses que van de 2021 las oficinas de la policía judicial han procesado 712 denuncias sobre desapariciones de personas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es llamativa, pues rebasa el total de casos iniciados durante todo 2020. Es posible que la cuarentena implantada a partir de marzo del año pasado haya influido en esta disparidad. Pero se debe tomar en cuenta que durante 2021 se han mantenido las dinámicas de flexibilización y radicalización de la cuarentena, por lo que otros factores deben entrar en juego.

Pero las cifras de denuncias conocidas en el estado llanero, así como en Táchira y Zulia son bajas si son comparadas con las de Distrito Capital (148), Miranda (145) y Bolívar (53). En el actual contexto, las desapariciones parecieran estar asociadas a la intensificación del delito organizado o a disputas entre bandas y megabandas por el control de ciertos territorios. Desde luego, estos números pueden cambiar, ya sea porque la persona indicada da alguna señal de vida o porque se constata que ha sido víctima de homicidio, secuestro o privación ilegítima de libertad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El joven promesa del béisbol está libre de COVID-19 y se encuentra en el estado Nueva Esparta, según señalamientos de representantes de los Filis de Filadelfia en Venezuela

Sano, libre de coronavirus, en la isla de Margarita y a resguardo se encuentra Yhoswar García, el pelotero de 18 años que el pasado mes de marzo llegó a un acuerdo por 2,5 millones de dólares con los Filis de Filadelfia.

Una fuente de la mencionada organización de Major League Baseball (MLB), contactada por El Nacional, señaló que el joven promesa del béisbol «está sano, a resguardo de la franquicia y no ha salido de Margarita», desde donde se tramita la visa para llevarlo a República Dominicana y luego a los Estados Unidos. Sin embargo, la paralización de vuelos a raíz de la pandemia mantiene congeladas las gestiones.

Desmentida la fiesta en Barlovento

La afirmación del vocero de los Filis de Filadelfia desmiente las versiones ofrecidas por Jorge Rodríguez, el domingo 19, y por Nicolás Maduro, el martes 21 de abril. Ambos aseguraron que el joven viajó a Caucagua para celebrar con su familia el contrato millonario.

La fiesta en la que participó García se realizó a mediados de marzo en la isla de Margarita, organizada por Roberto Valhís, propietario de la academia del mismo nombre, que enfrenta una investigación por violar la cuarentena y de la cual forma parte el joven barloventeño.

En esta celebración se hizo el anuncio oficial por parte de la organización que le entregó la camisa de los Filis de Filadelfia al prospecto, con el número 13 y su apodo «El Dron».

Su núcleo familiar cercano lo acompañó en la presentación. Contrataron un autobús que llevó a unas 10 personas, aproximadamente, hasta la isla.

A pesar de la cuarentena, del estado de alarma decretado y de las dificultades para acceder al combustible, el viaje de regreso se dio sin mayores contratiempos una semana después, de acuerdo con el testimonio de reconocidos dirigentes vecinales del municipio Acevedo.

Después de regresar a Barlovento, la familia, sin el pelotero, organizó una nueva reunión para celebrar con los amigos del pueblo la hazaña del deportista. Allí se originó el foco de contagio en la región Barlovento.

«La familia está contagiada»

El martes 21 de abril, Nicolás Maduro indicaba en su alocución que se habían reportado tres nuevos casos en el estado Miranda. Aunque no precisó de quiénes se trataba ni los municipios donde de ubican, indicó que «los familiares del pelotero están siendo atendidos, casi todos los asistentes a la rumba están en cama con coronavirus».

Hasta el martes, El Pitazo solo había podido confirmar un caso positivo en el municipio Acevedo, localidad que desde el día anterior se mantiene en confinamiento.

Más de 300 pruebas rápidas se habían realizado en las parroquias Caucagua y Marizapa, esta última dónde se ubica la residencia del beisbolista. De ese total, 15 habían arrojado positivo, por lo que las personas fueron aisladas y se les practicó la prueba PCR.

El responsable político del eje Barlovento por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y padre del gobernador, Pedro Vicente Rodríguez, afirmó que nueve de esas 15 pruebas PCR resultaron negativas y una sola dio positivo. Las autoridades sanitarias se mantenían a la espera de los otros cinco resultados.

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Siempre me ha resultado chocante el nacionalismo exagerado de algunos venezolanos que buscan argumentos absurdos para pontificar que este es “el mejor país del mundo”. Un lugar común para alimentar tal pedantería es aquel ligado a las ventajas naturales. Sobre todo, la belleza paisajística y la riqueza agrícola y mineral. En todo caso, ya que estos dotes no se deben a actividades humanas, deberían ser más motivo de agradecimiento que de orgullo. Dios, la suerte o como lo quieran llamar nos bendijo con una extensión de tierra llena de diversos minerales y apta para el cultivo de una muy amplia variedad de productos campestres. Desde la colonia los bienes primarios han sido el principal motor de nuestra economía, comenzando por el cacao. La fuente del chocolate fue nuestro principal producto de exportación hasta el siglo XIX, cuando lo desplazó el café (a su vez sustituido por el petróleo). Hoy Venezuela no figura entre los principales productores de cacao, pero sí destaca en cuanto a calidad. El grano criollo es empleado para elaborar algunos de los chocolates más valorados del orbe. Si la cantidad igualmente se elevara hacia cumbres internacionales, habría entonces una oportunidad de desarrollo de la que sí podríamos enorgullecernos, así como una fuente de prosperidad para regiones empobrecidas como Barlovento y la Península de Paria.

Resulta por lo tanto para nada alentador enterarse, gracias a una investigación del portal periodístico Armando Info firmado por Isabel Guerrero, que en el estado Miranda las nuevas autoridades regionales han tramado un tal “Plan Cacao” que básicamente consiste en monopolizar la distribución dentro y fuera del país. Aunque no se trate de una estatización total y declarada, se está limitando enormemente la libertad de los productores para disponer de sus frutos como deseen. Ellos son obligados a venderle a la gobernación por precios irrisorios: Bs 500.000 por kilo en el caso del cacao de más alta calidad, según el reportaje. Sin embargo, los agricultores deben pagar 20% a las autoridades intermediarias y un 15% adicional a las alcaldías de los municipios donde trabajan (todas en manos del oficialismo), de manera que al final solo reciben Bs 325.000 por kilo.

A manera de compensación, la gobernación y las alcaldías se comprometen a brindar “asistencia y acompañamiento” a los productores. Es decir, a brindarles todo lo que necesiten para optimizar la producción. La realidad es otra, pues los servicios públicos son deficientes, muchas arterias viales están en mal estado y, lo peor, la delincuencia hace de las suyas con impunidad. Barlovento es la región con más homicidios en todo Miranda. Bandas hamponiles se dedican, entre otras cosas, a extorsionar a los productores de cacao, quienes de paso, según ellos mismos denuncian, deben lidiar con la “vacunas” que les cobran los organismos de seguridad para permitirles circular con la mercancía.

Mientras tanto, el cacao obtenido a precio de gallina flaca por la gobernación es vendido en divisas con precios internacionales. Para ello, el ejecutivo regional ha negociado acuerdos con los amigos extranjeros del chavismo en Rusia, China, Irán y Turquía. La cotización internacional del cacao en promedio es de aproximadamente 2,5 dólares por kilo. Este gobierno podría considerar un delito que se exprese aquella cantidad de moneda extranjera en bolívares a la única tasa a la que casi todos los venezolanos tienen acceso. No importa. Cualquiera puede notar la diferencia con respecto a lo que se impone al productor.

Los monopolios, públicos o privados, no suelen ser señal de una economía sana. La falta de competencia fácilmente desalienta la innovación. Son esquemas comerciales que cada vez tienen menos que ver con un mundo dinámico, heterogéneo y globalizado. Al contrario, evocan experiencias históricas que ya se ven muy distantes en el retrovisor.  Cabe recordar que la Corona española prohibió a sus colonias americanas el intercambio de bienes ajeno a Madrid. Los bienes agrícolas y minerales del Nuevo Mundo hispánico solo podían salir rumbo a la metrópoli. En el caso de la Provincia de Venezuela, el monopolio sobre el comercio fue administrado desde La Guaira por la infame Compañía Guipuzcoana.

¿Cuántas veces, a lo largo de su trayectoria por el sistema nacional de educación básica, escucha cada venezolano el relato sobre la institución real con nombre vasco? Tantas que es casi inevitable que en algún momento escuchar sobre ella le provoque bostezos, como ocurre tristemente con casi todo lo que pasa por nuestra reiterativa y exageradamente romántica forma de enseñar historia a niños y adolescentes. Pese al tedio, casi siempre queda al menos grabado en los dominios de Mnemosine la noción de la Guipuzcoana como uno de los factores que preparó el terreno para la independencia. Más precisamente, el orden monopólico encarnado en la Guipuzcoana provocó en el siglo XVIII fuerte indignación entre los hacendados de la provincia, que debían tratar con los agentes reales para que sus bienes se hicieran a la mar. Y como ocurre con prácticamente todas las restricciones al libre comercio, surgió un pujante mercado negro, puesto que era mucho más rentable para la población local vender por debajo de la mesa a los ingleses, franceses y holandeses que regían las Antillas menores.

Los precios impuestos por la Guipuzcoana, así como la persecución a los contrabandistas, generó un creciente descontento entre los habitantes de la provincia. Dado que, como ya se dijo antes, el cacao era el principal producto de exportación en la Venezuela colonial, no sorprende que el mayor hervidero de antipatía hacia los encargados del monopolio haya sido Barlovento. Ahí, el canario Juan Francisco de León se había establecido para dedicarse a la producción y comercio del germen del chocolate. Justo en la mitad del siglo, De León encabezó una rebelión que marchó desde Panaquire, localidad que había fundado, hasta Caracas, para exigir la abolición de la Guipuzcoana. Aunque al principio los alzados pudieron asustar a las autoridades, para 1752 estaban derrotados. Su líder fue hecho prisionero y enviado a la cárcel de La Carraca, en Cádiz, donde murió enfermo al poco tiempo, suerte que más de media centuria después repetiría Francisco de Miranda.

Todo este episodio quedó marcado en monumentos patrios y libros escolares como uno de los primeros “movimientos precursores de la independencia”. Aunque sus banderas no clamaban por cortar los hilos controlados desde el trono, sí hubo un intento por poner fin a un sistema oprobioso y contrario a la libertad individual que a fin de cuentas tenía su fuente en la península.

Es una triste ironía que la autoproclamada Revolución Bolivariana, obsesionada con el proceso independendista e identificada (por sus propios gestores, claro está) como su sucesora, más bien mantenga políticas públicas que recuerden a las prácticas de la Guipuzcoana. Más allá de los chistes de pésimo gusto que a veces produce la historia y de las denuncias de los productores de cacao hoy, es de temer qué ocurrirá con este sector de la economía a partir de ahora. El resultado del control gubernamental sobre la elaboración del café, solo por nombrar uno entre tantos ejemplos, es suficiente razón para sentir inquietud. En realidad, las esperanzas de que cualquier área económica se desarrolle hasta niveles que nos permitan enorgullecernos son nulas mientras el desastre desatado en 1998 se mantenga.

@AAAD25

Luis Alfredo González Hernánde, alias “El Artista Antropófago”            Foto Cortesía prensa Cicpc

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

El director del Cuerpo de Investigaciones Cinetíficas Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, informó sobre la detención de un individuo señalado de haber asesinado y devorado «gran parte» de un hombre en el barlovento mirandino.

Los funcionarios policiales habrían llegado hasta el detenido quien fue identificado como Luis Alfredo González Hernández, quien fue apodado como “El Artista Antropófago” por la fuerza policial. El hombre fue capturado luego de que iniciaran investigaciones para dar con el paradero de varias personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en la población de San José de Barlovento, municipio Andrés Bello en el estado Miranda.

“El Artista Antropófago” fue detenido en una finca en la que funcionarios policiales hicieron el hallazgo de huesos y dientes presuntamente humanos, las autoridades suponen que esos restos pertenecen al dueño de la hacienda quien habría sido asesinado por González Hernández.

Luego de haber sido sometido a interrogatorios el detenido reconoció haber «asesinado, descuartizado y comido gran parte de la humanidad” de la víctima. Alegó que el hoy occiso «lo habría contratado para su servicio funerario».

Dijo que este “servicio” consistía en asesinarlo, comer partes de él, para luego con su sangre y cenizas hacer obras de arte en lienzos”.

En el lugar además de los restos humanos se ubicaron documentos de identidad que no corresponden a la víctima o al victimario por lo que los detectives del Cicpc están verificando para descartar que no se trate de personas que han sido reportadas como desaparecidas en los últimos meses. Además fueron localizados gran cantidad de lienzos pintados, obras a las que se realizarán exámenes científicos para determinar si fueron o no elaborados con restos humanos, como lo reconoció el detenido.

Otra versión señala que Luis Alfredo González Hernández, habría sostenido una relación sentimental con la víctima, “al parecer eran pareja”, dijo la fuente policial, «sostuvieron una discusión que terminó con el asesinato del dueño de la finca», esta versión se encuentra bajo estudio por parte de las autoridades policiales.

Capturado (a) El Artista Antropófago. Un hombre identificado como: Luis Alfredo González Hernández fue capturado por pesquisas adscritos a la Sub-Delegación San José de Barlovento por el delito de homicidio. Luego de una serie de investigaciones realizadas por los pesquisas debido a las denuncias de personas desaparecidas interpuestas ante este despacho, los mismos realizaron el hallazgo en una finca de restos óseos humanos que se presumen sean del propietario, quien fue asesinado por el sujeto antes mencionado. Quien luego de su aprehensión y mediante interrogatorio admitió su culpabilidad en el hecho, manifestando haberlo descuartizarlo y comido gran parte de la humanidad del mismo. Ya que el hoy occiso lo había contratado para servicio funerario, el cual consistía en darle muerte, comer parte del mismo y con su sangre y cenizas hacer pinturas en lienzo. En el lugar del hecho se ubicaron documentos de personas ajenas al lugar las cuales se están verificando a ver si han sido reportadas como desaparecidas y obras de arte a las que se les realizarán la antropología forense correspondientes #CICPC

Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla) el Abr 5, 2018 at 11:06 PDT

El viaje de dos horas desde Barlovento hasta el Circuito Primero de Control en Guarenas no sirvió de nada, otra vez. Este lunes 14 de agosto fue diferida por novena vez la audiencia de los 11 funcionarios del Ejército, imputados por la masacre de 12 jóvenes en 2016.

La excusa fue la misma de los últimos cinco meses: no hubo traslado. Pero, anteriormente, los pretextos eran distintos, desde el 10 de diciembre del año pasado cuando se convocó la primera.

“No hay luz, no hay juez, no hay defensa, no hay, no hay”, contó un familiar de Carlos Gabriel Marchena, una de las víctimas, quien prefirió no identificarse.

Detalló que los funcionarios se encontraban privados de libertad en la cárcel de Tocuyito, pero fueron trasladados a Fuerte Tiuna para que estuvieran más cerca.

“La primera vez que fue diferida la audiencia, el circuito judicial solicitó por escrito que los trasladaran a la policía de Fuerte Tiuna para que estuvieran más cerca. Pero ha sido igual o peor, están cerca e igual no pasa nada. Con esto nos hacemos mil y un preguntas”.

Los 12 cadáveres fueron localizados sepultados. A dos los hallaron en el sector El Café el 24 de noviembre y a 10 en el sector Aragüita, vía Guatopo, el 25 de noviembre.

Todos los jóvenes fueron detenidos durante una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) el 16 de octubre de 2016, llevada a cabo por el Ejército Camacarao 323 de Cumaná. Sus familiares tuvieron la información de que estaban detenidos en El Café, tres días después les indicaron que habían sido trasladados al destacamento de Chaguaramal, pero nunca pudieron verlos.

Las dudas comenzaron a surgir entre los parientes, quienes acudieron a los medios de comunicación para denunciar lo que estaba pasando. Un mes después uniformados involucrados confesaron el crimen y donde se encontraban sepultados los cadáveres.

Los familiares de las víctimas que viajan a las audiencias que luego difieren —desde poblados en Barlovento— gastan al menos 6000 bolívares en pasajes ida y vuelta en tres camioneticas, y además deben salir alrededor de las 5:30 a.m. para estar muy puntuales en el circuito. Sin embargo pierden el viaje y a veces las esperanzas, al ver que sigue todo igual. Les resulta un gasto, pero hacen cualquier cosa por lograr justicia.

Anthony tenía 18 años. Su mamá recordó que el pasado 16 de octubre de 2016 a las 3:45 p. m., se lo llevaron detenido cuando estaba en la puerta de su casa en la calle Las Clavellinas de Capaya.

“Yo le dije al funcionario que ya lo habían detenido el 10 de octubre y lo soltaron porque era un muchacho sano. Él me respondió que se lo volvía a llevar porque era otro operativo, yo lo dejé porque sabía que mi hijo era sano”, contó.

El muchacho era estudiante de Educación Física en la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya, en Higuerote, y trabajaba como ayudante de albañilería. Era el mayor de dos hermanos. “Ha sido fuerte y muy dura la vida sin él. Solo pienso en todo lo que sufrió mi hijo a manos de esos hombres”.

Carlos Gabriel Marchena, otra de las 12 víctimas, tenía 20 años. Sus familiares contaron que durante la OPL lo sacaron de su casa en el sector La Peica de Caucagua. Trabajaba como encargado en una carnicería.

“En la familia éramos muy unidos, todos estamos sufriendo mucho. Hay una justicia divina, pero confío en que lograremos justicia. Eso no va a devolverme a mi hijo, pero voy a evitar que otras madres pasen por ese dolor y sigan matando a muchachos sanos”, sostuvo su madre, quien pidió no revelar su nombre.

Retardo judicial 

Laura Roldán, directora general de la ONG Red de Apoyo, explicó que la responsabilidad de que las audiencias preliminares sean diferidas es del Tribunal de Control, pues deben garantizar sobre todo el traslado de los imputados.

Desde diciembre de 2016 se han diferido nueve audiencias preliminares, primero porque se fue a luz en el circuito judicial, luego porque no hubo un acuerdo con el tipo de carro en el cual trasladarían a los imputados, posteriormente porque la defensa no fue y finalmente por la conflictividad del país, y traslados.

Un supervisor agregado de la Policía del Estado Miranda fue asesinado en el barrio La Amistad de San José de Barlovento, municipio Andrés Bello, luego que delincuentes le dispararon para despojarlo del arma de reglamento. En el hecho también le segaron la vida a su esposa.

El jefe del Centro de Coordinación Policial Número 4, comisionado Alberto Rojas, informó que el efectivo de nombre Leobaldo Antonio Suárez González, de 47 años de edad y su esposa Neri Antonia Salazar, de 48 años de edad, se trasladaban en carro a la sede de Higuerote, municipio Brión, a recibir su guardia cuando fueron interceptados por dos malhechores quienes sin mediar palabras los atacaron.

“El funcionario fue impactado en diferentes partes del cuerpo mientras que la dama recibió un disparo en el rostro. Antes de retirarse del lugar, los malhechores se apoderaron del arma de reglamento y dos teléfonos celulares, dejando a la pareja malherida dentro del vehículo. Tras el hecho de sangre ambos fueron trasladados por la policía municipal hasta un centro asistencial de la localidad, donde fallecieron a los pocos minutos de su ingreso”,  indicó.

Además dijo que inmediatamente activaron un operativo de seguridad para ubicar a los delincuentes, quienes están plenamente identificados, por lo que se espera la captura en las próximas horas.

El comisionado indicó que el supervisor agregado contaba con 25 años y ocho meses de servicio en el organismo policial y que durante los últimos 10 años se desempeñó como  Jefe de Área de los Servicios del CCP4.

Asimismo, destacó que la pareja asesinada deja en orfandad a una adolescente de 17 años, además de otra hija de 26 años de edad.

“Lamentamos profundamente estas pérdidas, no solo son dos personas asesinadas sino una familia que queda sin padres.  Se ha ido un gran policía que entregó todos sus conocimientos y su vida a nuestra institución, también despedimos a una madre luchadora. Haremos todo por dar con el paradero de estos despiadados antisociales, quienes deben pagar este hecho que enluta nuevamente a los venezolanos”, dijo Rojas.

El jefe policial detalló que Leobaldo Antonio Suárez González es el tercer funcionario de la Policía del Estado Miranda que muere de manera violenta durante el 2017 y se convierte en el número 47 que es asesinado en la Gran Caracas.

El Ministerio Público acusó a 12 efectivos (ya expulsados) del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la masacre de Barlovento, estado Miranda, donde fueron asesinadas 12 personas entre el 16 y 19 de octubre de 2016.

Los fiscales acusaron al teniente coronel José Rojas Córdova, al mayor Luis Eduardo Romero Arcia y al capitán Daniel Contreras Primera por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de las víctimas y privación ilegítima de libertad, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público.

Los referidos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

También fueron acusados por esos tipos penales el sargento mayor de tercera Miguel Rodríguez Rodríguez; los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón; los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.

El Tribunal 1° de Control de Miranda, extensión Barlovento, fue la instancia en la que se interpuso el escrito, mediante el cual los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los efectivos, quienes permanecen detenidos en el Internado Judicial de Carabobo.

Dos de las víctimas fueron localizadas el 25 de noviembre de 2016 en el sector El Café del citado municipio Acevedo de Miranda, mientras que las 10 restantes fueron encontradas el 26 en el sector Aragüita, vía a Guatopo.

Por otra parte, el Ministerio Público pidió medidas de protección para los testigos del hecho.

El régimen de Nicolás Maduro continúa la aplicación de políticas y estrategias que tienen como fin perpetuarlo en el poder, a contracorriente de la enorme crisis que sacude al país y de las distintas emergencias (alimentarias, de salud, de inseguridad, por nombrar las más graves) que afectan diariamente a los venezolanos.

Hechos tan diversos como la implementación de las OLP, la detención de un  médico en Magallanes de Catia por recibir medicamentos donados o el incumplimiento de los acuerdos en la Mesa de Diálogo,  son ejemplos de las intenciones dictatoriales y de perpetuación en el poder del gobierno liderado por Nicolás Maduro. Intenciones que ya no son ocultas y cuyas consecuencias perjudican, de manera cada vez más grave y profunda, a todos los venezolanos.

Está claro que más allá de la instauración de un Estado Malandro que continúe manteniendo cuotas de poder y aportando enormes beneficios económicos a un grupo particular consolidado entorno al gobierno, las acciones emprendidas por el régimen solo buscan ganar tiempo y reprimir a los distintos sectores de la población.

La estrategia madurista hasta el momento  opera en dos niveles: por un lado genera políticas y acciones con resultados que agravan y dificultan aún más los problemas que pretendidamente buscan solucionar. Por otra parte se utiliza el aparato del Estado para bloquear o sabotear cualquier respuesta  externa de alivio o salida a la crisis.

Las OLP son un ejemplo de lo primero. Han recrudecido la ya crítica situación de inseguridad y criminalidad en el país, sumando terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos vinculados a ellas. Las masacres de Barlovento y Cariaco han sido la última expresión, funesta,  de esto. Lo mismo puede decirse  de los CLAPS, con su distribución parcializada e ineficiente de alimentos. De los  “Dakazos”, verdaderos ejemplos de saqueos  institucionalizados en nombre de una supuesta “guerra” a la especulación. O de las terribles políticas cambiarias y de controles estatales, que han propiciado un mercado negro de divisas y alimentos, la devaluación de la moneda  y una inminente hiperinflación.

Por otra parte, el bloqueo a mecanismos institucionales como el RR, o hechos tan ruines como la detención, por parte de agentes del  SEBIN, de un médico en los Magallanes de Catia por haber recibido donaciones de medicamentos, son muestras de una línea de acción de bloqueo y  sabotaje a la búsqueda de soluciones o salidas a la crisis. Esto alcanzó su máxima expresión la semana pasada con los incumplimientos de acuerdos logrados en la  Mesa de Diálogo.

Este hecho y los recurrentes ataques de voceros del gobierno contra miembros de la MUD, han sido reconocidos por los mediadores, sobre todo El Vaticano. La respuesta del gobierno ha sido la usual: desacreditar agresivamente a quienes lo critican por medio de diferentes voceros y mantener un discurso esquizofrénico, en el que se posicionan como víctimas de una conspiración y principales promotores de aquello que enérgicamente están perjudicando.

Los intentos del Vaticano de reconducir la crisis por canales democráticos se han encontrado, al igual que nos ha venido sucediendo a los venezolanos, con un gobierno que lo único que busca es ganar tiempo en detrimento de la emergencia y necesidades del país.

En estos días decembrinos nos hemos encontrado con distintos líderes y miembros de las comunidades en el municipio Libertador, para mantener la continuidad de iniciativas que sigan construyendo convivencia sobre las bases del reconocimiento, el respeto y la solidaridad.  Son unas duras navidades frente a un próximo año complejo y difícil. Todos con quienes nos hemos reunido viven conscientes de esta implacable realidad y de lo que ello implica.

El trabajo de establecer redes de apoyo e involucrarnos en conjunto no se da a partir de prebendas u oportunismos. Surge de la convicción de que no podremos sobreponernos frente a lo que viene sin apoyarnos mutuamente y asumiendo el compromiso de participar de manera activa en la organización e implementación de soluciones.  En nuestros encuentros las personas nos honran con su confianza y nos permiten compartir con sus amigos y familiares, en sus hogares. No se trata de intercambiar solo opiniones y llegar a acuerdos, sino también de reconocer vivencias y compartir puntos de vista.  

Ajeno a estas vivencias y negando estas realidades, Nicolás Maduro aparece en la televisión bailando en una comparsa. Busca ganar un tiempo que nosotros hace rato no tenemos y cuyo costo no debemos seguir pagando.

@RobertoPatino