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Barlovento

¿Una nueva Guipuzcoana?, por Alejandro Armas

 

Siempre me ha resultado chocante el nacionalismo exagerado de algunos venezolanos que buscan argumentos absurdos para pontificar que este es “el mejor país del mundo”. Un lugar común para alimentar tal pedantería es aquel ligado a las ventajas naturales. Sobre todo, la belleza paisajística y la riqueza agrícola y mineral. En todo caso, ya que estos dotes no se deben a actividades humanas, deberían ser más motivo de agradecimiento que de orgullo. Dios, la suerte o como lo quieran llamar nos bendijo con una extensión de tierra llena de diversos minerales y apta para el cultivo de una muy amplia variedad de productos campestres. Desde la colonia los bienes primarios han sido el principal motor de nuestra economía, comenzando por el cacao. La fuente del chocolate fue nuestro principal producto de exportación hasta el siglo XIX, cuando lo desplazó el café (a su vez sustituido por el petróleo). Hoy Venezuela no figura entre los principales productores de cacao, pero sí destaca en cuanto a calidad. El grano criollo es empleado para elaborar algunos de los chocolates más valorados del orbe. Si la cantidad igualmente se elevara hacia cumbres internacionales, habría entonces una oportunidad de desarrollo de la que sí podríamos enorgullecernos, así como una fuente de prosperidad para regiones empobrecidas como Barlovento y la Península de Paria.

Resulta por lo tanto para nada alentador enterarse, gracias a una investigación del portal periodístico Armando Info firmado por Isabel Guerrero, que en el estado Miranda las nuevas autoridades regionales han tramado un tal “Plan Cacao” que básicamente consiste en monopolizar la distribución dentro y fuera del país. Aunque no se trate de una estatización total y declarada, se está limitando enormemente la libertad de los productores para disponer de sus frutos como deseen. Ellos son obligados a venderle a la gobernación por precios irrisorios: Bs 500.000 por kilo en el caso del cacao de más alta calidad, según el reportaje. Sin embargo, los agricultores deben pagar 20% a las autoridades intermediarias y un 15% adicional a las alcaldías de los municipios donde trabajan (todas en manos del oficialismo), de manera que al final solo reciben Bs 325.000 por kilo.

A manera de compensación, la gobernación y las alcaldías se comprometen a brindar “asistencia y acompañamiento” a los productores. Es decir, a brindarles todo lo que necesiten para optimizar la producción. La realidad es otra, pues los servicios públicos son deficientes, muchas arterias viales están en mal estado y, lo peor, la delincuencia hace de las suyas con impunidad. Barlovento es la región con más homicidios en todo Miranda. Bandas hamponiles se dedican, entre otras cosas, a extorsionar a los productores de cacao, quienes de paso, según ellos mismos denuncian, deben lidiar con la “vacunas” que les cobran los organismos de seguridad para permitirles circular con la mercancía.

Mientras tanto, el cacao obtenido a precio de gallina flaca por la gobernación es vendido en divisas con precios internacionales. Para ello, el ejecutivo regional ha negociado acuerdos con los amigos extranjeros del chavismo en Rusia, China, Irán y Turquía. La cotización internacional del cacao en promedio es de aproximadamente 2,5 dólares por kilo. Este gobierno podría considerar un delito que se exprese aquella cantidad de moneda extranjera en bolívares a la única tasa a la que casi todos los venezolanos tienen acceso. No importa. Cualquiera puede notar la diferencia con respecto a lo que se impone al productor.

Los monopolios, públicos o privados, no suelen ser señal de una economía sana. La falta de competencia fácilmente desalienta la innovación. Son esquemas comerciales que cada vez tienen menos que ver con un mundo dinámico, heterogéneo y globalizado. Al contrario, evocan experiencias históricas que ya se ven muy distantes en el retrovisor.  Cabe recordar que la Corona española prohibió a sus colonias americanas el intercambio de bienes ajeno a Madrid. Los bienes agrícolas y minerales del Nuevo Mundo hispánico solo podían salir rumbo a la metrópoli. En el caso de la Provincia de Venezuela, el monopolio sobre el comercio fue administrado desde La Guaira por la infame Compañía Guipuzcoana.

¿Cuántas veces, a lo largo de su trayectoria por el sistema nacional de educación básica, escucha cada venezolano el relato sobre la institución real con nombre vasco? Tantas que es casi inevitable que en algún momento escuchar sobre ella le provoque bostezos, como ocurre tristemente con casi todo lo que pasa por nuestra reiterativa y exageradamente romántica forma de enseñar historia a niños y adolescentes. Pese al tedio, casi siempre queda al menos grabado en los dominios de Mnemosine la noción de la Guipuzcoana como uno de los factores que preparó el terreno para la independencia. Más precisamente, el orden monopólico encarnado en la Guipuzcoana provocó en el siglo XVIII fuerte indignación entre los hacendados de la provincia, que debían tratar con los agentes reales para que sus bienes se hicieran a la mar. Y como ocurre con prácticamente todas las restricciones al libre comercio, surgió un pujante mercado negro, puesto que era mucho más rentable para la población local vender por debajo de la mesa a los ingleses, franceses y holandeses que regían las Antillas menores.

Los precios impuestos por la Guipuzcoana, así como la persecución a los contrabandistas, generó un creciente descontento entre los habitantes de la provincia. Dado que, como ya se dijo antes, el cacao era el principal producto de exportación en la Venezuela colonial, no sorprende que el mayor hervidero de antipatía hacia los encargados del monopolio haya sido Barlovento. Ahí, el canario Juan Francisco de León se había establecido para dedicarse a la producción y comercio del germen del chocolate. Justo en la mitad del siglo, De León encabezó una rebelión que marchó desde Panaquire, localidad que había fundado, hasta Caracas, para exigir la abolición de la Guipuzcoana. Aunque al principio los alzados pudieron asustar a las autoridades, para 1752 estaban derrotados. Su líder fue hecho prisionero y enviado a la cárcel de La Carraca, en Cádiz, donde murió enfermo al poco tiempo, suerte que más de media centuria después repetiría Francisco de Miranda.

Todo este episodio quedó marcado en monumentos patrios y libros escolares como uno de los primeros “movimientos precursores de la independencia”. Aunque sus banderas no clamaban por cortar los hilos controlados desde el trono, sí hubo un intento por poner fin a un sistema oprobioso y contrario a la libertad individual que a fin de cuentas tenía su fuente en la península.

Es una triste ironía que la autoproclamada Revolución Bolivariana, obsesionada con el proceso independendista e identificada (por sus propios gestores, claro está) como su sucesora, más bien mantenga políticas públicas que recuerden a las prácticas de la Guipuzcoana. Más allá de los chistes de pésimo gusto que a veces produce la historia y de las denuncias de los productores de cacao hoy, es de temer qué ocurrirá con este sector de la economía a partir de ahora. El resultado del control gubernamental sobre la elaboración del café, solo por nombrar uno entre tantos ejemplos, es suficiente razón para sentir inquietud. En realidad, las esperanzas de que cualquier área económica se desarrolle hasta niveles que nos permitan enorgullecernos son nulas mientras el desastre desatado en 1998 se mantenga.

 

@AAAD25

Luis Alfredo González Hernánde, alias “El Artista Antropófago”            Foto Cortesía prensa Cicpc

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

El director del Cuerpo de Investigaciones Cinetíficas Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, informó sobre la detención de un individuo señalado de haber asesinado y devorado “gran parte” de un hombre en el barlovento mirandino.

Los funcionarios policiales habrían llegado hasta el detenido quien fue identificado como Luis Alfredo González Hernández, quien fue apodado como “El Artista Antropófago” por la fuerza policial. El hombre fue capturado luego de que iniciaran investigaciones para dar con el paradero de varias personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en la población de San José de Barlovento, municipio Andrés Bello en el estado Miranda.

“El Artista Antropófago” fue detenido en una finca en la que funcionarios policiales hicieron el hallazgo de huesos y dientes presuntamente humanos, las autoridades suponen que esos restos pertenecen al dueño de la hacienda quien habría sido asesinado por González Hernández.

Luego de haber sido sometido a interrogatorios el detenido reconoció haber “asesinado, descuartizado y comido gran parte de la humanidad” de la víctima. Alegó que el hoy occiso “lo habría contratado para su servicio funerario”.

Dijo que este “servicio” consistía en asesinarlo, comer partes de él, para luego con su sangre y cenizas hacer obras de arte en lienzos”.

En el lugar además de los restos humanos se ubicaron documentos de identidad que no corresponden a la víctima o al victimario por lo que los detectives del Cicpc están verificando para descartar que no se trate de personas que han sido reportadas como desaparecidas en los últimos meses. Además fueron localizados gran cantidad de lienzos pintados, obras a las que se realizarán exámenes científicos para determinar si fueron o no elaborados con restos humanos, como lo reconoció el detenido.

Otra versión señala que Luis Alfredo González Hernández, habría sostenido una relación sentimental con la víctima, “al parecer eran pareja”, dijo la fuente policial, “sostuvieron una discusión que terminó con el asesinato del dueño de la finca”, esta versión se encuentra bajo estudio por parte de las autoridades policiales.

Capturado (a) El Artista Antropófago. Un hombre identificado como: Luis Alfredo González Hernández fue capturado por pesquisas adscritos a la Sub-Delegación San José de Barlovento por el delito de homicidio. Luego de una serie de investigaciones realizadas por los pesquisas debido a las denuncias de personas desaparecidas interpuestas ante este despacho, los mismos realizaron el hallazgo en una finca de restos óseos humanos que se presumen sean del propietario, quien fue asesinado por el sujeto antes mencionado. Quien luego de su aprehensión y mediante interrogatorio admitió su culpabilidad en el hecho, manifestando haberlo descuartizarlo y comido gran parte de la humanidad del mismo. Ya que el hoy occiso lo había contratado para servicio funerario, el cual consistía en darle muerte, comer parte del mismo y con su sangre y cenizas hacer pinturas en lienzo. En el lugar del hecho se ubicaron documentos de personas ajenas al lugar las cuales se están verificando a ver si han sido reportadas como desaparecidas y obras de arte a las que se les realizarán la antropología forense correspondientes #CICPC

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9 veces han diferido audiencia de funcionarios involucrados en la masacre de Barlovento

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El viaje de dos horas desde Barlovento hasta el Circuito Primero de Control en Guarenas no sirvió de nada, otra vez. Este lunes 14 de agosto fue diferida por novena vez la audiencia de los 11 funcionarios del Ejército, imputados por la masacre de 12 jóvenes en 2016.

La excusa fue la misma de los últimos cinco meses: no hubo traslado. Pero, anteriormente, los pretextos eran distintos, desde el 10 de diciembre del año pasado cuando se convocó la primera.

“No hay luz, no hay juez, no hay defensa, no hay, no hay”, contó un familiar de Carlos Gabriel Marchena, una de las víctimas, quien prefirió no identificarse.

Detalló que los funcionarios se encontraban privados de libertad en la cárcel de Tocuyito, pero fueron trasladados a Fuerte Tiuna para que estuvieran más cerca.

La primera vez que fue diferida la audiencia, el circuito judicial solicitó por escrito que los trasladaran a la policía de Fuerte Tiuna para que estuvieran más cerca. Pero ha sido igual o peor, están cerca e igual no pasa nada. Con esto nos hacemos mil y un preguntas.

Los 12 cadáveres fueron localizados sepultados. A dos los hallaron en el sector El Café el 24 de noviembre y a 10 en el sector Aragüita, vía Guatopo, el 25 de noviembre.

Todos los jóvenes fueron detenidos durante una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) el 16 de octubre de 2016, llevada a cabo por el Ejército Camacarao 323 de Cumaná. Sus familiares tuvieron la información de que estaban detenidos en El Café, tres días después les indicaron que habían sido trasladados al destacamento de Chaguaramal, pero nunca pudieron verlos.

Las dudas comenzaron a surgir entre los parientes, quienes acudieron a los medios de comunicación para denunciar lo que estaba pasando. Un mes después uniformados involucrados confesaron el crimen y donde se encontraban sepultados los cadáveres.

 

 

Los familiares de las víctimas que viajan a las audiencias que luego difieren —desde poblados en Barlovento— gastan al menos 6000 bolívares en pasajes ida y vuelta en tres camioneticas, y además deben salir alrededor de las 5:30 a.m. para estar muy puntuales en el circuito. Sin embargo pierden el viaje y a veces las esperanzas, al ver que sigue todo igual. Les resulta un gasto, pero hacen cualquier cosa por lograr justicia.

Anthony tenía 18 años. Su mamá recordó que el pasado 16 de octubre de 2016 a las 3:45 p. m., se lo llevaron detenido cuando estaba en la puerta de su casa en la calle Las Clavellinas de Capaya.

Yo le dije al funcionario que ya lo habían detenido el 10 de octubre y lo soltaron porque era un muchacho sano. Él me respondió que se lo volvía a llevar porque era otro operativo, yo lo dejé porque sabía que mi hijo era sano, contó.

El muchacho era estudiante de Educación Física en la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya, en Higuerote, y trabajaba como ayudante de albañilería. Era el mayor de dos hermanos. “Ha sido fuerte y muy dura la vida sin él. Solo pienso en todo lo que sufrió mi hijo a manos de esos hombres”.

Carlos Gabriel Marchena, otra de las 12 víctimas, tenía 20 años. Sus familiares contaron que durante la OPL lo sacaron de su casa en el sector La Peica de Caucagua. Trabajaba como encargado en una carnicería.

“En la familia éramos muy unidos, todos estamos sufriendo mucho. Hay una justicia divina, pero confío en que lograremos justicia. Eso no va a devolverme a mi hijo, pero voy a evitar que otras madres pasen por ese dolor y sigan matando a muchachos sanos”, sostuvo su madre, quien pidió no revelar su nombre.

 

 

Retardo judicial 

Laura Roldán, directora general de la ONG Red de Apoyo, explicó que la responsabilidad de que las audiencias preliminares sean diferidas es del Tribunal de Control, pues deben garantizar sobre todo el traslado de los imputados.

Desde diciembre de 2016 se han diferido nueve audiencias preliminares, primero porque se fue a luz en el circuito judicial, luego porque no hubo un acuerdo con el tipo de carro en el cual trasladarían a los imputados, posteriormente porque la defensa no fue y finalmente por la conflictividad del país, y traslados.

“La reforma del Código Orgánico Procesal Penal de 2012 dice que las audiencias se pueden hacer sin la presencia de los acusados o, por ejemplo, si el defensor no va se puede asignar un defensor público. Entonces no sabemos por qué la juez no la ha realizado”, detalló. 

Hace dos meses, el grupo de familiares de víctimas por la masacre de Barlovento acudió a la Dirección de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar la situación y aunque les dijeron que no habría más demora, la situación persiste.

El caso de Barlovento avanzó rápidamente porque ha sido una de las pocas veces en la cual actuaron juntos el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Justicia, la Denfesoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa. Fue rápido el acto de presentación pero las audiencias no, se ha querido evitar el juicio“.

Roldán comentó que por más de ocho meses la audiencia preliminar ha sido diferida, lo que demuestra los graves problemas de retardo judicial que hay en el país. “No hay justicia expedita y rápida”.

 

Siguen las desapariciones en Barlovento

El pasado 21 de mayo de este año también desaparecieron dos jóvenes, en Capaya, luego de un operativo policial que se ejecutó en la zona. Los familiares de José Alejandro Martínez, de 19 años, y de Merlyn Tovar, de 28, los vieron por última vez en la fiesta de San Isidro.

Testigos aseguraron que en la comunidad estaba desplegada la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Incluso los parientes encontraron una tarjeta de débito de un uniformado de la PNB en una quebrada donde también hallaron las sandalias de Merly, casquillos de bala y rastros de sangre.

José Martínez, padre, comentó que los vecinos dijeron que había más detenidos a bordo de un camión que tomó en dirección hacia Higuerote. Tienen tres meses en la búsqueda y no hay rastro de ellos. Han acudido a todos los comandos de la zona, hospitales y hasta a la morgue.

 

Matan a supervisor agregado de la Policía de Miranda y a su esposa

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Un supervisor agregado de la Policía del Estado Miranda fue asesinado en el barrio La Amistad de San José de Barlovento, municipio Andrés Bello, luego que delincuentes le dispararon para despojarlo del arma de reglamento. En el hecho también le segaron la vida a su esposa.

El jefe del Centro de Coordinación Policial Número 4, comisionado Alberto Rojas, informó que el efectivo de nombre Leobaldo Antonio Suárez González, de 47 años de edad y su esposa Neri Antonia Salazar, de 48 años de edad, se trasladaban en carro a la sede de Higuerote, municipio Brión, a recibir su guardia cuando fueron interceptados por dos malhechores quienes sin mediar palabras los atacaron.

“El funcionario fue impactado en diferentes partes del cuerpo mientras que la dama recibió un disparo en el rostro. Antes de retirarse del lugar, los malhechores se apoderaron del arma de reglamento y dos teléfonos celulares, dejando a la pareja malherida dentro del vehículo. Tras el hecho de sangre ambos fueron trasladados por la policía municipal hasta un centro asistencial de la localidad, donde fallecieron a los pocos minutos de su ingreso”,  indicó.

Además dijo que inmediatamente activaron un operativo de seguridad para ubicar a los delincuentes, quienes están plenamente identificados, por lo que se espera la captura en las próximas horas.

El comisionado indicó que el supervisor agregado contaba con 25 años y ocho meses de servicio en el organismo policial y que durante los últimos 10 años se desempeñó como  Jefe de Área de los Servicios del CCP4.

Asimismo, destacó que la pareja asesinada deja en orfandad a una adolescente de 17 años, además de otra hija de 26 años de edad.

“Lamentamos profundamente estas pérdidas, no solo son dos personas asesinadas sino una familia que queda sin padres.  Se ha ido un gran policía que entregó todos sus conocimientos y su vida a nuestra institución, también despedimos a una madre luchadora. Haremos todo por dar con el paradero de estos despiadados antisociales, quienes deben pagar este hecho que enluta nuevamente a los venezolanos”, dijo Rojas.

El jefe policial detalló que Leobaldo Antonio Suárez González es el tercer funcionario de la Policía del Estado Miranda que muere de manera violenta durante el 2017 y se convierte en el número 47 que es asesinado en la Gran Caracas.

 

Ministerio Público acusa a 12 militares del Ejército por masacre de Barlovento

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El Ministerio Público acusó a 12 efectivos (ya expulsados) del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la masacre de Barlovento, estado Miranda, donde fueron asesinadas 12 personas entre el 16 y 19 de octubre de 2016.

Los fiscales acusaron al teniente coronel José Rojas Córdova, al mayor Luis Eduardo Romero Arcia y al capitán Daniel Contreras Primera por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de las víctimas y privación ilegítima de libertad, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público.

Los referidos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

También fueron acusados por esos tipos penales el sargento mayor de tercera Miguel Rodríguez Rodríguez; los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón; los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.

El Tribunal 1° de Control de Miranda, extensión Barlovento, fue la instancia en la que se interpuso el escrito, mediante el cual los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los efectivos, quienes permanecen detenidos en el Internado Judicial de Carabobo.

Dos de las víctimas fueron localizadas el 25 de noviembre de 2016 en el sector El Café del citado municipio Acevedo de Miranda, mientras que las 10 restantes fueron encontradas el 26 en el sector Aragüita, vía a Guatopo.

Por otra parte, el Ministerio Público pidió medidas de protección para los testigos del hecho.

Un tiempo que no tenemos, un costo que no debemos seguir pagando, por Roberto Patiño

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El régimen de Nicolás Maduro continúa la aplicación de políticas y estrategias que tienen como fin perpetuarlo en el poder, a contracorriente de la enorme crisis que sacude al país y de las distintas emergencias (alimentarias, de salud, de inseguridad, por nombrar las más graves) que afectan diariamente a los venezolanos.

Hechos tan diversos como la implementación de las OLP, la detención de un  médico en Magallanes de Catia por recibir medicamentos donados o el incumplimiento de los acuerdos en la Mesa de Diálogo,  son ejemplos de las intenciones dictatoriales y de perpetuación en el poder del gobierno liderado por Nicolás Maduro. Intenciones que ya no son ocultas y cuyas consecuencias perjudican, de manera cada vez más grave y profunda, a todos los venezolanos.

Está claro que más allá de la instauración de un Estado Malandro que continúe manteniendo cuotas de poder y aportando enormes beneficios económicos a un grupo particular consolidado entorno al gobierno, las acciones emprendidas por el régimen solo buscan ganar tiempo y reprimir a los distintos sectores de la población.

La estrategia madurista hasta el momento  opera en dos niveles: por un lado genera políticas y acciones con resultados que agravan y dificultan aún más los problemas que pretendidamente buscan solucionar. Por otra parte se utiliza el aparato del Estado para bloquear o sabotear cualquier respuesta  externa de alivio o salida a la crisis.

Las OLP son un ejemplo de lo primero. Han recrudecido la ya crítica situación de inseguridad y criminalidad en el país, sumando terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos vinculados a ellas. Las masacres de Barlovento y Cariaco han sido la última expresión, funesta,  de esto. Lo mismo puede decirse  de los CLAPS, con su distribución parcializada e ineficiente de alimentos. De los  “Dakazos”, verdaderos ejemplos de saqueos  institucionalizados en nombre de una supuesta “guerra” a la especulación. O de las terribles políticas cambiarias y de controles estatales, que han propiciado un mercado negro de divisas y alimentos, la devaluación de la moneda  y una inminente hiperinflación.

Por otra parte, el bloqueo a mecanismos institucionales como el RR, o hechos tan ruines como la detención, por parte de agentes del  SEBIN, de un médico en los Magallanes de Catia por haber recibido donaciones de medicamentos, son muestras de una línea de acción de bloqueo y  sabotaje a la búsqueda de soluciones o salidas a la crisis. Esto alcanzó su máxima expresión la semana pasada con los incumplimientos de acuerdos logrados en la  Mesa de Diálogo.

Este hecho y los recurrentes ataques de voceros del gobierno contra miembros de la MUD, han sido reconocidos por los mediadores, sobre todo El Vaticano. La respuesta del gobierno ha sido la usual: desacreditar agresivamente a quienes lo critican por medio de diferentes voceros y mantener un discurso esquizofrénico, en el que se posicionan como víctimas de una conspiración y principales promotores de aquello que enérgicamente están perjudicando.

Los intentos del Vaticano de reconducir la crisis por canales democráticos se han encontrado, al igual que nos ha venido sucediendo a los venezolanos, con un gobierno que lo único que busca es ganar tiempo en detrimento de la emergencia y necesidades del país.

En estos días decembrinos nos hemos encontrado con distintos líderes y miembros de las comunidades en el municipio Libertador, para mantener la continuidad de iniciativas que sigan construyendo convivencia sobre las bases del reconocimiento, el respeto y la solidaridad.  Son unas duras navidades frente a un próximo año complejo y difícil. Todos con quienes nos hemos reunido viven conscientes de esta implacable realidad y de lo que ello implica.

El trabajo de establecer redes de apoyo e involucrarnos en conjunto no se da a partir de prebendas u oportunismos. Surge de la convicción de que no podremos sobreponernos frente a lo que viene sin apoyarnos mutuamente y asumiendo el compromiso de participar de manera activa en la organización e implementación de soluciones.  En nuestros encuentros las personas nos honran con su confianza y nos permiten compartir con sus amigos y familiares, en sus hogares. No se trata de intercambiar solo opiniones y llegar a acuerdos, sino también de reconocer vivencias y compartir puntos de vista.  

Ajeno a estas vivencias y negando estas realidades, Nicolás Maduro aparece en la televisión bailando en una comparsa. Busca ganar un tiempo que nosotros hace rato no tenemos y cuyo costo no debemos seguir pagando.

 

@RobertoPatino

 

18 militares han sido privados de libertad por masacre de Barlovento

militares

Para este 08 de diciembre, 18 efectivos del Ejército Nacional Bolivariano han sido declarados responsables por la desaparición y muerte de 12 personas y un adolescente en sucesos conocidos como la “masacre de Barlovento’ ocurridos en el municipio Acevedo del estado Miranda.

El primer caso ocurrió entre el 16 y 19 de octubre de este año. La madre de uno de los desaparecidos colocó la denuncia ante el Ministerio Público razón por la cual se inició una búsqueda que finalizó entre el viernes 25 y sábado 26 de noviembre, cuando fiscales y expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, localizaron 12 cadáveres que presentaban signos de torturas.

Por este hecho, el 01 de diciembre fueron privados de libertad 10 militares del Ejército, entre estos el teniente coronel José Rojas Córdova, quien fue imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de los 12 fallecidos. Adicionalmente, fue imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, tortura y tratos inhumanos en relación con las otras nueve personas.

Junto al alto oficial, también fueron imputados por esos tipos penales el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez; los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón; los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez; y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.

Todos fueron presentados ante el Tribunal 1º de Control de Miranda, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de libertad para este primer grupo de efectivos.

Por este mismo caso, la noche del pasado miércoles 07 de diciembre, fueron privados de libertad el mayor Luis Eduardo Romero Arcia y el capitán Daniel Contreras Primera, por presuntamente incurrir en los referidos delitos.

Los dos oficiales también fueron presentados ante el citado tribunal, el cual dictó la medida de privativa solicitada por el Ministerio Público.

Caso del adolescente

El pasado 19 de noviembre el teniente Ender Flores Fajardo, el primer teniente Yorgenis Monsalve Rubio, el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez; sargento segundo Jonael Gil Bello, cabo primero Jeferson Florian Pérez, y los sargentos primero Álvaro Torres Tonito y Rafael Achique Medina, llegaron al sector Cotara, parroquia Aragüita del municipio Acevedo, y se llevaron a un adolescente a quien, posteriormente, torturaron y le causaron lesiones hasta la muerte.

Todos los efectivos fueron privados de libertad el 29 de noviembre por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, torturas, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio.

Hay que destacar que el sargento mayor de tercera Rodríguez Rodríguez está involucrado en los dos casos referidos.

De esta forma, el Ministerio Público cumple con su obligación constitucional de investigar todos los hechos en los que se presuma la comisión de violación de derechos humanos, así como la de cualquier otro delito que atente contra las personas y el Estado venezolano.

 

*Con información de nota de prensa

tarek

El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que 14 militares han sido detenidos en los últimos días por su presunta vinculación con la masacre de Barlovento, en la que murieron al menos 12 personas en el centro del país.

En declaraciones a los periodistas, Saab explicó que se trata de 11 sargentos, un teniente coronel, un mayor y un capitán, los últimos dos aprehendidos este lunes “por la comisión de los hechos punibles de violación a derechos humanos” y que fueron identificados como Luis Romero y Daniel Contreras, respectivamente.

El defensor aseguró que su oficina “no ha dejado de trabajar un solo segundo” en este caso y “ha mantenido una línea de acción” que contempla “cero impunidad, máxima justicia y reparación a las víctimas”.

“No descartamos que puedan existir nuevas detenciones”, agregó tras reiterar que ha recibido al menos cinco denuncias más sobre personas desaparecidas por lo que, afirmó, continuarán las averiguaciones.

Las 12 personas desaparecieron en octubre pasado en medio de un operativo de seguridad del Gobierno venezolano y fueron halladas muertas en dos fosas comunes ubicadas en la zona de Barlovento, en el céntrico estado de Miranda.

Saab y la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, han confirmado que las víctimas no tenían antecedentes penales y aseguraron que se trataba de personas “inocentes”.

El Ministerio de la Defensa admitió el hecho el mismo día en el que se encontraron los cuerpos y anunció que los autores serían puestos a la orden de la Justicia al tiempo que aseguró que se trató de un “hecho aislado”, lo que fue rechazado por la mayoría opositora del Parlamento.

Las desapariciones ocurrieron tras el despliegue de una de las conocidas como Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que consisten en incursiones por sorpresa de las fuerzas de seguridad en las comunidades en las que se realizan allanamientos, requisas y capturas de delincuentes.