Luis Almagro recibe de la representante de Maduro en la OEA, Carmen Velásquez, la denuncia de la Carta de la OEA el 28ABR17. Foto: OEA
Diario Las Américas @ecotalvora
Diplomáticos de EEUU habría conversado con representantes del gobierno de Nicolás Maduro tras desatarse la violenta represión contra las protestas opositoras en Venezuela. La versión fue difundida por el vocero (encargado) del Departamento de Estado, Mark C. Toner, en el briefing a la prensa del 27ABR17. Toner no especificó el rango de los funcionarios involucrados en los contactos.
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El lunes 24ABR17, las embajadas de los países suramericanos en Caracas miembros de Unasur, recibieron invitación via Whatsapp para concurrir al presidencial Palacio de Miraflores, donde se realizaría un acto con la presencia de Maduro. El 20ABR17, la cancillería argentina había anunciado, mediante un escueto comunicado, que ese país asumía desde esa fecha la Presidencia protempore anual de Unasur, reemplazando de esa manera a Venezuela. Hasta entonces, el traspaso de la presidencia de Unasur solía cumplirse en actos formales con presencia de presidentes o cancilleres, el último de los cuales aconteció el 23ABR16 cuando el canciller uruguayo pasó el cargo a Venezuela en un encuentro cumplido en Quito.
El acto del 24ABR17 sería entonces una suerte de ceremonia de entrega de la presidencia por parte de Venezuela a Argentina, tal como lo reseñó la prensa oficial venezolana. A medida que corría el día, las llamadas desde la cancillería venezolana a las embajadas suramericanas se multiplicaron tratando de confirmar la presencia de los invitados. A media tarde, las embajadas fueron notificadas que el acto sería en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, dejando de ser un acto presidencial. La ausencia de Maduro y el cambio de sede fueron provocados por el temor de que la mayoría de las embajadas suramericanas en Caracas se negaran a asistir al evento, como en efecto ocurrió.
El acto sobre Unasur fue encabezado por la canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, acompañada por el embajador chavista en Cuba, Alí Rodríguez Araque, y diversos funcionarios del régimen, incluyendo ministros y la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. En el salón se encontraban embajadores caribeños de países de la alianza castrochavista ALBA (no miembros de Unasur) y numerosos funcionarios de la propia cancillería venezolana, pero no estaban los representantes suramericanos, ni siquiera el de Argentina, quienes decidieron desconocer la invitación del gobierno.
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La esperada ruptura del régimen chavista con la institucionalidad panamericana se produjo finalmente. Ya el 10SEP12, el entonces canciller Maduro, por instrucciones de Hugo Chávez, había denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José”. Un año después Venezuela quedó fuera del esquema de protección de derechos humanos basado en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el 26ABR17, Maduro ordenó separar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos OEA, organismo al cual los venezolanos contribuyeron a fundar en 1948. Pese a los grandes esfuerzos diplomáticos que varios gobiernos de la región hicieron para frenar la posible suspensión de Venezuela de la OEA, fue el propio régimen chavista que optó por autoexcluirse del mecanismo. El 28ABR17 la representante alterna de Venezuela en la OEA, Carmen Velásquez, entregó personalmente a Luis Almagro una comunicación suscrita por Maduro denunciando la Carta de la OEA. El tono de la larga carta, en ocasiones está más cerca al despecho que al lenguaje propio de tan grave decisión de Estado.
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Dirigentes políticos y juristas asociados con la Oposición venezolana, han señalado que Maduro no cuenta con facultades legales para retirar a Venezuela de la OEA, requiriendo una improbable aprobación legislativa o una reforma constitucional. Se trata de interpretaciones jurídicas que no parecieran ajustarse a la realidad. La legislación venezolana carece de normas específicas sobre el procedimiento para la denuncia de tratados internacionales. El vacío legal, en caso de posiciones encontradas, sólo podría ser compensado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que está bajo control del chavismo y del cual, obviamente, no puede esperarse una interpretación independiente del tema.
La Carta de la OEA, texto fundacional del organismo, indica que el retiro efectivo de la organización sólo se produce dos años después de la denuncia. Esa norma ha llevado a que incluso el Departamento de Estado de EEUU declarara que la eventual salida quedará en manos de un futuro gobierno venezolano, ya que en 2018 deberían realizarse elecciones presidenciales en Venezuela. Aparte de las consideraciones jurídicas o de las normas de la OEA, lo cierto es que el chavismo decidió colocarse junto a Cuba al margen de la organización panamericana con los impactos políticos que ello pueda representar. Sólo Rusia, en su abierto e interesado apoyo al régimen venezolano, aplaudió la decisión de Maduro.
La huida chavista del seno de la OEA se produce en medio de masivas protestas en las calles de Venezuela a las cuales el régimen ha respondido con un plan militar represivo a manos de cuerpos castrenses y grupos paramilitares (“colectivos”) que ha generado varias decenas de muertos, centenas de heridos y detenidos.
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El lunes 24ABR17, dada “la creciente preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en la República Bolivariana de Venezuela”, la representación argentina en nombre de un grupo de once gobiernos (Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), solicitó al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el boliviano Diego Pary, la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Los solicitantes, para complacer a varios gobiernos, no invocaron la Carta Democrática Interamericana sino la Carta de la OEA, la cual establece que la reunión extraordinaria de cancilleres se producirá “con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos”.
El gobierno Maduro anunció que en caso de aprobarse la celebración de la reunión de cancilleres “sin el aval de Venezuela”, procedería a retirarse de la OEA. Además, la canciller de Maduro solicitó al gobierno de El Salvador, la convocatoria de una reunión de emergencia de la Celac, el club de gobiernos que reúne a los mismos miembros de la OEA más Cuba, sin EEUU y Canadá. Maduro pidió la reunión de la Celac para “denunciar la violencia opositora”, “las amenazas contra el orden democrático constitucional en Venezuela” y “las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”.
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La única sanción que la OEA puede aplicar a sus miembros es la suspensión temporal de la membresía, no existiendo otro tipo de acciones de presión calificables como indebida injerencia. Pese a que el propio régimen chavista apeló a la OEA para sancionar a los gobiernos de Honduras en 2009 y de Paraguay en 2012, obviamente sin su consentimiento, ahora los representantes diplomáticos chavistas alegan que la OEA no puede debatir sobre la situación venezolana y mucho menos aplicarle sanciones. El argumento chavista esta vez no funcionó en la OEA y, pese a la oposición de los representantes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, la reunión del Consejo Permanente sobre Venezuela tuvo lugar el 26ABR17 y contó con la participación de la canciller argentina Susana Malcorra. En una reunión donde sólo Bolivia y Nicaragua tomaron la palabra para defender la posición de Maduro, la OEA aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres del Continente para tratar la situación venezolana. Además de la propia Venezuela, sólo votaron en contra sus aliados políticos: Ecuador, Bolivia, Nicaragua y seis pequeños países caribeños: Antigua y Barbuda, Dominica, Haití, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Surinam. La votación dejó en evidencia una vez más el fin de la otrora gran influencia continental que logró concentrar el castrochavismo. Ni siquiera todos los miembros de la alianza castrochavista ALBA votaron por la posición del gobierno chavista.
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Santa Lucia y Granada, miembros del ALBA, no cuadraron sus votos con el gobierno de Maduro. Pero las deserciones más notables entre los aliados naturales del régimen chavista fueron las de República Dominicana y El Salvador, cuyos gobiernos son teóricos aliados y beneficiarios del chavismo. Ambos se abstuvieron en la votación del 26ABR17. El Salvador, gobernado por el viejo dirigente comunista pro castrista Salvador Sánchez Cerén del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no acompañó al chavismo en su “batalla” en la OEA. El 03ABR17, el representante salvadoreño en la OEA, Carlos Alberto Calles Castillo, junto a sus colegas de Bahamas, Belice y República Dominicana, se abstuvo en la votación de la resolución que definía la situación venezolana como “alteración inconstitucional del orden democrático”. En caso que El Salvador hubiera votado en contra de la resolución, ésta no habría sido aprobada por consenso y eventualmente no hubiera contado con los votos necesarios.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, participó como “invitado” en el Consejo Político (cancilleres) de ALBA celebrado en La Habana el 10ABR17 con presencia de Maduro Allí fue emitido un pronunciamiento condenando a la OEA y apoyando la “revolución bolivariana”. Tras el encuentro, Maduro aseguraba contar con el apoyo de 14 gobiernos. Pero el 25ABR17, El Salvador anunció que “en caso fuera convocada” por la OEA una reunión de cancilleres sobre Venezuela, El Salvador “también la apoyaría”. Después, pese a las presiones venezolanas, El Salvador no votó en contra de la resolución de la OEA en la reunión del 26ABR17.
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La reunión de Celac solicitada por Maduro fue convocada para el 02MAY17 en El Salvador. La cancillería chavista pretende usar el escenario para atacar a los gobiernos latinoamericanos que respaldan una salida democrática a la crisis venezolana. Faltando cuatro días para la fecha de la reunión, en medios diplomáticos se da por descontado que cerca de la mitad de los gobiernos miembros de Celac podrían no concurrirán a la cita. Algunos gobiernos del Caribe oriental, aliados de Maduro, anunciarían por su parte una iniciativa para promover el diálogo político en Venezuela, iniciativa descartada por la Oposición venezolana.
