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Alejandro Rebolledo: “Si no recuperamos los bienes tendremos delincuentes presos y millonarios”

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En el marco de la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude efectuada en Caracas más de 16 conferencistas nacionales e internacionales analizaron, disertaron y aportaron soluciones para trabajar en la recuperación de activos y bienes, así como en la prevención del crimen organizado en América Latina y Venezuela.

El abogado penalista, especialista en lavado de dinero y crimen organizado, Alejandro Rebolledo, advirtió que “si no recuperamos los bienes tendremos delincuentes presos y millonarios. Tenemos que acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero. Este ha sido nuestro norte”.
Rebolledo afirmó que “insistiremos en la recuperación de activos y en la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) que hicimos ante la Asamblea Nacional, aprobada en primera discusión”. Esta propuesta busca el rescate de bienes y sus beneficios, así como la formulación de listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el fortalecimiento de la denuncia a través de la recompensa de hasta un 20% sobre el monto recuperado.

El evento efectuado por doceava edición quedó organizado por el Comité Organizador liderado por el abogado Rebolledo, fundador y director de las referidas conferenciasel Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), y antilavadodedinero.com.

Participaron oradores de Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela y un representante de la ONU, quienes con su presencia convirtieron a Caracas en la capital del mundo contra el lavado de dinero y crímenes afines a ese flagelo. Entre los temas polémicos, los expertos disertaron sobre casos como los Panama papers, la repatriación de capitales en Venezuela, las tendencias de la delincuencia organizada, así como la Ley FATCA y los requerimientos de la OECD, entre otros.

Asimismo, uno de los invitados más esperado fue el abogado Alfonso Trilleras, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de Organización de Naciones Unidas (ONU), quien además es especialista en Derecho Público y Derecho Penal. El experto ofreció una ponencia magistral sobre los Retos y Desafíos en el recobro de los bienes para la región.

 

*Con información de nota de prensa.

Solicitarán a EEUU revisión de visas de venezolanos sospechosos de corrupción

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Un grupo de venezolanos pedirá en septiembre a Estados Unidos que revise los expedientes migratorios de 89 compatriotas que viven en ese país y que habrían hecho fortunas producto de sus vínculos con los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dijo un ex juez que lidera la iniciativa.

Alejandro Rebolledo, un experto en prevención de legitimación de capitales, dijo en una entrevista con Reuters que la idea es que avance una investigación judicial que pueda conducir a la extradición de los responsables y a la repatriación de decenas de miles de millones de dólares.

“Se han encontrado personas que son criminales, que tienen antecedentes, que están allá (en EEUU) viviendo. Es gente que tiene tanta habilidad que engañó hasta al Departamento de Estado”, dijo Rebolledo el miércoles sin revelar las identidades para no arriesgar una eventual investigación.

Sin embargo, adelantó que el equipo del que forma parte entregará a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos 10 expedientes de venezolanos que hacen vida o negocios en ese país y que, presumen, mintieron para obtener visas, asilos o residencias. Son “los casos de más alto perfil”.

Ellos estarían presumiblemente vinculados a la delincuencia organizada y habrían cometido delitos de corrupción, estafa, soborno, lavado de dinero y terrorismo amasando fortunas durante los últimos gobiernos, dijo Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, organización civil sin fines de lucro que acompaña el proyecto.

“Se pavonean con sus excentricidades: desayunan con un Ferrari y cenan con un Jaguar. Mientras, el pueblo de Venezuela tiene carencias: no hay medicinas ni comida”, agregó el jurista de 49 años. “Como sociedad civil, tenemos que hacer lo que nos toca”.

Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo y, según un ranking anual de Transparencia Internacional sobre sensación de corrupción, ocupa el peor lugar de América.

Parlamentarios opositores y dos ex ministros chavistas aseguran que en la última década fueron malversados unos 300.000 millones de dólares a través de importaciones ficticias y sobreprecios, una suma escandalosa comparada con los 6.000 millones de dólares que, según Transparencia, se desfalcaron en la década en que Alberto Fujimori gobernó Perú.

El presidente Maduro prometió combatir la corrupción y creó en el 2014 el Cuerpo Nacional Anticorrupción, pero se desconoce si está en funcionamiento. La Fiscalía tampoco ha desentrañado grandes casos de corrupción.

Reuters no obtuvo respuesta de varios llamados a autoridades para consultar sobre las acusaciones.

 

“TERRITORIO GRIS”

En Estados Unidos dos empresarios venezolanos se declararon culpables por participar en pago de sobornos para ganar contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y fue denunciado el desvío de 4.200 millones de dólares de PDVSA a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presuntas malas prácticas.

Además, Estados Unidos solicitó a una ex funcionaria del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, que admitió haber aceptado millones de dólares en sobornos de una correduría de Wall Street, a que devuelva los 5 millones que obtuvo en la trama.

“El objeto de la lucha contra la corrupción es recuperar activos. Sino, tienes empresarios presos pero millonarios”, apuntó Rebolledo resaltando que las autoridades del país han hecho poco por investigar estas tramas pese a su alto perfil.

“No investigar y no rastrear todo lo que tiene que ver con legitimación de capitales nos convierte en un territorio gris, un país vulnerable, donde las mafias controlan las instituciones del Estado y las manejan a su antojo”, se quejó.

Por ello, el abogado especialista en derecho penal y criminalística, junto a un variopinto grupo de ciudadanos, está pujando por una reforma de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.

Entre otras cosas, la iniciativa busca una recompensa para incentivar la denuncia de casos de corrupción como ocurre en otros países. La norma ya ha sido aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

Además, su organización abrió una dirección de correo donde recibe denuncias de corrupción y Rebolledo dice estar asombrado con la cantidad de acusaciones, con pruebas, que han recibido.

“Sorprende cuántas personas dando pruebas de todo tipo”, dijo. “Hasta algunos diciendo que son capaces de testificar en contra de su hermano porque es testaferro. Es nuestro compromiso llevar ante las autoridades estos casos”.

 

Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos en los #Panamapapers

AlejandroRebolledo

 

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía General de la República se pronuncie contra dichos señalamientos”.

 

Así lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y demás delitos afines a la delincuencia organizada, quien dijo: A raíz de las filtraciones de los papeles de Panamá (Panamapapers), le compete a la Fiscalía General de la República, abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos involucrados, y cuyas evidencias y coincidencias de casos surgen como señales de alertas que deben ser investigadas con urgencia.

 

Todos los funcionarios que fueron cercanos a Chávez y los que están en el actual gobierno, deben ser investigados. Y más cuando se les señalan de estar incursos en delitos de legitimación de capitales por los investigadores de panamapapers… ¡Qué no se quede ni uno de ellos sin ser investigado, tanto por la Fiscalía General de la República como por la Asamblea Nacional!.

 

Añadió que la importancia del pronunciamiento de la Fiscalía radica en lo contundente de los señalamientos y documentos publicados contra venezolanos que han sido y son muy cercanos al expresidente Chávez y actual anillo presidencial. “Por tal razón, la Fiscalía no debe dejar pasar estas denuncias, ya que los venezolanos merecen que se tomen las acciones para aplicar justicia contra esas personas que se pavonean con sus excentricidades en el exterior”.

 

Rebolledo dijo que: “A parte de la legitimación de capitales, la Fiscalía debe investigar, entre otras cosas, los bienes y cuentas en Venezuela que debieron ser señalados en su declaración jurada de patrimonio a la fecha de ingreso y egreso de los cargos, así como la especificación exacta de las divisas que poseían en el exterior al momento de su declaración ante el órgano Contralor.

 

Por otro lado, la Asamblea Nacional tiene igualmente la obligación de investigar a estos venezolanos señalados, así como solicitar tanto a las autoridades americanas, panameñas como dominicanas, la información sobre sociedades y compañías creadas y cuentas bancarias de esos venezolanos, en los últimos 17 años y cruzar la información de ¿quiénes han sido o fueron Pep en ese período, así como después de la muerte del presidente Chávez?, ¿cuántos de esos Pep salieron de Venezuela y se encuentran residenciados en el exterior? y ¿a que actividades se dedican actualmente?.

 

Igualmente, agregó, es menester de la Asamblea Nacional, enlistar a todos esos funcionarios públicos que estuvieron en el Ministerio de Finanzas y sus entes adscritos para la época, donde se investiguen todas esas transferencias en dólares realizadas a consecuencia de los negocios de importación y exportación en dicho periodo, conceptos, certificación de precios, específicamente a Bandes, Bancoex, Cadivi, Cantv, entre otros”.

 

Señaló Rebolledo: “Hoy más que nunca cobra rigor la propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, presentada por nosotros, donde se sugiere la creación de la Superintendencia Nacional de Actividades Profesionales y Comerciales No Financieras, a fin de desarrollar la normativa donde se incluyen, por ejemplo, la firma de abogados, con la obligatoriedad de exigir la debida diligencia y conocer a su cliente, conocer a los beneficiarios finales y aquellas otras organizaciones que se dedican a la formación de compañías o firmas de inversión.

 

Todo esto contribuirá con la finalidad de la lucha contra la corrupción, la cual es la recuperación de activos prevista de igual forma en la propuesta, permitiendo el rastreo para alcanzar tanto a los funcionarios como a los testaferros y vinculados. Concluyó Alejandro Rebolledo.

Aceptada en la AN proyecto de reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Rebolledo

 

“La impunidad se va a terminar el día que definitivamente se persista en perseguir la ruta de los que se hacen ricos con los activos saqueando del país  a través de la práctica de actividades ilegales. Es hora de no quedarse sólo en el diagnóstico, tenemos que aumentar los esfuerzos para lograr leyes aún más severas contra el delito organizado y  recuperar los fondos y activos que se han robado”.

Así lo expresó el abogado especialista antilavado de dinero y contra el crimen organizado, Alejandro Rebolledo, quien agregó: “Debemos estar claros que toda estrategia para la recuperación de activos, debe ser global y multilateral, ya que las acciones unilaterales solo desviarían los fondos ilícitos a otros centros financieros, originando dificultades en la recuperación de dichos activos”.

Por tal razón y frente a esta  problemática, Alejandro Rebolledo  introdujo ante la Asamblea Nacional la Propuesta de Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para su revisión y discusión dentro de la agenda legislativa, a fin de actualizar y fortalecer la base legal necesaria que incorpore en el ordenamiento jurídico venezolano, mejores prácticas, novedosos instrumentos y efectivos procedimientos para el combate de la moderna, ágil, mutante y tecnológica delincuencia organizada.

Dijo que dicho proyecto permitirá de manera efectiva, no sólo recuperar los bienes saqueados del país, sino también acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros, vinculados y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero. “No sólo es necesario congelar los bienes producto del delito, sino perseguir a los corruptos y recuperar a través de la confiscación de esos bienes, el dinero obtenido ilegalmente para que pueda ser devuelto al país”.

Explicó la necesaria recuperación de los fondos y activos que han sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se  amparan a la sombra del poder político y financiero en nuestro país. “Para estos fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia legal mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”.

Agregó que “Como primer objetivo está lograr que Venezuela avance en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, ajustando nuestro ordenamiento jurídico a las mejores prácticas y estándares internacionales a través de una plataforma que arroje los resultados esperados en materia de recuperación de bienes, ya que es la forma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos”.

 

Importancia de la denuncia

Enfatizó Rebolledo que “es necesario el rescate de la “denuncia” como modo de proceder penal”, para recuperar y estimular esa útil y eficiente fuente de información, que durante los últimos años oficialmente ha intimidado a los denunciantes, ha servido para favorecer la actuación de las organizaciones delictivas, incitando muchas veces a la inmigración de bandas criminales internacionales.  

Con esta reforma, agregó, se pretende restituir el valor de importantes herramientas que permitan rescatar esa fuente de información, e inclusive recompensar cuando a través de tales denuncias se logren sentencias condenatorias, confiscación y recuperación de bienes producto de actos de delincuencia organizada”.  

 

Necesidad de adecuar la legislación

Al referirse al segundo objetivo, dijo: “Es apremiante adecuar la legislación venezolana en materia de Prevención y Control de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a las nuevas recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  en febrero del año 2012, conocidas como los “Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva”. Para ello planteamos la necesidad de incorporar en la LOCDOFT:

  • Nuevas forma delictivas, tales como, el Contrabando, la Evasión Fiscal y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
  • Publicación oficial del listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas.
  • Definir el criterio de identificación del Beneficiario Final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada.
  • El control de prácticas que atentan contra la transparencia de la gestión pública como por ejemplo “La Vuelta Giratoria”.
  • Creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesaria para supervisar las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras susceptibles a la Delincuencia Organizada”.

 

Confiscación de bienes e impacto económico

     Rebolledo refirió: “Es importante analizar, por una parte, los costos que se deriven de la creación de nuevas estructuras y por otro lado la fuente de ingreso que su actuación puede ocasionar a través de la recuperación de bienes, y así tenemos, por ejemplo, que a través de la recuperación de los bienes, se establece un mecanismo que permitirá a la República recuperar los activos (bienes muebles, inmuebles y fondos ilícitamente despojados al país), cuya administración  y disponibilidad debe hacerse de acuerdo con la planificación financiera y estrategia del Estado, con miras al financiamiento de las estructura de costos generada por la misma LOCDOFT, como por ejemplo: (1) los costos de organización y funcionamiento de la Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras, y (2) el financiamiento de las recompensas que pueden ser concedidos a los denunciantes y/o testigos de actos de delincuencia organizada y corrupción. Es importante destacar que según declaraciones de ex ministros del partido de gobierno, el desfalco denunciado ante el Consejo Moral Republicano oscila entre los 200.000 y 300.000 millones de dólares”.

Igualmente considera que debe crearse la nueva Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras,  la cual deberá contar con una nueva partida presupuestaria que dependería jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de  industria y comercio.

Para concluir indicó: “ Según lo previsto en el artículo 208 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto de ley fue introducido a la Asamblea Nacional, especialmente para lograr la recuperación de los activos vinculados a delitos de delincuencia organizada y corrupción… Este último delito,  no tiene color político. Tiene aliados de turno. Si no recuperamos los activos, no lograremos resultados efectivos contra la delincuencia organizada”. Concluyó.

Proponen reforma legislativa para agilizar la recuperación de fondos y activos robados a la nación

Alejandro Rebolledo

 

Este jueves 10 de marzo fue consignada ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, una “Propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, realizada por Alejandro Rebolledo, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de prevención de lavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado.

El objetivo de la reforma, explica Rebolledo, es actualizar y fortalecer la base legal para incorporar mejores prácticas, instrumentos novedosos y procedimientos efectivos, para el combate de la delincuencia organizada, cuyos procedimientos son cada vez más ágiles.

“Nosotros creemos que no es necesaria una nueva legislación en materia de recuperación de activos, sino reformar la legislación vigente basada en reforzar la cooperación internacional y en la asistencia legal mutua”, dijo.

El también director del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), argumenta que esta reforma es necesaria para agilizar la recuperación de los fondos y activos que hayan sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se amparan a la sombra del poder político y financiero en nuestro país.

“Para los fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”, explica Rebolledo.

Hasta 20% de recompensa para quienes denuncien casos de corrupción

Dijo Rebolledo que “es necesario el rescate de instrumentos jurídicos como la denuncia de actos de delincuencia organizada y el sistema de protección del denunciante, para recuperar y estimular esa útil fuente de información”.

Con esta reforma, enfatizó, se pretende restituir el uso de herramientas que permitan rescatar esa fuente de información, estimulando la denuncia de buena fe, e inclusive recompensar al denunciante, con hasta 20% del valor del monto recuperado, cuando a través de tales denuncias se logren sentencias condenatorias, confiscación y recuperación de bienes producto de actos de delincuencia organizada.

De acuerdo con investigaciones del IDAED, el mayor temor de la gente es que el dinero que se logre recuperar vuelva a estar a disposición del Estado. “Nosotros decimos que este dinero debe ir a las víctimas, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la delincuencia organizada; a los denunciantes y después al Tesoro Nacional”, explicó.

¿Qué aspectos de la Ley se propone reformar?

“Es apremiante adecuar la legislación venezolana en materia de Prevención y Control de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a las nuevas recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero del año 2012, conocidas como los Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva”, explicó Rebolledo.

La reforma propone incorporar en la LOCDOFT:

  • Nuevas forma delictivas, tales como, el Contrabando, la Evasión Fiscal, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
  • Publicación oficial del listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas.
  • Definir el criterio de identificación del Beneficiario Final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada.
  • El control de prácticas que atentan contra la transparencia de la gestión pública, como por ejemplo, “La Vuelta Giratoria”.
  • Creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesario para supervisar las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras susceptibles a la Delincuencia Organizada”.

Rebolledo concluyó señalando que: “La corrupción no tiene color político, tiene aliados de turno. Cuando ves que hay debilidades institucionales es cuando necesitamos endurecer las leyes. Nadie quiere politizar este tema, sino que las instituciones se fortalezcan para funcionar bien. No podemos seguir solo en el diagnóstico, tenemos que aumentar los esfuerzos para hacer que la Ley se cumpla. Hoy no hacemos nada solo imputando, acusando y condenando. Si no recuperamos los activos, no lograremos resultados efectivos contra la delincuencia organizada”.

 

Presentará a la nueva AN proyecto de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

AlejandroRebolledo

 

El doctor Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), presentará ante la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero de 2016, una propuesta de reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con la finalidad de actualizar la legislación venezolana a los estándares internacionales sobre la lucha contra la delincuencia organizada.

El abogado penalista, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de prevención de lavado de dinero y demás delitos afines a la delincuencia organizada, aseguró que “dicha propuesta busca incorporar los delitos generadores de lavado de dinero, como evasión fiscal, contrabando, financiamiento para la fabricación de armas de destrucción masiva, así como reformar el Título IV de la Ley, referida a Los Bienes y Su Administración, que permita crear un procedimiento eficaz en la recuperación de activos como finalidad del proceso penal.”

Además, agregó el especialista, es necesario se promulgue la autonomía de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, así como la creación de la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Todos estos aspectos fueron ampliamente analizados con los especialistas que asistieron como oradores de varios países de la región a la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude, realizada el pasado mes de junio en Caracas.

Por otra parte, Rebolledo afirmó que “la corrupción no tiene color político, tiene aliados de turno. Cuando ves que hay debilidades institucionales, es cuando necesitamos endurecer las leyes. Nadie quiere politizar este tema, sino que las instituciones se fortalezcan para funcionar bien. Nosotros no podemos seguir sólo en el diagnóstico, tenemos que aumentar los esfuerzos para hacer que la Ley se cumpla”.

El especialista antilavado de dinero también afirmó que “el reto va a ser el combate a la corrupción, a la evasión fiscal y la recuperación de activos. Hoy no hacemos nada sólo imputando, acusando y condenando. Si no recuperamos los activos, no lograremos resultados efectivos contra la delincuencia organizada”.

Concluyó enfatizando que: “Es importante que podamos reformar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y es por ello que presentaremos esta propuesta a los diputados de la nueva Asamblea, para ser considerado como un instrumento legislativo con las herramientas necesarias que permitan ampliar e ir creando procedimientos breves, eficaces y expeditos contra los delitos afines a la delincuencia organizada, especialmente los relacionados a la recuperación de los activos”.

*Con información de nota de prensa

Alejandro Rebolledo: La acción del Estado debe ser contundente contra las “Zonas de Paz”

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Recientemente se inició en el país la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), con la participación conjunta del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para enfrentar a las bandas criminales que se han venido gestando en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en las llamadas “Zonas de Paz”.

Simultáneamente a esta actividad, el gobierno anunció la próxima aprobación de un paquete de leyes habilitantes que refuercen la aplicación de las OLP, para extenderlas progresivamente a lo largo del territorio nacional y en distintos sectores de la comunidad, como en los planteles educativos.

El Abogado Alejandro Rebolledo, especialista en el tema de la criminalidad y la delincuencia organizada, al ser consultado al respecto dijo: “Tan sólo con medidas y acciones contundentes de las instituciones del Estado, los cuerpos policiales y la ciudadanía, es que podremos obtener resultados que indiquen una labor efectiva contra las bandas y sus tentáculos criminales. Nos enfrentamos a mentes criminales y sólo con la participación mancomunada de los distintos órganos del Estado – señaló- y demás organizaciones nacionales involucradas en el desarrollo de políticas contra el delito, es que podemos garantizar óptimos resultados en el control y la disminución de la delincuencia; y en este caso, las fuerzas policiales y de investigación criminal representan un bloque de acción efectiva para garantizar el avance adecuado en los territorios tomados por las bandas que allí operan. Los funcionarios policiales deben sentir que están realizando su labor, sin miedo y conforme a las leyes de le República. Están entrenados para ello y sólo necesitan que les dejen realizar su trabajo”.

 

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Explicó Rebolledo que la serie de planes que se han implementado en el país, sin el resultado esperado para combatir el delito en Venezuela, dan muestra de la necesidad de revisar las leyes, y donde haya que reformar algunas para el beneficios del país, habrá que hacerlo, siempre con las estrategias y las medidas efectivas, que estén complementadas con el respaldo de todos los sectores involucrados. “No basta con enviar un comando de acción a los barrios o Zonas de Paz –señaló- sino que éste debe ir acompañado de grandes medidas de apoyo, previas y posteriores, que puedan garantizar la apertura de una seguridad permanente en la zona. De sustentar bien los expedientes, ya que el primer juez es el policía. No olvidemos que el crimen organizado es moderno, tecnológico e innovador”.

—Considera que el proyecto Movimiento por la vida y la paz que incluye las llamadas “Zonas de Paz” concuerdan con esta nueva Operación de Liberación y Protección del Pueblo?

—Los resultados apreciados de las Zonas de Paz no arrojan cifras prometedoras, por el contrario, reflejan un gran riesgo en pérdida de recursos y tiempo dedicado a negociar con las bandas para que abandonen el delito. Hay que ser muy ingenuo para insistir en la creencia de que eso va a pasar. En lugar de ello, los delincuentes han ampliado sus redes, valiéndose de los acuerdos para impedir la actuación de los cuerpos policiales en sus territorios.

“Vemos como los comandos de diferentes grupos policiales, han logrado acciones contundentes en pocos días, contra bandas como la del “Picure”; “Juvenal”; “El Coqui”, por señalar algunas. Esto demuestra que están bien entrenados en sus investigaciones y actuaciones y lo que esperamos es que continúen con el OLP y la depuración de las Zonas de Paz, para devolver a esos sectores tranquilidad a sus habitantes y vecinos aledaños”, explica el abogado.

Rebolledo considera que deben desaparecer esos acuerdos en las Zonas de Paz. “Aplicar severamente el Plan Desarme y especialmente respaldar la Operación Libertad del Pueblo (OLP), donde la participan de los cuerpos organizados de inteligencia y de acción policial estén acompañados de nuevas estructuras diseñadas para la prevención, recuperación y sanción en los espacios que se vayan rescatando, con la participación de ONGs, instituciones académicas, sectores comunitarios, municipales, estadales y estatales, entre otros”. Concluyó.

 

Venezuela reunió a expertos de toda Latinoamérica contra lavado de dinero

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Representantes de Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia presentaron casos y estrategias para la prevención e investigación del lavado de capitales. Alejandro Rebolledo, por Venezuela, adelantó que presentarán a la Asamblea Nacional un borrador para la reforma de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

La recuperación de los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas y la incorporación del contrabando y la evasión fiscal como delitos “generadores” del lavado de capitales son algunos de los puntos que contiene un borrador para la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, que quiere promover el abogado y especialista Alejandro Rebolledo.

El exjuez fue uno de los organizadores de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude que se celebró durante dos días en el hotel Eurobuilding de Caracas y que culminó este jueves 18 de junio. Al evento asistieron 280 participantes de más de 11 países del hemisferio.

Rebolledo es optimista con respecto al proyecto. Critica las propuestas para reformar el texto de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios porque —asegura— “ese no es el problema”.  Considera que la debilidad institucional, la falta de autonomía, así como la corrupción, son grandes problemas que afronta el país y que dificultan la investigación y prevención de lo que califica como actividades ilícitas y delitos graves.

En el país no hay una cultura bien desarrollada contra el lavado y la impunidad también afecta este tipo de delitos. Las cifras que aporta son elocuentes: La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) dependiente de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) registró en 2014 3.000 reportes de actividad sospechosa en el sistema bancario. En ese mismo período el Ministerio Público dictó apenas 281 actos conclusivos (que pudieron terminar en archivo fiscal, sobreseimientos o acusaciones). Solo ocho casos llegaron a juicio.

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“Hay que emprender todo un trabajo, porque la corrupción no es solo un asunto público, también existe entre particulares. No tiene color político, sino aliados de turno. Es necesario atender muchos temas, como la recuperación de los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas, el contrabando, la evasión fiscal. La clasificación de las personas políticamente expuestas”, asegura.

Asegura que 2015 marcará “un antes y un después” en la manera de procesar las investigaciones contra el lavado de capitales. Principalmente, por los casos y escándalos que han estallado en el continente y —también— porque la región “tiene un problema grave”: Los casos recientes de corrupción que involucran a funcionarios venezolanos y brasileños con cuentas en bancos suizos, como el HSBC; las causas judiciales contra funcionarios y empresarios por corrupción en el Convenio Sucre, suscrito entre países miembros del ALBA; y el escándalo por sobornos y apropiación indebida en la estatal brasileña Petrobras son algunas muestras de estos problemas.

“Un punto clave es cambiar la legislación. Cuando trajimos la documentación de CAP [el expresidente Carlos Andrés Pérez] esta ley que tenemos ahora no existía. Hubo mucha gente que trabajó para impulsar una nueva legislación. Ahora creemos que es momento de hacerlo de nuevo”, afirma Rebolledo, quien pone en una lista algunos de los retos: actualizar las normas para ajustarlas a los estándares internacionales; capacitar el personal; modernizar el sistema y los métodos de trabajo; mejorar las condiciones socioeconómicas de los funcionarios e investigadores.

“Los delitos contra el patrimonio público no prescriben. Para recuperar los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas tiene que haber confianza en el país, hay que contar con asistencia legal mutua con otros países, además de cooperación internacional y crear un marco legal para la indemnización de las víctimas”.

Las Unidades de Análisis Financiero en el país no son autónomas, porque dependen de la Superintendencia Nacional de Bancos. Rebolledo propone la creación de un Fideicomiso que pueda administrar los bienes y activos recuperados fuera del país.

Brasil: “Petrobras es el caso de corrupción más grande”

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Anne Caroline Prudencio es abogada y especialista en prevención de lavado en Florianópolis, Brasil. Destaca el trabajo de los periodistas, que denuncian constantemente casos de corrupción, narcotráfico y legitimación de capitales. Asegura que el escándalo en Petrobras es el mayor caso de corrupción en la historia del país, incluso mayor que el caso Mensalao que opacó el segundo gobierno del expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, por lo complejo del entramado que involucra a más de 100 empresas ficticias empleadas para mover grandes sumas de dinero desde la estatal hasta cuentas en el extranjero.

“Las seis mayores empresas de construcción Brasil están involucradas. Se ha descubierto una red muy sofisticada que está vinculada a altos funcionarios del Gobierno de Brasil. Todavía es imposible cuantificar el daño patrimonial porque las investigaciones siguen su curso y cada semana se descubren nuevas cosas”, relata.

Las instituciones de Brasil han jugado un papel importante, afirma, porque actúan de manera autónoma, lo que ha permitido que avancen las acusaciones y el procesamiento de políticos: “El tesorero del PT [Partido de los Trabajadores] está preso, hay políticos en la cárcel. Y esto ha sido posible porque la Policía Federal ha cumplido con su trabajo con independencia. Tenemos también jueces, como Sergio Moro, que ha impulsado sentencias duras. El trabajo de los periodistas y de los medios ha sido extraordinario porque contribuyen con sus denuncias”.

Ecuador: Poderes Públicos están concentrados en el Ejecutivo

“Todas las pruebas están en la Fiscalía. Tienen toda la documentación, pero no ha habido ningún empuje, ninguna voluntad de castigar a los responsables”, asegura María Dolores Torres, supervisora bancaria y subdirectora de prevención de lavado de activos en Ecuador. No se refiere a cualquier caso, habla de los desfalcos y fraude en el Sistema Unitario de Compensación Regional, conocido como Convenio Sucre y suscrito entre países miembros del ALBA.

Los casos han sido conocidos recientemente gracias trabajos periodísticos publicados por medios en Quito, Miami y Caracas. Algunos han tenido como trasfondo los acuerdos bilaterales para establecer relaciones comerciales bilaterales, aunque no se han excluido otras prácticas: importaciones falsas, el cobro de altas sumas de dinero por servicios no prestados, contrataciones para obras públicas con sobreprecio, pago de comisiones y fraude cambiario.

En el caso de Ecuador, el debilitamiento de las instituciones y la partidización de los Poderes Públicos estimulan la impunidad: “No se ha castigado a los culpables porque en mi país todos los Poderes Públicos están concentrados y responden al Ejecutivo. Y esto es muy grave, porque son delitos trasnacionales, que debilitan la imagen de los países y las relaciones bilaterales”.

Panamá quiere un centro financiero transparente

Con la reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, Panamá apuesta a ser sacado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), que incluye en su clasificación a países considerados como de alto riesgo o que no cooperan con las autoridades en la prevención de delitos financieros.

Juan Manuel Martans, Ex Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, explica que el país quiere cambiar su imagen de paraíso fiscal y convertirse en un centro financiero transparente: “Sí, éramos un centro financiero, pero habíamos atraído a mucha gente que hacía negocios sucios. Ahora lo que queremos es gente que haga las cosas bien. Y para eso se ha reformado esta ley. Los que quieran seguir aquí tendrán que cumplirla, y los que no, que se vayan, porque no los queremos haciendo negocios turbios en Panamá”, asegura.

Asegura, además, que la ley es solo una parte del trabajo. Hacerla cumplir será complejo: “Hay que insistir en las políticas de compliance [fiel cumplimiento], en el fortalecimiento de las instituciones para poder identificar a los responsables, procesarlos y castigarlos. Puedes tener una ley muy buena, pero después debe haber voluntad para hacerla cumplir”.

Colombia: Las multas a oficiales de compliance pueden alcanzar los 50 mil dólares

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Oficiales de fiel cumplimiento [compliance] en Colombia pueden recibir multas de hasta 50 mil dólares si son hallados responsables de omitir información o facilitar delitos financieros como el lavado de capitales, asegura la colombiana Mónica Alonso Mora, abogada de la firma Lozano Consultores, quien destaca que las normas para la prevención de delitos se hacen cada vez más exigentes, en la medida que las prácticas se tornan más complejas.

La clave está, afirma, en la insistencia de las entidades en poner más rigor en el cumplimiento de las reglas básicas de procedimientos: conoce a tu cliente (KYC, know your customer), políticas de identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y medición de riesgo. Pero, además, del establecimiento de normas propias: “Los controles corporativos no son suficientes. Hay que aprender de la experiencia. En las señales de alertas o reportes de actividades sospechosas son tan importantes las categorías cuantitativos como las cualitativas: edad del cliente, tipo de operación, factores de riesgo”.

Alonso también resalta el carácter punitivo de las normas y leyes que buscan impulsar un trabajo más riguroso de los oficiales y Unidades de Análisis Financiero (UAF). En Colombia las multas no son excluyentes y un funcionario puede incluso recibir sanciones penales si se comprueba que no siguió los procedimientos de prevención o si omitió información de manera deliberada. La carga de la prueba recae en los oficiales de compliance, quienes deben demostrar que todo el análisis se hizo de acuerdo a los procedimientos establecidos.