La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, presentado por la presidenta de la subcomisión de Asuntos Civiles, Dennis Fernández y elaborado por el doctor Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, como un compromiso adquirido frente al país, para rastrear y recuperar los activos de más de 300 mil millones de dólares saqueados al país y depositados en cuentas extranjeras.

Fernández inició el debate asegurando que los venezolanos viven en un país con «una terrible corrupción» a todas las esferas del Poder Público, y este proyecto de ley permitirá hacer un rastreo a dónde se va el Tesoro Público.

“Hay en cuentas extranjeras más de 300 mil millones de dólares, que son activos saqueados del país y que al aprobar esta Ley podremos repatriarlos para ser utilizados al bienestar de los venezolanos”, expresó.

La parlamentaria Laidy Gómez continuó el debate sobre el proyecto de Ley asegurando que “aquellos funcionarios que revelan hechos de corrupción del Gobierno son sacados del país, por lo que es necesario depurar la FANB ya que son sus funcionarios los primeros vinculados con contrabando en fronteras del país”.

Por su parte, el abogado penalista y autor del proyecto, Alejandro Rebolledo, dijo que la aprobación del proyecto permitirá actualizar y fortalecer la lucha contra la corrupción, ajustada a los estándares internacionales con una plataforma que provea de resultados esperados en materia de recuperación de bienes. «Esta es la forma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos”, señaló.

Rebolledo reforzó lo señalado por las diputadas Fernández y Gómez sobre la recuperación de los fondos y activos que han sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero.

“Para los fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”, manifestó.

Entre los aspectos más resaltantes del proyecto de Ley están incorporar nuevas forma delictivas, tales como la publicación oficial del listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas; definir el criterio de identificación del Beneficiario Final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada; el control de prácticas que atentan contra la transparencia de la gestión pública como por ejemplo “La Vuelta Giratoria” y la creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesaria para supervisar las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras susceptibles a la Delincuencia Organizada; recuperación de bienes como fin del proceso.

“Cuando se trate de delitos a los que se refiere esta Ley, y para los cuales está permitida la confiscación de bienes, se tendrá como finalidad del proceso penal, además de las establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, la recuperación de los activos derivados o relacionados con el delito», precisó Rebolledo.

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía General de la República se pronuncie contra dichos señalamientos”.

Así lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y demás delitos afines a la delincuencia organizada, quien dijo: A raíz de las filtraciones de los papeles de Panamá (Panamapapers), le compete a la Fiscalía General de la República, abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos involucrados, y cuyas evidencias y coincidencias de casos surgen como señales de alertas que deben ser investigadas con urgencia.

Todos los funcionarios que fueron cercanos a Chávez y los que están en el actual gobierno, deben ser investigados. Y más cuando se les señalan de estar incursos en delitos de legitimación de capitales por los investigadores de panamapapers… ¡Qué no se quede ni uno de ellos sin ser investigado, tanto por la Fiscalía General de la República como por la Asamblea Nacional!.

Añadió que la importancia del pronunciamiento de la Fiscalía radica en lo contundente de los señalamientos y documentos publicados contra venezolanos que han sido y son muy cercanos al expresidente Chávez y actual anillo presidencial. “Por tal razón, la Fiscalía no debe dejar pasar estas denuncias, ya que los venezolanos merecen que se tomen las acciones para aplicar justicia contra esas personas que se pavonean con sus excentricidades en el exterior”.

Rebolledo dijo que: “A parte de la legitimación de capitales, la Fiscalía debe investigar, entre otras cosas, los bienes y cuentas en Venezuela que debieron ser señalados en su declaración jurada de patrimonio a la fecha de ingreso y egreso de los cargos, así como la especificación exacta de las divisas que poseían en el exterior al momento de su declaración ante el órgano Contralor.

Por otro lado, la Asamblea Nacional tiene igualmente la obligación de investigar a estos venezolanos señalados, así como solicitar tanto a las autoridades americanas, panameñas como dominicanas, la información sobre sociedades y compañías creadas y cuentas bancarias de esos venezolanos, en los últimos 17 años y cruzar la información de ¿quiénes han sido o fueron Pep en ese período, así como después de la muerte del presidente Chávez?, ¿cuántos de esos Pep salieron de Venezuela y se encuentran residenciados en el exterior? y ¿a que actividades se dedican actualmente?.

Igualmente, agregó, es menester de la Asamblea Nacional, enlistar a todos esos funcionarios públicos que estuvieron en el Ministerio de Finanzas y sus entes adscritos para la época, donde se investiguen todas esas transferencias en dólares realizadas a consecuencia de los negocios de importación y exportación en dicho periodo, conceptos, certificación de precios, específicamente a Bandes, Bancoex, Cadivi, Cantv, entre otros”.

Señaló Rebolledo: “Hoy más que nunca cobra rigor la propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, presentada por nosotros, donde se sugiere la creación de la Superintendencia Nacional de Actividades Profesionales y Comerciales No Financieras, a fin de desarrollar la normativa donde se incluyen, por ejemplo, la firma de abogados, con la obligatoriedad de exigir la debida diligencia y conocer a su cliente, conocer a los beneficiarios finales y aquellas otras organizaciones que se dedican a la formación de compañías o firmas de inversión.

Todo esto contribuirá con la finalidad de la lucha contra la corrupción, la cual es la recuperación de activos prevista de igual forma en la propuesta, permitiendo el rastreo para alcanzar tanto a los funcionarios como a los testaferros y vinculados. Concluyó Alejandro Rebolledo.