La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, presentado por la presidenta de la subcomisión de Asuntos Civiles, Dennis Fernández y elaborado por el doctor Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, como un compromiso adquirido frente al país, para rastrear y recuperar los activos de más de 300 mil millones de dólares saqueados al país y depositados en cuentas extranjeras.

Fernández inició el debate asegurando que los venezolanos viven en un país con «una terrible corrupción» a todas las esferas del Poder Público, y este proyecto de ley permitirá hacer un rastreo a dónde se va el Tesoro Público.

“Hay en cuentas extranjeras más de 300 mil millones de dólares, que son activos saqueados del país y que al aprobar esta Ley podremos repatriarlos para ser utilizados al bienestar de los venezolanos”, expresó.

La parlamentaria Laidy Gómez continuó el debate sobre el proyecto de Ley asegurando que “aquellos funcionarios que revelan hechos de corrupción del Gobierno son sacados del país, por lo que es necesario depurar la FANB ya que son sus funcionarios los primeros vinculados con contrabando en fronteras del país”.

Por su parte, el abogado penalista y autor del proyecto, Alejandro Rebolledo, dijo que la aprobación del proyecto permitirá actualizar y fortalecer la lucha contra la corrupción, ajustada a los estándares internacionales con una plataforma que provea de resultados esperados en materia de recuperación de bienes. «Esta es la forma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos”, señaló.

Rebolledo reforzó lo señalado por las diputadas Fernández y Gómez sobre la recuperación de los fondos y activos que han sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero.

“Para los fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”, manifestó.

Entre los aspectos más resaltantes del proyecto de Ley están incorporar nuevas forma delictivas, tales como la publicación oficial del listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas; definir el criterio de identificación del Beneficiario Final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada; el control de prácticas que atentan contra la transparencia de la gestión pública como por ejemplo “La Vuelta Giratoria” y la creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesaria para supervisar las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras susceptibles a la Delincuencia Organizada; recuperación de bienes como fin del proceso.

“Cuando se trate de delitos a los que se refiere esta Ley, y para los cuales está permitida la confiscación de bienes, se tendrá como finalidad del proceso penal, además de las establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, la recuperación de los activos derivados o relacionados con el delito», precisó Rebolledo.