Radiografía del Arco Minero según Bachelet - Runrun
Radiografía del Arco Minero según Bachelet
El informe que la oficina de la ONU presentó esta semana, alerta sobre las pésimas condiciones de vida que llevan quienes habitan los pueblos mineros asediados por la criminalidad y los yacimientos de oro que han dejado cientos de hectáreas deforestadas

 @loremelendez

@boonbar

 

Violencia a manos de bandas criminales, explotación laboral, corrupción, explotación sexual, abuso de niños y contaminación del ambiente son algunas de las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco que registra el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado el pasado 15 de julio en la 44a edición del Consejo de DDHH de la ONU.

Por primera vez, la ONU reconoce que “gran parte de la actividad minera tanto dentro como fuera del Arco Minero está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”. Destaca también el elevado nivel de la explotación de la mano de obra, el tráfico de personas y la violencia como consecuencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de las bandas criminales que controlan las minas y que pagan a los jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales. 

También da un vistazo a las condiciones de vida de la población que habita el territorio del Arco Minero, la vulnerabilidad de mujeres, niños y pueblos indígenas, la migración interna hacia los yacimientos y el empeoramiento de la salud de quienes viven en un ambiente destruido por el extractivismo. Se trata de un documento que confirma y analiza cada una de las denuncias que durante años han hechos desde organizaciones de derechos humanos hasta medios de comunicación que se han dedicado a la cobertura del tema. 

 

Corrupción 

Lo primero que destaca la ONU es que la opacidad de la administración de Nicolás Maduro sobre el funcionamiento del Arco Minero del Orinoco ha impedido al organismo determinar en qué medida se ha regularizado la actividad minera y frenado la extracción ilegal de oro en esa zona. Recuerda que no hay cifras ni información relacionada al tema, proveniente de las instituciones responsables como Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico o el Banco Central de Venezuela. Ninguno ha presentado estudios de impacto ambiental y sociocultural, señalado cuáles y cuántas son las empresas con las que se alió el Ejecutivo, aportado datos sobre el Registro Único Minero o anunciado la cantidad de oro y otros minerales que reporta Minerven o los metales que exporta el Estado.

 

Violencia

El documento constata que la actividad extractivista en Venezuela está controlada por grupos delictivos organizados y armados conocidos como “sindicatos”, cuya presencia se hizo más visible desde 2011, cuando Hugo Chávez sacó a las empresas extranjeras de la zona, y aumentó en 2015 cuando se incrementaron los precios internacionales del oro. “Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, apunta el informe. 

La ONU recalca que estos grupos pagan a los militares para mantenerse en el negocio, ya que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la que tiene, por decreto, “la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener las actividades de las industrias estratégicas ubicadas en el Arco Minero. Por esa razón, hay más de 25 alcabalas de los uniformados a lo largo de la carretera que atraviesa la zona minera del estado Bolívar. 

Internamente, las bandas criminales reproducen el modelo del “pranato” que existe en las cárceles venezolanas, ya que son conducidos por un “jefe o pran que impone brutalmente sus órdenes” y controla todas las actividades en los yacimientos. La oficina de Bachelet también advierte que en época reciente hay “elementos irregulares armados” que han tomado el control de minas en el centro y oriente de Bolívar. Se refiere así, aunque no los menciona, a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se han apoderado de la zona con el aval de Maduro.

En vista de que la violencia es el arma utilizada para mantener la zona bajo control, quienes hacen vida en el Arco Minero son víctimas constantes de los grupos criminales. “Según el Gobierno, en 2019, en el estado de Bolívar se registraron 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; en cambio, para la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la cifra fue de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el Gobierno, los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente”, aseveran desde la oficina de Bachelet. Añaden que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas son objeto de castigos corporales y hasta de asesinatos.

Las desapariciones son también mencionadas en el informe. La oficina de Bachelet documentó cinco casos de mineros desaparecidos entre 2016 y 2020, y tiene reportes que señalan que es frecuente que los cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas. 

“Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”, resalta. 

Como consecuencia de la violencia por el control de las minas, el informe señala que entre marzo de 2016 y 2020 se registraron 16 enfrentamientos armados entre bandas criminales y guerrilleros que dejaron muertos a 140 hombres y nueve mujeres. La mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales. “Según la información recopilada, en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta”, señala. 

 

Migración interna y explotación laboral

El desempleo y la crisis económica por la que atraviesa el país ha traído como consecuencia una creciente migración interna hacia la región minera de mano de obra que no tiene ninguna experiencia en el sector. Los empleados abandonan sus puestos, incluso en el sector educativo o de la salud, para irse a las minas a practicar un trabajo informal y sin ningún contrato. 

En el Arco Minero, “el trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco mineros, que realizan turnos diurnos y nocturnos de aproximadamente 12 horas”, indica el informe. Los riesgos laborales son altos, no solo por la exposición de los obreros ante los grupos criminales, sino porque los accidentes y deslizamientos de tierra son habituales y han dejado sepultados bajo tierra a decenas de mineros.

El documento habla de la identificación de “un patrón de explotación laboral”, según el cual los mineros “se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas”. La ONU pudo comprobar que los trabajadores deben entregar entre 10% y 20% del mineral extraído a los pranes o guerrilleros que controlan el yacimiento, y además pagar entre 15% y 30% al propietario del molino que procesa el material aurífero que sacan. De paso, cancelan altos precios por comida, agua y cualquier servicio a los vendedores que hacen vida en la mina, quienes a su vez deben dar un tributo a los grupos criminales. En esta cadena, los compradores de oro pagan precios 25% inferiores a los que se aplican a nivel internacional. 

 

Mujeres y niños vulnerables

Las mujeres también se van a trabajar en las minas y se dedican a diversas tareas que van desde la extracción hasta la venta informal y la cocina. Sin embargo, dice el informe, desde 2016 aumentó la prostitución en la zona, además de la explotación sexual y la trata no solo de mujeres sino también de adolescentes. 

“La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas ‘currutelas’, que son barracones construidos con tablones de madera cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad”, subraya el documento.

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue informada sobre la presencia de niños y niñas de hasta 7 años, sin compañía alguna, que son explotados en la zona minera. Pequeños de 9 y 10 años ya trabajan en los yacimientos.

 

Salud

El informe cita a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para destacar que, según esta organización, los municipios mineros de Bolívar “son la principal fuente del aumento de los casos de paludismo” en Venezuela desde 2015. 

Tanto esta como afecciones como la diarrea y enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, u otras que atacan las vías respiratorias, proliferan no solo entre los mineros sino entre comunidades indígenas que no tienen acceso a los tratamientos, lo que los deja a la deriva y expuestos a “desenlaces fatales”.

La situación empeora debido a la contaminación con mercurio presente en el área, a pesar de que está prohibido su uso en el tratamiento de los metales.

“Una vez que se ha formado la aleación del mercurio con el oro, esta es quemada, el mercurio se volatiliza y las partículas en suspensión son respiradas por los mineros y los habitantes de la zona minera. El mercurio también se vierte en el suelo y luego es arrastrado a los ríos por el agua de lluvia. Como consecuencia, se han detectado altos niveles de mercurio en las comunidades indígenas que viven en las partes bajas de los ríos del Arco Minero. La contaminación por mercurio de las vías fluviales tiene un impacto desproporcionado en las mujeres que pasan gran parte de su tiempo en contacto directo con el agua”, señala el documento.

Asamblea Nacional
Asamblea Nacional

 

Pueblos indígenas

El documento de la oficina de Bachelet tiene un apartado dedicado a la afectación de la minería, y del decreto del Arco Minero del Orinoco, sobre los territorios indígenas. Detalla que en esta área geográfica hay 16 grupos indígenas que viven en 197 comunidades y que los daños del extractivismo van mucho más allá de la zona minera.

“La minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, principalmente debido a la presencia y la actuación de los grupos armados y al daño ambiental. Una de tales consecuencias es la pérdida de control de los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación”, afirma el documento. 

Desde hace al menos dos años, dice el informe, los indígenas han denunciado ser víctimas de abusos contra los derechos humanos, actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra las mujeres no solo por parte de las bandas criminales y guerrilleros sino también de militares. Los casos recientes de la masacre de Ikabarú y del ataque a las comunidades que hacen vida en el río Caura son una muestra de ello.

Las comunidades indígenas también reclamaron ante los representantes de la oficina de la ONU que los grupos criminales les “imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios esenciales, como combustible y medicamentos”. 

La destrucción del medio ambiente, que fue la preocupación más recurrente de los entrevistados por la ONU, ha traído como consecuencia la deforestación de sus territorios, contaminación de las vías fluviales y fauna, así como brotes de enfermedades infecciosas. Todo esto menoscaba la capacidad productiva de tierras y recursos indígenas, afecta sus dietas tradicionales y coarta su derecho a la salud. 

El equipo de Bachelet menciona en el informe el decreto dictado por Maduro en abril pasado, que permite la explotación minera en seis ríos de Bolívar y áreas geográficas protegidas, las cuales sirven como fuentes de agua potable y alimentos a varias etnias de la zona. Tanto indígenas como expertos indicaron que la medida se ejecutó sin la realización de consultas ni de estudios de impactos ambientales. “Los pueblos Ye’kwana y Sanema de la cuenca del río Caura estiman que dentro de cinco años este espacio fluvial estará contaminado, eventualidad que es sumamente preocupante para el futuro de sus habitantes”, resalta.

El documento también subraya que los indígenas afirmaron que haberse visto obligados a explotar sus tierras tradicionales para sobrevivir debido a la situación económica del país. “La incapacidad para proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural coarta su derecho a la autodeterminación”, sentencia.

 

Recomendaciones

La ONU recomendó a Maduro que garantizara que toda actividad minera en el país se practique en apego a los derechos humanos, estudios de impacto socio-cultural y ambiental y en el cumplimiento de normas ambientales nacionales e internacionales. Además, exigió la publicación de informes sobre el Arco Minero que ofrezcan datos socioeconómicos de la población de la zona, la violencia e indicadores económicos de la minería.

Pidió que se lleven a cabo “investigaciones efectivas y transparentes y operaciones de aplicación de la ley” que desmantelen las bandas criminales que controlan las minas, acaben con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas; y combatan la corrupción y enjuicien a los responsables de la violencia y la violación de derechos humanos en la zona.

Abogó por la realización de “consultas adecuadas y representativas” ante los pueblos indígenas que puedan verse afectados por medidas gubernamentales vinculadas con la minería, para que estos puedan desarrollar y tener control de sus tierras, territorios y recursos. Insistió en que se les dé reparación a las comunidades que ya han sufrido las consecuencias de la actividad extractivista.

Exigió que se revoque la Resolución 0010, dictada el pasado 8 de abril, y relacionada con la explotación del oro en ríos de Bolívar.