Pareciera que la sustitución de la licencia general por licencias específicas es más bien una puesta en escena para vender la narrativa de que EE. UU. está castigando al gobierno venezolano
Por razones de seguridad energética, a EE. UU. le interesa asegurar el suministro de petróleo venezolano e impedir que este sea comprado con grandes descuentos por sus rivales geopolíticos en los mercados asiáticos. La prolongación de la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente –con los ataques cruzados entre Israel a Irán–, representan amenazas para la seguridad energética de EE. UU. y Europa. Pero un aumento de la producción de petróleo venezolano puede ayudar a conjurar y despejar este riesgo. Por eso, a las principales potencias consumidoras de energía no les conviene que se golpee a la industria petrolera venezolana.
Aunque la reimposición de las sanciones a Pdvsa afectará las importaciones de diluyentes para mejorar el petróleo pesado de la Faja del Orinoco, la Licencia 44A deja ventanas abiertas para que las petroleras estadounidenses y europeas puedan continuar con la extracción y comercialización de petróleo y gas venezolanos.
A diferencia de una licencia general que vale para todas las empresas, las licencias individuales o específicas son autorizaciones que se otorgan caso por caso, con base en los intereses de seguridad nacional y de política exterior de EE. UU.
En adelante, la OFAC considerará las solicitudes de licencias específicas en el caso de empresas quieran continuar las operaciones previamente autorizadas por la Licencia 44, y decidirá cuál empresa puede operar con Pdvsa. Y con este fin, emitirá una licencia especial de acuerdo con sus criterios y conveniencia.
La licencia 41 permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela, gracias a la cual la producción superó los 800 000 barriles diarios Otros acuerdos con Repsol, ENI y Maurel & Prom acercan la producción de petróleo a un millón de barriles diarios. La derogación de la LG44 no afectará a la LG 41 a Chevron ni a la LG 8M que autoriza a las empresas estadounidenses que dan servicios petroleros especializados a Chevron. Estás y otras compañías también podrán solicitar licencias específicas.
El experto petrolero Francisco Monaldi (@fmonaldi) posteó: “La no renovación de GL44 tendrá un impacto mínimo en la inversión, especialmente si se conceden licencias específicas a empresas europeas. Su impacto limitado en la producción depende de la disponibilidad de diluyente. Habrá un impacto en las ventas de PDVSA a menos que los principales compradores, como Reliance, obtengan una licencia para comprar.”
La cierto es que la noticia de tramitar licencias específicas provocó un alza en los bonos de Pdvsa. Pareciera entonces que la sustitución de la licencia general por licencias específicas es más bien una puesta en escena para vender la narrativa de que EE. UU. está castigando al gobierno venezolano por no haber dejado inscribir a María Corina Machado ni a su sustituta en las presidenciales de 2024.
Así, la Administración Biden reduce el costo mediático y político-electoral de prorrogar las licencias a Chevron y petroleras europeas para que mantengan su producción. Esto revela el interés de EE. UU. de asegurar el suministro de petróleo de origen venezolano, ante el peligro que representa para su seguridad energética la prolongación de la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente.
Las maestras venezolanas también tienen superpoderes bastantes particulares, como trabajar por un salario perfecto para dar una clase de fracciones de dólar
Hay personas de la vida real que van sin capa, pero son unos capos. Humanos que nacieron con un don para dominar a quien tengan al frente (y sin emitir decreto presidencial).
Existen quienes son expertos sembrando el pánico, aunque no son los vigilantes del edificio anunciando que quitarán el agua. Son otras personas. Yo las vi una vez cuando almorzaba en casa de unos familiares en el pueblo venezolano de El Tigrito en una vivienda de una sola planta cuyas ventanas dejaban ver todo desde la calle. Comíamos tranquilos, hasta que alguien en la mesa de repente dijo: “¡Al piso!”. Todos nos lanzamos bajo la mesa y ahí pregunté:
–¿Qué fue?
–¡Shhh! ¡Habla bajito!
–¿Pero qué pasó?
–Que llegaron los Testigos de Jehová.
Entonces volteo y en efecto estaban buscándonos por la ventana hasta que no vieron a nadie y se fueron. Y si supieran que el único testigo de nuestra hazaña fue Jehová, quien jamás nos sapeó.
Hay otra persona que en sí misma cuenta con dos superpoderes tan contradictorios como ver a un peluquero calvo. Me refiero al chismoso del grupo. El primero de sus superpoderes aparece cuando su grupo de amigos viene echando un cuento, de repente lo ven y acto seguido enmudecen por completo. Saben que, si el chismoso escucha lo que vienen hablando, ese chisme podría llegarle en minutos a un astronauta en el espacio.
Aunque el chismoso sabe por qué se callaron y es ahí cuando utiliza su segundo superpoder, que es cuando dice: “¡A que no saben el chisme que les tengo!”. Entonces, al resto del grupo les brillan los ojos, les babea la boca y les tiemblan las piernas de la intriga hasta que el chismoso dice: “Si quieren saberlo, díganme qué venían hablando”.
Tenemos a otro ser cuyo superpoder es bajarle la autoestima a cualquiera. Se trata del vecino de al lado. Porque ellos siempre hacen todo mejor que uno. Si cocinan, a tu casa llega olor a restaurante. Si rumbean, eso suena cual discoteca de Ibiza. Por eso los vecinos les reclamamos que no dejan dormir (aunque en verdad lo hacemos por la envidia que nos generan).
Pero de todos los vecinos de al lado que existen, quienes más bajan la autoestima son los de la habitación de al lado en el motel. Siempre parecieran estar bajo el efecto de un Viagra diluido en un vaso de café negro con té de guaraná. Es que esas paredes suenan como taladro rompiendo asfalto mezclado con gemidos que parecen sirena de ambulancia. Ante lo cual es recomendable simplemente asumir la derrota, salir de la habitación y tocar la puerta de al lado para que nos dejen entrar a la clase como oyentes.
También está el caso de un superpoder que traen los niños y con el cual dejan a los adultos tartamudeando cual político en interpelación del congreso. Que no es cuando preguntan sobre el sexo, porque hoy la pregunta más bien sería: “A ver, papá, ¿qué quieres que te explique sobre el sexo?”. Por el contrario, son preguntas como esta que me hizo un amigo de mi hijo: “¿Me puede explicar el béisbol en un minuto?”. Menos mal no era un programa de concursos, pues ese solo minuto se me habría ido explicando la cantidad de manías que tienen los peloteros antes de entrar a la caja de bateo.
Las maestras venezolanas también tienen un superpoder bastante particular. Pues además de ser superheroínas al trabajar por un salario perfecto para dar una clase de fracciones de dólar, también cuentan con el superpoder de no equivocarse cuando pasan asistencia leyendo una lista con puros nombres venezolanos.
–Yurkleiberman.
–Presente.
–Mixileidys.
–Presente.
–Crisneidermanwilexis.
–¿González o Pérez, profe?
Y lo mejor es que conocen el origen de todos esos nombres. Saben que en el pasado una tal Susana se casó con un tal Jacinto, mezclaron sus nombres y salió Suscinto. Luego Suscinto se casó una hija de Leonardo y Gumercinda llamada Leonercinda. Entonces Leonercinda y Suscinto tuvieron a Leonersús. Y este, con el tiempo, terminó siendo el tatarabuelo de Brisleiderson José.
Y si no me creen, todo esto se los dice alguien llamado “Reuben”. Que con este nombre no me quedará sino ir a donde una maestra venezolana para aprovechar su cualidad de superheroína sin capa bastante capa a quien no se le escapa ni este nombre que mi entendimiento siempre capa.
Cuando están en la cúspide, algunos criminales sueñan con ser invisibles para evitar a sus enemigos. Y en Ecuador, al menos dos han fingido su muerte y otros tres han dejado una estela de inconsistencias, dudas e impunidad tras el reporte oficial de su fallecimiento.
El caso más significativo es el de Leandro Antonio Norero Tigua, señalado como financista de bandas delictivas como Lobos, Tiguerones y Chone Killers que, con un proceso abierto por narcotráfico en Ecuador en 2018, no tuvo obstáculos para hacerse pasar por muerto.
En octubre de 2021, una banda conocida como Los Fantasmas, difundió un video que lo señalaba como cabeza de organizaciones narco criminales. Algo que para ese momento parecía descabellado, físicamente imposible, porque luego de que Perú inició un proceso por narcotráfico en su contra —que venía con una solicitud de extradición— su defensa presentó un certificado que aseguraba que Norero había fallecido por covid-19 en 2020.
Ese mismo año, aunque estaba ‘muerto’, Norero pagó de impuesto a la renta en Ecuador 50.394 dólares, mientras en 2019 había pagado 8.375 dólares, según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, en 2021, fue registrado como accionista de Ashimha-Life, según consta en la web de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Esa empresa es, a su vez, accionista de Avilmat, que en 2021 obtuvo dos contratos con el Municipio de Manta, en Manabí, por más de tres millones de dólares.
Hasta que, en mayo de 2022, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que se había dado un golpe a una importante estructura criminal, a la que se le encontró aproximadamente 10 millones de dólares en oro sólido, joyas, relojes y dinero. Entre los detenidos estaban Norero y tres de sus familiares.
Leandro Norero fingió su muerte en 2020. Fue asesinado en octubre de 2022.
El caso de Norero parece absurdo, pero no es el único. El Estado ecuatoriano no ha podido eliminar las dudas sobre las muertes de al menos otros cuatro criminales de alto perfil en los últimos diez años. Policías, funcionarios y exaltos funcionarios dudan de la muerte de Wilmer Chavarría alias Pipo, líder de Los Lobos; Junior Roldán, cabecilla de Las Águilas; Freddy Anchundia, líder de los R7 y Pablo Miguel Córdova Coronel, procesado por narcotráfico.
A través de consultas con funcionarios y exfuncionarios, análisis sobre el contexto de sus muertes, revisión de certificados de defunción y seguimiento al patrimonio de los implicados, esta investigación periodística publicada por CONNECTAS y varios medios ecuatorianos fallas importantes en los procedimientos de instituciones del Estado, debilidades en la identificación de cadáveres y descoordinación en la cooperación judicial que hacen factible que los narcotraficantes utilicen esta táctica para desaparecer.
La segunda muerte oficial de Leandro Norero Tigua —esta vez dentro de la cárcel de Cotopaxi— fue anunciada el 3 de octubre de 2022 por el SNAI, justo el día que iba a ser vinculado a un nuevo proceso penal por narcotráfico, la tercera causa en su contra.
Un año después, bajo una nueva política de seguridad, la Fiscalía emprendió la investigación Metástasis, que detuvo a casi 40 personas entre funcionarios judiciales, jueces y policías basándose en unos chats de Leandro Norero que reseñan supuestos vínculos del narcotráfico con acciones y omisiones judiciales, corrupción policial y del sistema penitenciario ecuatoriano. Se hizo evidente la relación entre Norero y el director de las prisiones ecuatorianas y ex director Antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez. Después del destape del caso Metástasis la Fiscalía nombró a un grupo de agentes para que investigue el fallecimiento del narcotraficante.
En febrero de 2024, bajo requerimiento de esta investigación, se difundió el informe de la autopsia realizada a Leandro Norero, en la que se detalla que su cuerpo estaba “desnudo, decapitado, desmembrado, con múltiples lesiones cortopunzantes y con signos de quemaduras”, y que fue analizado por los forenses el 5 de octubre de 2022, dos días después de su asesinato.
Pero no fue hasta octubre de 2023, un año después de su muerte, que se realizó un informe de cotejamiento genético de hermandad entre las muestras de sangre tomadas a Leandro Norero y a su hermano Israel Norero, que permitió confirmar, al menos para la Fiscalía, su asesinato. La explicación a esta demora es la falta de una base de datos genética para identificar a un cadáver en ese estado. Aún no se conoce dónde fue sepultado Norero.
El equipo periodístico envió un requerimiento de información a la Fiscalía consultando por qué, si tenían las pruebas desde 2023, en 2024 iniciaron una investigación que ponía en duda su muerte. También se solicitó una entrevista a la Fiscal General sobre estos hechos. Pero ambas solicitudes fueron negadas.
Las grietas
William Chavarría Barré, alias Pipo y líder de Los Lobos, supuestamente también murió en la cárcel, en una masacre ocurrida en Turi, Cuenca, el 23 de febrero de 2021. Pero el certificado de defunción, al que tuvo acceso esta investigación, describe que alias Pipo falleció por covid-19 en Santo Domingo de los Tsáchilas (a unos 430 km de Cuenca) el mismo 23 de febrero.
Wilmer Chavarría, alias Pipo, está inscrito como difunto por COVID-19 en 2021. El Gobierno ecuatoriano lo considera objetivo militar desde abril de 2024
Wilmer Chavarría, alias Pipo, está inscrito como difunto por COVID-19 en 2021. El Gobierno ecuatoriano lo considera objetivo militar desde abril de 2024
Además, en un informe reservado de 2022, la Policía ecuatoriana describe que, aunque Chavarría aparece como muerto por covid-19 para el Estado, “se presume que alias Pipo habría falsificado un acta de defunción como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”. Incluso, el 19 de abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano publicó una lista de objetivos militares entre los que cuenta a alias Pipo.
Un mes antes, el exministro del Interior, José Serrano, dijo públicamente que las matanzas carcelarias eran una pantalla para que los narcotraficantes pudieran fingir sus muertes, refiriéndose a alias Pipo, quien —según él— opera aún al mando de Los Lobos a través del nuevo cabecilla, Fabricio Colón Pico, recapturado el 22 de abril por la Policía.
Edison Romo, experto en seguridad, declaró que “cuando se dan los acontecimientos de masacres (carcelarias) no se sabe quién es quién y cuáles fueron los que realmente fallecieron”.
Desde el 2020, en Ecuador es muy fácil conseguir un certificado de defunción. Tras la emergencia por la pandemia de covid-19, este país habilitó una opción en línea para inscribir defunciones. Vicente Taiano, exdirector del Registro Civil cuando se instauró esta medida, explicó que se dio esta facilidad para evitar cargar de trámites a los familiares de las víctimas del Covid-19. “Esto podría ser mal utilizado, claro, pero habría que preguntarle a las autoridades actuales qué se está haciendo”, refiere Taiano.
El certificado de defunción habilita otros trámites, como pedir la extinción de la acción penal o el archivo de una investigación de la Fiscalía. El abogado e investigador en violencia política y criminal, Luis Córdova, explica que, en efecto, la acción penal concluye con la muerte del individuo procesado.
Además, en Ecuador existen los certificados de “presunta muerte”, que funcionan igual que un certificado de defunción. Según la Dirección Nacional de Registro Civil, la figura de muerte presunta se inscribe a través de la sentencia emitida por un juez de la materia, que declara la muerte de un ciudadano que se presume se encuentra fallecido.
Uno de los investigados que usó esta figura fue Pablo Córdova Coronel, involucrado en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera. De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso esta investigación, Córdova Coronel tiene un certificado de defunción por presunta muerte. De su muerte sospecha un alto exfuncionario de la Policía ecuatoriana que pidió reservar su identidad por seguridad.
Freddy Marcelo Anchundia Loor murió el 8 de noviembre de 2023 en una cárcel de Guayaquil, según el SNAI. En Colombia, la investigación de su asesinato está en reserva.
Freddy Marcelo Anchundia Loor murió el 8 de noviembre de 2023 en una cárcel de Guayaquil, según el SNAI. En Colombia, la investigación de su asesinato está en reserva.
Las contradicciones entre cómo y en dónde han muerto algunos de estos criminales se suman a las razones que dan cabida a las sospechas. Freddy Marcelo Anchundia Loor, cabecilla de la banda narcocriminal R7, procesado por asesinato y evasión y señalado por el Gobierno de Guillermo Lasso como autor intelectual de dos de las grandes masacres carcelarias, fue detenido en Manabí en 2016 y trasladado a la cárcel de Turi, en Cuenca hasta que, en 2022, luego de una matanza en esa prisión, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca.
El 8 de noviembre de 2023, el SNAI anunció en su cuenta de X que Anchundia había muerto dentro de una cárcel de Guayaquil. Pero en el certificado de defunción de Anchundia,al que tuvo acceso esta investigación indica que murió ese 8 de noviembre en Puerta Máquina, Antioquia, Colombia, por un presunto ahorcamiento.
Entonces, ¿en dónde murió Freddy Anchundia? Ni el SNAI, ni la Policía, ni la ministra del Interior, Mónica Palencia, han respondido a los requerimientos de información sobre estas inconsistencias asentadas en el Registro Civil de Ecuador.
La de Anchundia no es la primera muerte de un narcotraficante ecuatoriano que se investiga en el vecino país. El cabecilla de Los Águilas, Junior Alexander Roldán Paredes, llegó a controlar prisiones en Guayas, Sucumbíos y Loja. Enfrentó dos condenas por asesinato y estuvo preso desde 2009. El 14 de febrero de 2023 salió de la cárcel de Guayaquil después de que obtuviera una calificación de parte del SNAI de “buena conducta” e hizo un despliegue de su seguridad privada en un enfrentamiento con policías.
Un mes después, sufrió un atentado en El Triunfo, su bastión, y se quitó el grillete electrónico. Hasta que, en mayo de 2023, el excomandante de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, dijo que supo de la muerte de Roldán Paredes porque su par colombiano le informó que lo habían identificado.
El entonces ministro del Interior, Juan Zapata, anunció el 8 de mayo que alias Junior había sido asesinado por un familiar de su pareja, durante una fiesta en una finca en Antioquia, Colombia. El anuncio ocurrió una semana antes de que las autoridades colombianas oficializaran su muerte. En respuesta a un requerimiento de esta investigación, la Fiscalía de Colombia indicó que “el 15 de mayo de 2023 se remitió el aviso consular a Ecuador y se aportó el acta de entrega del cuerpo”.
Fue sepultado en el cementerio de Envigado, Colombia, el 18 de mayo de 2023 y el 12 de septiembre de ese mismo año se conoció que sus restos fueron robados. Supuestos familiares de Junior Roldán intentaron exhumar el cuerpo con documentos forjados y, ante la negativa del encargado del cementerio, se lo llevaron por la fuerza y cremaron los restos. La investigación del lado colombiano concluyó que las cenizas llegaron a Ecuador, según el exsecretario de Seguridad de Envigado, Rafael Betancourt.
La Policía de Colombia respondió para esta investigación que el proceso investigativo por el presunto asesinato de Junior Roldán está activo, en etapa de juzgamiento, mientras en diversos medios circulan alusiones a que sigue vivo en El Triunfo, Guayas, y que no se ha nombrado un sucesor en su banda.
El Gobierno ecuatoriano anunció el 8 de mayo de 2023 que Junior Roldán había muerto en Colombia. En septiembre su cadáver fue robado y las pericias determinaron que sus restos cremados llegaron a Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano anunció el 8 de mayo de 2023 que Junior Roldán había muerto en Colombia. En septiembre su cadáver fue robado y las pericias determinaron que sus restos cremados llegaron a Ecuador.
La comandancia de Policía ecuatoriana y la actual ministra del Interior no respondieron a los requerimientos de información enviados por los autores de este reportaje investigativo sobre si están buscando a otros “muertos”, como se evidencia en las múltiples solicitudes que se pueden ver en la investigación completa.
Las grietas en tres instituciones del Estado ecuatoriano: el servicio de prisiones, la identificación de cadáveres y los procedimientos del Registro Civil se suman a la infiltración de la corrupción y alimentan la leyenda de los narcos que operan con impunidad en las sombras.
Si le interesa conocer más sobre los casos ‘sospechosos’ de narcos ecuatorianos presuntamente muertos puede ingresar acá al reportaje completo.
Por segunda ocasión en cuatro años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino el partido Primero Justicia (PJ) en respuesta a una solicitud del diputado de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, José Brito.
Brito, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Primero Venezuela, fue nombrado presidente ad hoc de la junta directiva de PJ y ahora posee el aval para emplear la tarjeta y los símbolos del partido.
Este miércoles 24 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó un lapso de 48 horas para que la nueva junta directiva de PJ se adhiera a una de las postulaciones admitidas por el ente comicial de cara a los comicios del 28 de julio.
Igualmente, el TSJ ordenó al parlamentario llevar a cabo un proceso de reestructuración para designar autoridades en las regiones y modificar estatutos.
En junio de 2020, el máximo tribunal del país intervino Primero Justicia y nombró a Brito como líder de la junta directiva ad hoc, sin embargo tres meses después echó atrás la decisión.
Carpeta en mano, Brito acudió el pasado 15 de marzo a preguntar por el “limbo jurídico” en el que se encontraba el partido y un mes después, luego de que el CNE admitiera las postulaciones para presidente, le devolvieron las riendas de la tolda amarilla.
Brito fue expulsado de PJ en 2019 luego que un reportaje del portal Armando.info revelara aparentes nexos con el empresario colombiano Alex Saab y una supuesta red de malversación de fondos en torno al programa de Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). La eventual trama de corrupción fue bautizada como “Operación Alacrán” por la oposición.
Un año después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Brito y a otros seis diputados, entre ellos el también ex miembro de Primero Justicia, Luis Parra, por su participación en el intento de juramentar una junta directiva paralela en la Asamblea Nacional.
“Tanto las empresas como los diputados relacionados intentaron utilizar a abogados honestos para que liberasen las cuentas bancarias y legitimasen no solo a empresas sino también los contratos que celebraron contra el patrimonio público de Venezuela”, se consideró en esa demanda.
Primero la justicia
A propósito de la decisión del TSJ, la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez sostuvo que la designación de Brito al frente de la junta directiva ad hoc no cambia nada en el partido.
“Creo que la gente sabe muy bien quién es José Brito. Ese personaje quedó para hacerle el trabajo sucio a la dictadura y es lamentable para él, porque a nosotros como partido nunca nos ha hecho ni nos podrá hacer daño. Pretenden decir con esto que lo que pasa en Primero Justicia lo deciden ellos y mandan a títeres vergonzosos a creer que pueden asumir el liderazgo de un partido“, dijo la dirigente.
Martínez manifestó que este movimiento demuestra la ausencia de estado de derecho y el control que ejerce el Ejecutivo sobre los poderes públicos en Venezuela.
“Así cobra el régimen nuestra postura determinada y determinante para ser garantes de la ruta electoral en unidad con los venezolanos. Están buscando por todas las maneras ensuciar un evento comicial. Nosotros hemos dado todo nuestro respaldo al candidato Edmundo González Urrutia”, acotó Martínez.
A juicio de Martínez, Nicolás Maduro perdió la brújula: “Debería ponerle un poquito de atención a lo que hicieron en la tal consulta obligatoria del domingo 21 de abril. Amenazaban, llamaban y pedían asistencia y nadie les puso cuidado”.
No es el primero
Roberto Enríquez, presidente del partido Copei no intervenido por el chavismo, indicó que a partir del despojo de la tarjeta y los símbolos de la tolda socialcristiana, el Gobierno ha emprendido una cacería contra la disidencia y específicamente perjudicado a miembros del G4 como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia.
“La tarjeta es muy importante porque es el vehículo por donde el elector expresa su voluntad de votar por una u otra candidatura, son símbolos fundamentales de la democracia que representa a toda una organización política e ideológica”, explicó..
Enríquez indicó que no es apropiado emplear el término judicialización para hablar de partidos intervenidos.
“Me parece un eufemismo, porque ese proceso se hace cuando hay un debido proceso y en estos casos eso no existe, no hay derecho a la defensa, solo hay una usurpación donde unos asaltantes cogen los símbolos de una organización que democráticamente escogió a sus autoridades”, denunció.
A juicio de Enríquez, en el caso de Copei no hubo judicialización: “Solo le dieron nuestros símbolos a unas personas que se dedican a traficar con ellos. Confiscación, intervención y asalto son los términos adecuados en todo caso”.
El dirigente copeyano sostuvo que el despojo de tarjetas y símbolos posee un componente de violencia política.
“El objetivo es tener partidos que no hagan una oposición real y confundir al electorado, es una violación a los derechos humanos. Cuando se asalta un partido político estamos hablando de confiscación y agresión”, sentenció.
Apariencia de normalidad
Para la dirigente de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, la apropiación de los partidos por parte de terceros sospechosos de hacerle el juego al gobierno es una excusa para decir ante la comunidad internacional que en Venezuela se produce una “fiesta electoral”.
“Pero ya la gente, el ciudadano sabe lo que está ocurriendo y por eso se hace tan poderosa la tarjeta de la unidad como símbolo que nos unifica a todos, ya que somos víctimas del robo de nuestros símbolos partidistas, de nuestras tarjetas electorales”.
Pichardo recordó que VP pasó por lo mismo que Primero Justicia en la actualidad.
“El régimen utiliza todos los órganos del Estado para cambiar y torcer la realidad. Hizo lo mismo que con nosotros en julio de 2020 a través de la Sala Constitucional del TSJ, cuando decretó una medida cautelar de tutela constitucional y suspendió a la dirección nacional nombrando a una junta directiva ad hoc liderada por José Gregorio Noriega, vicepresidente de la Asamblea Nacional oficialista, a quien le permitió utilizar la tarjeta, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto de VP”, amplió Pichardo.
De acuerdo a la dirigente de VP, los secuestros de partidos políticos son una especie de “patadas de ahogado” del régimen madurista.
“Porque se saben perdidos en el proceso electoral del 28 de julio y siguen utilizando las jugadas más bajas, más viles para confundir a los venezolanos y tratar de ganar espacios que ya perdieron hace mucho tiempo en el corazón, en la conciencia y en la voluntad del pueblo”, concluyó.
En el año 2025 son las elecciones regionales, locales y legislativas. Parece que el gobierno de Nicolás Maduro se está preparando para ir a este proceso electoral con la menor cantidad de contrincantes posible a través de nuevas inhabilitaciones de políticos opositores.
Tras revelarse las nuevas habilitaciones, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia señaló que esta acción es una muestra más “de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país”.
Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General de la República, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país.
Expresamos nuestra solidaridad a los compañeros afectados por esa arbitraria medida.
Por su parte, la Plataforma Unitaria publicó un comunicado en donde “condenaron y repudiaron” las inhabilitaciones publicadas “por la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas”.
“Desde el régimen insisten en seguir violando los derechos humanos y políticos de la dirigencia democrática y de todos los ciudadanos venezolanos, pero no podrán apartarnos de la ruta electoral con la que conquistaremos, este próximo 28 de julio, el cambio tan anhelado por los venezolanos”, añadió la Plataforma Unitaria.
Desde la Plataforma Unitaria Democrática, condenamos y repudiamos las inhabilitaciones publicadas hoy por la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas, entre ellos Juan Carlos Caldera @CalderaJuan, miembro de la dirección…
Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de CAMBIO de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos. Donde el Gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un… https://t.co/zyFKQCZ9gH
Entretanto, la ONG regional Transparencia Electoral rechazó el uso de la Contraloría General de la República “para violar el derecho político de los venezolanos a través de las inhabilitaciones ilegales”.
“La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 recomendó ‘suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa'”, recordaron en una publicación en la red social X.
🚨🇻🇪#TransparenciaElectoral rechaza el uso de la Contraloría General de la República para violar el derecho político de los venezolanos a través de las inhabilitaciones ilegales. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 recomendó "suprimir la prerrogativa de… pic.twitter.com/UcZ3hd2KRH
— Transparencia Electoral (@TransparenciaAL) April 25, 2024
Las nuevas inhabilitaciones
Aunque en noviembre de 2023 Noruega divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, instituciones del Estado como la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han hecho caso omiso, y se ha seguido inhabilitando a opositores con probables aspiraciones de ejercer un cargo público.
A finales de enero, el TSJ levantó esta sanción al periodista Leocenis García y al exdiputado Richard Mardo. Ambos se sometieron al mecanismo de revisión de casos acordado entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria. Pero no corrieron con la misma suerte María Corina Machado ni Henrique Capriles Radonski, y tres meses después, la Contraloría notifica de nuevas inhabilitaciones.
Y abril se aproxima a su final con un nuevo listado de inhabilitaciones políticas. Uno de ellos es el vicepresidente de asuntos políticos del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, a quien inhabilitaron para ejercer cargos públicos durante 15 años, según la página web de la Contraloría.
Además de ser militante de PJ, Guanipa ha sido diputado de la Asamblea Nacional (2015-2020) y fue embajador de Venezuela en Colombia designado por el extinto gobierno interino que presidió Juan Guaidó.
Mediante su cuenta de X, Guanipa manifestó que la Contraloría no le notificó de esta inhabilitación, “como todas las otras veces”.
“Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria”, escribió el dirigente político en su mensaje.
Veo en redes que la Contraloría de Miraflores por tercera vez me inhabilitan por 15 años, como todas las otras veces, sin notificarme.
Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria.…
Otro afectado es Carlos Ocariz, exalcalde del municipio Sucre, quien también figura en la lista de la Contraloría de nuevos inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 15 años.
A través de su cuenta de X, Ocariz señaló que la respuesta ante esta inhabilitación que no le fue notificada es “Edmundo para todo el mundo”, refiriéndose al candidato unitario Edmundo González Urrutia. Agregó que el 28 de julio los ciudadanos habilitarán todos los “derechos” con el voto.
Ante rumores surgidos el día de hoy con respecto a una supuesta inhabilitación (nadie me ha notificado) para mí y otros compañeros; la respuesta es clara y contundente:
Edmundo para todo el mundo!!!
El 28 de julio con tu voto vamos a habilitar todos nuestros derechos!
A la lista de inhabilitados sumaron a Juan Carlos Caldera, miembro de la dirección de la Plataforma Unitaria Democrática. Según la publicación de la Contraloría, no podrá ejercer cargos públicos durante 12 meses.
Al conocer este anuncio, solo se limitó a responder en su cuenta en X lo siguiente: “Algo hice bien, #EdmundoPaTodoElMundo”.
— Juan Carlos Caldera López (@CalderaJuan) April 24, 2024
Alcaldes en ejercicio inhabilitados
Se difundió también que el alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda -en su segundo período- Elías Sayegh también ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, es decir, hasta el 2039.
Sayegh fue militante del partido político Fuerza Vecinal, del cual se deslindó en el año 2023 y decidió crear la organización política Cambio en Paz.
Por su parte, José Antonio Fernández López, conocido como ‘Josy Fernández‘, fue inhabilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, al igual que Sayegh.
Fernández es actualmente alcalde del municipio Los Salias, también de Miranda. Está en ese cargo desde el año 2013, tras obtener la victoria en las elecciones regionales. También militó en Fuerza Vecinal y ahora está en Cambio en Paz, al igual que Sayegh. Hasta ahora, ni Sayegh ni Fernández han emitido declaraciones sobre estas inhabilitaciones.
La inhabilitación que impidió inscripción de Machado
Las inhabilitaciones de políticos opositores han sido denunciadas en los informes del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, entre muchas otras instituciones, gobiernos y organizaciones, por “socavar el Estado de Derecho” y “profundizar la crisis política” en Venezuela.
Recientemente, académicos de la UCV denunciaron la “permanente intervención del Tribunal Supremo de Justicia”,a través de sus salas electoral y constitucional; “usurpando funciones legislativas, interviniendo la dirección de los partidos políticos, confirmando inhabilitaciones y modificando las reglas de los procesos electorales”.
Justamente el pasado 26 de enero de 2024, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó a María Corina Machado que está inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Según el TSJ, el recurso que introdujo Machado el 15 de diciembre de 2023 sobre su inhabilitación “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos” en el acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición el año pasado.
La Sala Político Administrativa alegó que la inhabilitación de Machado ocurre, entre otras cosas, por propiciar las sanciones internacionales y la presunta trama de corrupción que habría encabezado Juan Guaidó durante el interinato.
Esta inhabilitación le impidió a Machado inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata presidencial, a pesar de haber tenido una victoria arrolladora durante la primaria opositora del 22 de octubre de 2023.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, entre las irregularidades que presenta este caso se destaca que la Sala Político Administrativa incurrió en la “omisión de publicar los textos completos de sus decisiones”.
“En lugar de ello, se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web. Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, señaló la ONG en un reporte.
El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados.
Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias.
Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a…
Capriles, inhabilitado después de dos candidaturas presidenciales
El mismo día en que Machado recibió la notificación que ratificaba su inhabilitación, también salió una sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ que ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.
El TSJ consideró improcedente la solicitud de Capriles sobre esta inhabilitación porque, según el máximo tribunal, tampoco cumple con los requerimientos firmados y exigidos en el acuerdo de Barbados “y en consecuencia” está inhabilitado por quince años.
Capriles está inhabilitado desde el año 2017 “por irregularidades administrativas” presuntamente ocurridas mientras era gobernador del estado Miranda. Esa inhabilitación le impidió competir en las regionales de ese año y en las presidenciales de 2018.
Tras esta decisión, el dos veces candidato presidencial se pronunció en su cuenta de X donde señaló que el “sentimiento de cambio” no se podrá inhabilitar.
Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de CAMBIO de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos. Donde el Gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un… https://t.co/zyFKQCZ9gH
Fue en el año 2008 cuando el alcalde de Chacao, quien gozaba de una gran popularidad y tenía aspiraciones de postularse a la alcaldía metropolitana, se convirtió en el primer dirigente opositor con fuerte arraigo popular inhabilitado por la Contraloría General de la República por seis años debido a supuestas irregularidades administrativas en su gestión. En esa ocasión, otros dos dirigentes opositores también fueron inhabilitados: Enrique Mendoza y Antonio Barreto Sira.
La inhabilitación le impidió participar en las regionales y municipales de ese año. El caso de López fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque la instancia falló a favor de López en 2011, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la medida de la corte como “inejecutable”. Al vencerse la inhabilitación, López fue detenido en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014.
Otros casos sonados de inhabilitaciones opositoras
En el 2021 se celebraron las elecciones regionales y municipales, el período que está a punto de finalizar. Ese mismo año, el 23 de febrero, la Contraloría inhabilitó a 28 integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 por negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.
Para aquel momento, la lista incluía a los dirigentes Juan Guaidó, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa, Carlos Paparoni, Luis Florido, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Rafael Veloz, Américo De Grazia, Ismael García, Freddy Guevara, Gaby Arellano, Carlos Berrizbeitia y Julio Montoya.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos “forma parte de los instrumentos de asedio empleados por el Gobierno nacional desde hace tiempo para sacar del camino a sus rivales”.
Ese mismo año,el dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano fue candidato a las elecciones regionales en el estado Barinas. Las proyecciones del Consejo Nacional Electoral favorecían a Superlano frente al oficialista Argenis Chávez. El conteo final y la lectura de los resultados fueron suspendidos por sentencia del TSJ. En dicha sentencia, se anunció que Superlano quedó suspendido de ocupar cargos públicos, por lo que no pudo ser proclamado ganador y se tuvieron que repetir las elecciones en esa entidad.
Por su parte, Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, también estuvo inhabilitado desde agosto de 2014 hasta que la Sala Político Administrativa del TSJ levantó esa sanción en octubre de 2017. Después de eso, obtuvo la victoria en la Gobernación del Zulia en 2021.
La periodista y corresponsal en el estado Anzoátegui de El Medio, Nicole Gómez Cubillán, fue detenida durante media hora el 21 de abril por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien también la obligó a borrar el material informativo que había registrado, informó la ONG Espacio Público.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), indicó que Gómez estaba cubriendo la Consulta Nacional de las Comunas en el Colegio Doña Menca de Leoni en la ciudad de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja de Anzoátegui, que organizó el gobierno el pasado domingo, cuando un funcionario de la GNB la detuvo dentro de la institución hasta que borró las imágenes captadas.
El SNTP agregó que, tras ser liberada, el funcionario y uno de los miembros de mesa siguieron a Nicole Gómez hasta el vehículo en el que se trasladaba y fotografiaron la placa y modelo del auto.
#AlertaSNTP | Un efectivo de la GNB mantuvo detenida durante media hora y obligó a borrar su material a la corresponsal de @ElMedioVen en #Anzoátegui, Nicole Gómez Cubillán, cuando la reportera daba cobertura al consultivo nacional este #21Abr.
A través de su cuenta en X, El Medio rechazó la intimidación y detención arbitraria en contra de su corresponsal. Denunció que a Gómez la acosaron física y verbalmente y que el funcionario de la GNB, quien “le prohibió hacer fotografías del proceso electoral”.
[1/4 ] #Denuncia | Desde @ElMedioVen rechazamos la violación del derecho al libre ejercicio periodístico de nuestra corresponsal en el Edo. Anzoátegui, Nicole Gómez Cubillan, quien mientras cubría este domingo, #21Abr, la Consulta Popular Nacional…
“La acción de censura en contra de Nicole Gómez es continuación de una política de hostigamiento, acoso y persecución a periodistas y medios independientes que buscan informar el desarrollo de los procesos electorales en el país ante la opacidad oficial y la autocensura en los medios tradicionales”, afirmó Espacio Público.
Para la jornada de consulta nacional, organizada por el Ministerio de Comunas, habilitaron más de 15.000 centros de votación en todo el país. Sin embargo, reportes ciudadanos y de medios en redes sociales evidenciaron una baja participación.
El informe señala que solo en el contexto de protestas sociales antigubernamentales, el ODH-ULA registró ocho asesinatos en 2014 en la región andina del país. En 2017, la cifra ascendió a 31. Dos años después, en 2019, al menos 11 personas perdieron la vida a manos de funcionarios de la fuerza pública en el estado Mérida.
El informe del ODH-ULA afirma que desde al menos 2014, Venezuela padece un desfavorable escenario en el que se violan masivamente los derechos humanos, directa o indirectamente, bajo la impunidad y una erosión considerable del espacio cívico y democrático.
«Se documenta que al menos 12.320 personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidas arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018 y que más de 7.000 fueron liberadas, pero bajo la condición de acatar una serie de medidas que restringían sus libertades», precisa el informe.
En cuanto a detenciones arbitrarias, el ODH-ULA ha documentado y asistido legalmente a víctimas de este crimen en Mérida, quienes también padecieron torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El informe indica que muchas de las detenciones arbitrarias registradas en la última década, respondieron a un patrón de persecución y represión contra las protestas sociales de 2014 y 2017, bajo la mirada complaciente del gobierno.
La discriminación y persecución por motivos políticos también ocurrió en la región y sobre esto, la investigación resalta que entre agosto y noviembre de 2017, el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, destituyó a 25 fiscales de Mérida que no estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Finalmente, el ODH-ULA resaltó la importancia de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional en Venezuela, debido a que el informe demuestra que “el Estado venezolano no tiene genuino interés ni capacidad estructural para investigar por su cuenta los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, la mayoría de ellos a manos de funcionarios que siguen ocupando cargos en la administración pública del país”.
El pasado 24 de abril, y en su programa “Con el Mazo Dando”, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió al Consejo Nacional Electoral que “revise bien” las adhesiones a candidaturas de las presidenciales e insinuó que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática no está totalmente a salvo.
Como lo hace cada semana, leyó supuestas cartas que le envían “patriotas cooperantes”. De una de ellas comentó datos de una supuesta reunión entre María Corina Machado con el jefe de misión para Venezuela de EEUU, Francisco Palmieri, donde este le informaba que gracias a una negociación entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela “se logró mantener, por ahora, la tarjeta de la MUD, que tiene más problemas legales que Donald Trump”.
Cabello también mencionó a partir de los datos de la carta del “patriota cooperante” que Palma le habría “ordenado” a Machado “no hablar mal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que busque la forma de bajar el perfil de la campaña electoral de Edmundo González, que no se le ocurra llamar a votar antes del lapso oficial, ya que el CNE lo podría inhabilitar».
A continuación, otras perlas que lanzó Diosdado Cabello en su programa de televisión semanal.
“González es el candidato de EEUU”
“Ese señor (Edmundo González) es el candidato de los Estados Unidos (…) eso debería dar pena a la oposición, porque ese ese señor que habla ahí en su mal español (refiriéndose a declaraciones de Francisco Palmieri, el jefe de Misión de Venezuela para EEUU, sobre candidatura de González) dice que ese es su candidato, y ese señor es quien encabeza las sanciones contra Venezuela”.
“Esta gente -la oposición- no hace nada sin que Palmieri les ordene y los llame por teléfono”.
“De repente, una llamadita por allá y la señora (María Corina Machado) aceptó ya no una sustituta, sino un sustituto. Un ‘inmundo corino’
“Dejen que el CNE les responda”
“Saludamos a todos los candidatos opositores que quedan todavía… esos bichos sí son showceros (la oposición). ‘No me dejan inscribir, no me dejan cambiar’… ¿Van a seguir repitiendo ese cuentico? Las peleas entre ellos quieren que se las resuelva la revolución. Son mentirosos y coberos. Ya están todos inscritos y listos, y nosotros listos desde hace tiempo. Claro, ahí falta parte de los procesos, eso es así, tienen que leer la ley. ‘No, que ya yo me adherí’. No, primero es la fase de internet y luego el órgano comicial revisa lo que debe revisar, porque uno no sabe si la renuncia es verdad o mentira. Dejen que les respondan y yo le recomiendo al CNE que revise bien, porque esta gente es tramposa y dicen que el CNE no los dejó, pero es que no hacen las cosas bien”.
Diosdado Cabello recomienda al CNE “revisar bien revisado” el proceso de adhesiones de candidaturas: “Ellos son tramposos”.
