A fin de contribuir a crear un clima de reencuentro y reconciliación nacional, se propone a los candidatos a la presidencia debatir una amnistía general por faltas y delitos políticos
@victoralvarezr
La propuesta de un pacto de convivencia pacífica entre los candidatos a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela surge de una amplia consulta a importantes e influyentes voces de la sociedad civil que trabaja por vencer la apatía electoral, reconstruir la confianza en el voto, mantener la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales, alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder.
Independientemente del sector político que gobierne a una nación, la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. Si la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, quien esté en el gobierno no tendrá incentivos para medirse en unas elecciones competitivas que puede perder, y esto dificultará la alternabilidad en el poder.
Esta iniciativa ciudadana plantea que para recuperar la alternabilidad hay que crear condiciones para la convivencia pacífica y esto solo es posible si quienes se diputan el poder asumen el compromiso de no persecución política. A fin de contribuir a crear un clima de reencuentro y reconciliación nacional, se propone a los candidatos a la presidencia debatir una amnistía general por faltas y delitos políticos, tales como:
- Violaciones a la libertad de expresión, a la organización política, la participación electoral y violaciones leves a los derechos humanos.
- Represión de manifestaciones y protestas con fines políticos, contra el orden institucional y el gobierno establecido.
- Actuaciones de los organismos de seguridad del Estado al enfrentar la resistencia y desobediencia a la autoridad, cuyos excesos pudieran dar lugar a juicios y condenas por parte de los órganos de justicia.
- Hechos cometidos en el ejercicio de la función de gobierno que pueden dar lugar a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas por parte de la Corte Penal Internacional.
- Cese a la persecución contra dirigentes políticos y funcionarios del gobierno, de órdenes internacionales de captura y de amenazas de extradición para ser sometidos a juicios y condenas en tribunales extranjeros.
- Críticas al gobierno nacional, autoridades, poderes públicos y expresión de ideas y opiniones de carácter político.
- Difusión de imágenes y mensajes considerados difamatorios u ofensivos en el ejercicio de la crítica a la acción de gobierno, demás poderes públicos, autoridades y funcionarios.
- Participación en el gobierno interino, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y la extralimitación de las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015;
- Haber solicitado sanciones económicas y pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela;
- Participación y apoyo en el intento de golpe militar del 30 de abril de 2019 e invocado una intervención militar externa a través del TIAR;
Para bajar los costos de salida de quienes tienen el poder, el pacto propone a los candidatos promover la eliminación de las recompensas internacionales, a no seguir presionando juicios en la Corte Penal Internacional, y pedir el cese de la persecución judicial en contra de representantes de los poderes públicos del Estado venezolano.
Los tribunales especiales de justicia transicional podrán evaluar y determinar qué tipos de delitos cometidos podrán ser amnistiados y quiénes pueden ser favorecidos con las medidas especiales de sobreseimiento, indulto y fin de la acción penal. Atendiendo al mandato del artículo 29 de la Constitución, en el pacto quedan exceptuados de la amnistía las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, tal como se establece en el Estatuto de Roma. Estos casos solo podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria.
Esta iniciativa ciudadana para la paz propone crear una Comisión de la Verdad dedicada a compilar y analizar las denuncias relacionadas con la violencia política y violaciones a derechos humanos como consecuencia de la confrontación política entre febrero de 2014 y febrero de 2024, a fin de poner en primer plano a las víctimas del conflicto, que deben ser reconocidas y reparadas a través de un proceso de obtención de verdad y justicia transicional. Con la liberación de los fondos de la República que se mantienen bloqueados, el pacto contempla la creación de un fondo de reparación de daños a las víctimas del conflicto –tales como presos y exiliados políticos; torturados, heridos y familiares de manifestantes muertos en las protestas, así como los migrantes y sus familiares.
En el pacto, los candidatos a la presidencia se comprometen a respetar la institución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a no involucrarla ni atacarla en el desarrollo de la campaña electoral, ni en el debate político nacional, a la vez que hacen un llamado a la FANB a ratificar su naturaleza no deliberante, subordinada al poder civil, y a ratificar su compromiso de respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes de la República y el resultado de las elecciones como expresión de la soberanía nacional ejercida a través del voto.
Esta propuesta que surge de la sociedad civil recuerda que, en caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendrá que coexistir con una Asamblea Nacional, demás poderes públicos y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrán bajo el control del gobierno saliente. Para poder gobernar, el nuevo mando tendrá que reconocer a su adversario y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.
Para evitar una crisis de gobernabilidad postelectoral, se propone a los candidatos concertar un programa básico de reformas económicas, sociales e institucionales y, para llevarlo a cabo con éxito, solicitan gestionar el levantamiento de las sanciones económicas, la protección de Citgo y los activos de la República bloqueados en el exterior, el acceso a los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI, la recuperación de las reservas del BCV que permanecen bloqueadas en el Banco de Inglaterra, la reestructuración y rebaja de la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales, y la promoción y búsqueda de inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo.
Así, quien finalmente resulte ganador en las presidenciales, en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social, más bien recibirá una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
A fin de facilitar la alternabilidad en el poder, moderar el excesivo poder del presidente de la República y contribuir a la autonomía e independencia de los poderes públicos, el pacto propone a los candidatos impulsar una reforma constitucional para:
- Eliminar la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes;
- Recortar el mandato presidencial a cinco años con una sola e inmediata reelección;
- Activar el mecanismo de segunda vuelta o balotaje en la elección presidencial;
- Eliminar el referendo revocatorio para todos los cargos públicos de elección popular,
- Designar al expresidente de la República como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria, al vicepresidente ejecutivo y vicepresidentes sectoriales diputados con inmunidad parlamentaria por dos períodos constitucionales, y por un periodo a los ministros del gobierno saliente, todos con voz pero sin voto.
Tomándole la palabra a la propuesta de los presidentes Gustavo Petro y Lula Da Silva, esta iniciativa ciudadana propone –con base en el artículo 73 de la Constitución venezolana–, someter el pacto de convivencia pacífica a un referendo popular aprobatorio por parte de la ciudadanía que participará masivamente en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
En definitiva, la propuesta de un pacto de convivencia pacífica entre los candidatos a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela es una iniciativa ciudadana que puede ser enriquecida y mejorada con tu crítica constructiva y propositiva. Es una propuesta viva que se nutre de los comentarios y sugerencias de todas las personas que trabajan por vencer la apatía electoral, reconstruir la confianza en el voto, mantener la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales, alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder.
Por esta vía, y a través de tus artículos, pódcast y redes sociales, te invitamos a contribuir con tus observaciones y sugerencias a debatir y mejorar esta iniciativa comprometida con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano.
Escuche el análisis del pacto de convivencia pacífica en el nuevo pódcast de Pedagogía Económica y Electoral:
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