Inicio Blog Página 928

Dos indígenas murieron tras derrumbe de mina en Amazonas

La ONG  Kapé Kapé denunció este martes que al menos dos indígenas fallecieron tras el derrumbe de una mina en el estado Amazonas. 

En la red social X, relataron que el accidente ocurrió en una mina en un sector del municipio Manapiare del estado Amazonas, cuando un grupo de personas removía la tierra buscando oro, lo que provocó que un alud de tierra los cubriera, “perdiendo la vida en el hecho”.

Asimismo, dijo que los cuerpos de los indígenas ya fueron trasladados a la capital del municipio Manapiare, sin precisar si hay otros heridos a causa del accidente.

Sobre los fallecidos, precisaron que  uno era nativo de la comunidad de Majagua y otro de San Juan de Manapiare.

Derrumbes en minas son frecuentes

En febrero pasado, el derrumbe en una mina ilegal en el estado Bolívar dejó al menos 16 personas fallecidas y otras 36 resultaron heridas, según un balance del Gobierno venezolano.

El pasado 23 de abril, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó que un total de 10.000 personas fueron desalojadas de esta mina ilegal, conocida como ‘Bulla Loca’.

Hernández Lárez informó que la mina quedó “clausurada y evacuada por violación al ordenamiento jurídico territorial de las reservas forestales en el estado Bolívar” -el más grande de Venezuela y parte de la Amazonía-.

 

En tiempo récord la AN oficialista aprobó ley de protección de las pensiones

0

La Asamblea Nacional 2020 sancionó este martes 7 de mayo la «Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista», solicitada por el mandatario Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo y que crea un nuevo tributo a los empresarios privados para sostener el pago de pensiones.

La Ley, que entró en discusión el 2 de mayo y se le dio urgencia parlamentaria, establece que todas las empresas del sector privado deberán transferir mensualmente hasta 15% del total de su nómina a un fondo especial para financiar este beneficio.

El presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez, dijo que esta es una ley «para atender a los que fueron más golpeados y agredidos por la acción depredadora, punitiva, canalla, al imponer sanciones».

Señaló que ha sido «un proceso arduo de recuperación que continua, y por eso tomamos muy en serio la solicitud hecha por el presidente Nicolás Maduro Moros para que el sector privado, que ha sido atendido en este proceso de recuperación, contribuya» con las pensiones.

Dijo que con este «y otros instrumentos» se pretende mejorar el ingreso de los pensionados, que apenas alcanza los 130 bolívares mensuales, que equivalen a 3,55 dólares a tasa oficial (Bs 36,56) del Banco Central de Venezuela de este martes.

El diputado Diógenes Linares (PSUV) dijo que durante la gestión de Nicolás Maduro se han incorporado más de dos millones de adultos al sistema de pensiones. «Ha sido un proceso de avance gigantisímo que hemos obtenido los adultos y las adultas mayores durante el proceso revolucionario hasta el embate de las sanciones».

Sumó que el objetivo de la Ley es «brindar el mejoramiento de las pensiones, de la seguridad social. Ya se han tomado medidas para el aseguramiento de la seguridad social que seguro anunciará el presidente mañana».

Mientras que Jesús Faría, presidente de la Comisión permanente de Economía y Finanzas, dijo que «esta ley se aprueba en momentos dramáticos para el país» por la «mayor agresión imperialista que se conozca (…) pese a las sanciones la economía empieza a crecer, a expandirse, a darle solidez al sistema financiero».

Además, Faría aseguró que atendieron las consideraciones y observaciones de los empresarios, pero estos «se pliegan a esta línea de la revolución».

Pensiones con discusión

Al inicio de la lectura para aprobar el articulado de esta nueva normativa, la diputada Anyelith Tamayo (AD), en representación de la Alianza Democrática, dijo que si esta ley iba a beneficiar más de 5,5 millones de adultos mayores era necesaria la creación e incorporación de «una instancia de gestión autónoma» con representación de varios sectores (Estado, trabajadores, empresarios).

En el artículo 7, sobre el monto de la contribución que quedó fijado en una banda entre el 1% y 15%, el parlamentario Óscar Ronderos (AD-Nueva Esparta) pidió fijar una alícuota clara para la contribución que deben hacer los empresarios «y dejar claro que no se trata de impuesto en base al salario de los trabajadores».

Orlando Camacho, diputado y presidente de Fedeindustria, replicó que su colega «reclama el derecho de los empresarios» y dijo que este sector, durante la consulta pública, no reclamó sobre este punto.

Mientras que América Pérez, segunda vicepresidenta del parlamento, dijo que las últimas leyes económicas que se han probado establecen una banda en las alícuotas impositivas. «Este artículo nos parece importante para establecer la base de lo que será entregado a los pensionados y pensionadas».

Reiteró que esta ley le entrega la potestad al Presidente o Presidenta de la República para que, en base al comportamiento económico, se fije el monto de las contribuciones de forma anual. «Dejemos que el presidente Maduro ejerza de manera responsable el ejercicio económico de nuestro país».

Exoneraciones a empresas básicas

Para el artículo 8, el diputado Ronderos también pidió establecer exoneraciones en concreto. «Son elementos que deben estar previstos en la ley», dijo.

Entre esas exoneraciones, que no fueron aprobadas, se pidió la exclusión de las empresas que tengan menos de 15 trabajadores y del sector alimentos y salud, de manera que no se encarezca el costo de productos básicos.

El presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez, replicó que para establecer esas exoneraciones se creará «lo más expedito posible» un reglamento para esta normativa.

El diputado José Gregorio Correa explicó que el reglamento «no puede contradecir o señalar cosas novedosas que el legislador no previó», por lo que la operatividad de ese reglamento «no puede contradecir lo establecido por el legislador».

Por último, en el artículo 10, la diputada Tamayo pidió incluir un párrafo para que la totalidad de los bienes y activos que se recuperen en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, especialmente aquellos incautados por la trama Pdvsa Cripto, pasaran a beneficiar el fondo de pensiones. Su solicitud fue negada.

Luisa Quintero/ Tal Cual

Voto Joven promueve empoderamiento de mujeres wayúu en Zulia

La organización Voto Joven llevó a cabo un destacado conversatorio en el estado Zulia, específicamente en la parroquia Alfonso Váquez, con el fin de fomentar la participación de los jóvenes en los asuntos públicos del país, fortalecer el empoderamiento femenino y la militancia del voto con perspectiva de género.

El evento contó con la participación de más de 15 mujeres pertenecientes a la etnia Wayúu, quienes se reunieron con entusiasmo y determinación para debatir sobre temas de desarrollo personal y comunitario.

Durante la jornada, el empoderamiento femenino fue el eje central de las discusiones, haciendo hincapié en la relevancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres, tanto en el ámbito del hogar como en la esfera comunitaria. Se abordaron temas como la igualdad de género, el acceso a la educación, la inscripción en el registro electoral y la necesidad de tener participación activa en la toma de decisiones.

El conversatorio fue un espacio de intercambio de ideas y experiencias, donde se generó un diálogo enriquecedor entre las participantes. Se resaltó la importancia de la voz y el voto de las mujeres como herramientas fundamentales para impulsar el cambio social y promover la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

 

“Este conversatorio en la parroquia Alfonso Váquez del estado Zulia ha sido un paso importante para promover el liderazgo y la participación activa de las mujeres Wayúu, quienes están más comprometidas que nunca con lograr una sociedad más inclusiva y equitativa”, destacó Carla Ferrer activista de Voto Joven en el Zulia.

 

Además, señaló que “reconocer la importancia del liderazgo femenino en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria pasa por fortalecer el empoderamiento de las mujeres y promover su participación en la vida política del país”

El conversatorio con las mujeres Wayúu es un ejemplo del compromiso de Voto Joven con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El Mañanero del 08 de mayo: Flujo de migrantes dependerá de las presidenciales y otras noticias sobre Venezuela

En El Mañanero del 08 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La ONG Cepaz señaló que dos momentos claves que van a marcar el flujo migratorio este año: las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las elecciones presidenciales en Venezuela. Asimismo, el Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó el 3 de mayo su tercer informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad,  el cual arrojó que el 83% de los casos de tortura en Venezuela no han sido investigados. A propósito de las torturas, el Centro de Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas (Cesco, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Argentina y Atlas Network, presentaron un documental que recoge los testimonios de los presos políticos recluidos en El Helicoide.

Cepaz: Flujo de migrantes venezolanos en América dependerá de las presidenciales

Panel de expertos de la OEA: 83% de los casos de tortura en Venezuela no son investigados

Estrenan documental con testimonios de expresos políticos recluidos en El Helicoide

Denuncian que Cicpc mató a un joven en Lara

Rechazan acusaciones de Tarek William Saab contra Armando.Info

Alertan sobre profundización de discursos de odio desde el Estado contra colectivo LGBTIQ+

“No los vamos a dejar ganar” y otras perlas de Diosdado contra la oposición

“Tenemos un proceso electoral continuamente amenazado, el pueblo lo percibe como inestable y debo decir, con conocimiento de causa, que hay serias amenazas sobre el proceso electoral”, Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados con la Gente #7May

Rechazan acusaciones de Tarek William Saab contra Armando.Info

Periodistas del portal de investigación venezolano Armando.Info rechazaron las acusaciones del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab,  quien los señaló de supuestamente recibir sobornos y estar involucrados con la trama Pdvsa-Cripto. De igual forma, organizaciones periodísticas condenaron que se pretenda involucrar a trabajadores de la prensa del país en conspiraciones. 

Saab presentó este 7 de mayo un video de una supuesta confesión de Samark López, uno de los detenidos por la purga madurista, en la que señalaba a varios periodistas e influenciadores de redes, entre ellos, a los miembros de Armando-Info, con quienes afirmó “tener relación” y a quienes señaló de supuestamente “hacer trabajos de investigación para enmascarar cómo se les ordenaba destruir reputaciones de personas importante de la política del Estado venezolano, así como empresarios locales”.

Ewald Scharfenberg, coeditor del portal, tildó de «absurda e inverosímil» esta versión.

«Hemos escrito decenas de reportajes justamente sobre (Samark) López, El Aissami y las irregularidades en Pdvsa (…) Denuncio esta maniobra difamatoria como torpe y malintencionada», afirmó.

El coeditor de Armando.Info cree que las denuncias de Saab están relacionadas con la próxima publicación de un documental, junto a la cadena PBS de Estados Unidos, sobre el empresario Alex Saab. En un comunicado, el medio recordó que el pasado 3 de mayo hicieron públicas sus intenciones de lanzar este material informativo en  la televisora pública de Estados Unidos. 

“Este caso ya llevó al exilio en 2018 a cuatro de nuestros periodistas”, especifican en el comunicado, en el que indican que A Dangerous Assignment: Uncovering Corruption in Maduro´s Venezuela” (“Una pauta peligrosa: Descubriendo la corrupción en la Venezuela de Maduro”) presenta nuevas revelaciones sobre los negocios y conexiones de Alex Saab.

“Nuestro socio en el proyecto, Frontline, es la serie documental de investigación más longeva y prestigiosa de la televisión estadounidense, regida -como Armando.info- por los más altos valores periodísticos, y reciente ganadora del Óscar de la Academia en la categoría “Mejor Documental”. El documental será emitido desde el próximo 14 de mayo por PBS, la cadena pública de televisión de Estados Unidos”, añaden. 

Armando.Info también compartió un mensaje en X con un enlace en donde resumen todas las historias que escribieron mucho antes de que se hiciera pública la trama Pdvsa-Cripto y que develaban que Pdvsa, en el afán de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, le había entregado a varios intermediarios cercanos al gobierno la comercialización del petróleo de todos los venezolanos.

 

“Las acusaciones fabricadas por Tarek William Saab desde el Ministerio Público, órgano que ha puesto al servicio del Poder Ejecutivo, no hacen sino ratificar la importancia de Alex Saab en el entorno corrupto de Nicolás Maduro, y constituyen una evidencia de un nuevo y desesperado intento de su parte por evitar la circulación de informaciones
relevantes sobre el mercader de origen colombiano”, enfatizó Armando.Info

Ataques contra el periodismo independiente

El periodista de Armando.Info Roberto Deniz a quien Saab señaló de pertenecer a una «nómina» controlada por Tareck El Aissami, comentó que el fiscal Saab  funge ahora como “libretista del lodazal que es hoy el chavismo y su héroe caído El Aissami”. 

Sobre los señalamientos contra Armando. Info y su persona, recalcó: «Es un chiste de mal gusto. Fuimos nosotros quienes revelamos lo que estaba pasando en Pdvsa. De Sarmack López, su relación con El Aissami y sus millonarios negocios a la sombra del chavismo también hemos escrito decenas de reportajes», destacó.

Deniz también resumió la persecución a la que ha sido sometido por sus trabajos de periodismo de investigación: “En 2017 la fiscalía chavista buscó callarnos para que no investigáramos a Alex Saab. En 2021, un día antes de que lo extraditaran a Estados Unidos, esa fiscalía me acusó de ‘instigación al odio’. Ahora, sólo días antes del documental sobre Alex Saab que se estrenará el 14 de mayo, esa misma fiscalía inventa nuevas acusaciones totalmente infundadas”.

Entretanto, el Colegio Nacional de Periodistas rechazó que desde el Ministerio Público se pretenda involucrar a periodistas en conspiraciones.

“En Venezuela informar se convierte en un delito perseguido por una justicia politizada y amañada”, advirtieron. 

Por su parte, la plataforma periodística de investigación para las Américas Connectas respaldó a Armando Info y a sus periodistas ante las recientes acusaciones “que buscan desacreditar su labor periodística en #Venezuela”.

Justo en el comunicado que emitió Armando.Info tras los señalamientos contra el medio y sus periodistas consideraron que la estrategia de criminalizar desde el poder el ejercicio del periodismo, “es una marca de fábrica del régimen de Nicolás Maduro” y alertaron que está alcanzando “cotas nunca antes vistas en la historia moderna de Venezuela”.

“Armando.info no va cejar en su esfuerzo de seguir haciendo periodismo de investigación, con estándares internacionales y sin responder a intereses particulares, para informar a sus usuarios y seguidores sobre asuntos de evidente interés colectivo e histórico”, concluyeron, en el texto remitido a los medios este 7 de mayo. 

Cepaz: Flujo de migrantes venezolanos en América dependerá de las presidenciales

0

De acuerdo con la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la población migrante venezolana que llega a Estados Unidos se triplicó entre 2023 y lo que va 2024, y la tasa sigue en aumento. Así lo informó este 7 de mayo en la presentación digital del informe «Las rutas migratorias más peligrosas de América: el camino incierto que atraviesan las personas migrantes y refugiadas venezolanas». 

«Y hay dos momentos claves que van a marcar el flujo migratorio este año: las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las elecciones presidenciales en Venezuela», dijo Nicole Hernández, investigadora de Cepaz, en la presentación del informe. «Ambas se presentan como unas oportunidades de agudización o desaceleración de la movilidad humana venezolana (dependiendo de los resultados)».

Frente a la vulneración sistemática de los derechos humanos en en su país, los venezolanos optan por transitar rutas migratorias de alto riesgo en América, como la Selva del Darién y el Tren mexicano «La Bestia» para llegar a sus países de acogida, «donde las organizaciones humanitarias las atienden con escasos recursos» y sus derechos fundamentales se vulneran durante todo el recorrido y en el propio destino. 

En Runrun.es sintetizamos los hallazgos del quinto informe de Cepaz y la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac) sobre la migración venezolana en 5 claves: 

Estados Unidos es el nuevo destino migratorio

«La migración venezolana solía estar dirigida hacia Latinoamérica, pero hoy estamos viendo un cambio importante: la población migrante en esos países se está dirigiendo a Estados Unidos», dijo Hernández. «La migración hacia América del Sur ha disminuido, incluso quedó en cifras negativas en términos de la población venezolana porque, más bien, ha salido de esos países en los últimos dos años». 

Entre octubre del 2023 y marzo de 2024 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha registrado al menos 169 627 personas venezolanas en la frontera con México, una cifra que representa el 63,75 % de toda la población migrante venezolana que atravesó la frontera y pidió refugio humanitario en todo el año 2023 (con 266 071 venezolanos).

«Y en el mismo periodo de octubre a marzo del año anterior se habían reportado 61 250 venezolanos en la frontera suroeste de Estados Unidos. Se triplicó el número de venezolanos que están entrando de forma irregular a Estados Unidos», agregó Hernández. 

Cepaz y Redac citaron los estudios de la organización norteamericana Pew Research Center para advertir que la cifra de venezolanos migrantes a Estados Unidos se triplicó en los últimos diez años y ahora es una de las nacionalidades hispanas con mayor crecimiento en ese país. Entre el 2000 y el 2021 la tasa de venezolanos migrantes aumentó en 600 %.

En 2024, la migración venezolana representa el 13 % de la población que cruza la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular. 

Elecciones presidenciales en Venezuela: factor de aumento migratorio

«La migración continúa siendo una opción para la población venezolana golpeada por la crisis», destacó el informe. Las ONG y la organización Delphos realizaron una encuesta tanto a los migrantes venezolanos como a las personas que aún siguen viviendo en el país y la intención de migración está en 25 % de la muestra estadística para este año. 

«Aun así, dos de cada tres personas encuestadas admiten estar dispuestas a quedarse en el país si se produce un cambio político. Pero, cuatro de cada cinco acelerarían el proceso si no ocurriera», advirtió Hernández. 

Cepaz y Redac, a través de entrevistas protegidas, identificaron que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no es el único factor que impulsa la migración venezolana para este año, también se incluye «el miedo a ser víctima de persecución política» por participar en opiniones y eventos que indiquen una narrativa crítica o contraria al gobierno de Nicolás Maduro y «la falta de oportunidades económicas» como el empleo y el autoempleo formal y la seguridad en las prestaciones sociales. 

Las restricciones legales de varios países de América para recibir a los venezolanos de forma regular es otro factor que obliga a los migrantes a tomar rutas peligrosas. 

«La necesidad es el motor que impulsa todo esto. Necesidad de seguridad, de alimentos, de salud… Uno quiere buscar otra vida, pero no lo permiten. La mayoría tiene pasaporte, pero de qué sirve si eso no da las visas, no dejan entrar a los países. Te obligan a viajar por la selva cuando podrían evitar (eso) si dieran permisos o salvoconductos», se lee en un testimonio recopilado por Cepaz. 

Otros Estados «son cómplices» de la vulneración a los migrantes

Tanto las ONG nacionales como internacionales ha detectado que los gobiernos de México, Colombia, Estados Unidos, Panamá, entre otros, no han acatado las indicaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de considerar a cualquier migrante venezolano como un refugiado, alguien con necesidades imperiosas de protección humanitaria, desde el año 2014. 

«Más bien, se prestan a la vulneración de Derechos Humanos a hacer una vista gorda a las denuncias y tener discursos estigmatizantes», advirtió Natalia Matamoros, periodista especialista en migración, sobre el contexto humanitario y político de los migrantes venezolanos cuando atraviesan las fronteras centroamericanas hasta llegar a Estados Unidos. 

Dentro de los testimonios recopilados por Cepaz y Redac se evidencian denuncias por extorsión de los cuerpos de seguridad de los Estados de acogida a los migrantes, la presencia de violaciones sexuales, la exposición a cadáveres o cuerpos desmembrados no atendidos en las rutas migratorias en Centroamérica y secuestros temporales de grupos delictivos dedicados a la trata de personas. 

«Los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (de México) crean alcabalas en toda la ruta desde la frontera con Guatemala hasta Ciudad de México, donde los bajan con la excusa de pedir documentación, cuando en la frontera ya se las revisaban y les dan permisos temporales para estar en el país, y en ocasiones se los rompen en la cara y les piden dinero para evitar que sean arrestados. Aun así los detienen y los dejan entre tres y cuatro días bajo arresto (…) y piden entre 5000 y 15000 pesos mexicanos (equivalentes a un rango entre 300 y 900 dólares estadounidenses) para liberarlos», explicó Matamoros. 

Advirtió que los migrantes venezolanos enfrentan un dilema: si desean pedir un asilo formal para luego irse a Estados Unidos deben esperar entre tres y cuatro meses, pero al mismo tiempo deben subsistir por su cuenta en ese tiempo, mucho más si fueron víctimas de extorsiones por parte de funcionarios del Estado mexicano, lo que los obliga a tomar empleos informales y aumentar su exposición ante las violaciones de sus derechos humanos. 

La paciencia diplomática lleva al desespero migratorio

La periodista radicada en México dijo que las organizaciones de la sociedad civil ayudan a la población migrante venezolana con albergues y chequeos médicos, pero no es suficiente para atender el flujo migratorio actual y en crecimiento.

«Los migrantes viven sin ningún servicio público. En ocasiones deben idearse hasta duchas en las tiendas para poder asearse», enfatizó Matamoros. 

Las condiciones de precariedad sanitaria y la espera de la tramitación de tres a cuatro meses «para al menos tener una cita» en Migración México «obliga a las personas, por desespero, a tomar el famoso Tren La Bestia, con todo y los riesgos que ello conlleva». 

El tren nunca detiene su marcha, lo que expone a los migrantes a sufrir accidentes, desmembramientos de extremidades y la muerte; eso, sin contar la presencia de grupos delictivos que captan a los migrantes y los obligan a participar como «mulas» y transportar drogas u otras personas víctimas de trata. 

«Es un recorrido traumático tanto para el migrante como para sus familiares», reflexionó la periodista. «En las ciudades mexicanas de Reynosas, Juárez y Nuevo Laredo se están creando un cerco y una red entre funcionarios del Instituto Nacional de Migración en cooperación con los grupos criminales de la zona para obtener ingresos económicos a partir de negocios delictivos con los migrantes», advirtió Matamoros.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) los negocios delictivos de tráfico de personas generan una ganancia anual de al menos 6,75 millones de dólares estadounidenses para estos grupos criminales. 

Venezuela: el tercer país con la mayor tasa de personas fallecidas en rutas migratorias

Frente a la opacidad demográfica del Estado venezolano, que no ha generado un censo nacional desde el 2011, no se sabe con exactitud cuántos venezolanos han salido del país para migrar y han muerto en el trayecto. 

La OIM contabilizó 1148 personas fallecidas y desaparecidas en sus rutas migratorias en América Latina y el Caribe en 2023, y ese número se mantiene constante en los últimos cuatro años. De los registros de la oficina de la ONU, el 16 % de esas poblaciones (cerca de 184 por año) son personas con nacionalidad venezolana.

Venezuela es el tercer país con la mayor cantidad de migrantes que fallecen en rutas migratorias, siendo superado por Cuba y México. 

«Además, se estima que entre el 60 y el 80 % de las mujeres y niñas que migran hacia Estados Unidos por México son víctimas de abuso sexual en alguna etapa del viaje», dijo Hernández. 

Las ONG recomendaron a «los Estados de tránsito a promover y participar de la cooperación regional a través del intercambio de información y experiencias para mejorar los estándares de derechos humanos en la acogida e integración de personas venezolanas necesitadas de protección internacional», así como «evitar y rechazar la criminalización de la migración venezolana, incluyendo los discursos de odio y xenofobia, y fortalecer las vías legales para acceder a protección internacional».

Alertan sobre profundización de discursos de odio desde el Estado contra colectivo LGBTIQ+

Las recientes declaraciones del fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, en las que llamó “aberraciones humanas” a las personas trans, preocupan a activistas de derechos humanos, quienes alertan de “discursos de odio” por parte del Estado.

De acuerdo con los activistas, estos “discursos de odio” profundizan estigmas en un país ya de por sí conservador y con pocos avances en materia LGTBIQ+.

Tras ser preguntado sobre la “agenda internacional que tiene que ver con lo transgénero, con lo transexual y transespecie”, Tarek William Saab respondió que ha “generado programas” de “combate a estas aberraciones humanas que tienen que ver con la traición moral, la traición espiritual, mental, a tener un camino recto”.

Estas declaraciones levantaron una ola de rechazo por parte de defensores de DD.HH., quienes las calificaron como estigmatizantes y discriminatorias y advirtieron de sus consecuencias, entre ellas un mayor estado de “indefensión” de este colectivo en el país, donde hubo, al menos, 137 transfemicidios desde 2008 hasta marzo de 2024, según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.

La activista y abogada Richelle Briceño dijo a EFE que esas declaraciones representan un “ataque directo” al colectivo, y aclaró que lo llamado ‘transespecie’ no forma parte de la lucha de la población LGTBIQ+, por lo que la pregunta también “está diseñada desde la desinformación”.

Además, prosiguió, la respuesta deja ver que “hay un programa sistemático desde el Ministerio Público para atacar todo aquello que esté dentro de la población LGTBIQ+ o que ellos presuman que se relaciona” con esta comunidad.

“Entonces, si hay un programa desde el Ministerio Público para atacarnos a nosotras y a nosotros directamente, yo tengo que sentir temor como activista y defensora de derechos humanos”, expresó.

Desinformación

Saab señaló que “estas personas, todas, forman ahora parte” de un “nuevo orden mundial en donde, por ejemplo, (…) ya están legalizando la pedofilia”.

Briceño rechazó que Saab hablara sobre la pedofilia tras la pregunta sobre las personas trans, cuando “absolutamente nada tiene que ver” un asunto con el otro.

“Nosotros, desde la población LGTBIQ+ y como activista, nos unimos a esa campaña (contra la pedofilia) porque entendemos que el abuso sexual y que el abuso hacia menores de edad debe ser castigado desde las políticas y las leyes del Estado”, dijo.

Briceño explicó que las personas LGTBIQ+ tienen una “lucha histórica” por “unos derechos que son genuinos”, y negó que esté dirigida a “atacar a absolutamente nadie”, pues, según el fiscal, los heterosexuales son “discriminados y perseguidos”.

La jurista aseguró que este tipo de declaraciones “no son nuevas”, por lo que -afirmó- hay una “sistematicidad” en estos discursos.

Según el observatorio LGBTIQ+, hubo, al menos, 87 casos de discursos discriminatorios hacia estas personas entre 2022 y junio de 2023.

Repercusiones

La periodista y defensora de DD.HH. Misle González dijo a EFE que, en Venezuela, hay una “homofobia de Estado” que “va más allá de no legislar en favor de los derechos LGTBIQ+, sino en, constantemente, hacer uso del discurso público para estigmatizar a las personas del colectivo”.

Explicó que, si bien “generalmente siempre se piensa que toda persona tiene derecho a decir” su opinión, el problema está “cuando ese derecho es ejercido por un funcionario” con un “grado de autoridad”.

Advirtió que ese tipo de declaraciones pueden ser “replicadas por la línea de mando de la institución que esta persona encabeza”, fomentar la impunidad y contribuir a que en el país “haya un ambiente más intolerante”.

El observatorio de violencias LGBTIQ+ advierte que los “discursos de odio son bastante peligrosos”, sobre todo, cuando “son emitidos por órganos del poder público”, pues “profundizan los estigmas y la discriminación de las personas que deberían proteger, dando paso a actos de discriminación en todos los espacios”.

Ante estos discursos de odio, Briceño invita al fiscal a conversar con activistas y miembros del colectivo LGTBI sobre el asunto, la desinformación y sus consecuencias, en un encuentro que se lleve a cabo “no desde el ataque, sino desde el debate, desde el entendimiento”.

*Con información de EFE

Panel de expertos de la OEA: 83% de los casos de tortura en Venezuela no son investigados

0

El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó el pasado 3 de mayo de 2024, su tercer informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual arrojó que el 83% de los casos de tortura en Venezuela no han sido investigados. 

“Luz verde para crímenes de lesa humanidad, análisis sobre la ausencia de esfuerzos internos para la rendición de cuentas en Venezuela” expone que el Estado venezolano no ha investigado ni ha enjuiciado a ningún responsable de nivel medio o alto, por crímenes de lesa humanidad como violación y otras formas de violencia sexual, persecución, detención arbitraria, torturas y asesinatos, cometidos en Venezuela desde 2014.

El estudio de la OEA señala que en la revisión de una muestra representativa de los casos más notorios de crímenes de lesa humanidad el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios de 183 casos, es decir, 6 % de los incidentes que ocurrieron en 2017. Además, arroja que en 52,5% de todos los casos revisados, no se ha iniciado un proceso judicial.

A continuación, un resumen de cada capítulo del informe de la OEA sobre la impunidad en Venezuela en casos de crímenes de lesa humanidad:

Casos de torturas

En los casos conocidos de torturas, el panel de la OEA observó que se han reportado al menos 1.521 entre 2014 y 2022, siendo el estado Carabobo el que ha registrado mayor número de incidentes, con un total de 201 casos.

Según el informe, durante el período comprendido entre 2014 y 2022, un total de 68 personas sucumbieron por las heridas producidas por tortura.

Sobre los casos de torturas en fase de juicio el panel determinó que los procedimientos penales internos contra los presuntos perpetradores concluyeron en sólo dos de los casos, resultando en una condena y una absolución. Mientras que sólo ocho casos están bajo investigación y uno se encuentra en fase de juicio.

El análisis arroja que de una muestra representativa de 67 casos casos de torturas que están en investigación 83,6% (56 casos) no se registró ningún esfuerzo por parte del Estado para iniciar investigaciones. En el resto de los casos analizados, sólo 8 se encuentran actualmente bajo investigación (11,9%), 1 ha avanzado a fase de juicio (1,5%), 1 ha recibido sentencia condenatoria (1,5%) y 1 ha concluido con una sentencia absolutoria (1,5%).

Encarcelamientos 

En su informe de 2018, el Panel reportó más de 12.000 casos de detenciones arbitrarias. Según informes de organizaciones no gubernamentales, desde el año 2014, en Venezuela el número de encarcelamientos por motivos políticos supera los 15.700 casos. Además, actualmente se estima que cerca de 300 personas permanecen encarceladas debido a sus afiliaciones o actividades políticas.

Los expertos en materia jurídica venezolana confirmaron que el Estado de Venezuela desde el 2014 continúa implementando una política de impunidad generalizada respecto del crimen de lesa humanidad de encarcelamiento.

Persecución

La continua política de represión en Venezuela desde al menos 2014, que ha recibido una amplia condena internacional por parte de diversos organismos, se deriva de una práctica “sistemática, generalizada y continua de estigmatización de la disidencia”.

En su informe de 2018, el Panel estimó que las víctimas de persecución podrían llegar a miles o cientos de miles. Esta política, denuncia el panel de expertos de la OEA,  se manifiesta a través de una serie de medidas destinadas a privar a toda aquella persona percibida como disidente de sus derechos humanos fundamentales, empleando para ello métodos que van desde el encarcelamiento, hasta la tortura, la violencia sexual y otros actos inhumanos.

El Panel observa que, desde al menos junio de 2023, el Estado venezolano ha emprendido una renovada política de persecución en contra de miembros de la oposición y personas percibidas como disidentes, en el período previo a las próximas elecciones de 2024.

Violencia sexual

Sobre los casos de violencia sexual, el informe expone que la posición del Estado venezolano frente a estos delitos es “una posición inconcebible, pues el tipo penal de violación es autónomo y considerarlo sólo como un aspecto accesorio de otro delito, no satisface el alcance y la naturaleza propia de los delitos de índole sexual e implica un desprecio por el trauma, la afectación y los derechos fundamentales que se vulneran con las agresiones sexuales”.

“El Estado venezolano no está dispuesto a investigar y procesar los delitos de índole sexual cometidos como delitos autónomos, por lo que no hay expectativas de obtener verdadera justicia a nivel interno para las víctimas de violencia sexual”, ratifica el informe.

El Panel además considera que el Estado venezolano no reconoce la gravedad y el impacto de los delitos sexuales, demostrando un desprecio por el trauma y los derechos de las víctimas, lo que, en consecuencia, deviene en una falta de compromiso para investigar y enjuiciar adecuadamente estos delitos dentro del país.

Tratos a las víctimas y sus familiares

Las denuncias ignoradas es un tema que al panel de expertos de la OEA le genera gran preocupación. Denuncias de victimas, familiares y representantes legales han expresado que tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría del Pueblo, han sido ignoradas y desatendidas, particularmente en aquellos casos relacionados con denuncias de crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014.

Parte del informe señala que muchas veces las víctimas y los testigos se sienten desprotegidos dentro de un sistema de justicia que, en lugar de brindarles protección, los excluye y maltrata, respondiendo únicamente a intereses gubernamentales.

En varios casos, el Panel encontró que había una falta sistemática de transparencia por parte del Poder Judicial que no sólo no publica los registros o decisiones judiciales para disposición del público en general, sino que también niega deliberadamente a las víctimas el acceso a los expedientes judiciales.

A pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela incluye mecanismos de restitución, reparación e indemnización, y prevé la acción civil derivada del delito; el Panel pudo confirmar, a través de diferentes actores tanto de la sociedad civil, como representantes legales de las víctimas, que, en la práctica, estos mecanismos no se aplican.

Otros hallazgos

  • Existe una impunidad generalizada de facto para todos los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, persecución y violencia sexual ocurridos en Venezuela
    desde 2014.
  • No se han tomado medidas investigativas en 53 casos de tortura analizados por el Panel.
  • El Panel ha recibido denuncias de intentos deliberados por parte del Ministerio Público de Venezuela de encubrir crímenes al negarse a registrar las denuncias de las víctimas.
  • En un número significativo de casos, las investigaciones se retrasaron debido a fallas de las autoridades, tanto de los órganos auxiliares de investigación como del Ministerio Público. 
casos de tortura en Venezuela casos de tortura en Venezuela casos de tortura en Venezuela